PGN - Documento 201711071359210

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD-No procede frente al estudio de la expresión “y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, contenida en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA-En necesario cumplir con los requisitos de certeza, claridad y especificidad Sin perjuicio de la que la demanda arriba resumida fue admitida por el entonces Magistrado Sustanciador, esta vista fiscal encuentra que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2” del Decreto 2067 de 1991, en donde se indican los requisitos que debe reunir toda demanda de inexequibilidad, así como a lo que al respecto ha señalado la Corte Constitucional, quien ha manifestado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el ciudadano en todo caso deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes; la Sala Plena de esa corporación debe inhibirse de proferir un fallo de fondo en el presente proceso. Lo anterior, toda vez que el cargo que se imputa contra una norma legal a fin de promover el control constitucional debe ser lo suficientemente comprensible (claro) y recaer sobre el contenido verdadero sobre el contenido de la disposición acusada (cierto). Además de que el actor debe exponer en su demanda cómo la disposición vulnera las normas superiores que se invoque como vulneradas (especificidad) aduciendo argumentos de naturaleza constitucional y no de carácter legal ni puramente doctrinarios, o referidos a situaciones solamente individuales (pertinencia). Y, finalmente, porque la acusación debe

ser completa y suscitar al menos una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. CERTEZA-No se cumplió/CERTEZA-La demanda no se dirige contra el texto de la disposición cuestionada sino contra una interpretación que de él hace el accionante Sin embargo, en el caso sub examine la demanda no cumple con el requisito de certeza, en tanto el cargo formulado en realidad no se dirige contra el texto de la disposición cuestionada sino contra una interpretación que de él hace el accionante, la cual además resulta subjetiva y contraria a su tenor literal. Para demostrar lo anterior, basta con hacer una lectura desprevenida del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, pues ello permite deducir, sin lugar a dudas, que aquél se limita a señalar que constituye infracción en materia ambiental toda acción u omisión que vulnere las normas del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables, de la Ley 99 de 1993, de la Ley 165 de 1994 y de las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen, así como de aquellas contenidas en “los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, siendo esto último lo que precisamente se demanda. Lo que quiere decir que incurre en una infracción ambiental quien quebranta las normas ambientales, esto es, cual disposición que proteja el medio ambiente y los recursos naturales renovables, las cuales efectivamente no solo están contenidas en las leyes sino también en los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, como es el caso de aquellos a través de los cuales se otorgan las licencias ambientales para la ejecución de proyectos obras o actividades que puedan

causar deterioro grave al medio ambiente de acuerdo con la ley o el reglamento; actos Concepto No 4954 administrativos, estos últimos, en los cuales se establecen las obligaciones que debe cumplir el titular de dicha licencia en favor de los derechos e intereses colectivos. INFRACCIÓN AMBIENTAL-Quien incumpla las obligaciones impuestas en el acto administrativo que otorga una licencia ambiental incurre en ella/INFRACCIÓN AMBIENTAL-No es acertada la interpretación del demandante/ INFRACCIÓN AMBIENTAL-La norma acusada no otorga competencia para establecerlas a través de reglamentos. Por tanto, siguiendo con dicho ejemplo, quien desconozca o no cumpla las obligaciones impuestas en el acto administrativo que otorga una licencia ambiental incurre en una infracción ambiental. Es a esto a lo que se refiere la norma demandada cuando señala que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de “los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, los cuales siempre tienen por objeto proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Así las cosas, de manera alguna puede entenderse, como lo hace el demandante, que la norma acusada otorga competencia a las autoridades ambientales para establecer o definir las infracciones ambientales a través de reglamentos. 2 Concepto No 4954

Bogotá, D.C., 9 DE NOVIEMBRE DE 2016

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra un apartado del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se

establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Demandante: Milton José Pereira Blanco.

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Expediente: D11662.

Concepto No. 6199 De conformidad con lo previsto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1°, de la Carta, instauró el ciudadano Milton José Pereira Blanco contra un apartado del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, cuyo texto se resalta a continuación (subrayando lo demandado): “LEY 1333 DE 2009 (julio 21) Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

LAS INFRACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL.

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decretoley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental

competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 3 Concepto No 4954 un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

1. Planteamientos de la demanda Según el actor el texto demandado del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 vulnera el derecho al debido proceso, y más específicamente el principio de legalidad (art. 29 C.P.), por cuanto considera que la competencia para establecer las infracciones penales la tiene exclusivamente el legislador y, por ello, no debe ser objeto de reglamentos administrativos, como sucede en este caso.

2. Análisis constitucional Necesidad de sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda Sin perjuicio de la que la demanda arriba resumida fue admitida por el entonces Magistrado Sustanciador, esta vista fiscal encuentra que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2” del Decreto 2067 de 1991, en donde se indican los requisitos que debe reunir toda demanda de inexequibilidad, así como a lo que al respecto ha señalado la Corte

Constitucional, quien ha manifestado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el ciudadano en todo caso deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes1; la 1 Sentencia C-1256 de 2001, MPs. Rodrigo Uprimny Yepes y otros. 4 Concepto No 4954 Sala Plena de esa corporación debe inhibirse de proferir un fallo de fondo en el presente proceso. Lo anterior, toda vez que el cargo que se imputa contra una norma legal a fin de promover el control constitucional debe ser lo suficientemente comprensible (claro) y recaer sobre el contenido verdadero sobre el contenido de la disposición acusada (cierto). Además de que el actor debe exponer en su demanda cómo la disposición vulnera las normas superiores que se invoque como vulneradas (especificidad) aduciendo argumentos de naturaleza constitucional y no de carácter legal ni puramente doctrinarios, o referidos a situaciones solamente individuales (pertinencia). Y, finalmente, porque la acusación debe ser completa y suscitar al menos una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada2. Sin embargo, en el caso sub examine la demanda no cumple con el requisito de certeza, en tanto el cargo formulado en realidad no se dirige contra el texto de la disposición cuestionada sino contra una interpretación que de él hace el accionante, la cual además resulta subjetiva y contraria a su tenor literal. Para demostrar lo anterior, basta con hacer una lectura desprevenida del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, pues ello permite deducir, sin lugar a

dudas, que aquél se limita a señalar que constituye infracción en materia ambiental toda acción u omisión que vulnere las normas del DecretoLey 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables, de la Ley 99 de 1993, de la Ley 165 de 1994 y de las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen, así como de aquellas contenidas en “los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, siendo esto último lo que precisamente 2 Sentencia C-1121 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Concepto No 4954 se demanda. Lo que quiere decir que incurre en una infracción ambiental quien quebranta las normas ambientales, esto es, cual disposición que proteja el medio ambiente y los recursos naturales renovables, las cuales efectivamente no solo están contenidas en las leyes sino también en los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, como es el caso de aquellos a través de los cuales se otorgan las licencias ambientales para la ejecución de proyectos obras o actividades que puedan causar deterioro grave al medio ambiente de acuerdo con la ley o el reglamento3; actos administrativos, estos últimos, en los cuales se establecen las obligaciones que debe cumplir el titular de dicha licencia en favor de los derechos e intereses colectivos. Por tanto, siguiendo con dicho ejemplo, quien desconozca o no cumpla las obligaciones impuestas en el acto administrativo que otorga una licencia ambiental incurre en una infracción ambiental. Es a esto a lo que se refiere la norma demandada cuando señala que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de “los

actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, los cuales siempre tienen por objeto proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Así las cosas, de manera alguna puede entenderse, como lo hace el demandante, que la norma acusada otorga competencia a las autoridades ambientales para establecer o definir las infracciones ambientales a través de reglamentos. En este orden de ideas, esta vista fiscal encuentra que el vicio señalado constituye una ineptitud sustantiva de la demanda que necesariamente determina que la Corte Constitucional deba declararse inhibida para 3 Cfr. artículo 50 de la Ley 99 de 1993. 6 Concepto No 4954 pronunciarse de fondo sobre el precepto demandado o en su caso declarar la exequibilidad de la disposición acusada.

3. Conclusión En mérito de lo expuesto, el ministerio público le solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA para decidir de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, contenida en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 y, en subsidio, declarar la EXEQUIBILIDAD de la misma, por los aspectos aquí analizados.

De los señores magistrados,

MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO

Procuradora General de la Nación ABG/MLOvalleB. 7