PGN - Documento 201607171610415

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

DERECHO A LA LIBERTAD-Fundamental PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD-Falta de pruebas Dentro del proceso no obra prueba alguna que acredite suficientemente las circunstancias de tiempo modo y lugar que rodearon su captura y posterior detención; tampoco se observa en el paginario prueba alguna que acredite la procedencia de los montos reclamados por concepto de perjuicios materiales que afirma tuvo que soportar, incumpliendo así la parte demandante con el deber de demostrar satisfactoriamente las afirmaciones planteadas en su escrito de demanda, toda vez que en desarrollo del principio de libertad probatoria, las partes ostentan la potestad de utilizar todos los medios de prueba que consideren necesarios, siempre y cuando éstos estén ajustados a la ley, para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, siendo entonces responsabilidad exclusiva de las mismas, el aportar las pruebas con las cuales se demuestran los hechos en que fundan sus pretensiones y argumentaciones. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a la parte que está interesada en obtener una decisión favorable Por regla general, la carga probatoria recae sobre la parte que desea que sean tenidos como ciertos por el juez, los hechos en los que funda su actuación, y que de no hacerlo, se expone a que la decisión que tome el fallador le sea adversa, de ahí que se deberían tener como infundados, los argumentos esbozados por la parte accionante, frente a la orfandad probatoria que presentan, En el presente caso, ocurre que los documentos aportados por la parte demandante no son susceptibles de ser catalogados como pruebas, y por ende, en manera alguna

pueden hacerse merecedores de ser tenidos en cuenta al momento de fallar, en razón a que no llenan los requisitos legales que impone el artículo 254 del CPC Si la decisión de primera instancia fue adversa a las pretensiones de la accionante, esto obedeció exclusivamente a una clara inactividad probatoria de su parte, pues se abstuvo de aportar dentro de las oportunidades procesales establecidas en la ley, todas aquellas pruebas con las que pretendía demostrar la veracidad de las afirmaciones hechas en su demanda, todo lo cual, conduce inequívocamente a que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima deba ser confirmada. Bogotá, D. C., Agosto 4 de 2010 Doctor

MAURICIO FAJARDO GÓMEZ (E)

Consejero Ponente Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 10-152

Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Demandados: La Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional – Fiscalía General de la Nación Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cuál, esta agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal,

interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la Acción de Reparación Directa, contenida en el artículo 86 del C. C. A., el señor DAVID HEREDIA MARTÍNEZ y otros, demandan ante esta jurisdicción que se declare que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO DEL TOLIMA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la privación injusta de la libertad de los señores DAVID HEREDIA GUERRERO y SEBASTIÁN HEREDIA MARTÍNEZ; y que en consecuencia, se condene a la parte demandada al pago de perjuicios materiales y morales.

2 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Como sustento de sus pretensiones, la parte actora presentó, en resumen, los siguientes argumentos: Que el día 2 de septiembre de 2004, la Fiscalía 40 Seccional de Estructura de Apoyo a la Ciudad, ordenó realizar una serie de allanamientos en inmuebles ubicados en zona urbana de la ciudad de Ibagué y en algunos corregimientos aledaños, los cuales se materializaron ese mismo día por parte del Comité Interinstitucional de Seguridad de Ibagué (Ejército, Fuerza Aérea, Policía, DAS, CTI, Gaula Ejército y Fiscalía). Que en dichos operativos, fueron irrumpidas las viviendas de los

señores DAVID HEREDIA GUERRERO y SEBASTIAN HEREDIA MARTÍNEZ, sin que se hallara ningún elemento que los comprometiera con el grupo armado al margen de la ley, FARC - frente Tulio Varón, pero que sin embargo, en dicho operativo se detuvo al primero de los mencionados señores. Que la Fiscalía 16 de Patrimonio Económico de Ibagué, luego de avocar conocimiento de la causa por el presunto delito de Rebelión, y mediante resolución del 23 de septiembre de 2004, resolvió la situación jurídica del señor HEREDIA GUERRERO imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, calificando posteriormente el mérito del sumario con preclusión de la investigación, mediante resolución fechada 8 de marzo de 2005. Que en lo atinente al señor SEBASTIAN HEREDIA MARTÍNEZ, se afirma que el mismo fue capturado el día 9 de diciembre de 2004 en

3 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Bogotá y puesto a disposición de la misma Fiscalía 16, la cual resolvió la situación jurídica de este con prelación de la investigación, mediante la misma resolución del 8 de marzo de 2005, referida anteriormente. Que los anteriores hechos, causaron graves perjuicios morales, materiales y fisiológicos a los detenidos y a su familia, pues se vieron expuestos a una situación humillante e injusta pues fueron apartados de sus parientes por espacio de 6 meses y 7 días en el caso del señor

DAVID HEREDIA GUERRERO y de 3 meses y 1 día para el señor

SEBASTIAN HEREDIA.

 La Contestación Fiscalía General de la Nación Se opuso a las pretensiones contenidas en ella, argumentando que no le constan los hechos materia de demanda, ateniéndose a lo que resultare probado en el proceso. Manifiesta además, que para que se tenga como injusta una privación de la libertad, ésta debe haber sido desproporcionada en forma abierta, con violación de las disposiciones legales de procedimiento que determinan esa limitación, de los cuales se pueda demostrar que obedece a actos de arbitrariedad y abuso en el ejercicio de la administración de justicia y que por tanto, al estar la actuación de la fiscalía ajustada a Ley 600 de 2000, no se puede considerar como arbitraria o injusta. Ejército Nacional

4 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Se opuso también a las pretensiones de la demanda, manifestando que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva al Ejército Nacional, teniendo en cuenta que la actitud asumida por las autoridades que colaboraron con la Fiscalía en los allanamientos ordenados por ésta última, en donde fue capturado DAVID HEREDIA GUERRERO, fue correcta, pues esas entidades estaban obligadas a prestar atención a las declaraciones de los testigos, proceder a las capturas y dejarlos a disposición de la autoridad competente. Afirma además que el hecho de que le instructor con base en unos testimonios hubiera decretado medida de aseguramiento y que

después desestimara dichos testimonios y finalmente llegara a proferir una decisión de preclusión de la investigación, es una situación que no es del resorte del Ejército, púes esa no es su función.  La Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia calendada 5 de noviembre de 2009, negó las pretensiones de la demanda al considerar que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, se adecuaron a la ley, no encontrando como arbitraria o injusta la conducta de la entidad demandada. Respecto de la no declaratoria de responsabilidad, el Tribunal Administrativo del Tolima manifestó, lo siguiente: “(…) Por lo discurrido, enfatiza la Sala que la resolución de preclusión de marras, fechada el 8 de marzo de 2005 y dictada

5 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros por la fiscalía 16 Seccional de Ibagué, que favoreció a los señores David y Sebastián Heredia, de suyo no ostenta la virtud de irrogar responsabilidad administrativa por la privación de la libertad que padecieron en los lapsos anotados, con el fin de resarcir los eventuales perjuicios de distinto orden, con ocasión a que, como ya se explicó, resulta forzoso demostrar que dicha privación, preventiva, hubiese obedecido de manera injusta, ya sea porque no se dispuso conforme a las normas aplicables, ora se prolongó sin justa causa, o se hizo de manera arbitraria o irrazonable, sin embargo, como se dijo co antelación, en el contencioso

administrativo de instancia no se evidencia. (…)” EL CONCEPTO Sea lo primero manifestar, que esta Agencia del Ministerio Público es del criterio de que la decisión de primera instancia debe ser confirmada y así lo solicita respetuosamente a la H. Sala, de acuerdo con los siguientes breves argumentos: Con el objeto de rendir concepto dentro del presente proceso, este Despacho abordará, inicialmente, el examen de los fundamentos del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad y, posteriormente, procederá a su estudio en el caso concreto. En efecto, el artículo 281 de la Constitución Política Colombiana consagra el derecho a la libertad como “fundamental”, mientras que en el inciso 4 del artículo 29 establece la presunción de inocencia respecto de todas las personas mientras no se les haya declarado judicialmente culpables. Estos derechos se hallan igualmente amparados en normas jurídicas de carácter internacional, debidamente ratificadas por Colombia, tales como 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

6 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 que señala que "1.Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos3 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.” Del análisis conjunto de la normatividad aludida se concluye, sin lugar a dudas, que la libertad individual es un derecho fundamental que únicamente puede ser limitado o restringido en los eventos previamente señalados en la ley o en la Constitución. En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el Código de Procedimiento Penal expedido mediante Decreto 2700 de 1991, cuya vigencia comenzó el 1º de julio de 1992 y terminó con la expedición de la Ley 600 de 20004, que lo derogó, contiene una disposición que, de manera expresa, prevé los casos en los cuales el Estado resulta responsable cuando se configura la privación injusta de la libertad, en los siguientes supuestos:

“(…) Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no 2 ? Ratificado mediante la ley 74 de 1968 3 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 4 Vigente un año después de su promulgación, esto es, a partir del 24 de julio de 2001.

7 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros haya causado la misma por dolo o culpa grave. (…)”5 (subrayado fuera de texto). Por lo tanto, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se encuentra probada la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, que conlleve a configurar responsabilidad administrativa a los entes de imputación demandados o si, por el contrario, existe alguna causal de exoneración de responsabilidad. Pues bien, del estudio de los documentos aportados al escrito de demanda por la parte accionante, es claro para el Ministerio Público que salvo el poder para actuar, los Registros Civiles de Nacimiento de los demandantes y el recibo de pago de honorarios obrante a folio 116 del c.2, a ninguno de los demás documentos allegados con la demanda puede otorgársele valor probatorio, toda vez que se trata únicamente de copias simples, documentos éstos que no cumplen en manera alguna con

los presupuestos exigidos por el artículo 254 del C.P.C. Lo anterior, obedece a que los argumentos expuestos por la apoderada de la parte actora se concretan a afirmar que los señores DAVID HEREDIA y SEBASTIAN HEREDIA, fueron privados injustamente de la libertad el día 2 de septiembre de 2004 y el día 9 de diciembre de 2004 respectivamente; y que posteriormente, fueron dejados en libertad por virtud de la resolución de preclusión de la investigación dictada en su favor por la Fiscalía 16 de Patrimonio Económico de Ibagué. Sin embargo, contrario a lo que argumenta la parte demandante, es lo cierto que dentro del proceso no obra prueba alguna que acredite suficientemente las circunstancias de tiempo modo y lugar que rodearon su captura y posterior detención; tampoco se observa en el paginario prueba alguna que acredite la procedencia de los montos reclamados 5 Artículo 414.

8 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros por concepto de perjuicios materiales que afirma tuvo que soportar, incumpliendo así la parte demandante con el deber de demostrar satisfactoriamente las afirmaciones planteadas en su escrito de demanda, toda vez que en desarrollo del principio de libertad probatoria, las partes ostentan la potestad de utilizar todos los medios de prueba que consideren necesarios, siempre y cuando éstos estén ajustados a la ley, para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, siendo entonces responsabilidad exclusiva de las mismas, el aportar las pruebas con las

cuales se demuestran los hechos en que fundan sus pretensiones y argumentaciones. Al respecto, bien vale la pena destacar lo reglado en los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, normas en las cuales se estableció, lo siguiente:

“(…) TITULO XXI. DE LA PRUEBA DE OBLIGACIONES.

Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. (…)”6(Negrillas fuera de texto) “(…) Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”7 (Negrillas fuera de texto) Dentro de la evolución jurisprudencial colombiana, se ha contemplado el tema de la distribución de las cargas probatorias y, teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo por mandato expreso del artículo 1688, remite al ámbito del procedimiento civil el manejo de la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlos, así como también los criterios de valoración, es dable traer a colación uno de tantos 6 Código Civil Colombiano, artículo 1757 7 Código de Procedimiento Civil Colombiano, artículo 177 8 C.C.A. Título XXI, Artículo 168. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

9 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros pronunciamientos en los que la Corte Constitucional, ha abordado el tema de la carga de la prueba, así: “(…) Dentro de las cargas procesales fijadas por ley a las partes se encuentra la institución de la carga de la prueba. Esta incumbe a quien tiene interés en los efectos jurídicos de las normas que regulan los supuestos de hecho afirmados o negados (CPC art. 177). La finalidad última de la actividad probatoria es lograr que el juez se forme una convicción sobre los hechos, por lo que el deber de aportar regular y oportunamente las pruebas al proceso, está en cabeza de la parte interesada en obtener una decisión favorable. Las cargas procesales no implican una sanción para la persona que las soporta. Los efectos de su incumplimiento acarrean riesgos que pueden concretarse en una decisión adversa. En esto le asiste razón al apoderado del Ministerio de Justicia, quien no ve una vulneración del derecho de defensa en la imposición de ciertas obligaciones o cargas a las partes, máxime si las consecuencias de la inactividad del interesado obedecen a su propia omisión. Las reglas del "onus probandi" o carga de la prueba 4.. Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: "onus probandi incumbit actori", al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; "reus, in excipiendo, fit actor", el

demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, "actore non probante, reus absolvitur", según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción. (…)”9 (Negrillas y subrayado fuera de texto) Es claro entonces, que por regla general, la carga probatoria recae sobre la parte que desea que sean tenidos como ciertos por el juez, los hechos en los que funda su actuación, y que de no hacerlo, se expone a que la decisión que tome el fallador le sea adversa, de ahí que se deberían tener como infundados, los argumentos esbozados por la parte accionante, frente a la orfandad probatoria que presentan, pues dentro del procedimiento contencioso administrativo, se han contemplado varias etapas dentro de las cuales las partes pueden aportar pruebas al proceso, 9 Corte constitucionalSentencia C-070/93Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

10 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros a fin de que éstas sean valoradas al momento de proferir el fallo, esto es, desde la presentación de la demanda hasta el vencimiento del término de fijación en lista, durante el cual se puede reformar o adicionar la demanda, y en el auto que abre a pruebas, se procede a decretar y practicar conjuntamente las pedidas por las partes, así como también, las

aportadas por las partes se tendrán como tales, siempre y cuando reúnan los requisitos legales para alcanzar tal condición. En el presente caso, ocurre que los documentos aportados por la parte demandante no son susceptibles de ser catalogados como pruebas, y por ende, en manera alguna pueden hacerse merecedores de ser tenidos en cuenta al momento de fallar, en razón a que no llenan los requisitos legales que impone el artículo 254 del CPC, y al carecer de toda fuerza probatoria; resulta palmario que mal haría el fallador, si les concediera algún tipo de valor probatorio, ya que por imperio de la ley, tal proceder le está prohibido. Al respecto, la Sección Falladora ha determinado lo siguiente: “(…) Sobre el valor probatorio de las copias de los documentos públicos, la Sala ha recalcado que, por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la admisibilidad, práctica y valoración de esta prueba documental, es aplicable el artículo 254 de este último, de acuerdo con el cual: “Artículo 254.- [Modificado por el Decreto Ley 2282 de 1989, artículo 1. numeral 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: “1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. “2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

11 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros “3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.” 10 En consecuencia, dado que dichas copias no reposan auténticas en el expediente, carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación. 11 Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo prescrito en la norma procesal antes citada. (…)”12 (Negrillas y subrayado fuera de texto) Dichos elementos de convicción además de carecer de las exigencias contempladas en el Código de Procedimiento Civil para poder ser valorados como documentos no reúnen los requerimientos de una providencia debidamente ejecutoriada, en la medida en que para analizar la conducta de la Administración en el marco de la responsabilidad señalada en la Ley 270 de 1996 y verificar el término de caducidad de la acción sólo se pueden realizar respecto de autos o sentencias que contengan una decisión definitiva sobre la situación

jurídica de la persona. 10 “…la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle él mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía. 11 Norma concordante con el No. 7º del artículo 115 ibídem, a cuyo tenor, “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”. Se trata, “…entonces de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado, quien cumple la función de 'extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello', precisando 'que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista', según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha…” Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de abril de 2002, Exp. 6636. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

12 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio - 31 de agosto de 2006 Radicación 2003-00300 (28448)

12 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988 Expediente 730012331000-2008-00628-01 (37995) Demandante: David Heredia Guerrero y otros Vistas las consideraciones anteriores, ha quedado completamente demostrado que ante la carencia de elementos de prueba que demuestren el dicho de parte actora y más exactamente con los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa, como son la acreditación de la existencia de un daño antijurídico y el nexo causal entre aquél y el accionar de la Administración, toda vez que los documentos aportados en copia simple no pueden tenerse como pruebas, y si la decisión de primera instancia fue adversa a las pretensiones de la accionante, esto obedeció exclusivamente a una clara inactividad probatoria de su parte, pues se abstuvo de aportar dentro de las oportunidades procesales establecidas en la ley, todas aquellas pruebas con las que pretendía demostrar la veracidad de las afirmaciones hechas en su demanda, todo lo cual, conduce inequívocamente a que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima deba ser confirmada y así lo depreca esta Agencia del Ministerio Público de la Honorable Sala, en el correspondiente fallo de Segunda Instancia. En los términos anteriores dejo a consideración de la H. Sala del presente concepto. Del señor Consejero, respetuosamente,

WILSON RUIZ OREJUELA

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

13 5CdeE/WRO/CJCHG

IUS 2010-248988