PGN - Documento 201911151606450

REPARACION DIRECTA-Por perjuicios ocasionados con la destrucción de un helicóptero RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Encuentra su sustento en el artículo 90 de la constitución política RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Requisitos para su configuración REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio FALLA DEL SERVICIO-Definición La falla del servicio es entendida como un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de una autoridad estatal. Así, en el presente asunto debe examinarse si el EJÉRCITO NACIONAL, a través de una acción u omisión, infringió alguno de sus deberes constitucionales, legales y/o reglamentarios. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Daño especial DAÑO ANTIJURIDICO-Definición Entendido el daño como el detrimento o menoscabo causado en los bienes, derechos o intereses legítimos de una persona, sea natural o jurídica, que sea directo, personal y cierto CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 090 / 2019

Bogotá D.C., 25 de junio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 54001-23-33-000-2015-00321-02 (62423)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI - SAS

DEMANDADO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Sentido del concepto: Se conceptúa que la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA // No se probó que el accidente hubiera ocurrido por una acción u omisión atribuible al Ejército Nacional // Caso de reclamación de perjuicios por concepto de lucro cesante, debido a accidente de helicóptero mientras aterrizaba en zona donde grupos al margen de la ley habían realizado voladura de oleoducto // Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de seguridad y protección por parte de la Fuerza Pública.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Objeto del litigio: La SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI – SAS radicó acción de reparación directa

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (62423) 54001-23-33-000-2015-00321-02 ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por considerar que es responsable de los perjuicios – a título de lucro cesante - que le fueron ocasionados con la destrucción de helicóptero que explotaba económicamente, identificado HK4866 – Eurocopter BK-117 A - 4 N° 7125. Como hechos del caso, tenemos que la empresa SADI – SAS tenía los derechos de explotación del Helicóptero identificado HK 4866 – Eurocopter BK - 117. La aeronave se dedicaba al transporte de personal de la empresa Oleoducto del Norte de Colombia – S.A.S., que tenía la labor de atender las contingencias que se presentaban por los daños ocasionados al oleoducto “Caño Limón Coveñas” por parte de grupos insurgentes. El día 9 de julio de 2013, cerca de las 8:00 a.m., el helicóptero se accidentó en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, departamento de Norte de Santander. En el momento de ocurrir el accidente, se encontraba aterrizando en una de las zonas donde se había volado el oleoducto, pero, por causas que son objeto de discusión en este asunto,

la aeronave se precipitó violentamente hacia el suelo en trayectoria vertical, destruyéndose completamente y con la consecuencia de la muerte de las 5 personas que transportaba. La postura de la empresa demandante es que el accidente ocurrió por causas imputables al Ejército Nacional, debido a que el helicóptero fue hostigado con disparos de armas de fuego provenientes de subversivos presentes en la zona, perturbación que obligó al piloto a maniobrar y perder el control de la aeronave al enredarse con las instalaciones de luz eléctrica, que causaron la precipitación violenta hacia el suelo. Para la parte demandante, el daño tuvo como causa que el Ejército no haya dado aviso con antelación de factores de inseguridad en el lugar presentados el día anterior, donde murió un soldado y otro resultó herido. Consideran que de haber dado aviso a SADI – SAS sobre dicha inseguridad, la empresa no habría planificado el vuelo. También consideran que hubo falla del servicio por parte del Ejército, al no haber realizado las acciones tendientes a asegurar que la zona donde aterrizaría la aeronave estuviera libre de insurgentes. Por su parte, el Ejército Nacional considera que el daño no le resulta atribuible, porque, en su sentir, el accidente se presentó al enredarse la aeronave con las líneas eléctricas de 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (62423) 54001-23-33-000-2015-00321-02 alta tensión, sin que se hubiere probado que había presión de hostigamientos armados. Para el Ejército, la causa del accidente fue el hecho que no se siguieron los protocolos de aterrizaje cuando hay presencia de dichas instalaciones eléctricas. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, despacho que negó las pretensiones de la demanda a través de Sentencia del 21 de junio de 2018. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander señaló: “… no se cuenta con el sustento probatorio claro y suficiente que permita inferir que efectivamente ocurrió un hostigamiento con proyectiles de armas de fuego y estos impactaron al helicóptero en el momento en que se disponía a realizar la maniobra de aterrizaje, por tanto, no están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL…”1.

Para apoyar dicha conclusión, además de remarcar la ausencia probatoria en torno a hostigamientos a la aeronave, el Tribunal tuvo en cuenta lo expresado en el documento denominado primer informe del grupo de Accidentes de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia, en el que se atribuyó la ocurrencia del accidente “… a la falta de advertencia del tendido eléctrico de los miembros de la tripulación de la aeronave…”2 y sin que en dicho informe se advirtiera la presencia de

disparos o evidencias de maniobras forzadas por hostigamientos. 1.3. El recurso de apelación interpuesto por la parte accionante: La SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI – SAS interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque, para que en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. El recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante se encuentra planteado en el sentido que no es cierto que se dejaron de aportar las pruebas tendientes a 1 Folio 217 (cara posterior) del expediente. 2 Folio 221 del expediente. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (62423) 54001-23-33-000-2015-00321-02 demostrar la responsabilidad del Ejército Nacional, porque dentro de las oportunidades probatorias establecidas en el art. 212 de la Ley 1437 de 2011, la sociedad SADI – SAS solicitó al tribunal de primera instancia la práctica de diversas pruebas tendientes a soportar sus pretensiones, pero dicha práctica fue negada. En este sentido, dentro de su recurso de apelación solicita que se practique en el desarrollo de la segunda instancia las pruebas que pidió desde la demanda. Se infiere que la sociedad demandante considera que de haber sido decretadas y practicadas las

pruebas solicitadas, se habría acreditado la presencia de hostigamientos armados que ocasionaron el accidente.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Se encuentra acreditado en el presente proceso que al EJÉRCITO NACIONAL le resulta atribuible el daño consistente en la destrucción del Helicóptero HK 4866 – Eurocopter BK – 117, ocurrida en accidente del 9 de julio de 2013, en el corregimiento de San Pablomunicipio de Teorama – Norte de Santander? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. En el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado éste material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Exp. No. (62423)

54001-23-33-000-2015-00321-02 2.2.1. Certificado de existencia y representación legal de la SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ SAS, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de junio de 20153. 2.2.2. Certificado de Matrícula N° R004811 del 22 de junio de 2013, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil4. En este documento se aprecia que la SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ SAS - “SADI SAS” era la empresa explotadora del Helicóptero Eurocopter BK-117 A-4, identificado con la matrícula HK4866. 2.2.3. Certificación del 4 de junio de 2015, expedida por la contadora de SADI SAS, donde se certifican las utilidades percibidas por dicha empresa por concepto de servicios con el Helicóptero HK 4866. 2.2.4. Copia de documento contentivo de “Orden de Operación Territorial (Seguridad de Hidrocarburos) ‘No. 033 Jamaica’”, convención 1 de julio de 2013, realizado por el Ejército Nacional – Trigésima Brigada – Batallón Especial Energético y Vial No. 10 “Coronel José Concha”5. En esta prueba se puede observar que existían instrucciones del Ejército dirigidas a: “... desarrollar una operación de Control Territorial y Seguridad de Hidrocarburos con el fin de garantizar en forma permanente la seguridad de la infraestructura petrolera “Oleoducto Caño Limón

Coveñas y Oleoducto del Norte”, la población civil y los recursos del estado [sic] sobre el Área General de las Veredas – El Loro – El Lorito – Bella Luz…”6. 2.2.5. Copia de documento llamado “Informe Final de Accidente” N° COL-13-23-GIA (sin fecha) realizado por el Grupo de Investigación de Accidentes – Secretaría de Seguridad Aérea – Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia7. 3 Documento obrante a folio 37 del expediente. 4 Documento obrante a folio 41 del expediente. 5 Documento obrante a folios 96 y siguientes del expediente. 6 Folio 99 del expediente. 7 Folios 179 a 199 del expediente. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Este documento ofrece las observaciones y conclusiones de la Aeronáutica Civil en torno a las circunstancias del accidente del Helicóptero HK 4866, cuyos detalles se analizarán más adelante en este concepto. 2.3. Análisis jurídico. En el presente caso, la SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ SAS (en adelante SADI SAS), considera que el EJÉRCITO NACIONAL es responsable extracontractualmente por los perjuicios que sufrió con la destrucción del Helicóptero HK 4866, en accidente ocurrido el

día 9 de julio de 2013, en el municipio de Teorama – Norte de Santander. Pues bien, para examinar si le resulta atribuible la responsabilidad al ejército en este caso, lo primero es determinar las reglas presentes en el ordenamiento jurídico en torno a la atribución de responsabilidad extracontractual a las entidades públicas por sus acciones u omisiones. Una vez precisada la normatividad aplicable, se examinarán los hechos probados en el proceso, a fin de establecer si se configuró la responsabilidad de la entidad demandada. 2.3.1. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, norma que es desarrollada por el artículo 140 de la Ley 1437 de

2011. De acuerdo con éstas normas, el Estado es responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Pues bien, debe tenerse en cuenta que el término “antijurídico” que aparece en el texto normativo del artículo 90 de la Constitución, ha dado lugar a varias interpretaciones, que hacen necesario precisar que no sólo tiene las características de antijuridicidad el daño proveniente de una acción u omisión reprochable de la entidad pública, sino también aquel daño que recibe un sujeto pasivo que no se encontraba en el deber jurídico de soportarlo, aún cuando el daño provino del actuar conforme a derecho de la autoridad estatal. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Paralelamente con estas ideas, se ha considerado la aplicación de dos sistemas de imputación de responsabilidad del Estado8 , conformados por el régimen subjetivo – modalidad falla del servicio - y el régimen objetivo - modalidades de daño especial y riesgo excepcional. Por ello, el régimen de imputación de responsabilidad del Estado no es uniforme, sino que se aplica aquel que resulte más adecuado para las peculiaridades del caso concreto9. Ahora bien, el régimen subjetivo y el objetivo de imputación tienen en común que en los dos se aplican los siguientes tres requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado: La acreditación del daño, que éste resulte imputable a una entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos. De manera más amplia, así lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado10: “Del mencionado precepto constitucional la jurisprudencia de esta Sala ha concluido, en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el proceso para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, que deben concurrir en el plenario los elementos demostrativos de la existencia de: (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) que resulte jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre

ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”. Sin embargo, la mencionada estructura puede expresarse de una manera que se acomode mejor a cada régimen de imputación, teniendo en cuenta que los requisitos del régimen subjetivo de responsabilidad no se presentan del mismo modo que en el régimen 8 En efecto, el Consejo de Estado, en Sentencia del 19 de abril de 2012, Radicación 19001-23-31-000-1999-0081501(21515), M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón, ha destacado que la intención del constituyente al consagrar el artículo 90 de la Constitución fue la de permitir la aplicación de diversos regímenes de imputación. En la sentencia citada, el Consejo de Estado destaca el siguiente aparte de la ponencia del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero ante la Asamblea Nacional Constituyente: “Por otra parte, conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además incorpora los más modernos criterios sobre la materia, consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal, De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insuficiencia del criterio de la llamada “falla del servicio público”, dentro de la cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial, tales como el de “la responsabilidad por daño especial”. 9 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 23 de agosto de 2012, Radicación 18001-23-31-000-1999-0045401(24392), M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón. 10 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, Sentencia del 5 de julio de 2018, radicación 47001-23-31-0002006-00937-01 (43916), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (62423) 54001-23-33-000-2015-00321-02 objetivo. Por lo tanto, es necesario analizar cuál es el régimen de imputación aplicable al presente caso, para precisar los requisitos aplicables. 2.3.2. Régimen de imputación aplicable al caso. En este caso en particular, examinados los hechos y fundamentos en disputa, se infiere que el análisis de la antijuridicidad se centra en determinar si el EJÉRCITO NACIONAL resulta responsable del daño al haber fallado en sus deberes de protección de los bienes del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos. Concretamente el demandante reprocha al EJÉRCITO NACIONAL el omitir la suficiente diligencia a la hora de asegurar la zona de aterrizaje del Helicóptero HK 4866, y de enviar un helicóptero de escolta que no reunía las condiciones suficientes para repeler un

hostigamiento armado11. Además, le reprocha el no haber dado aviso a SADI SAS de las condiciones de peligrosidad de la zona, para que no se realizaran las operaciones de reparación del oleoducto Caño Limón Coveñas, que involucraban el transporte vía aérea del personal para atender la voladura de dicha estructura12. Para el Ministerio Público, no obstante el demandante pide que se aplique el título de imputación de “daño especial o riesgo especial”13, el régimen de imputación que debe aplicarse es el subjetivo, a título de falla del servicio, debido a que los cargos se basan en un juicio de reproche frente acciones y omisiones presuntamente atribuibles a la demandada, y no se basan en el ejercicio de una actividad legítimamente desplegada por parte de este ente integrante de la Fuerza Pública. Ahora bien, en el régimen subjetivo de imputación a título de falla del servicio, para que sea procedente declarar la responsabilidad del Estado, es necesario acreditar tres elementos: el daño, la falla del servicio entendida como una falta a los deberes por parte de la entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos (daño y falla) 14. 11 Folio 7 del expediente. 12 Folio 5 del expediente. 13 Folio 8 del expedietne. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente 50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037), C.P. Hernán Andrade Rincón.

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Por todo lo anterior, el EJÉRCITO NACIONAL será responsable en este proceso si se acreditó: En cuanto al daño, que el Helicóptero HK 4866 sufrió un accidente y SADI SAS era el explotador económico del bien, recibiendo daños ciertos por el siniestro. En cuanto a que sea jurídicamente imputable a una entidad estatal, que el EJÉRCITO NACIONAL haya incurrido en una falla del servicio, consistente en una acción u omisión contraria a sus deberes de protección de los bienes del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos. Y en cuanto al nexo de causalidad, que exista una relación de causalidad entre la destrucción del helicóptero y la acción u omisión contraria a los deberes del

EJÉRCITO NACIONAL 2.3.3. El daño.

Entendido el daño como el detrimento o menoscabo causado en los bienes, derechos o intereses legítimos de una persona, sea natural o jurídica, que sea directo, personal y cierto15, tenemos que el requisito del daño se encuentra acreditado, ya que se probó la existencia de la SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SAS16; que dicha sociedad era explotadora del Helicóptero Eurocopter BK-117 A-4, identificado con la matrícula

HK486617, aeronave de la que recibía utilidades económicas18; y que dicho helicóptero se accidentó el 9 de julio de 2013 cerca de las 8:00 am, en el corregimiento de San Pablomunicipio de Teorama – Norte de Santander, presentándose pérdida total de la aeronave19. 2.3.4. Falla del servicio La falla del servicio es entendida como un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de una autoridad estatal. Así, en el presente asunto debe examinarse si el 15 Para la definición del daño como el quebrantamiento a un interés legítimo y las características mencionadas, veáse: Gil Botero, Enrique. “Responsabilidad Extracontractual del Estado”. Editorial Temis. Bogotá – Colombia. 2017. Séptima Edición. Página 51. 16 Documento obrante a folio 37 del expediente. 17 Documento obrante a folio 41 del expediente. 18 Véase certificación del 4 de junio de 2015, expedida por la contadora de SADI SAS, donde se certifican las utilidades percibidas por dicha empresa por concepto de servicios con el Helicóptero HK 4866 19 Folios 179 a 199 del expediente. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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EJÉRCITO NACIONAL, a través de una acción u omisión, infringió alguno de sus deberes constitucionales, legales y/o reglamentarios. Respecto a las circunstancias en que ocurrió el accidente del Helicóptero HK4866, tenemos que en el presente caso se acreditó lo siguiente: Que el Helicóptero identificado HK 4866 – Eurocopter BK - 117 estaba al servicio de la empresa SADI SAS20 y se dedicaba al transporte de personal de la empresa Oleoducto del Norte de Colombia – SAS, para atender las contingencias que se presentaban en el oleoducto Caño Limón Coveñas21. El día 9 de julio de 2013 en las horas de la mañana el EJÉRCITO NACIONAL realizó una reunión con los encargados de pilotear el Helicóptero HK 486622. Pocos minutos después, el helicóptero partió desde el municipio de Ocaña – Norte de Santander - con personal de la empresa de Oleoducto del Norte de Colombia a atender una contingencia presentada en sector del corregimiento de San Pablo – municipio de Teorama – Norte de Santander23. Durante el trayecto, al llegar al municipio de Convención, fue acompañado por otro helicóptero perteneciente al EJÉRCITO NACIONAL24. Al llegar al sitio de aterrizaje, fue orientado a un sitio demarcado con la presencia de humo por parte de miembros del EJÉRCITO NACIONAL que se encontraban en tierra acompañando las labores del personal del Oleoducto del Norte de Santander25. Cuando se encontraba aterrizando en el sitio demarcado por el EJÉRCITO NACIONAL, el Helicóptero HK 4468 enredó su cola con unos cables de alta tensión presentes en la

zona, ocasionándose su precipitación al suelo en trayectoria vertical, dando como 20 Documento obrante a folio 41 del expediente. 21 Hecho afirmado en la demanda y no discutido por las partes. 22 Folio 6 del expediente. 23 Folios 179 a 199 del expediente. 24 Así se admite en la demanda (folio 6 del expediente), información que corrobora el informe de la Aeronáutica Civil sobre el accidente (folios 179 a 199 del expediente). 25 Ibidem, cita 21. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (62423) 54001-23-33-000-2015-00321-02 resultado un impacto que destruyó por completo la aeronave y la muerte de las 5 personas que transportaba26. Según el demandante, el accidente del helicóptero se debió a una inusitada maniobra evasiva provocada por hostigamientos de disparos de armas de fuego provenientes de grupos subversivos27. Por su parte, en el expediente obra Informe de la Aeronáutica Civil sobre las causas del accidente28, del cual se extrae información importante al respecto. En relación con la forma como ocurrieron los hechos, el informe de la Aeronáutica arribó a la siguiente versión (se transcribe con posibles errores): “El vuelo se inició a las 06:52 hora local, desde las instalaciones del Batallón Santander de Ocaña,

en condiciones meteorológicas visuales, transcurriendo este sin novedad hasta el punto en donde se efectuó el contacto tanto radial como visual con el helicóptero escolta del Ejército Nacional a la altura del municipio de Convención, en donde luego de coordinaciones, el HK-4866 inició descenso en el cañón del río Catatumbo con dirección al corregimiento de San pablo, continuando con el mismo y finalmente ejecutando un viraje de 180° a la derecha para enfrentarse a la aproximación final al sitio seleccionado por el personal militar en tierra para el aterrizaje, durante dicho viraje, la tripulación fue sorprendida con un tendido eléctrico de alta tensión el cual no lograron evadirlo, impactándolo y produciéndose el accidente con las consecuencias ya conocidas”29. Luego, en dicho informe, la Aeronáutica Civil analiza diversas posibles causas que pudieron influir en el accidente, tales como condiciones meteorológicas, equipos de navegación, comunicaciones, idoneidad de la tripulación encargada del vuelo, información médica y patológica que pudo afectar la tripulación (física y psicológica), incendios, estado de la aeronave y mantenimientos; peso, instrumentos, sistemas y rendimiento de la aeronave; organización la empresa que administraba la aeronave y tránsito aéreo. La Aeronáutica Civil encontró que no había evidencia de que alguno de estos factores pudieran haber afectado el accidente, puesto que el vuelo se desarrolló en condiciones normales y de seguridad. 26 En la demanda se admite que el helicóptero se enredó con los cables de alta tensión (folio 5 del expediente), corroborado por el informe de la Aeronáutica Civil sobre el accidente (folios 179 a 199 del expediente).

27 Folio 6 del expediente. 28 Folios 179 a 199 del expediente. 29 Folio 191 del expediente. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Luego de lo anterior, la Aeronáutica Civil arribó a la siguiente conclusión: “Ninguno de los tres miembros de la tripulación no [sic] identificó el tendido eléctrico y/o no tuvieron en cuenta la técnica para volar con presencia de redes eléctricas, en donde siempre hay que pasarlos volando sobre los postes o torres de soporte. La tripulación no efectuó un sobrevuelo de reconocimiento alto y bajo para poder determinar posible obstáculos en cercanías del sitio seleccionado para el aterrizaje”30 De lo señalado en el informe de la Aeronáutica Civil, no se puede concluir que haya evidencias de que el accidente de la aeronave se haya producido como consecuencia del hostigamiento armado por parte de grupos insurgentes. Más aún, en uno de los apartes relacionados con la inspección de los restos de la aeronave, el informe es puntual al señalar lo siguiente: “Durante la inspección de campo realizada no se evidenciaron trazas o vestigios de impactos de proyectil en la célula de la aeronave”31

Si bien en el informe citado se establece la salvedad de que no se encuentra destinado a probar responsabilidad, sino sólo a determinar las posibles causas del accidente para prevenir accidentes futuros, en el presente proceso resulta útil, en el sentido que más que probar quién es responsable del accidente, nos permite inferir con mayor seguridad que no hay evidencia de que el accidente se haya producido por hostigamientos armados. Ello teniendo en cuenta que la Aeronáutica Civil no encontró evidencias de impactos de proyectil en la aeronave, ni indicios de que el accidente se hubiera presentado por estos factores externos, sino más bien porque la tripulación no se percató de los cables de alta tensión que desestabilizaron la aeronave. A lo anterior se suma que en el expediente no existen otras p