PGN - Documento 201607171430233

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad del servidor público ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el H. Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o ex funcionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA-Culpa grave Esta Procuraduría Delegada es del criterio que de la valoración integral de las pruebas obrantes en el plenario, emerge con absoluta claridad que la conducta del Juez estuvo acompañada de ostensibles omisiones que estructuran una “culpa grave”, entendida ésta de acuerdo con el artículo 6° de la ley 678 de 2001. DEBIDO PROCESO-Violación La conducta negligente desplegada por el demandado al infringir la ley procesal civil que para el momento de los hechos le señalaba al Juez la obligatoriedad de surtir el grado de consulta en aquellos fallos en los que alguna de las partes había estado representada por

curador ad litem, vía prevista por el legislador para salvaguardar el derecho al debido proceso y a la defensa del ausente en el proceso, se configura entonces lo descrito en el numeral 1° del artículo 6° de la ley 678 de 2001, el cual señala como una actuación gravemente culposa por la: “ 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho .”

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 11 de abril de 2011

Doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011-125736 Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-77

Acción de Repetición Radicado. 11001032600020060006200 (33343)

Actor: Dirección Ejecutiva de la Administración

Judicial.

Demandados: Juan Guillermo Jaramillo Díaz y otros.

Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de la demanda de acción de repetición interpuesta por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, en la que solicita se condene en la forma y

términos señalados en la demanda con base en los argumentos que se expondrán a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda El Consejo Superior de la JudicaturaSala AdministrativaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó el día Acción de Repetición el día 23 de octubre de 2006 ante el Consejo de Estado, en contra del hoy Magistrado del Tribunal Superior de MedellínSala Penal Juan Guillermo Jaramillo Díaz, y Javier Darío Velásquez Jaramillo, ambos ex jueces Promiscuos del Circuito de Santa Rosa de Osos (Antioquia) en los años 1983 y 1989 respectivamente, con fundamento en los hechos que se

compendian así: 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-20111. El ciudadano Luis Enrique Lopera Lopera, en ejercicio de la acción de reparación directa, instauró demanda en contra de la Nación –Rama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el objeto de obtener reconocimiento y pago de los perjuicios causados por las irregularidades que se presentaron durante el trámite del proceso ejecutivo en el cual adquirió un bien en remate, que posteriormente por la declaratoria de nulidad de dicho proceso tuvo que restituir al propietario inicial.

2. Culminado el trámite el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió sentencia mediante la cual declaró responsable administrativamente a la

Nación –Consejo Superior de la Judicaturapor los perjuicios materiales y morales causados al demandante, como consecuencia de los diferentes errores judiciales que se presentaron en el proceso ejecutivo.

3. Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del Tribunal, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante resolución 3995 del 05 de noviembre de 2004, reconoció el pago de la suma de $101.155.934 que se concretó mediante la orden de pago 1941 del 8 de noviembre de 2004, el dinero fue consignado mediante cheque a la cuenta personal del Dr. Elkin Darío Guzmán Naranjo, persona autorizada por el demandante del proceso para recibir dicho dinero.

4. Con fundamento en lo anterior la Nación –Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicialsolicita se declare patrimonialmente responsable a los mencionados señores, en su calidad uno de Magistrado de Tribunal Superior de Medellín y el otro como ex juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos (Antioquia), por la suma de dinero que ésta tuvo que pagar al señor Luis Enrique Lopera Lopera en cumplimiento de la sentencia emitida el 9 de septiembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Contestación de la Demanda

3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011Dentro del término legal correspondiente el Dr. Juan Guillermo Jaramillo

Díaz contestó de la demanda manifestando que, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, ya que él no fue el causante del error jurisdiccional bajo el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la hoy demandante, y menos aún se encuentra demostrado que haya actuado con culpa grave o dolo a lo largo del proceso ejecutivo.1 El Dr. Javier Darío Velázquez Jaramillo luego de haber sido emplazado, se le designó curador ad litem, el cual contestó la demanda declarando que no le constaba ninguno de los hechos señalados en la demanda y que por lo tanto se atenía a lo que se encontrara debidamente probado en el proceso administrativo. Finalmente propuso la excepción de caducidad de la acción, por haberse superado, en concepto del curador, el término de 2 años que tenía la entidad condenada para interponer la demanda y notificarla al (los) demandante (s).2

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿Se configuran los elementos sustanciales de la acción de repetición instaurada por la Nación –Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicialcontra de los señores Juan Guillermo Jaramillo Díaz y Javier Darío Velásquez por los hechos en los cuales resultó administrativamente responsable la Administración?

1. ANÁLISIS JURÍDICO La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un

servidor público o un particular investido de funciones públicas, es por 1 Fls. 58 a 80 del cuaderno principal. 2 Fls. 120 a 124 del cuaderno principal. 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. En el caso examinado aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció el 9 de septiembre de 2003, fecha en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, condenó a la NaciónConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de la Administración Judicial a pagar las sumas correspondientes que debía al señor Luis Enrique Lopera Lopera como consecuencia de los perjuicios causados por la declaratoria de nulidad del proceso ejecutivo y la consecuente devolución del inmueble adquirido en el remate de dicho proceso, circunstancia que da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política, artículo 903, y lo señalado en la ley 678 de 2011 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

2. DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES EN LA ACCIÓN DE

REPETICIÓN De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el H. Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o ex funcionario que con su acción u 3 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico4, que implica un menoscabo del patrimonio público. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de ésta.5

No obstante, antes de proceder al análisis de los elementos esenciales de la acción de repetición, se precisarán los medios probatorios en que ella se sustenta y la autenticidad de los mismos para su respectiva valoración. Con la demanda se allegó al proceso:

1. Copia auténtica de la Resolución N° 3995 de fecha 5 de noviembre de 2004 emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde se reconoció pagar la suma de $101.155.934 a favor del señor Luis Enrique 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicado: 28448; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. “De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para impetrar la acción y el último al elemento subjetivo que determina la responsabilidad

del agente”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.” 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011Lopera Lopera en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo

de Antioquia del 9 de septiembre de 2003.6

2. Copia auténtica de la orden de pago N° 1941 del 8 de noviembre de 2004, a favor del señor Elkin Darío Guzmán Naranjo apoderado del señor Lopera Lopera. Comprobante auténtico de egreso N° CE 3432. 7

3. Copia auténtica del cheque 1859423, mediante el cual se hizo la consignación de $101.155.934 a favor del apoderado del entonces demandante.8

4. Copia auténtica de la sentencia del 9 de septiembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura, por los diversos errores judiciales que se presentaron en el proceso ejecutivo, que se tramitó en el Juzgado

Promiscuo del Circuito del Municipio de Santa Rosa de Osos.9

5. Copias auténtica del acta de posesión del señor Javier Darío Velásquez Jaramillo, quién para la fecha de los hechos se desempeñaba como Juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos.10 No se encontró prueba alguna de la calidad de servidor público del demandado Juan Guillermo

Jaramillo Díaz. El Código Contencioso Administrativo en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa11, hace la remisión al código de procedimiento 6 Fls. 7 a 10 del cuaderno principal. 7 Fls. 11 y 12 del cuaderno principal.

8 Fl. 13 del cuaderno principal. 9 Fls. 369 del cuaderno 4. 10 Fls. 1 a 14 del cuaderno 3. 11 ARTICULO 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción12. Pero, aún cuando autoriza la ley que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos13:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa., Síguese de lo anterior que los documentos allegados al expediente cumplen con los requisito señalados por las normas procesales y puedan ser

tenidos en cuenta como medios probatorios, dentro del presente proceso, en razón a haber sido compulsadas del original que reposa en los archivos de la institución demandante y, conforme lo ha exigido el Consejo de Estado cumplieron con el requerimiento de autorización para poder ser tenidas en cuenta por su autenticidad14. El objeto de la acción de repetición es lograr que se declare la responsabilidad de los señores Javier Darío Velásquez Jaramillo y Juan Guillermo Jaramillo Díaz por los hechos que dieron origen a la sentencia del 9 de septiembre de 2003 en la que se declaró administrativamente responsable a la Nación –Consejo Superior de la Judicaturay se condenó a pagar los perjuicios causados al demandante como causa de los errores 12 ARTICULO 253. Aportación De Documentos. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo

1. Numeral 116, el nuevo texto es el siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento

13ARTICULO 254. Valor Probatorio De Las Copias. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 117. 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011judiciales en los que se incurrieron durante el desarrollo de un proceso ejecutivo, decisión que fue cumplida cabalmente. Por manera que lo que corresponde ahora es analizar si los elementos

esenciales de la acción de repetición que esbozamos atrás se encuentran estructurados en este proceso. i) Calidad de servidor Público. En relación con la calidad de servidores públicos que ostentaban los demandados al momento de la ocurrencia de los hechos, se encuentra en el plenario copia compulsada del original del Acta N° 008 del 31 de octubre de 1990 en la cual consta que el señor Javier Darío Velásquez para el momento de los hechos se desempeñaba como Juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos (Antioquia)15. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Radicación No. 63001-23-31-000-1998-00125-01(19145) C.P. Gladys Agudelo Ordoñez. “El documento que dice contener la orden de pago de la condena carece de mérito probatorio, pues no cumple con las exigencias establecidas por los artículos 253 y 254 del C. de P.C., para que pueda ser valorado por el juzgador. En efecto, en relación con el primero de ellos, es decir, con el citado acto administrativo, el artículo 253 ibídem preceptúa que los documentos pueden ser allegados al expediente en original o en copia, pero tanto unos como otros deben ser auténticos para que puedan ser valorados por el juez, pues sólo así es posible inferir con certeza el origen y el contenido de los mismos, a efectos de que la parte contra quien se aducen pueda controvertirlos, de manera que los documentos se presumen auténticos en los supuestos establecidos por el artículo 252 del C. de P.C., y las copias son auténticas en los casos

previstos por el artículo 254 ibídem. En todo caso la entidad demandante no cumplió ninguna de las exigencias previstas por el ordenamiento para la aportación del medio de prueba. En consecuencia la copia que dice contener la orden de pago a la cual se ha hecho alusión carece de mérito probatorio, no obstante, al margen de que no pueda ser valorado, aun cuando se hubiera aportado con total apego a las normas antes señaladas, lo cierto es que la reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la orden de pago carece de la virtualidad suficiente para acreditar el supuesto de extinción de la obligación –pago-, que, a su turno, comporta el presupuesto para subrogarse en la misma y poder reclamar la suma de dinero al demandado en la acción de repetición. De manera que al margen del mérito probatorio de la copia del acto administrativo allegada al proceso, así como de la idoneidad y conducencia probatoria de la certificación emitida por el Tesorero del Ministerio de Defensa, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago con un documento emanado de sus funcionarios y que, además, no da cuenta de que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues la orden de pago tan sólo constituye un trámite administrativo que permite viabilizar el desembolso de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal específico, pero no permite inferir que efectivamente se haya producido el pago a favor del beneficiario de la condena y correlativamente que la entidad se encuentra a paz y salvo por tal concepto”. 15 Fls. 1 a 14 del cuaderno 3. 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011Acerca del otro demandado: Juan Guillermo Jaramillo Díaz no se acreditó en el proceso la calidad de servidor público; razón por cual solo se entrará a analizar la conducta desplegada por aquél ex juez de la República y si le asiste responsabilidad o no en el caso que nos ocupa. ii) La Calificación de la Conducta del Agente desplegada con Dolo o Culpa Grave. La fuente de la obligación de la acción de repetición esta radicada en las siguientes normas: El artículo 90 de la Constitución Política señala que: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Igualmente en la ley 678 de 2001 que trajo consigo las presunciones de dolo y culpa grave (art. 5 y 6) como elementos sine quanon para estructurar la obligación de repetición, y que dado que los hechos que constituyen esta repetición se realizaron en su vigencia, en lo que toca con el dolo o culpa grave en la actuación de Javier Darío Velásquez que se cuestiona, se estudiará con fundamento en dichas norma. Para inferir si la conducta del ex Juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa Javier Darío Velásquez estuvo acompañada de “culpa grave” o “dolo”, y así establecer si hay lugar a declarar su responsabilidad

patrimonial, vale la pena traer a colación la inspección que el Tribunal de Antioquia realizó al Juzgado Promiscuo donde se desarrollo el proceso ejecutivo que diera origen a la condena contra la administración. De acuerdo con dicha diligencia una vez se dio inicio al proceso ejecutivo en el que surtidas las etapas correspondientes agotadas por el Juez anterior, procedió el nuevo Juez Dr. Javier Darío Velásquez a aceptar la renuncia presentada por el secuestre que tenia a cargo el bien involucrado 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011en el ejecutivo y así a nombrar uno nuevo. Posteriormente procedió a fijar y llevar a cabo el remate de dicho inmueble, el cual luego de varios intentos de remate, fue adquirido por el señor Luis Enrique Lopera Lopera. Entregado el bien al señor Lopera Lopera, el demandado en el proceso ejecutivo señor Enrique Lopera Correa, luego de prolongada contumacia, arrima solicitud al Despacho del Juez Velásquez solicitando se decretara la nulidad del fallo que ordenó seguir adelante con la ejecución, en razón a no haberse surtido el grado de consulta por haber estado representado por curador ad litem. Petición que fue resuelta por el Juez de manera negativa, una y otra vez, por considerar que no se constituía ninguna nulidad en la

causa estudiada. Esta decisión lleva al ejecutado a interponer como último el recurso de queja, que fue desatado por el Tribunal Superior Sala Civil de Decisión –Medellínen decisión del 14 de noviembre de 1989 declarando: “la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir del auto de fecha 27 de octubre de 1983 por medio del cual se ordenara la liquidación del crédito y las constas en adelante, para que en su lugar el A quo ordene la consulta de la sentencia de octubre 14 de 1983.”16. Esta decisión determinó que el bien rematado, que se encontraba en manos del rematante, debiera pasar nuevamente al control de un secuestre y finalmente tuviera que ser devuelto a su dueño original, sin que en ninguna instancia, a pesar de múltiples peticiones, le fueran reconocidas las mejoras que aquél rematante le había hecho al bien, teniendo en cuenta su calidad de tercero de buena fe dentro del proceso ejecutivo. Finalmente, en aras de dar por terminados los diferentes procesos ejecutivos que fueran acumulados, la abogada del ejecutado solicitó en reiteradas ocasiones se decretara la terminación de los mismos por haberse pagado todos los títulos ejecutivos involucrados.17 Con fundamento en lo anterior, esta Procuraduría Delegada es del criterio que de la valoración integral de las pruebas obrantes en el plenario, 16 Fls. 69 a 70 del cuaderno 4. 17 Fls. 18 a 19 del cuaderno 3. 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011emerge con absoluta claridad que la conducta del Juez Javier Darío Velásquez estuvo acompañada de ostensibles omisiones que estructuran una “culpa grave”, entendida ésta de acuerdo con el artículo 6° de la ley 678 de 2001: “(…) cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones”, que es lo que se infiere de los medios probatorios aportados al proceso referidos en párrafos anteriores y de donde se puede concluir, que la conducta negligente desplegada por el demandado al infringir la ley procesal civil18 que para el momento de los hechos le señalaba al Juez la obligatoriedad de surtir el grado de consulta en aquellos fallos en los que alguna de las partes había estado representada por curador ad litem, vía prevista por el legislador para salvaguardar el derecho al debido proceso y a la defensa del ausente en el proceso, se configura entonces lo descrito en el numeral 1° del artículo 6° de la ley 678 de 2001, el cual señala como una actuación gravemente culposa por la: “ 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho .” iii) Existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. A este punto, se resalta que existe efectivamente copia extraída de su original de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se condenó a la demandante a pagar la suma debida

por concepto de perjuicios ocasionados por los diversos errores judiciales que se presentaron durante el desarrollo del proceso ejecutivo, que se tramitó en el Juzgado Promiscuo del Circuito del Municipio de Santa Rosa de Osos; por lo que se concluye que dicho documento se constituye como 18 Código de Procedimiento Civil. Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil: ARTÍCULO 386. PROCEDENCIA Y TRÁMITE. Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, departamentos, intendencias, comisarías y municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decreten la interdicción, las que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem y las que declaren bienes vacantes o mostrencos o pertenencias. La consulta se tramitará y decidirá por el superior en la misma forma que la apelación.” (Negrillas fuera de texto) 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001032600020060006200 (33343) 5aCdeE/IJJ/cip IUS-2011prueba de la obligación impuesta a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura. iv) El pago realizado por parte de la entidad. Finalmente y como se ha mencionado, existen copias auténticas de las ordenes de pago que el Consejo Superior de la Judicatura expidió con el fin de cancelar la suma adeudada al señor Luis Enrique Lopera Lopera,

documentos públicos que permiten inferir que en efecto, el beneficiario del pago recibió a satisfacción la suma allí señalada, pues la valoración eficaz de su contenido, atendiendo pautas elementales de ineludible acatamiento en el análisis de las realidades procesales, bajo el enfoque racional y objetivo de la regla de oro de la hermenéutica conocida como la “sana crítica”, categóricamente, conduce a la certera y absoluta conclusión, de que el pago respectivo sí se materializó en las circunstancias que refieren tales elementos de convicción. CONCEPTO Respecto del problema jurídico planteado, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos, habiéndose demostrado que el proceder omisivo de Javier Darío Velásquez dio lugar al detrimento del erario de la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura y que tal conducta fue realizada a título de culpa grave, y que los demás requisitos para la procedencia de la acción de repetición se encuentran probados, deberá entonces proferirse en criterio de esta Agencia del Ministerio Público una decisión que le ordene al demandado reembolsar a la entidad estatal la suma de dinero que ésta debió pagar, esto es, que se acojan las pretensiones de la demanda, sentido éste en el que se eleva respetuosa solicitud. En los términos anteriores dejo a consideración de la Máxima Corporación el presente concepto. 13