PGN - Documento 201607171610533

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2003 Alegato N° 9 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref. Expediente N° 6791 En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le asisten, procede esta Procuraduría Delegada a formular alegato de conclusión en el proceso de la referencia, dentro del término legal establecido en el Art. 210 del C.C.A. en la nueva redacción del Art. 59 de la ley 446 de 1998. ANTECEDENTES El ciudadano José Claudio Ortiz Guevara obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el Art. 84 del C.C.A. solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Caja Promotora de vivienda militar:

1. Acuerdo 007 de la Junta Directiva de la Caja, de fecha septiembre 20 de 1996, “por el cual se establece la cuantía hasta la cual se autoriza al Gerente para invertir el Portafolio de la Caja Promotora de vivienda militar en entidades del sector financiero”.

2. Acuerdo 008 de la Junta Directiva de la Caja, de fecha octubre 7 de 1996, “por el cual se modifica el acuerdo 007 de septiembre de 1996”.

3. Acta 008 de la Junta Directiva de la Caja, de fecha septiembre 2 de 1996 que recoge la reorganización del comité de inversiones de la Caja Promotora de Vivienda militar, lo mismo

que el nombramiento de secretaria de dicha junta.

4. Acta 002 del comité de inversiones de la Caja Promotora de vivienda militar, de fecha septiembre 11 de 1996.

5. Artículos 10 y 14 del D. 1843 de 1994 “por el cual se aprueba el estatuto interno de la Caja Promotora de vivienda militar”, adoptado por acuerdo N° 16 de 1994, de la

Junta Directiva de la Caja. NORMAS VOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Los actos demandados, según el actor viola las siguientes disposiciones: Constitucionales: Artículos 3°, 6°, 29, 90, 122 y 209.

Legales : Artículos 12 y 13 de la ley 153 de 1887

Artículos 1, 2 y 8 de la ley 57 de 1985 2 Artículos 22 y 24 de la ley 122 de 1995 Artículo 5° parágrafo 2° y 3°, 8° numerales 4, 7, 8, 10,14 y 10° numerales 5, 7, 11 y 16 del Decreto 353 de 1994. Artículo 7° parágrafo 2° y 3°; 11 numerales 7, 9 y 13, 12, y 14 numerales 5, 9, 10, 12 y 19 del D. 1843 de 1994 Artículos 1°, 11, 13 y 15 del Acuerdo N° 20 de la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar. Artículos 43, 44 y 84 del C.C.A. Explica el actor el concepto de la violación a través de los diversos cargos

formulados así: Primer cargo: Que los arts. 10 y 14 del estatuto interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar adoptado por acuerdo N° 16 de la Junta Directiva de la misma, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto 1843 de 1994, que recoge las funciones de la Junta Directiva y del Gerente General, excluye de manera expresa las funciones de dicha junta y del Gerente, contempladas en los arts. 8° numeral 7° y 10 numeral 7° del D. 353 de 1994 referidos a “autorizar al gerente general para ejecutar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad , según la cuantía determinada en el estatuto interno”, la primera y a “celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía establecida en el estatuto interno”, el segundo, quebrantando la jerarquía normativa en cuanto norma inferior no puede dejar sin efecto norma o acto emanado de autoridad superior y al no haber establecido la cuantía, conforme, a lo establecido en la norma superior, con lo que se vulneró el principio de legalidad y se desconoció el principio conforme al cual el reglamento no puede suprimir o rectificar el contenido de la norma reglamentada, violándose con ello las normas del decreto últimamente citado (Art. 9° numeral 7° y 10 numeral 7° Dcto 353/94).

Segundo cargo: Que el Art. 14 del estatuto interno aprobado por decreto 1843/94 en su numeral 12 al concentrar la responsabilidad, dirección y manejo de la actividad contractual solo en el Gerente General, está adicionando dicha

función señalada en el D. 353 de 1994, vulnerando con ello el principio de 3 legalidad como que la dirección y administración de la Caja Promotora de Vivienda Militar está a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General como su representante legal y aquella tiene como función autorizarlo para ejecutar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía establecida en el estatuto interno, lo mismo que los proyectos de inversión que presente la gerencia (D. 353/94 arts. 4° y 8° numerales 7° y 8°), lo que implica una administración compartida, con las consecuencias que de ella se derivan. Tercero, cuarto y quinto cargos: Que dentro de la estructura orgánica interna determinada por el Decreto 353 de 1994 y el acuerdo de Junta Directiva N° 020 del mismo año no se crea ningún comité de inversiones como unidad asesora del Gerente o de la Junta Directiva y que en su conformación y creación se incurrió en vía de hecho por no haberse observado las normas sustanciales y las formalidades esenciales, contrariando las funciones propias de la Junta Directiva y del Gerente General de “desarrollar el estatuto, la estructura orgánica y la planta de personal” la primera, y de “adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la entidad”, el segundo. (Cargo tercero). - Que así mismo al definir sus miembros y sus propias funciones en sesiones del 11 y 12 de septiembre de 1996 (Acta 002), el comité extralimitó sus funciones al tomar medidas que competen a un

órgano o ente superior (Junta Directiva o Gerente) sin que se haya delegado tal facultad, desconociendo sus atribuciones propias establecidas en los arts.8° numeral 4° y 10 numeral 13 del D. 353 de 1994, y el Art. 6° de la Carta Política (Cargo cuarto). - Y finalmente que al establecer el procedimiento para invertir, y sus correspondientes políticas, el comité usurpa las funciones de la junta directiva definidas en el Art. 8° numerales 10 y 11 del D. 353 de 1994 y modifica las funciones establecidas en el Acuerdo 20 de 1994 por el que la Junta Directiva determina la estructura interna de la Caja Promotora de Vivienda Militar, las funciones de sus dependencias y la planta de personal, atribuyéndose las funciones de que carecía, extralimitando así mismo sus propias atribuciones (Cargo quinto). 4 Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y undécimo, Cargos: Que los acuerdos 07 y 08 de 1996, constituyen una orden de la Junta Directiva al Gerente que no solo rompe el esquema de jerarquía y coadministración de que trata el decreto 353 de 1994 en sus arts. 4° y 9°, sino que limita las atribuciones establecidas para el Gerente General en el Art. 10 numerales 7° y 11 para “celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía establecida en el estatuto interno” y para “velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la entidad de

los afiliados y vinculados por contrato de prestación de servicios”. (Cargo sexto). - Que los acuerdos 07 y 08 de 1996 carecen de validez por haberse suscrito por quien no tenía facultad de hacerlo, vale decir, por la secretaria, quien fuera designada en forma irregular por el viceministro de defensa nacional cuando debía serlo por el Gerente General conforme a lo normado en los arts. 5° Parágrafo 2° del D. 353/94 y 7° Parágrafo 2° del estatuto interno, lo que implica que no era competente para suscribir dichos actos; incompetencia por parte del viceministro para designar secretaria y de ésta para suscribir los acuerdos, lo que precipita la nulidad de los actos por la causal de incompetencia (Cargo séptimo). - Que al excluir el estatuto interno (D. 1843/94 – Acuerdo 016/94) de la Caja de manera expresa la función de la Junta Directiva de autoriza al Gerente para ejecutar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía determinada en el estatuto ínterno, quiere decir que no sería necesaria dicha autorización, lo que implicaría que los acuerdos 007 y 008 de 1996 no puedan considerarse expedidos válidamente por cuanto los actos así sean dictados por la misma 5 autoridad deben respetar el estatuto interno por ser de superior categoría (Cargo octavo). - Que los acuerdos 007 y 008 de 1996 fueron expedidos en contravía de lo dispuesto en los arts. 5° Parágrafo 3° del D. 353 de 1994 y 7° parágrafo 3° del estatuto interno, por cuanto no

fueron aprobados por la Junta Directiva de acuerdo al procedimiento establecido, vale decir, por mayoría (sin determinar si de los asistentes o de los integrantes), tal como se observa del acta de Junta Directiva N° 11 del 20 de septiembre de 1996 que es el fundamento del acuerdo y de la N° 13 del 25 de los mismos mes y año para cuya fecha no se había aprobado ni tomado decisión de expedir el acuerdo, lo que implica una falsa motivación del acuerdo 007 de 1996 (Cargo noveno). - Que el límite de cuantía enunciado en el D. 353/94 debe efectuarse a través del Estatuto interno y no de un acuerdo que no tiene dicho carácter por lo que se violan las normas de superior jerarquía y que entonces al no existir el límite de cuantía, no se determina limitante para que el Gerente General celebre todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, este debe ejercer tal actividad a través de la función referida a velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la entidad, de los afiliados y de los vinculados por contrato de prestación de servicios (Cargo Décimo). - Que los Acuerdos 007 y 008 de 1996 son nulos por cuanto tratándose de actos de carácter general y abstracto, debió ordenarse su publicación de acuerdo a lo ordenado en los Art. 43 del C.C.A y 2° literal e) de la ley 57 de 1985, no siendo procedente haberse dado a conocer a través del medio de la comunicación como en ellos se dispuso, con lo que se violaron las normas en las que deberían fundarse. 6

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

Se trata de establecer en el sub-littae si los actos administrativos demandados, expedidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar son violatorios de la normatividad señalada por el actor y por los motivos indicados por éste en la demanda, para cuyo estudio seguiremos el mismo orden de presentación de los cargos.

PRIMER CARGO: QUEBRANTO DE LA JERARQUIA NORMATIVA POR LOS ARTS. 10 Y 14 DEL ESTATUTO INTERNO DE LA CAJA PROMOTORA DE

VIVIENDA MILITAR.

Las normas reseñadas señalan las funciones de la Junta Directiva y del Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar contempladas a su vez en los arts.8° y 10° del D. 353 de 1994 dentro de las cuales se halla para la Junta Directiva, la de “autorizar al Gerente General para ejecutar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía establecida en el estatuto interno”; y para el Gerente General, la de “celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantia establecida en el estatuto interno”. Pues bien, el estatuto interno de la entidad adoptado por la Junta Directiva por acuerdo 16 del 11 de julio de 1994 y aprobado por el Presidente de la República mediante Decreto 1843 del mismo año, no recogió las funciones anteriormente descritas para la Junta Directiva y para el Gerente General ni determinó la cuantía de las operaciones que requerían autorización para ser ejecutadas por el Gerente General; por lo cual el actor considera que las normas

demandas excluyen de manera expresa dichas funciones, lo que constituye un quebrantamiento de la jerarquía normativa en cuanto norma inferior no puede dejar sin efecto disposición emanada de autoridad superior, ni suprimir o rectificar el contenido de la norma reglamentada. 7 Esta apreciación resulta incorrecta y contraria a una sana y correcta interpretación normativa en tanto los estatutos internos de las entidades son el reflejo de una regulación previamente establecida que facilita su ejecución a través de su organización interna y a la cual debe atenerse en todo su contenido, sin que sea permitido excluir normas, o modificar su esencia, ni suprimirlas o rectificarlas. De donde no es acertado pensar, como lo hace el actor que el hecho simple que el estatuto interno de la Caja Promotora de vivienda militar, no haya contemplado una función descrita en la ley, signifique en manera alguna que la haya excluido de la normatividad ni que ésta no tenga plena vigencia, tanto más cuanto que el citado estatuto prevee en los artículos cuestionados (10 y 14), ultimos numerales (15 y 19) respectivamente, como funciones de la Junta Directiva: “15. Las demás que le asignen las disposiciones legales...” y del Gerente General: “19. Las demás funciones que le señale.... las normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan como funcionario Directivo”. Tampoco se halla impedida la Junta Directiva para que, al no haber determinado la cuantía de las operaciones a ejecutar por el Gerente General, que requieren su autorización en el acuerdo que adopta el estatuto interno, lo haga a través de otro acuerdo como que a más

de tratarse de actos de la misma categoría, el primero no agota en forma alguna la materia objeto de regulación en cuanto a organización interna de la entidad y a los procedimientos, en cuanto al desarrollo y cumplimiento de sus objetivos se refiere, así como tampoco en materia de reglamentación. Lo anterior para significar de manera sencilla pero clara que este cargo no está llamado a prosperar, al no haberse quebrantado en forma alguna la jerarquía normativa por no existir contrariedad de ningún tipo entre las normas cuestionadas y las de superior jerarquía contenidas en los artículos 8° numeral 8 7° y 10 numeral 7° del D. 353 de 1994, aparte que no están adicionando, modificando, suprimiendo o rectificando de ninguna manera su contenido.

Segundo cargo : Concentración de la responsabilidad, dirección y manejo de la actividad contractual de la entidad solo en el Gerente General con violación del principio de legalidad.

Señala el actor que conforme el Art. 4° del D. 353 de 1994, la dirección y administración de la Caja Promotora de Vivienda Militar está a cargo de la Junta Directiva y el Gerente General y que al concentrar solo en este ultimo la responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual, resulta adicionada dicha función señalada en el citado D. 353 de 1994, vulnerando con ello el principio de legalidad, pues dicha administración debe ser compartida. El estatuto interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar señala como función del Gerente la de: “Celebrar los contratos para el cumplimiento de los objetivos y funciones ciñéndose a lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y demás normas que la

reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan”. Y agrega: Será de su responsabilidad la dirección y manejo de la actividad contractual y no podrá trasladarla a las Juntas o Concejos Directivos de la entidad ni a los Comités Asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la empresa”. (Estatuto interno Art. 14 numeral 12). Por su parte el Estatuto General de contratación de la administración Pública contenido en la ley 80 de 1993, radica la competencia para ordenar, dirigir y manejar la actividad contractual en el Jefe o representante legal de la entidad en forma exclusiva y excluyente en los términos de los arts. 11 y 26 numeral 5°, lo que implica que la responsabilidad en la dirección y manejo en tal actividad se haya asignada por la ley en la misma forma al Gerente General como representante legal de la entidad, sin posibilidad alguna de trasladarla a las 9 juntas o consejos directivos, o a los comités asesores o a los organismos de control y vigilancia, por diposición expresa de la ley contractual. Luego al haber previsto esta misma circunstancia el estatuto interno de la Caja Promotora de vivienda militar en su Art. 14 numeral 12 no hizo otra cosa que trasladar dicho mandato a la contratación de dicha caja, en desarrollo de esa misma disposición conforme a la cual ésta debe ceñirse a la normativa de la ley 80 de 1993 y a su regulación complementaria o reglamentaria, sin que esto pueda considerarse en manera alguna una vulneración al principio de legalidad, como lo pretende el actor, lo cual implica la no prosperidad de este cargo. Tercero, cuarto y quinto cargos: Creación, composición funcionamiento y

ejecutorias del comité de inversiones con desconocimiento de las atribuciones de la Junta Directiva y del Gerente General señaladas en el D. 353 de 1994 y el Acuerdo 20 de dicha junta, del mismo año. Indica el actor que dentro de la estructura de la Caja Promotora de vivienda militar determinada en el D. 353 de 1994 y el acuerdo 20 de junta directiva del mismo año, no aparece el Comité de inversiones, no habiéndose respetado en su creación y conformación las formalidades esenciales; que al definir sus miembros y asignar sus funciones, extralimitó sus atribuciones por adoptar medidas de competencia de un órgano superior y que al establecer procedimientos para la inversión y sus correspondientes políticas usurpó funciones propias de la Junta Directiva y se extralimitó así mismo en sus propias atribuciones, violando las respectivas normas del D. 353 de 1994 y del Acuerdo 20 del mismo año. Según se desprende del acta de junta directiva 008 del 2 de septiembre de 1996 y de la N° 002 del mismo año, del comité de inversiones, del 11 de los mismos mes y año, de la Caja Promotora de Vivienda Militar, dicho comité venía funcionando como unidad asesora del Gerente General, lo cual supone su creación por este mismo funcionario, quien se halla investido de facultad para hacerlo en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 del D. 353 de 1994 y el Parágrafo 10 del Art. 1° del Acuerdo 20 del mismo año, en cuanto le confieren poder para adoptar los reglamentos y manuales de funciones lo mismo que las normas y

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la entidad, así como podrá conformar grupos de trabajo según las necesidades de la Empresa y los requerimientos de su organización. Lo anterior significa que la creación, integración y funcionamiento del citado comité tiene su origen en dichas facultades y por lo tanto su existencia se ajusta al ordenamiento presuntamente violado según el actor, sin que esto implique de ninguna manera contrariedad con las atribuciones de la Junta Directiva pues es ella misma en armonía con la ley, quien autoriza al Gerente para conformar grupos de trabajo y eso simplemente es lo que representa el comité así el mismo Gerente General entre a integrar ese grupo de trabajo. De otra parte el comité, con miras al cumplimiento de sus objetivos, debe fijarse unas orientaciones, unos procedimientos, unas reglas reguladoras de su labor de asesoramiento a fin de acertar en sus recomendaciones, o lo que es igual debe establecer unas condiciones mínimas para los estudios en materia de inversiones de acuerdo a las orientaciones, recomendaciones y directrices de la Gerencia de la entidad y unos procedimientos internos y propios para el correcto funcionamiento del comité. Por esto resuelve que para efecto de su estudio las inversiones se clasifiquen en temporales y permanente, que todas las representadas en valores bursátiles o similares deban estar contabilizadas, en custodia y con título de propiedad y que la evaluación se realice de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y los rendimientos generados contabilizados en forma apropiada. Así mismo, señala unas pautas a observarse internamente por el mismo comité para las diversas actividades a desarrollar en materia de inversiones sin que en ningún momento se trate de imposiciones obligantes para la administración o

los administrados, ni contengan decisiones que les reporten efectos jurídicos a favor o en contra de los mismos, las que están a cargo y son de competencia de la Gerencia General o de la Junta Directiva. 11 De donde se infiere que todas las actuaciones del Comité en desarrollo de su labor apuntan en definitiva a la elaboración de recomendaciones originadas en las evaluaciones y estudios acometidos por éste, las que en nada afectan o contradicen las atribuciones propias de la Junta Directiva o del Gerente General, como trata de presentarlo el actor, dada precisamente su naturaleza de recomendación, tal como se desprende del pensamiento mismo del comité consignado en el acta referida al señalar: “Para efecto de recomendar alternativas de inversión para aprobación definitiva de la Gerencia se debe integrar un comité evaluador conformado por.....” De esta manera no encuentra esta Delegada que el citado comité de inversiones haya usurpado las funciones de la Junta Directiva o se haya extralimitado en el ejercicio de las suyas, por estos aspectos, como tampoco al señalar, según el actor, políticas de inversión y procedimientos para invertir puesto que ni señala alternativas como ya se indicó, ni establece procedimientos para invertir, pues los señalados en el acta 002 del 11 de septiembre de 1996 se refieren no a la inversión misma sino al estudio y evaluación de las propuestas de inversión que culmina con la respectiva recomendación. Así las cosas, los cargos tercero, cuarto y quinto no tienen de ninguna manera vocación de prosperidad. Cargos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y undécimo: Acuerdos

007 y 008 de junta directiva de fechas 20 de septiembre y 7 de octubre de 1996 y la violación de normas de superior jerarquía en expedición, suscripción, aprobación, publicación y aplicación. Sostiene el actor que los acuerdos 007 y 008 en cita son nulos por las siguientes razones:

1. Porque rompen el esquema de jerarquía y coadministración de que trata el D. 353 de 1994 en sus arts. 4° y 9°, existente entre la Junta Directiva y la Gerencia, al constituír éstos acuerdos una orden de la primera al segundo, limitando sus atribuciones.

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2. Por haberse suscrito por funcionaria incompetente al haber sido designada la secretaria general por funcionario sin competencia para ello, o sea por el viceministro de defensa nacional.

3. Porque no fueron expedidos válidamente al no haber respetado el estatuto interno (Acuerdo 16/94) norma superior así hubiese sido expedido por la misma autoridad, que en forma expresa excluyó la función de la junta directiva de autorizar al gerente para ejecutar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad, según la cuantía determinada en el estatuto interno.

4. Porque no fueron aprobados por la Junta Directiva en la forma establecida, vale decir por la mayoría de sus integrantes o de los asistentes, al no haberse determinado este aspecto y haberse aprobado su elaboración luego de expedido.

5. Porque el límite de cuantía debió determinarse en el estatuto interno y no en otro acuerdo que no tiene la categoría de éste, lo que implica que no puede limitarse la atribución del Gerente General para celebrar las

operaciones comprendidas en el objeto de la entidad.

6. Por cuanto no fueron publicados como ha debido hacerse sino simplemente comunicados, tratándose como se trata de actos de contenido general.

No encuentra esta Delegada contrariedad alguna de los acuerdos cuestionados con la normatividad superior contenida en el D. 353 de 1994 ni con el Estatuto interno de la Caja Promotora de vivienda militar adoptado por Acuerdo N° 16/94 y aprobado por el Presidente de la República mediante Decreto 1843 del mismo año, en razón de lo siguiente:

1. Si bien es cierto que la dirección y administración de la Caja Promotora de Vivienda militar está a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General como su representante legal, también lo es que aquella tiene como funciones las de formular la política general de la entidad y la de 13 reglamentar sistemas especiales para recibir y administrar los ahorros y subsidios de los afiliados y vinculados por contrato de prestación de servicios, lo mismo que la de determinar la cuantía de las operaciones a ejecutar por el Gerente que requieren su autorización (D. 353/94 arts 4° y 8° Nos. 1, 7 y 10.

En desarrollo de estas facultades fue que la Junta Directiva expidió los acuerdos 007 por medio del cual se establece la cuantía hasta la cual se autoriza al Gerente para invertir el portafolio de la Caja Promotora de Vivienda Militar en entidades del sector financiero y el 008 que modificó el Art. 2° del anterior, de donde no se ve como tales actos puedan romper el esquema de jerarquía y administración de la entidad o limitar las atribuciones del Gerente,

quien precisamente debe velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la entidad y de los afiliados y vinculados, pero dentro de los parámetros fijados por la Junta Directiva. De otro lado el hecho que ésta no hubiera fijado dicha cuantía en el Estatuto interno contenido en el acuerdo 16 del 11 de julio de 1994, no quiere decir en absoluto que estaba impedida para hacerlo a través de un acuerdo diferente como efectivamente así ocurrió, sin que ello implique violación de norma alguna, menos del citado estatuto que comporta la categoría de cualquier acuerdo expedido por la Junta Directiva.

2. Del contenido mismo del acta de Junta Directiva 008 de 2 de septiembre de 1996 resulta que el viceministro de Defensa no efectuó el nombramiento de la secretaria de la misma, pues él solamente sugirió el nombre de la doctora Elsa García Romero, sugerencia que fue acogida por todos los miembros de la Junta, incluido el Gerente General de la Caja, lo cual implica que la designación se originó en la Junta con la participación del Gerente General como competente para ello, lo que significa que no se da violación de ninguna índole a norma superior alguna de las citadas por el actor.

3. Como ya se expresó en apartes anteriores, los acuerdos de la junta directiva en sus mismos considerandos, tienen la misma categoría sea cual fuere su contenido y no es cierto que por el hecho de que el Estatuto 14 interno de la Caja no haya contemplado en su texto la autorización al Gerente General para ejecutar las operaciones propias del objeto de la Caja, ha de entenderse que éste la excluyó en forma expresa del

conjunto jurídico, porque como se expresó, esta facultad subsiste en el D. 353 de 1994 y al Gerente le corresponde ejercer no solo las funciones que aparecen en el Estatuto interno sino las demás que le asignen las disposiciones legales.

4. El Parágrafo 3° del Art. 5° del D. 353 de 1994 y el Parágrafo 3° del artículo 7° del Estatuto interno de la Caja señalan que “la junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de siete (7) de sus miembros.

Las decisiones se tomarán por mayoría”. De la normativa anterior puede inferirse con facilidad que si se puede sesionar válidamente con la asistencia de siete (7) de sus miembros y si las decisiones se toman por mayoría, ha de entenderse entonces sin lugar a duda que se trata de la mayoría de los asistentes, por lo que dada la claridad de los términos de la disposición no era necesario efectuar tal determinación en forma expresa. El acuerdo 007 del 20 de septiembre de 1996 contiene una decisión de la Junta Directiva adoptada en su sesión de esa misma fecha (Acta N° 11), según se desprende de los términos consignados en la misma, quedando por dilucidar solamente si tal decisión correspondía a una autorización o recomendación o una orden, lo que fue aclarado en la sesión del 25 de septiembre siguiente (Acta N° 13). Por manera que el acuerdo se expidió el mismo día o lo que es mejor en la misma fecha en la que se tomó la decisión en él contenida, luego no es acertado afirmar que dicha decisión fue aprobada por la Junta con posterioridad a la elaboración del acuerdo respectivo.

5. El hecho que la cuantía de las operaciones a ejecutar por el Gerente, que requieran autorización de la Junta Directiva, no se haya determinado en el Estatuto interno de la entidad, no impide que tal falencia fuera corregida a través de otra decisión de la junta como la recogida en el acuerdo 007, pues como decisión adoptada por ella tiene la misma naturaleza y categoría de la tomada en el acuerdo 16 al adoptar el Estatuto interno; otra cosa es que éste para su validez y ejecución 15 requiriera de la aprobación del Presidente de la República, pues como decisión, corresponde a una misma categoría, luego la contenida en el acuerdo 007 no contraría en manera alguna la tomada por el acuerdo 016 que adoptó el Estatuto interno, ni norma alguna de otro rango.

6. La falta de publicación de los acuerdos 007 y 008, como de cualquier acto administrativo de carácter general, no es causal de nulidad, por cuanto, tal como lo ha venido sosteniendo el H. Consejo de Estado y se repite en el auto admisorio de la demanda, por la Sección Primera, la publicación no es requisito de validez de los actos administrativos sino de eficacia de los mismos y de oponibilidad frente a terceros; lo que significa que el hecho de no haberse ordenado la publicación de los citados acuerdos no transgrede norma superior alguna ni de ninguna índole.

En las anteriores condiciones los cargos contenidos en los ordinales sexto al undécimo no están llamados a prosperar en forma alguna. En estas condiciones se llega a la conclusión que no ha existido violación a norma constitucional, legal o reglamentaria alguna, de los citadas por el actor

como transgredidas por los actos acusados, pues como se dejó claramente establecido no se da contrariedad de ninguna clase entre éstos y la normatividad relacionada como violada, por avenirse en un todo al marco normativo regulador, y por lo mismo, como ya se dijo, las pretensiones de la demanda carecen de prosperidad. Con fundamento en los razonamientos que anteceden, esta Agencia del Ministerio Público, se permite solicitar a esa H. Corporación se denieguen las súplicas de la demanda. Atentamente, 16

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado 17