PGN - Documento 201706301601080
Detalles
- Título
- PGN - Documento 201706301601080
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
COMPETENCIA DISCIPLINARIA-Investigación contra el Veedor de la Fiscalia General de la Nación COMPETENCIA-Calidad del sujeto disciplinable según regulación legal CONTROL DISCIPLINARIO-Interno según regulación legal TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIO-De las oficinas de control Con lo cual, en la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, se estableció que la titularidad del poder disciplinario, si bien es del Estado, está a cargo, entre otras, de las oficinas de control disciplinario interno, por consiguiente, todas las entidades del Estado, con excepción solo de las competencias del Consejo Superior de la Judicatura, deberán organizar una oficina del más alto nivel que garantice la doble instancia para investigar a sus servidores y en el evento que no lo pueda hacer esa segunda instancia recaerá en la Procuraduría General de la Nación. CONTROL DISCIPLINARIO-Interno de la Fiscalia General de la Nación Es por ello que, en atención a la importancia del ejercicio del control disciplinario interno, el legislador señaló para la Fiscalía General de la Nación la necesidad de contar con una oficina especializada, independiente y autónoma, a cargo del ejercicio de dicha potestad y, además, consagró el principio de la doble instancia en relación con los empleados del ente acusador. CONTROL DISCIPLINARIO-Interno organizadas en forma independiente, autónoma y especializada En conclusión, las oficinas de control disciplinario interno organizadas en forma independiente, autónoma y especializada para el ejercicio de la función pública discernida, tienen competencia para investigar a todos los servidores adscritos a su entidad u organismo, sin que esto interfiera con el poder preferente disciplinario en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Ahora, es importante anotar que en materia disciplinaria, en diversos pronunciamientos hechos por la H. Corte Constitucional, al revisar en esa sede la pertinencia de las excepciones al principio de la doble instancia y, por ende, de la inexistencia del recurso de apelación contra algunas determinaciones, incluso decisiones de fondo como en los procesos de única instancia, ha señalado en forma pacífica, que tales consagraciones se encuentran en consonancia con los postulados constitucionales; así, mediante la Sentencia C 280 del 25 de junio de 1996, en la que declaró exequible el artículo 61 de la Ley 200 de 1995 (anterior C.D.U.),… POTESTAD DISCIPLINARIA-Efectiviza el cumplimiento de los fines, principios y valores del Estado
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS Carera 5 # 15 – 80. Piso 23. Ext. 12335.
www.procuraduria.gov.co La potestad disciplinaria corresponde a una de las prerrogativas que tiene el Estado para efectivizar el cumplimiento de los fines, principios y valores que informan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. En atención a ello su ejercicio, a través de la acción disciplinaria, es de carácter público, oficioso y reglado, en donde la competencia está discernida en la Ley 734 de 2002, por ello, no se puede asumir por analogía criterios de competencia que tienen un alcance restringido para la Procuraduría General de la Nación; se reitera, no pueden ser asumidas para las
Oficinas de Control Disciplinario Interno, incluida la de la Fiscalía General de la Nación, las reglas de competencia propias da Procuraduría General de la Nación, y de esta manera preferir el procedimiento establecido en esta última, en tanto aquellas, las oficinas tiene su propio marco de competencias acorde la estructura de la entidad a la que pertenezcan y conforme con el mandato del C.D.U., y sus reglas gozan de presunción de legalidad. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 29 de junio de 2017. PAD 80829 C071 - 2017 Doctora
MARÍA PAULINA RIVEROS DUEÑAS
Vicefiscal General de la Nación Diagonal 22B N.° 5201 Edificio C. Piso 3°. Bunker Ciudad.
Ref.: Remisión consulta recibida el 24 de abril de 2017.
Respetada doctora Riveros: Este despacho recibió la consulta de la referencia, radicada en la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación el 14 de marzo de 2017, y recibida el pasado 24 de abril en esta oficina. Luego de hacer unas consideraciones del marco normativo que reglamenta el ejercicio de la potestad disciplinaria en la Fiscalía General de la Nación, del Decreto Ley 262 de 2000 y la Ley 734 de 2002, eleva la siguiente consulta: Teniendo en cuenta el contexto normativo señalado, se pregunta, en materia de competencia disciplinaria y garantías en los procesos
disciplinarios que se deban adelantar contra (sic) Director de Control Disciplinario (Veedor) de la Fiscalía General de la Nación, particularmente en materia de los principios del juez competente y la doble instancia, lo siguiente: ¿Quién tiene la competencia para adelantar la investigación cuando se trata de procesos seguidos contra el Director de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación? ¿Se debe preferir el procedimiento establecido en la Procuraduría General de la Nación dado que allí se materializa la garantía de la doble instancia? Antes de atender su consulta y en cumplimiento de la función asignada por el artículo 9º, numeral 3°, del Decreto Ley 262 de 2000, he de precisarle que en desarrollo de la función consultiva no es posible resolver casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse en forma genérica de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares. Tampoco se puede concebir la facultad consultiva como un control previo de legalidad de las actuaciones de las autoridades públicas y más cuando ellas se Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co encuentran en ejecución, toda vez que dicho análisis sólo le está reservado a la jurisdicción contencioso administrativa, previo el trámite de rigor previsto en la Ley 1437 de 2011. Por tanto, en el presente caso esta oficina se limitará solamente a suministrar
elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema que ocupa la consulta, sin que ello se entienda como resolución a un caso particular. En primer término, esta oficina traerá en cita, lo conceptuado en pretérita oportunidad respecto de la consagración legal del control disciplinario interno y externo: Resulta necesario indicar en primera medida que el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expidió el Código Disciplinario Único, donde se indicó en el artículo 1° que la potestad disciplinaria está en cabeza del Estado, de igual forma estableció en el artículo 2º que la titularidad de la acción disciplinaria corresponde a las Personería Distritales y Municipales y a las Oficinas de Control Disciplinario Interno, quienes conocerán de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias; y de otra parte dispuso en el artículo 3º, respecto del poder disciplinario preferente, que quien lo ejerce es la Procuraduría General de la Nación. En el artículo 75 ibídem se estableció que corresponde a las entidades del Estado disciplinar a sus servidores o miembros al siguiente tenor: Artículo 75. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores o miembros. (Subrayado propio) […]. Además de lo anterior, el legislador estableció en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, que todas las entidades del Estado deben contar con una oficina del más alto nivel, cuya estructura garantice la doble
instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, y expresa que si no es posible garantizar la doble instancia, el asunto deberá ser asumido por la Procuraduría General de la Nación1. 1 «Artículo 76. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias». Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 4 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co Con lo cual, en la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, se estableció que la titularidad del poder disciplinario, si bien es del Estado, está a cargo, entre otras, de las oficinas de control disciplinario interno, por consiguiente, todas las entidades del Estado, con excepción solo de las competencias del Consejo Superior de la Judicatura, deberán organizar una oficina del más alto nivel que garantice la doble instancia para investigar a sus servidores y en el evento que no lo pueda hacer esa segunda instancia recaerá en la Procuraduría General de la Nación. En relación con el ejercicio de la potestad disciplinaria en la Fiscalía General
de la Nación, el legislador fue expreso en señalar en el mencionado artículo 76 que: Parágrafo 1°. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación conocerá y fallará las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del señor Fiscal General de la Nación. Es por ello que, en atención a la importancia del ejercicio del control disciplinario interno, el legislador señaló para la Fiscalía General de la Nación la necesidad de contar con una oficina especializada, independiente y autónoma, a cargo del ejercicio de dicha potestad y, además, consagró el principio de la doble instancia en relación con los empleados del ente acusador. De otra parte, la competencia de las Oficinas de Control Disciplinario Interno, está señalada con toda claridad en la Circular Conjunta DAFP-PGN N° 001 del 2 de abril de 2002, de la siguiente manera: En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, a la misma le compete adelantar tanto la indagación preliminar, como la investigación y el fallo de primera instancia, respecto de los servidores públicos del organismo o entidad correspondiente. Esta competencia cubre a todos los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo (empleados públicos y trabajadores oficiales así como empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, o provisionales) y cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, salvo las competencias propias de la Procuraduría General de
la Nación y de otras autoridades, según lo dispuesto en la Constitución Política y en el mismo Código Disciplinario Único. En conclusión, las oficinas de control disciplinario interno organizadas en forma independiente, autónoma y especializada para el ejercicio de la función pública discernida, tienen competencia para investigar a todos los servidores adscritos a su entidad u organismo, sin que esto interfiera con el Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 5 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co poder preferente disciplinario en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.2 Ahora, es importante anotar que en materia disciplinaria, en diversos pronunciamientos hechos por la H. Corte Constitucional, al revisar en esa sede la pertinencia de las excepciones al principio de la doble instancia y, por ende, de la inexistencia del recurso de apelación contra algunas determinaciones, incluso decisiones de fondo como en los procesos de única instancia, ha señalado en forma pacífica, que tales consagraciones se encuentran en consonancia con los postulados constitucionales; así, mediante la Sentencia C 280 del 25 de junio de 1996, en la que declaró exequible el artículo 61 de la Ley 200 de 1995 (anterior C.D.U.), de manera clara indicó: Toda persona investigada tiene derecho a impugnar los fallos disciplinarios condenatorios. Sin embargo, ello no excluye per se los procesos de única instancia, pues la impugnación no implica obligatoriamente que el fallo sea apelable sino que el condenado pueda
acudir - por medio de cualquier recurso - ante una autoridad con capacidad de revisar la decisión. Así, ha dicho al respecto esta corporación: (…) impugnar una sentencia es oponerse con razones a lo resuelto en ella, en general interponer un recurso. Si la sentencia es condenatoria, el condenado la impugnará para ser absuelto o, al menos disminuir la pena. Desde ahora conviene no olvidar que el artículo 29 utiliza el verbo impugnar, que es genérico y no se refiere a una forma de impugnación en particular. Como tampoco menciona recurso alguno. En este orden de ideas, en la medida que los fallos disciplinarios son decisiones administrativas que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la Corte considera que los fallos de única instancia establecidos por el artículo 61 del CDU no violan el derecho a la persona de impugnar la sentencia condenatoria (C.P., art.29)". (Subrayado fuera de texto original) En el mismo sentido, la Corte Constitucional afirma en sentencia C017 de 1996, en relación con el límite a la configuración de los recursos en los procesos judiciales y/o administrativos que: Los recursos son de creación legal, y por ende es una materia en donde el Legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explícitas de la Carta - como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (CP arts 29 y 86)- corresponde al Legislador instituir los recursos contra las providencias 2 La Resolución 346 de 2002 expedida por el señor Procurador General de la Nación
determina los parámetros y ámbito del ejercicio del poder preferente en materia disciplinaria. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 6 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co judiciales y administrativas, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectos"; no obstante, esta facultad del legislador consagrada en el artículo 313[4] de la Carta Política, la puede ejercer siempre y cuando "no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatorio observancia". Dentro del anterior contexto, no es de extrañar que el Legislador haya previsto que las existencias de procesos disciplinarios de única instancia no afecten los derechos de los vinculados como sujetos pasivos de la acción estatal. Tales cuerpos normativos han sido analizados por el órgano de control constitucional y en las diversas oportunidades que la H. Corte Constitucional se ha ocupado del tema de la configuración y alcance de los procesos disciplinarios especiales, ha reiterado que se ha conservado la protección de los derechos de los sujetos intervinientes si bien consagran etapas diversas al del proceso ordinario4. Conbase en lo expuesto, se responde: ¿Quién tiene la competencia para adelantar la investigación cuando se trata de procesos seguidos contra el Director de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación? De acuerdo con la estructura interna de competencias de la Fiscalía General de la Nación adoptada a través del Decreto Ley 016 de 2014 en su artículo 4°, numeral 24, le corresponde su conocimiento al despacho del Fiscal General de
la Nación en única instancia. Ahora, teniendo en cuenta que dicha función ha sido delegada mediante Resolución 0267 del 31 de enero de 2017, por tanto le corresponderá a la autoridad delegataria su conocimiento, esto es, al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación en única instancia. El segundo eje temático tiene relación con la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación de asumir procesos y de conocer asuntos cuya competencia natural y directa le corresponde primigeniamente a las Oficinas de Control Disciplinario Interno. En estos eventos el conocimiento de tales asuntos depende del criterio que asuma la Procuraduría General de la Nación para conocer o no del asunto particular, es decir, del ejercicio de la competencia preferente, el cual es exclusivo de la Procuraduría General de la Nación y está reglado a través de la Resolución 346 de 2002 expedida por el Jefe del Ministerio Público. 3 4 Sentencias C – 982 del 13 de noviembre de 2002; sentencias C 1076 y C 1077 del 5 de diciembre de 2002. Además, en relación con el trámite de procesos de única instancia a cargo del Procurador General de la Nación, tal prerrogativa contenida en el inciso segundo del numeral 17 del artículo 7º del decreto 262 de 2000 fue declara exequible mediante Sentencia C429 de 2001. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 7 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co No le concierne a la oficina de Control Disciplinario Interno disponer de la
remisión de casos para el conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ni asumir como propias las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 262 de 2000, por el cual se organizaron las competencias internas de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación cuando ella asuma los casos o inicie las actuaciones disciplinarias mutuo proprio. En virtud de lo anterior, se responde: ¿Se debe preferir el procedimiento establecido en la Procuraduría General de la Nación dado que allí se materializa la garantía de la doble instancia? La potestad disciplinaria corresponde a una de las prerrogativas que tiene el Estado para efectivizar el cumplimiento de los fines, principios y valores que informan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. En atención a ello su ejercicio, a través de la acción disciplinaria, es de carácter público, oficioso y reglado, en donde la competencia está discernida en la Ley 734 de 2002, por ello, no se puede asumir por analogía criterios de competencia que tienen un alcance restringido para la Procuraduría General de la Nación; se reitera, no pueden ser asumidas para las Oficinas de Control Disciplinario Interno, incluida la de la Fiscalía General de la Nación, las reglas de competencia propias da Procuraduría General de la Nación, y de esta manera preferir el procedimiento establecido en esta última, en tanto aquellas, las oficinas tiene su propio marco de competencias acorde la estructura de la entidad a la que pertenezcan y conforme con el mandato del C.D.U., y sus reglas gozan de presunción de legalidad. En estos términos dejamos consignado que el concepto pedido fue rendido y
precisamos que éste sólo constituye un criterio auxiliar de interpretación y que no tiene carácter vinculante de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5° de la Ley 153 de 1887 y 28 de la Ley 1437 de 2011. Atentamente,
CAMILO ANDRÉS GARCÍA GIL
Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios C071 - 2017 Proyectó GACC. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 8 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12309. www.procuraduria.gov.co