PGN - Documento 201703210942480

INCLUDEPICTURE "http://www.procuraduria.gov.co/imgs/infoinst_idpgnb&n_int.jpg" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.procuraduria.gov.co/imgs/infoinst_idpgnb&n_int.jpg" \ MERGEFORMATINET ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Desaparición forzada en el palacio de justicia CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-En delitos de lesa humanidad en hechos del palacio de Justicia según jurisprudencia del Consejo de Estado/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-En delitos de lesa humanidad, nunca prescriben …En punto a la caducidad debe señalar en esta oportunidad el Ministerio Público que por tratarse de un delito de lesa humanidad la acción nunca prescribe, como sostuvo el Consejo de Estado en auto 17 de septiembre de 2013. Radicación número: 25000-23-26000-2012-00537-01(45092), donde se estudió el fenómeno de caducidad frente a la muerte de una persona en los hechos del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985:… CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-No aplica cuando la naturaleza de los hechos vulnera los derechos humanos En el caso que fue objeto de pronunciamiento, como en este, se debate la ocurrencia de hechos imputables a agentes del Estado en el holocausto el Palacio de Justicia, de ahí que en el sub judice tampoco podría hablarse de la ocurrencia del fenómeno de caducidad de la acción habida consideración a la naturaleza de los hechos que se imputan como vulneración grave a los derechos humanos que configuran actos de lesa humanidad. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 169 / 2016

Bogotá, D.C., 17 de agosto de 2016

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA ( E )

E. S. D.

EXPEDIENTE: 53.233 (250002326000 2011 00090 01) Acción de reparación directa

ACTOR: ARMIDA EUFEMIA OVIEDO BONILLA Y otros

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. DemandaEl 8 de febrero de 20111(f. 67 c. 1) GLORIA RUTH, AURA EDY, DAMARIS, ARMINDA y RAFAEL OVIEDO BONILLA (hermanos), así como JAIRO ARIAS MÉNDEZ (esposo), JAIRO ALBERTO ARIAS OVIEDO y RAFAEL ARMANDO ARIAS OVIEDO (hijos) demandaron a la Nación - Ministerio de

Defensa Nacional - Ejército Nacional - Policía Nacional - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República2, para que a título de falla en el 1 Se surtió trámite de conciliación extrajudicial por solicitud radicada el 29 de septiembre de 2010 ff. 2 a 6 c. 1 2 Por auto de 28 de junio de 2011 revoca el numeral 5 del auto admisorio en cuanto ordenó notificar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República porque los hechos de la demanda no guardan relación con dicha entidad, ni tampoco se formula ninguna imputación de responsabilidad clara y específica a ese ente, es decir no se 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) servicio se declaren responsables de todos los perjuicios ocasionados a ellos por la desaparición forzada de la señora LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS, en hechos que tuvieron ocurrencia los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá. Solicitaron que el perjuicio moral debían repararse con 250 smlm para cada actor; perjuicio extrapatrimonial por violación de derechos humanos - vida, libertad, integridad personal, dignidad humana y derecho a la familia250 smlm para cada demandante; daño a la vida de relación 250 smlm para cada actor; perjuicios

materiales: el lucro cesante liquidado con base en el smlm a favor del esposo y los dos hijos de la señora Lucy Amparo Oviedo y por daño emergente el dinero que han gastado sus familiares buscando a Lucy durante 25 años, lo que estiman en 100 millones de pesos. Se adujo que la señora Lucy Amparo Oviedo era visitante ocasional del Palacio de Justicia y se encontraba allí el 6 de noviembre de 1985 a las 11.25 am cuando un comando del M-19 se tomó esas instalaciones; que en las operaciones de rescate emprendidas por la fuerza pública Lucy Amparo Oviedo fue aprehendida por miembros del Ejército Nacional, bajo custodia de estos salió con vida del Palacio de Justicia y fue conducida a la Casa del Florero y desde entonces se desconoce su paradero. Como antecedentes de los hecho señaló que la fuerza pública conocía información que permitía inferir la toma por parte del grupo insurgente sin que se tomaron medidas al respecto, sino que por el contrario se suprimió la seguridad el 2 de noviembre de 1985 –refiere algunos documentos sobre información de toma del edifico el 17 de octubre de 1985-; que la amenaza a las Cortes era de público conocimiento aun para los medios de comunicación; que se desvirtuó la afirmación de la Fuerza Pública según la cual el retiro de la seguridad había sido por petición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Reyes Echandía, pues días más tarde del hecho la Sala Penal de la Corte dejó constancia de no haber solicitado la suspensión de vigilancia; que el 5 de noviembre de 1985 a las 11:00 am el

cumplen frente al mismo los requisitos del art. 137 del cca ff. 88 a 90 c. 1 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) Mayor Jairo Alzate Avendaño del Ejército integrante del grupo CIAES, dio la orden a sus hombres de acuartelamiento de primer grado porque iba a haber alteración del orden público en Bogotá, el 6 de noviembre a la 11:00 a.m. los llevaron en helicóptero desde la base de Apiay a la Escuela de Caballería en Bogotá y de ahí al Palacio de Justicia. Hizo referencia a las conclusiones del Tribunal Especial creado para investigar la toma y retoma del Palacio de Justicia y los informes preliminares de la Comisión de la verdad; señaló que el 27 de julio de 1997 el Consejo de Estado al resolver la demanda por la desaparición el señor Carlos Rodriguez condenó al Estado por falla del servicio al suprimir la vigilancia y sostuvo que existe prueba suficiente que el Ejército tenía conocimiento de los planes del M 19 y permitió la toma sin importar la suerte de los civiles para entrar y arrasar al grupo insurgente. En relación con la desaparición de la señora Lucy Amparo Oviedo señaló que la toma se produjo a las 11.25 am del 6 de noviembre y que la seguridad del Estado reaccionó de acuerdo a los procedimientos del Plan Tricolor 83, COB,

GEMA y ESCORPIÓN y desde el primer momento se dispuso como Cuartel o puesto de mando la Casa del Florero donde llevaban a los liberados. Se refirió al desarrollo de los hechos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 y afirmó que hubo 12 personas que estuvieron presentes en el Palacio de Justicia que no aparecieron ni vivos ni muertos entre ellas Lucy Amparo Oviedo de Arias, que se probó que salió con vida bajo custodia de miembros del Ejército y a la fecha se desconoce su paradero. Hace referencia a la identificación en videos y fotografías de la señora Lucy Amparo Oviedo entre las personas que salieron Se pronunció de manera extensa sobre la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, así como los derechos de las víctimas en el DIDH –verdad, justicia y reparación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repeticióny los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, para después referirse en concreto a la imputación fáctica y jurídica en el caso concreto y los derechos vulnerados –vida, libertad, integridad personal, dignidad humana y derecho a la familia-. 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) 1.2. Contestación de la demanda. - Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (ff. 91 a 100 c. 1) Aduce

que la parte actora tiene derecho a reclamar perjuicios pero debe hacerlo de forma razonada; que de prosperar la demanda la estimación de los perjuicios morales se debe adecuar a la jurisprudencia que reconoce un máximo de 100 smlm para esposo e hijos de la víctima y 50 smlm para cada hermano. Que no hay prueba de que la señora Lucy Amparo Oviedo fue desparecida por las demandadas y que no pueden tenerse en cuenta las copias informales aportadas al proceso por vulneración del art 254 del cpc. - Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional (ff. 108 a 113 c. 1). Al pronunciarse sobre los hechos afirmó que es conocido y cierto la desaparición de la señora Lucy Amparo Oviedo el día del holocausto del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985; que las coordinaciones de protección de la seguridad del Palacio de Justicia antes y después de la retoma estuvieron a cargo del Ejército Nacional y no de la Policía.

Propuso como excepciones: a) falta de legitimación en la causa por pasiva, b) inexistencia del derecho y falta de fundamento jurídico para las pretensiones y c) el hecho de un tercero. 1.3. Fallo de primera instancia. (ff. 203 a 218 c. Consejo de Estado). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión3 declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en los cuales desapareció la señora LUCY AMPARO

OVIEDO y como consecuencia la condenó a pagar:  por perjuicios morales, 100 smlm a favor de Jairo Arias Méndez, Rafael Armando y Jairo Alberto Arias Oviedo (esposo e hijos de la víctima) y 70 smlm a favor de los hermanos Damaris, Gloria Ruth, Aura Edy y Rafael 3 Sentencia de 13 de febrero de 2014 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) Augusto Oviedo Bonilla. -No se pronunció sobre la señora Armida Eufemia Oviedo Bonilla-  Ordenó a las demandadas que dentro de los 6 meses contados a partir de la notificación llevaran cabo acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la desaparición forzada de la señora Lucy Oviedo Bonilla en el cual además pidan perdón público a los demandantes Negó las restantes pretensiones porque la parte actora no probó el daño a la vida de relación, ni los perjuicios materiales. El a-quo hizo referencia a la desaparición forzada conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Encontró probado que la señora Lucy Amparo Oviedo se encontraba presente en el momento de la toma del 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia y que es una de las personas desparecidas en esos hechos. Bajo el título de falla en el servicio imputó la responsabilidad a las demandadas por omisión, teniendo en cuenta que la toma era un evento anunciado y no se

tomaron medidas para evitarlo, y por extralimitación de funciones en el “Plan Tricolor”. 1.4. Adición de la sentencia En escritos de 21 de febrero y 10 de marzo de 2014 (ff. 220 a 222 c. Consejo de Estado. dentro del término de ejecutoria f. 219) la parte actora solicitó adición y corrección de la sentencia aduciendo que a pesar de estar acreditado el parentesco de la señora Arminda Eufemia Oviedo con la señora Lucy Amparo Oviedo el Tribunal no se pronunció sobre el reconocimiento de perjuicios morales a favor de esta demandante. Mediante proveído de 9 de abril de 2014 el Tribunal adicionó el numeral segundo de la parte resolutiva en el sentido de condenar a las demandadas a pagar por prejuicios morales a favor de a ARMINDA EUFEMIA OVIEDO BONILLA (hermana) 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) la suma de 70 smlm (ff. 255 a 257 vto. c. Consejo de Estado). 1.5. Apelación. Las dos demandadas y la parte demandante apelaron el fallo. Mediante auto de 7 de octubre de 2014 declaró desierto el interpuesto por el Ejército Nacional y extemporáneo el de la Policía, contra la sentencia, concedió la alzada interpuesta por la parte actora y la de la por la Policía Nacional contra el auto complementario de la sentencia.

Señaló el Tribunal que al surtir la audiencia de conciliación el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no acudió ni presentó excusa de inasistencia, razón por la cual se declaraba desierto el recurso que había interpuesto (ff. 223 a 228 c. Consejo de Estado). En cuanto al recurso del Ministerio de Defensa – Policía Nacional señaló que se presentó fuera de término y que en dicho escrito “no hizo precisión de que el mismo correspondía a la apelación adhesiva” (ff. 235 a 242 c. Consejo de Estado). Si concedió el recurso de apelación contra la sentencia complementaria con el argumento que fue allegado dentro del término de ejecutoria. Ese auto no fue recurrido. - Parte actora (ff. 229 a 234 c. Consejo de Estado). Apela la sentencia de primera instancia en cuanto negó las restantes pretensiones. Alega que el daño a la vida de relación y los perjuicios materiales se probaron y por tanto deben indemnizarse, los primeros para el esposo y los hijos y los segundos a favor de cada uno de los hijos hasta la fecha en que cumplan 25 años de edad. - Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (ff. 259 a 263 c. Consejo de Estado). Contra la providencia que adicionó la sentencia la Policía Nacional apeló alegando que para la fecha ya estaba ejecutoriada. Pide tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior en el caso Plazas Vega donde se controvierte el reconocimiento de las personas que aparecieron en las imágenes y que no había prueba directa o indirecta que salió el 7 de noviembre del Palacio de Justicia. 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01)

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si las entidades demandadas son responsables por los perjuicios que les ocasionó a los actores la desaparición forzada de su madre, esposa y hermana LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA DE ARIAS quien, se alega, se encontraba como visitante en el Palacio de Justicia cuando la toma los días 6 y 7 de noviembre de 1985 y se dice fue sacada de allí por miembros del Ejército Nacional. 2.2. Posición de esta Procuraduría Delegada en otros expedientes del

Palacio de Justicia. Esta Procuraduría Delegada en el Concepto 074 de 20144, que se reiteró en Concepto 220 de 20145 analizó el caso de otras de las personas desaparecidas en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Se adjunta copia de la segunda intervención como sustento del concepto del Ministerio Público, puesto que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos son los mismos. 2.3. Caso concreto 2.3.1. En punto a la caducidad debe señalar en esta oportunidad el Ministerio Público que por tratarse de un delito de lesa humanidad la acción nunca prescribe, como sostuvo el Consejo de Estado en auto 17 de septiembre de 2013.

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092), donde se estudió el fenómeno de caducidad frente a la muerte de una persona en los hechos del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985: 4 SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente doctor ENRIQUE GIL BOTERO. EXPEDIENTE: 49.231 (250002326000 2004 01514 02). Acción de reparación directa. ACTOR: HÉCTOR JAIME BELTRÁN PARRA.

DEMANDADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA y otros – 5 Consejero Ponente doctor ENRIQUE GIL BOTERO. EXPEDIENTE: 51.743 (250002326000 2008 00306 01). ACTOR: OSCAR ENRIQUE ANZOLA MORA Y otros. DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y

OTROS. 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) 11.6.- Presupuestos para declarar que no ha operado la caducidad en el caso concreto. Cabe hacer una precisión fundamental: cuando se estudia la ocurrencia de hechos constitutivos de un daño antijurídico derivado de una conducta de lesa humanidad, es necesario verificar que en la demanda se haya afirmado que este ha sido cometido y en él ha participado o se ha producido como consecuencia de la acción u omisión

de un agente estatal, o directamente del Estado, para que pueda considerar que no operó el fenómeno de la caducidad, cuyo contenido normativo del artículo 136, numeral 8, del Código Contencioso Administrativo encuentra proyección al interpretarlo sistemáticamente con los artículos 2, 29 y 93 de la Carta Política, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la regla de universalidad del derecho internacional público de las normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (específicamente la aplicación universal del principio de imprescriptibilidad a tenor del considerando final de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 19686), los principios del ius cogens y de humanidad del derecho internacional público (que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario). Así mismo, el Despacho advierte que la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para el conocimiento de asuntos en donde se demande la ocurrencia de un daño antijurídico generado como consecuencia de un acto de lesa humanidad, no se sujeta necesariamente a pronunciamiento alguno de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, en la que se adecúen tales hechos como constitutivos de lesa humanidad. (...) 11.7 – Alcance de esta decisión. El Despacho advierte que las consideraciones expuestas en la presente decisión corresponden a las valoraciones jurídicas necesarias con el fin de desatar la controversia en torno a la ocurrencia del fenómeno procesal de la caducidad del medio de control de reparación directa ejercitado por los accionantes, aspecto de imperiosa observancia por

parte del Juez Administrativo al momento de estudiar la admisibilidad de las acciones contenciosas administrativas. En este orden de ideas, y teniendo en consideración lo expuesto a lo largo de esta providencia, el Despacho advierte que el caso - y en este estado de la actuación judicialsometido a un análisis sumario de la información que reposa en el escrito de demanda, así como en la alzada, y valorada la posición asumida por el señor Agente del Ministerio Público en su intervención, encuentra diversos elementos de juicio que le llevan a sostener que los hechos que rodearon el deceso del señor Echeverry Correa son constitutivos de actos de lesa humanidad, operando, como consecuencia la regla de la imprescriptibilidad de la acción judicial en este preciso asunto. No obstante, dada la instancia procesal en la que tiene lugar este pronunciamiento, el Despacho señala que corresponderá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a lo largo del trámite de la primera instancia, verificar con plena certeza la ocurrencia de los elementos fácticos y jurídicos sobre los cuales se cimenta el acto de lesa humanidad, así como determinar si su acaecimiento se comprende o no dentro de las reglas de la imprescriptibilidad propias a este tipo de actos, o, por el contrario, debe ajustarse a las reglas ordinarias para el cómputo de la caducidad. (...)” (Subrayas y negrillas fuera del texto) 6 (pie de página de la cita) “Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad

y asegurar su aplicación universal”. 9 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) En el caso que fue objeto de pronunciamiento, como en este, se debate la ocurrencia de hechos imputables a agentes del Estado en el holocausto el Palacio de Justicia, de ahí que en el sub judice tampoco podría hablarse de la ocurrencia del fenómeno de caducidad de la acción habida consideración a la naturaleza de los hechos que se imputan como vulneración grave a los derechos humanos que configuran actos de lesa humanidad. 2.3.1 El daño y la imputación. Se acreditó la condición de desaparecida de la señora Lucy Amparo Oviedo Bonilla en los hechos del Palacio de Justicia tras la toma y retoma los días 6 y 7 de noviembre de 19857 y la imputación a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional. En el Informe Final Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (c. anexo) se relaciona a la señora Lucy Amparo Oviedo entre las personas desparecidas en esos hechos (vr. gr. ff. 129, 129 vto., 222 y 222 vto. anexo, que corresponden a los ff. 261,262,461 y 462 del Informe). Prueba testimonial. El Doctor Alfonso Gómez Méndez (ff. 134 a 135 c. 1) declaró

que conocía a la señora Lucy Amparo Oviedo y a su familia por ser del mismo pueblo Chaparral, que en noviembre de 1985 él le consiguió una cita con la secretaria del doctor Alfonso Reyes Echandía, y que tiene entendido que “asistió a esa cita el miércoles 6 de noviembre de 1985 y allí fue sorprendida por la toma del M19, y hasta donde sé nunca volvió a tenerse noticia de ella”. También dio cuenta del sufrimiento del esposo, hermanos e hijos por su desaparición, que la familia habló con él en muchas ocasiones y vio la sensación de impotencia, que no hubo puerta que los padres no tocaran tratando de encontrar a su hija, cree que los gastos en todos estos años debieron ser considerables. Agregó “me consta de la presencia de Lucy Amparo Oviedo en el palacio de justicia por lo que me dijo la secretaria del doctor Reyes Echandía”. 7 Sobre el desarrollo de las actuaciones ver ff. 329 a 415 10 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01) En auto de 8 de junio de 2016 (ff. 448 a 456 c. Consejo de Estado) al resolver sobre las pruebas aportadas por la actora y la demandada en segunda instancia, el Consejero Ponente decidió abstenerse de tener como tal el CD allegado por la

parte actora - sentencia de 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana (f. 296)- sin embargo indicó que de ser procedente para el estudio haría uso de su facultad probatoria oficiosa para tales efectos. Y decretó tener como pruebas las allegadas por la Policía Nacional con escrito de 25 de noviembre de 2015. En criterio del Ministerio Público habida cuenta del carácter vinculante del fallo de la Corte Interamericana el mismo debe ser el marco jurídico de referencia para la solución el caso en concreto. En la SENTENCIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 proferida por la CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO RODRÍGUEZ VERA Y

OTROS (DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA) VS. COLOMBIA.

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) se acreditó la desaparición de la señora Lucy Amparo Oviedo en los hechos del Palacio de Justicia que, como se lee en el fallo fue un hecho reconocido por las Partes y la Comisión –p. 38-.

De la sentencia se destaca: C.2) Las demás presuntas víctimas de desaparición forzada

113. Como se mencionó previamente, no existe controversia entre las partes en cuanto a que todas estas personas se encontraban en el Palacio de Justicia al momento del asalto por parte del M-19 (supra párr. 106). Sin embargo, con excepción de Ana Rosa Castiblanco Torres y Carlos Horacio Urán Rojas (infra párrs. 133 y 136), ninguna de estas personas aparecieron dentro de los sobrevivientes del Palacio de Justicia ni sus restos han

sido identificados entre los cadáveres provenientes de los hechos del Palacio de Justicia, por lo cual se desconoce su paradero hasta la presente fecha [...] C.2.h) Lucy Amparo Oviedo Bonilla8 8 (pie de página de la cita) La prueba relativa a dicha víctima se encuentra en: declaración Damaris Oviedo de 14 de junio de 2012 ante la Notaria 71 del Círculo de Bogotá (expediente de prueba, folios 27522, 27523 y 27525); declaración de Ana María Bonilla de Oviedo de 2 de abril de 1986 ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá (expediente de prueba, folios 30969 y 30970); declaración de Jairo Arias Mendez de 19 de diciembre de 1985 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá (expediente de prueba, folios 29623 y 29629); registro de nacimiento de Lucy Amparo Oviedo Bonilla (expediente de prueba, folio 27474); carta de Rafael María Oviedo Acevedo y 11 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01)

128. Lucy Amparo Oviedo Bonilla tenía 25 años en 1985, estaba casada con Jairo Arias Mendez, tenía dos hijos, trabajaba en un almacén de artesanía e iba a comenzar a estudiar Derecho. El 6 de noviembre de 1985 la señora Oviedo Bonilla salió de su casa a las 9:30 de

la mañana y tuvo una entrevista de trabajo con el Magistrado Raúl Trujillo cerca del Palacio de Justicia. La familia supone “que al salir […] de la oficina del doctor TRUJILLO, estando tan cerca del Palacio de Justicia, [fue a] hablar con el doctor [Reyes Echandía] o con su [s]ecretaria[, Herminda Narváez] para que la ayudaran a conseguir el empleo que ella estaba solicitando”. No obstante, dicha suposición no pudo ser confirmada por Herminda Narváez, quien salió del Palacio de Justicia antes de que comenzara la toma del Palacio de Justicia, por lo que no vio a la señora Oviedo Bonilla.

129. Luego de los hechos, sus familiares la buscaron en el Instituto de Medicina Legal, hospitales, cementerios y el Batallón Charry Solano, en la red de hospitales de Bogotá, y solicitaron ayuda a los medios de comunicación y a senadores de la República, sin obtener información sobre su paradero.

[...]

A. Sobre la presunta desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis,

Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Ana Rosa Castiblanco Torres [...]

243. En consecuencia, esta Corte constata que hay elementos de prueba que sugieren que Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis,

Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra Forero, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Ana Rosa Castiblanco Torres, al momento de los hechos, fueron considerados y tratados como sospechosos por parte de las autoridades estatales. La Corte resalta que esto constituye un indicio que debe ser valorado junto con los demás elementos indiciarios que se analizarán a continuación respecto a lo sucedido a las presuntas víctimas. Ahora bien, la Corte advierte que la clasificación de ciertas personas como “sospechosas” en el marco de los hechos del presente caso no es una conducta violatoria de la Convención Americana. En el contexto de estos hechos, era razonable que las autoridades estatales establecieran un mecanismo para distinguir y separar a los rehenes de aquellas personas que presuntamente habrían participado en la toma del Palacio de Justicia, dentro del derecho que asiste al Estado a mantener la seguridad y el orden público (supra párr. 78). No obstante, a efectos de determinar lo ocurrido a las presuntas víctimas desaparecidas, ello constituye un indicio sobre su posible desaparición forzada. [...]

259. En virtud de lo anterior, la Corte toma nota de que los familiares de al menos seis víctimas desaparecidas (Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Bernardo Beltrán Hernández, Irma Franco Pineda, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Luz Mary Portela

León) escucharon o recibieron información durante los hechos que sugería que sus seres queridos habían sobrevivido la toma y la retoma del Palacio de Justicia(...). [...] Ana María Bonilla de Oviedo de 3 de diciembre de 1985 (expediente de prueba, folio 29663); declaración de Damaris Oviedo Bonilla de 25 de julio de 2006 ante la Fiscalía (expediente de prueba, folios 29597 y 29598); declaración de Ana María Bonilla de Oviedo de 2 de abril de 1986 ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá (expediente de prueba, folios 30970 y 30971), y declaración de Armida Eufemia Oviedo Bonilla de 24 de julio de 2008 ante la Fiscalía (expediente de prueba, folio 29572). 12 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 53.233 (250002326000 2011 00090 01)

261. Adicionalmente, alguna información recibida se refería específicamente a alguna de las presuntas víctimas desaparecidas. Al respecto, según lo declarado, familiares de David Suspes Celis, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo Bonilla e Irma Franco Pineda recibieron información específica de que sus seres queridos se encontraban en el Cantón Norte9. En particular, según declararon los familiares de la señora Oviedo Bonilla, en la Brigada XIII

“uno de los soldad[os] que estaba prestando guardia se acercó y [le dijo a la hermana] no se venzan, sigan viniendo que ella está acá”10. Además, a los familiares de Lucy A