PGN - Documento 201607171610431

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2007 C.F. nro. Doctora

MARINA PULIDO DE BARÓN

Magistrada Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Ciudad

Rad.: 27006

Procesado: Oscar Mauricio Lizcano Arango Asunto: Concepto precalificatorio JULIO OSPINO GUTIÉRREZ, como Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, encontrándome dentro del término otorgado por la ley, presento a usted el correspondiente concepto precalificatorio.

HECHOS OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO, Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, suscribió como Secretario de Tránsito del Municipio de Manizales, el 20 de septiembre de 2002, con el señor DIDIER JARAMILLO CARDONA, el contrato 058, por valor de $ 9.316.050,oo, cuyo objeto fue la señalización vial en los barrios La Enea, Lusitania, Panamericana, Fuente Panamericana, entrada a Villa Aria y San Marcel de la mencionada ciudad. El contratista JARAMILLO CARDONA, manifestó que para la adjudicación del contrato tuvo que entregar la suma de $ 1’000.000,oo al señor RUBÉN DARIO GIRALDO TREJOS, auxiliar de la mencionada Secretaría, quien adujo que ésta suma se pedía a nombre del doctor OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO, para Procuraduría Segunda Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal Cra. 5ª. No. 15.80 Piso 26 PBX. 3360011 exts. 12602 – 12603 2

financiar la construcción de la sede política de un candidato a la Alcaldía apoyado por éste. Así mismo, manifestó el señor JARAMILLO CARDONA que en esa Secretaría Departamental se adjudicó otro contrato al señor JUAN CARLOS POSADA, pero en realidad el beneficiado fue el señor ENRIQUE CHAVARRIAGA, activista político del doctor LIZCANO ARANGO. PROBLEMA JURÍDICO ¿Existe prueba para proferir resolución de acusación contra el doctor OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO por el delito de Interés Indebido en la celebración de contratos?. TESIS No existe prueba suficiente para proferir resolución de acusación contra OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO por el delito de Interés indebido en la celebración de contratos. FUNDAMENTOS DE LA TESIS En el presente evento no concurren los requisitos sustanciales para solicitar que se profiera resolución de acusación en contra del doctor OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO, como autor de la conducta punible de Interés Indebido en la Celebración de Contratos consagrada en el artículo 409 de la Ley 599 de 2000.

1. El comportamiento típico investigado, consiste en el interés que ponga de manifiesto un servidor público, en provecho suyo o de un tercero, en cualquier clase de contrato en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. Este es el marco de estudio, ya que así fue delimitado en los cargos que se le formularon.

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2. Es cierto, que el procesado en razón de su cargo como Secretario de Tránsito del Municipio de Manizales, tenía la función como ordenador del gasto, de suscribir el

contrato referido. Lo anterior; de acuerdo al numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que permite la contratación directa en aquellos casos de menor cuantía, facultad que, conforme al decreto 284 del 9 de agosto de 1999, el alcalde de Manizales delegó en los Secretarios de Despacho; de manera que, la facultad de adjudicar, celebrar, liquidar, terminar, modificar, adicionar y prorrogar los contratos relacionados con el funcionamiento de la administración y las actividades propias de cada una de sus dependencias, así como realizar los demás actos inherentes a la actividad contractual en lo asuntos de menor cuantía, estaban delegados, y ello es lo que habilitó al hoy procesado para proceder como se ha indicado. Sobre esto no hay discusión.

3. Hasta aquí, objetivamente se cumplió con la formalidad establecida en la Ley 80 de 1993 para estos casos; sin embargo, dicha adjudicación fue tachada de irregular por parte del contratista DIDIER JARAMILO CARDONA, quien manifestó que para que le fuese adjudicado el contrato, tuvo que entregar una suma de dinero a un empleado de la Secretaría de Tránsito, suma que conforme a su dicho inicial, había sido solicitada por el Secretario encargado de la adjudicación, doctor OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO, y cuya finalidad era la de construir una sede política para el candidato a la Alcaldía apoyado por éste, quien además beneficiaba con contratos a sus activistas políticos.

Analicemos la prueba recaudada entonces, para determinar tanto la existencia del hecho, como posibilidad de educir responsabilidad por el mismo al procesado.

4. Comencemos observando el texto de la denuncia realizada por el señor JARAMILLO CARDONA en la Personería Municipal, cuyo contenido se puede dividir en tres partes: (i) La entrega de una suma de dinero a cambio de ser seleccionado como contratista; (ii) La adjudicación de contratos para beneficiar a personas diferentes a las que realmente figuran en el papel; y (iii) La precisión de 4 circunstancias atinentes al desenvolvimiento de las contrataciones que se realizaban en la mencionada ciudad.

Si bien, con posterioridad y ante la Fiscalía Seccional el señor JARAMILLO CARDONA, hizo claridad, o de alguna manera cambió la imputación relacionada con el aquí procesado, mantuvo aquella contra el señor RUBÉN DARIO CARDONA, en el sentido que a éste le entregó dinero, aun cuando afirma que la entrega se hizo una vez se adjudicó el contrato. Lo anterior constituye un hecho indicador de la presencia de irregularidades en el trámite contractual que al interior de tal entidad se llevaba a efecto. No obstante, y a pesar de ello, no existe medio probatorio que vincule directamente al Representante investigado con la conducta dolosa del señor Cardona, o de cualquier otro, salvo la primera manifestación del denunciante que después cambió.

5. Y si bien, el doctor LIZCANO ARANGO reconoce que el señor CARDONA fue conocido de su padre y vinculado a la administración municipal con su concurso, con lo que se corrobora ciertos aspectos mencionados por el denunciante, éstos no son lo suficientemente fuertes y seguros, como para derivar de ésta relación un acuerdo previo entre los dos para solicitar a JARAMILLO CARDONA una suma de dinero a

cambio de la adjudicación de un contrato, así como el apoyo electoral manifestado en votos por determinado candidato a la alcaldía.

6. De esa manera, la imputación inicial realizada contra LIZCANO ARANGO se mantiene solitaria frente al allegamiento de pruebas que indican el respeto por la Ley de la contratación estatal tal como lo afirmó por escrito el doctor JUAN DAVID PELÁEZ CASTRO, a través del oficio ST-285-REG. – 74 16 del 27 de noviembre de 2003, Secretario de Tránsito que sucedió al investigado, al referirse a la contratación celebrada con el mencionado DIDIER ALFONSO JARAMILLO CARDONA, la que igualmente fue objeto de análisis por parte de la Procuraduría Provincial de Manizales, que no encontró mérito en la queja, razón por la que archivó las diligencias.

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7. Esta situación (la conformidad del obrar del procesado para cuando estuvo en el cargo se Secretario de Tránsito) fue corroborada por el personal de esa dependencia, que estuvo al tanto de la contratación para la época en que fue adjudicado el contrato mencionado, así como por contratistas que para esa misma época le fueron adjudicados contratos.

8. Así es cómo el señor JORGE ERNIQUE ECHAVARRIA BAÑOL afirmó ser contratista del Municipio de tiempo atrás, dejando claro que nunca se entendió en este aspecto con el señor RUBÉN DARIO GIRALDO TREJOS sino con la Señora FABIOLA RAMÍREZ, Secretaria de Tránsito, desconociendo el sistema interno de selección, siendo a su vez enfático en aclarar, que ninguna persona en general y en

concreto, ni los mencionados ni el doctor LIZCANO ARANGO le han solicitado dinero a cambio, o apoyo electoral; concretamente, sobre el caso relacionado con la adjudicación de un contrato al señor JUAN CARLOS CARDONA POSADA, cuyo beneficiario fue el mencionado, manifiesta no ser ello cierto pues los contratos adjudicados a él siempre los asumió de manera personal, sin tener que recurrir al nombre de otra persona.

9. Del mismo modo, la señora FABIOLA RAMÍREZ, quien se desempeñó como técnico de presupuesto en la Secretaría de Tránsito de Manizales para la época en que se cometieron los hechos, encargada de todo el manejo de contratación, manifestó que en tratándose de contratación directa, ella como encargada de tal función, solicitaba las ofertas a los contratistas tradicionales de esa Secretaría de Tránsito, tal como ocurrió precisamente con la adjudicación que se le hizo al denunciante, quien venía desempeñándose en dicha actividad desde el año 2000.

Esta dicción es creíble y se aprecia desinteresada y espontánea.

10. No desconoce esta Agencia del Ministerio Público que dentro del expediente existen circunstancias que evidencian una tendencia no suficientemente justificada del denunciante, por cambiar las iniciales imputaciones al punto que llegó a denunciar al personero del Municipio de Manizales, pues adujo que éste consignó en el texto de su denuncia situaciones que no manifestó, dando a entender que, inclusive, le falsificaron su firma. Esto al haber sido objeto de investigación y 6 terminado en decisión inhibitoria a favor de los funcionarios de la Personería, impide

de manera certera aceptar o rechazar esa posición del inicial denunciante.

11. La actitud del ciudadano JARAMILLO CARDONA, manifestada por el Personero Municipal de Manizales, doctor JESÚS AUGUSTO ARANGO CARDONA,1 da cuenta de que, luego de realizada la diligencia de denuncia, el señor DIDIER JARAMILLO CARDONA concurrió a la Personería manifestando que la firma estampada en la diligencia no era la de él, solicitando además, que le devolvieran el documento que había firmado con motivo de aquella, manifestando que a raíz de ésta le habían surgido amenazas de diversa índole, que incluyen un veto en la misma Secretaría para no volverle a adjudicar contratos, aclarando, desde esa oportunidad, que no podía afirmar que las mismas provenían del doctor LIZCANO ARANGO.

12. Esta situación es corroborada por el Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, doctor NESTOR CARMONA MARÍN, quien fue el funcionario que tomó la denuncia al mencionado JARAMILLO CARDONA, sin que se observe en su declaración ánimo distinto al de señalar la verdad.2

13. Así las cosas, todo indica que probablemente el comportamiento del denunciante obedeció a presión externa ejercida con la finalidad de que no se investigara la realidad de lo acontecido, sin que se pueda afirmar que tales provenían del Representante investigado, pues no se tiene suficiente claridad sobre esta posibilidad.

14. Posteriormente cuando el denunciante tiene la oportunidad de que formalmente diga lo que le consta sobre los sucesos auscultados, sostiene la imputación contra el presunto autor material del comportamiento; pero margina de tal propuesta ilícita al

aquí investigado. Y si bien, comparadas las declaraciones vertidas en su denuncia inicial en la personería, con las manifestaciones realizadas en la Procuraduría Provincial de una parte, así como en la Fiscalía Seccional, encontramos variaciones sustanciales relacionadas con la participación del Secretario de Tránsito, ello genera una 1 Folio 79 del cuaderno original nro. 2 2 Folio 69, cuaderno original nro. 2 7 hesitación que no obstante la labor de instrucción tendiente a corroborar o no dicha manifestación, ha sido a juicio del Ministerio Público imposible eliminarla, dada su singular y solitaria ocurrencia.

15. Presentada así la situación probatoria, encuentra esta Agencia del Ministerio Público que la inicial imputación del señor DIDIER, realizada en la diligencia llevada a cabo en la personería municipal con fecha 14 de febrero de 2003, no tiene respaldo probatorio, y per se no es suficiente para concluir con la certidumbre que demanda una resolución acusatoria, que el comportamiento mencionado, le es endilgable de alguna manera o a cualquier título al aquí procesado. Es decir, que si bien la participación del doctor LIZCANO ARANGO en la adjudicación del contrato, está claramente dada, no sucede lo mismo con la participación en la solicitud del dinero; es que ni siquiera se pudo establecer, sin que ello por supuesto sea elemento de la tipicidad, el supuesto candidato a la Alcaldía que se pretendía beneficiar.

16. Tampoco cuenta la instrucción con prueba adicional a la indicada, que señale la responsabilidad del procesado frente a la conducta de RUBÉN DARIO GIRALDO TREJOS, persona en relación con la cual nunca se retractó en la imputación que

siempre le hizo y que consiste en la entrega de una suma de dinero a cambio de la adjudicación del contrato. En otras palabras, es cierto que en principio no se encuentran lógicos ni razonables los motivos del denunciante para cambiar su versión inicial; por ello, ante la manifestación de que el señor Secretario de Tránsito exigió dinero y apoyo en votos, a través de un subalterno, reiteramos el grado de certitud que demanda una resolución acusatoria no se encuentra colmada con es única dicción inicial; es decir, existe duda sobre la responsabilidad que ya sabemos por mandato legal como debe ser resuelta. Es que el hecho pudo registrarse, todo indica que así sucedió, pero de allí a poder probatoriamente pregonar conforme a lo expuesto, que el aquí procesado tuvo participación alguna en el mismo, existe una distancia que no ha sido salvada.

CONCLUSIÓN

8 No estando presentes en el expediente los requisitos sustanciales para proferir resolución de acusación, se impone como forma de calificación la preclusión de la instrucción dado que existe duda sobre la responsabilidad del procesado, que no existe procesalmente otra forma de salvar, que absolviéndola a su favor, ya que no es posible pregonar el interés por parte del procesado, o su participación en el accionar denunciado. Y su participación en la suscripción del contrato se encuentra apegada a derecho y esa presunción no ha sido desvirtuada. PETICION Calificar la instrucción con preclusión pues no aflora prueba al interior del expediente que categóricamente sustente lo contrario. Atentamente,

JULIO OSPINO GUTIERREZ

Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal JOG/mamc