PGN - Documento 201607171505354

Bogotá D.C. 16 de enero de 2.007 Concepto No. 01 / 2007 Doctor

DARÍO QUIÑONES PINILLA

Consejero Ponente Sección Quinta

CONSEJO DE ESTADO

E . S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000200600038 00

Radicado Interno número: 3972

Actor: ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA Asunto: Nulidad de la elección de los señores Representantes a la Cámara por la Circunscripción de Risaralda, para el período 2.006-2.010.

Honorable señor consejero: Dentro del término previsto para presentar alegatos de conclusión, el Ministerio Público presenta a su consideración los siguientes argumentos a fin de que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el fallo correspondiente: I-ANTECEDENTES. 1.- La demanda de la señora Adriana Vallejo de la Pava La señora Adriana Vallejo de la Pava, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda ante el H. Consejo de Estado, para que previos los trámites de los artículos 223 y ss. del Código Contencioso Administrativo, se efectúen las siguientes

declaraciones: 1 “a).- Que se aplique la excepción de inconstitucionalidad, esto es, que se inaplique el contenido del Decreto número 4767 del 30 de diciembre de 2.005 por ser este último inconstitucional y en consecuencia se aplique en forma directa el contenido del artículo 176 de la Constitución, que para efecto de esta demanda es el señalado por el Acto Legislativo No. 2 de

2.005 vigente para las elecciones del año 2.006, por las razones que se expresarán. b).- Que como consecuencia de lo anterior, y por los vicios que se argumentarán y comprobarán, se declaren nulos los siguientes actos electorales: Acta Declaratoria de la elección, expedida por la Comisión Escrutadora Departamental, Delegados del Consejo Nacional Electoral.- correspondiente a la elección de CAMARA DE REPRESENTANTESCircunscripción DEPARTAMENTO DE RISARALDA (Dicho acto se encuentra contenido en el Acta de escrutinio y parcial de escrutinio, Formulario E-26CR de fecha 22 de marzo de 2.006 junto con la descripción de la actuación realizada por los referidos Delegados que se encuentra descrita en el Acta General de Escrutinio y el Acta Parcial de Escrutinio anexa al referido formulario). c).- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene un nuevo escrutinio en la Circunscripción Territorial del departamento de Risaralda a efectos de establecerle umbral y la cifra repartidora que éste conforme con lo ordenado por la Constitución. Rectificado el escrutinio se efectúe la declaratoria del verdadero resultado de la elección. d).- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, una vez probado que mi poderdante cumple con el número de votos, su partido el umbral y su votación la cifra repartidora, se ordene incluir el nombre de mi poderdante como ciudadana elegida a la Cámara de Representantes número 4, y se declare expresamente que deberá ocupar el cargo como Representante a la Cámara elegida por la Circunscripción territorial –

Departamento de Risaralda y se le expida la correspondiente credencial.

A. Hechos Según la demanda, la señora Adriana Vallejo de la Pava fue inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del Departamento de Risaralda, como parte de la lista del Partido Social de Unidad Nacional, asignándosele el código 71-104.

Que el 12 de marzo de 2.006 se llevaron a cabo elecciones para congresistas, según acta de declaratoria de elección, para el período constitucional 2.0062 2.010, en la circunscripción electoral por el Departamento de Risaralda, se declararon elegidos los siguientes ciudadanos: Partido Liberal Colombiano …………….. Juan Carlos Valencia Montoya. Partido Liberal Colombiano …………….. Diego Patiño Amariles. Partido Social de Unidad Nacional ……… Carlos Enrique Soto Jaramillo. Partido Conservador Colombiano ……… Diego Alberto Naranjo Escobar. Que según el censo nacional de población y vivienda de 1.985, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la población oficial del Departamento de RISARALDA era de 652.872 habitantes, lo cual le daba derecho a elegir cinco (5) Representantes a la Cámara de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política; circunstancia que en su sentir, no fue tenida en cuenta en la expedición del decreto 4767 del 30 de diciembre de 2.005 y que omitieron las autoridades electorales al momento de efectuar el escrutinio y la declaratoria de la elección Bajo ese entendido sostuvo que el Decreto 4767 del 30 de diciembre del 2.005

resultaba inconstitucional frente al contenido normativo del artículo 176 de la Carta Política, el que como norma de normas resulta de aplicación preferente.

B. Normas violadas y concepto de la violación Como normas violadas citó el actor las siguientes disposiciones:  Los artículos 3, 4, 40, 99, 103, 176, 95-5 de la Constitución Política  El artículo 12 de la Ley 153 de 1.887.

Como concepto de la violación expresó 4 cargos a saber: i) Infracción a las normas en que debía fundarse, contra el artículo 1 del decreto 4767 del 30 de diciembre de 2.005. ii) Falsa motivación contra el acta de declaratoria de la elección por sustracción de los motivos legales que fundamentaron el acto 3 electoral. iii) Infracción a las normas en que debería fundarse contra el acta de declaratoria de la elección. iv) Infracción de las normas en que debería fundarse por violación al principio y derecho a ser elegido y violación directa de los artículos 3, 5, 40, 99 y 103 Superior. En cuanto al primer cargo, indicó que existía una errónea interpretación del artículo 176 de la Constitución Política; una violación directa al principio de legalidad; y una violación directa del artículo 4 de la Constitución Política. Con base en ello, solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Decreto 4767 de 30 de diciembre de 2.005, argumentando que el artículo 176 Superior prevé como regla para la elección de Representantes a la Cámara que se elegirán “dos Representantes por cada

circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”; es decir, que cada circunscripción electoral por el hecho de serlo, tiene derecho a elegir dos Representantes, y un representante adicional por cada doscientos cincuenta mil habitantes, reconociendo la representación política de las fracciones de población que resulten en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil habitantes. Así las cosas, indicó que el Gobierno Nacional al expedir el decreto 4767 de 2.005, por medio del cual se fija el número de Representantes a que tienen derecho cada circunscripción electoral, desconoció el contenido normativo constitucional, toda vez que la parte considerativa de la referida Resolución, no coincidía con la parte resolutiva, al no haberse efectuado correctamente las operaciones aritméticas. Para efectos de demostrar el cargo, trascribe el actor los datos estadísticos de la población oficial del censo de 1.985 certificado por el DANE, observando que al Departamento de Risaralda se le señaló una población de 652.872 habitantes; cifra según la cual, dando aplicación a la norma Constitucional, le correspondía elegir dos Representantes y uno más por cada doscientos 4 cincuenta mil habitantes, es decir, que con una población de 652.872 habitantes tenía derecho a elegir dos (2) Representantes más, con un exceso de 152.872 que le daban derecho a un representante adicional. En total, aduce, al departamento de Risaralda le correspondía Constitucionalmente elegir cinco (5) representantes y no cuatro (4), como se

consignó en el Decreto 4767 de 30 de diciembre de 2.005, razón por la cual, en sentir del actor, el citado Decreto infringió las normas en que debía fundarse, violando en forma directa por no aplicación y por indebida interpretación, los artículos 4 y 176 Superior. En ese sentido señaló que se hacía necesario efectuar un nuevo escrutinio para determinar que a su representado le corresponde la curul número 5, conforme lo ordenaba en forma imperativa el artículo 176 Superior, en tanto la circunstancia fáctica modifica el umbral y la cifra repartidora que proviene del artículo 263ª de la Constitución Política; dicho análisis lo aplica a todas las circunscripciones territoriales, arrojando la modificación de varios departamentos, tal como aparece a folio 13 de la demanda. En cuanto al segundo cargo, esto es la falsa motivación contra el acta de declaratoria de la elección por sustracción de los motivos legales que fundamentaron el acto electoral, adujo que de ser aplicada la excepción de inconstitucionalidad e inaplicar el artículo 1 del decreto 4767 de 2.005, el acto contentivo de la declaratoria de elección resultaría nulo al perder los fundamentos de derecho sobre los cuales se motivó, pues estaría aplicando un número de curules que no coincide con el ordenado por el artículo 176 Superior. Respecto al tercer cargo, indicó que el Acta de Escrutinio también resultaba nula al estar fundamentada en el contenido normativo del artículo 1 del Decreto 4767 de 2.005, ya que al momento del escrutinio solo se tuvieron en cuenta 4 curules, tal como consta en el acta de declaratoria de elección, en lugar de que

las autoridades electorales hubieran aplicado en forma prevalente lo ordenado 5 por la Constitución. De igual forma sostuvo que se violó en forma directa el contenido sustancial del principio de legalidad contenidas en los artículos 9 y 12 de la Ley 153 de 1.887, las cuales ordenan aplicar en forma prevalerte la Constitución, cuando surgen antinomias entre normas de contenido constitucional y normas inferiores. Finalmente en relación al cuarto cargo, señaló que existía una violación al principio de elegir y ser elegido previsto en el artículo 40 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 99 Superior; que se violaba en forma directa el contenido del artículo 3 Superior en concordancia con el artículo 103 ibídem, por cuanto a un sector de la población política no se le estaba permitiendo tener representación en los términos que la Constitución establece, violándose la soberanía popular; que igualmente se violaba el numeral 5 del artículo 95 Superior, porque a su poderdante como a los ciudadanos que votaron por su partido, se les limitó mediante la indebida interpretación del artículo 176 de la Constitución, la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país. 1.2.- Admisión de la demanda La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 3 de mayo de 2.006, admitió la demanda, y ordenó las notificaciones de ley. 1.3.- Contestación de la demanda Dentro del término la parte demandada guardó silencio. 2.- La demanda del señor Luís Carlos Ramírez Munera El ciudadano Luís Carlos Ramírez Munera, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, por conducto de apoderado judicial presentó demanda ante el

6 Tribunal Administrativo de Risaralda para que previos los trámites de los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo se efectúen las siguientes declaraciones: “1.- Que se declare la nulidad de los actos de fecha 22 de marzo de 2.006, a través de los cuales se declaró la elección de Representantes a la Cámara por el departamento de Risaralda para el período comprendido entre el año 2006 al año 2010, según consta en las actas de escrutinio General y Parcial cuyas copias autenticas se adjuntan. 2.- Que por lo anterior se reconozcan los perjuicios causados al candidato afectado, en la cuantía que sea previamente determinada por un auxiliar de justicia, en el momento en que sea resulta favorablemente la presente acción.”

A. Hechos Señaló el actor que el 12 de marzo de 2.006 se realizaron los escrutinios para elección de Senadores y Representantes a la Cámara, resultando elegidos para la Cámara por el Departamento de Risaralda los señores Juan Carlos Valencia Montoya, Diego Patiño Amariles, Carlos Enrique Soto Jaramillo y Diego Alberto Naranjo Escobar, para el período 2.006-2.010.

Que dichas elecciones estuvieron precedidas de irregularidades de fondo en el sistema electoral, toda vez que se presento confusión en los votantes, los que generó resultados distintos a los pretendidos por los electores. Sostuvo, que en un gran porcentaje de las mesas de votación, los jurados de votación erraron al momento de distribuir los votos entre los candidatos y el partido, contabilizando dos veces un solo voto, anulando votos válidos, e

incurriendo en errores aritméticos al momento de realizar el conteo; hechos que según el actor se demuestran de manera contundente con las actas de escrutinio zonal y municipal, en donde se señalan de forma detallada los errores que se cometieron en cada mesa de votación.

B. Normas violadas y concepto de la violación

7 Consideró el actor que el acto demandado vulneró los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que, se presentaron serios problemas en la aplicación del sistema electoral, al no entender los electores ni los jurados de votación la mecánica para llevar a buen fin dicho proceso electoral. Bajo ese entendido consideró primordial la revisión pormenorizada de las mesas de votación para establecer a ciencia cierta, si los jurados de votación le dieron aplicación expresa a la ley electoral, o por el contrario invalidaron votos válidos, o si la distribución de los votos entre los candidatos de los diferentes partidos correspondía o no a la realidad. De igual forma precisó que fue tal el impacto producido por esos hechos, que la Procuraduría General de la Nación mediante Circular 002 del 14 de marzo de 2006 solicitó a los escrutadores que de oficio realizaran un reconteo de votos en todas las mesas, encontrándose errores en el 90% de ellas, lo cual evidenciaba a todas luces las referidas irregularidades. 2.1. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante auto de 25 de abril de 2.006, consideró que el conocimiento del presente asunto era de competencia del Consejo de Estado, remitiéndolo a dicha corporación, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 446 de 1998.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 11 de mayo de 2.006 admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley. 2.2. Contestación de la demanda El señor Carlos Enrique Soto Jaramillo, a través de apoderado judicial contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones, admitiendo 8 unos hechos como ciertos; y de otros dijo que eran simples manifestaciones subjetivas e imprecisas del actor, ya que no se individualiza ni se hace referencia a zonas o puestos de votación en las que se presentaron las supuestas irregularidades. De igual forma señaló que el actor de manera consciente, omitió el conocimiento y contenido de las leyes electorales que facultaban a los movimientos políticos para nombrar testigos electorales en las diferentes mesas de votación, enunciando causales que podían ser invocadas por dichos testigos dentro de la oportunidad que la ley establecía para tal fin. En cuanto a las normas violadas y el concepto de violación sostuvo que el actor hizo inicialmente referencia a las nulidades electorales consagradas en el artículo 223 del C.C.A., sin referirse a ninguna de ellas en particular, y que los hechos relatados tampoco encajan dentro de la causal de nulidad del artículo 227 ibídem. Como razones de defensa adujo que la organización electoral estaba cimentada en el artículo 120 de la Constitución Política y en los principios que orientan el Código Electoral, así como en los órganos y Tribunales de garantías, organismos de control y testigos electorales de los partidos y movimientos políticos, los cuales garantizaron en igualdad de circunstancia a

los candidatos y los electores el ejercicio legítimo de todos sus derechos políticos. Que resulta claro e indiscutible que bajo dichos parámetros, el actor no hubiera formulado reclamaciones de ninguna naturaleza, ni habría elevado críticas al proceso electoral que no podían ser materia del presente debate procesal por tener implicaciones que corresponden a otras instancias; que resulta indiscutible que las causales de reclamación establecidas en los artículos 121 y 192 del Código Electoral, no podían alegarse por vía de nulidad sino que debían discutirse en la instancia administrativa electoral, no obstante que 9 podían demandarse las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de las reclamaciones por motivos de nulidad. En síntesis, señaló que los hechos relatados por el actor como supuestos de la acción electoral no tipifican ninguna de las causales establecidas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, ya que constituían materia de reclamación ante las comisiones escrutadoras o ante el Consejo Nacional Electoral. Por último, propuso las excepciones que denominó, inexistencia de las causales invocadas por el accionante y la genérica que aparezca probada en el proceso. Por su parte, el Representante Diego Patiño Amariles contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, manifestando que si bien la demanda ataca supuestas irregularidades de fondo del sistema electoral, resulta pertinente aclarar que el sistema electoral es un conjunto de normas, instituciones, autoridades principios y procedimientos que permiten al Estado Colombiano desarrollar todos los mecanismos de participación ciudadana; que dicho sistema esta dirigido y coordinado por la Organización Electoral, quien se

encargaba de adelantar cada una de las instancias hasta la declaratoria de elección de los candidatos, las cuales se cumplieron a cabalidad con el acompañamiento de la Procuraduría y demás autoridades que avalaron los comicios de principio a fin; que por lo mismo, resultaba inaceptable aludir a supuestas “irregularidades de fondo en el sistema electoral”, afirmando que se alteró la voluntad popular, ya que la misma carece de todo sustento probatorio. De igual forma señaló que la demanda menciona tres fenómenos de frecuente ocurrencia en cualquier tipo de elecciones que guardan relación con el desempeño de los jurados de votación a saber: Errores aritméticos al totalizar las actas de escrutinio, errores en la aplicación de los criterios sobre la nulidad del voto, errores en la totalización de sufragios a candidatos y/o listas que optan por el sistema del voto preferente. 10 Que en el caso específico, una vez concluida la jornada electoral y adelantados los escrutinios de mesa, los testigos electorales elevaron las reclamaciones respectivas logrando el recuento de un porcentaje considerable de mesas de votación, lo cual permitió que se corrigiera la totalidad de los errores detectados. Dicha circunstancia se sustenta en el hecho de que en los escrutinios Departamentales no se presentara ninguna reclamación por parte de los candidatos, representantes o testigos electorales, tal como se observa en el Acta General de Escrutinio. Llama igualmente la atención, sobre el hecho de que el accionante no elevara las reclamaciones respectivas ante la Comisión Escrutadora Departamental, e incurriera en contradicciones al afirmar como sustento de sus pretensiones, el

que las comisiones detectaran algunos errores cometidos por los jurados de votación, cuando éstos, fueron corregidos por las autoridades indicadas y en las instancias establecidas por la Ley. Indicó que el proceso electoral se llevó a cabo dentro de los parámetros legales, y que el recuento general de votos resulta improcedente en la instancia judicial; más aún, cuando el accionante no señaló ningún caso en particular. De igual manera, el Representante Juan Carlos Valencia Montoya contestó la demanda y se opuso al petitum manifestando que éste no precisa ningún cargo y que se dirige más al tema de la ley que a los vicios de su aplicación; hecho que debía discutirse dentro del orden de la constitucionalidad de la norma y no de la acción electoral, por cuanto que todos los candidatos estuvieron en un mismo plano de igualdad frente a los aciertos y desaciertos de la regla. Finalmente el Representante Diego Alberto Naranjo Escobar contestó la demanda por conducto de apoderado judicial y se opuso a todas sus pretensiones, manifestando que las afirmaciones del actor además de ligeras y tendenciosas eran abstractas e imprecisas, carentes de todo fundamento jurídico y probatorio. 11 Señaló, que el actor no delimitó la jurisdicción electoral donde supuestamente se presentaron los desaciertos enlistados, ni aparecían en las actas de escrutinio del departamento reclamación alguna sobre esos hechos, resultando temeraria la actuación del actor. Por último, propuso las excepciones de ausencia de causal de nulidad, inepta demanda por falta de requisitos legales ante la ausencia de la exposición del concepto de violación, improcedencia de la acción electoral para obtener

resarcimiento económico, falta de individualización del acto acusado y la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 3.- Acumulación de expedientes La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de octubre de 2.006 decretó la acumulación de los expedientes 3972 y 4025 para ser fallados en una sola sentencia. 4.- Alegatos de conclusión El apoderado de la ciudadana Adriana Vallejo de la Pava presentó escrito de alegatos reiterando las pretensiones de la demanda, y expresando que, de conformidad con las certificaciones expedidas por el departamento Administrativo de Estadística DANE, depurada de las inconsistencias y errores de los formularios de las encuestas, según explica de manera detallada, al Departamento de Risaralda le aparece una población oficial de 652.872 habitantes; población con base en la cual se elegía el número de representantes a la Cámara por dicha circunscripción territorial. Más adelante explica, que para poder aplicar la fórmula prevista por el artículo 176 de la Constitución, era menester atender su sentido lingüístico, tal como lo prescribe el artículo 27 del Código Civil. En ese sentido, al señalar la norma Constitucional: “Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y 12 uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, significa en criterio del actor, que cada circunscripción electoral por el hecho de serlo tiene derecho a elegir dos representantes, y que la conjunción copulativa “y”, está referida en forma exclusiva al factor territorial como supuesto de hecho para que cualquier circunscripción territorial tenga

derecho a dos representantes, sin atender el factor poblacional; que después de dicha conjunción, la representación política si está referida al factor poblacional que tiene cada circunscripción territorial. Así las cosas, cada circunscripción tendría derecho a elegir un representante más, por cada doscientos cincuenta mil habitantes bajo la siguiente operación matemática: “Dividendo= Número de habitantes de una circunscripción territorial según los datos del censo “oficial” de 1.985, certificados por el DANE. Divisor= 250.000 habitantes Cociente=Número de representantes adicionales a los dos primeros. Así el cociente tendrá como resultado un número entero que señalará el número de curules adicionales a proveer y un número fraccionario o fracción de población que no alcanza el divisor”. Luego, indicó que el texto constitucional continúa describiendo la regla usando la conjunción disyuntiva “o”, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, lo cual permite determinar un número adicional de curules, sometido a una condición cuyo cumplimiento es necesario para la eficacia de la disyunción -“o fracción mayor de ciento veinticinco mil habitantes que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, siendo lo subrayado la condición. 13 En síntesis, concluye que luego de aplicar como divisor doscientos cincuenta mil habitantes, la fracción sobrante que no alcanza el divisor señalado pero cuyo residuo es superior a ciento veinticinco mil habitantes, debe ser tenida en cuenta por el operador jurídico para adicionar una curul más, siempre y cuando

se encuentre en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil. Dicha condición la explica el actor desde el punto de vista poblacional, ya que lo que se busca evitar, es que una población inferior a doscientos cincuenta mil habitantes reclame una curul adicional por el solo hecho de tener como población un número superior a 125.000 habitantes, como es el caso de los Departamentos de Casanare y Putumayo. Como soporte de la interpretación gramatical, trascribe el concepto técnico que el Instituto Caro y Cuervo remitió al Consejo Superior de la Judicatura, referente a la correcta interpretación, desde la gramática, la filosofía y la ortografía que debía dársele al inciso segundo del artículo 176 de la Constitución, de la que concluye que la conjunción disyuntiva “o” denota una separación o alternativa, no existiendo duda para el actor, que aún cuando se colocara una coma después de la conjunción, ésta, tendría el mismo efecto de dividir. De igual forma, para dar mayor validez a la interpretación gramatical, realiza una interpretación desde el punto de vista lógico, empleando un enunciado simbólico con cada una de las proposiciones de la norma constitucional, sujetando la aplicación de la última, a la existencia de la que le antecede (uno mas por cada fracción de 250.000 habitantes) como presupuesto para su aplicabilidad. Así mismo, recurre a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, trascribiendo para el efecto varias de las ponencias presentadas en torno a la representatividad del congreso, concluyendo que tanto la constitución del 86 como la del 91 han reconocido un número de curules por el

solo hecho poblacional. 14 Adicionalmente señaló que la correcta aplicación del artículo 176 de la Carta, conlleva el desarrollo armónico de derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control político, así como el administrativas y culturales de la nación. Por su parte, el apoderado del Representante Diego Alberto Naranjo Escobar presentó escrito de alegatos, insistiendo en las excepciones propuestas en la contestación de la demanda. II-CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO  En la acción incoada por la ciudadana ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA Considerados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte la actuación hasta ahora surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto de rigor. Como esta Procuraduría Delegada ya ha tenido oportunidad de expresar su criterio en los procesos de nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por las circunscripciones electorales de los departamentos del Huila, Nariño, Cauca, Caquetá, Atlántico, Antioquia, cuyos supuestos de hecho y de derecho son idénticos a los planteados en este proceso, con la venia de la Honorable Corporación, reitera los argumentos expresados en los anteriores conceptos, en los que se señaló: “En el asunto que ahora es sometido a estudio y consideración de esta Agencia del Ministerio Público, el actor depreca la nulidad del acto de elección de los Representantes a la Cámara elegidos por la circunscripción electoral del Departamento del Huila, bajo la consideración

de que el acto expedido por los miembros de la Organización Electoral está afectado de un vicio de nulidad porque su fundamento legal es contrario a la Carta Fundamental. Por tal razón dice, ha de aplicarse de preferencia la norma superior e inaplicar la norma reglamentaria. 15 Ha manifestado el demandante que el Decreto que expidió el Gobierno Nacional y por medio del cual fijó el número de Representantes que elegiría cada una de las circunscripciones territoriales es contrario a la Norma Fundamental, fue errónea y mal interpretado por el Gobierno Nacional y por ello se desconocen derechos fundamentales, en especial los señalados en el artículo 40 Superior.

1. La excepción de inaplicación del Decreto 4767 del 30 de diciembre del 2005 por razón de su inconstitucionalidad El actor solicitó de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, con fundamento en la excepción de inconstitucionalidad, inaplicara el Decreto 4767 del 30 de diciembre del 2005, y para efectos de la determinación del número de representantes a elegir por cada una de las circunscripciones territoriales, en particular la del Departamento del Huila, se aplicara directamente el artículo 176 de la Carta Política, norma que regula el asunto, y que de ser aplicada modificaría el número de representantes a elegir; según el decir del actor, la norma subordinada se expidió contraviniendo el texto constitucional.

La disposición constitucional señala que “La Constitución es norma de normas”, además, que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones

constitucionales”. De conformidad con lo preceptuado en la norma en comento, el denominado control constitucional por vía de excepción comprende también a los decretos, los cuales, pueden ser inaplicados si contradicen el marco del ordenamiento superior. En el caso en concreto que se analiza, el actor sostiene que el Decreto 4767 del 30 de diciembre del 2005, expedido por el Gobierno Nacional y por medio del cual fijó el número de representantes que se elegirán por circunscripción territorial, contrariaba el artículo 176 de la Carta Política y por lo mismo había de ser inaplicado. Señaló el demandante que, en tanto el Decreto 4767 del 2005, norma que desarrolla el artículo 176 constitucional, estableció que la circunscripción territo