PGN - Documento 202010291346250

Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE SENADORA DE LA REPÚBLICAColaboración y promoción con grupos al márgen de la ley COMPETENCIA DISCIPLINARIA-Desarrollo Legal/COMPETENCIA DISCIPLINARIA-El Procurador General de la Nación es competente para adelantar procesos contra Congresistas Según lo dispone el artículo 277 numeral 6 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación está facultado para ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. Este es un mandato superior que debe entenderse en su conjunto y no separando cada uno de los componentes. Por ende, es razonable que los congresistas, como miembros de una corporación pública de elección popular, titulares del cumplimiento de funciones públicas, puedan ser investigados disciplinariamente por el Procurador General de la Nación, como suprema autoridad disciplinaria. COMPETENCIA DISCIPLINARIA-Diferencias entre el Consejo de Estado y la Comisión de Ética RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Información hallada en documentos En ese orden de ideas, para el despacho es claro que toda la información hallada daba cuenta de interlocuciones que comprometieron la responsabilidad de la disciplinada, independientemente de si esos documentos fueron enviados a través de correos electrónicos o de manera física utilizando para ello otro tipo de dispositivos informáticos. PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO-Información extraída de equipos de cómputo Así pues, debe entenderse que lo que constituye los medios de prueba en este

proceso disciplinario no es en sí mismo el informe del citado oficial de Policía, sino la información que fue extraída de los computadores y demás equipos de cómputo que fueron incautados en la operación.Así las cosas, lo que debe tenerse en cuenta es que la información que fue hallada en los computadores fue lo que originó el adelantamiento de la actuación disciplinaria en contra de la senadora, información que fue incorporada a la presente actuación una vez se dispuso el adelantamiento de la indagación preliminar en contra de la disciplinada. PROCESO DISCIPLINARIO-Objeto principal No puede ser de recibo ningún tipo de argumento que tienda a cuestionar la legalidad del operativo militar donde fue abatido el ex cabecilla y menos aquellos relacionados con querer cuestionar la legitimidad de algunos instrumentos internacionales trayendo citas relacionadas con artículos referidos al antes y 1 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 después de la segunda guerra mundial y la etapa conocida doctrinariamente como la guerra fría, pues se insiste, por una parte, que la legalidad o ilegalidad de la operación «Fénix» no es objeto del presente proceso disciplinario. PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO-Exclusión de pruebas ilícitas Es decir, la defensa parte de la base de que efectivamente las pruebas allegadas al presente proceso disciplinario son ilícitas, cuando, conforme a lo expresado precedentemente, se concluyó que no lo fueron, ya que lo que constituyó los medios de prueba fue la información hallada en los computadores portátiles y demás equipos de cómputo incautados en la operación, información que fue

incorporada oportunamente al expediente y con la cual se dio inicio a la actuación disciplinaria y de la cual se comprobó que efectivamente sí estaba en los equipos informáticos originales que pertenecían a el ex jefe guerrillero, prueba pericial oportunamente practicada en el proceso y contra la cual la defensa no hizo objeción alguna. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Diferencias entre actos de gestión humanitaria y promoción y colaboración con grupos ilegales En otras palabras, es dable diferenciar entre actividades que bien se pueden catalogar en gestiones humanitarias y entre otras conductas que se constituyeron en actos de promoción y colaboración del grupo de las FARC. Estas diferentes conductas fueron ejercidas por la disciplinada, pero sólo las segundas, las constitutivas de colaboración y promoción fueron el motivo por el cual se le formuló reproche disciplinario y por la cual se le halló responsable disciplinariamente en el fallo de única instancia, más no por las gestiones humanitarias que ella haya podido realizar. No obstante, los comportamientos desplegados por la disciplinada, que fueron demostrados en el proceso, no alcanzan a justificar los desmedidos actos de colaboración y promoción a favor del grupo de las FARC. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE SENADORA DE LA REPUBLICA-Destitución e inhabilidad general por el término de 18 años Dependencia Despacho Procurador General de la Nación 2 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 IUS 2008 – 305318

IUC D – 2010 – 139 82630

Disciplinado PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ Cargo y Entidad Senadora de la República

Quejoso De oficio Fecha de queja 13 de noviembre de 2008 Fecha de los hechos Años 2007, 2008 y 2010 Hechos Colaboración y promoción con el grupo al margen de la ley –FARCAsunto Recurso de reposición contra el fallo de única instancia Bogotá D. C., 27 de octubre de 2010

1. ASUNTO POR TRATAR Procede el despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto contra el fallo del 27 de septiembre de 2010 por la defensa de la senadora PIEDAD ESNEDA

CÓRDOBA RUIZ.

2. HECHOS La señora PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ, en su condición de senadora de la República de Colombia y durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 21 de noviembre de 2007 y en otras fechas anteriores y posteriores en los años 2007, 2008 y 2010, colaboró y promovió al grupo armado ilegal de las FARC.

Estas dos conductas constitutivas del tipo disciplinario contenido en el numeral 12 del artículo 48 del Código Disciplinario Único se desplegaron por la disciplinada, al demostrarse, durante el trámite de la actuación disciplinaria, que ella ejerció los siguientes comportamientos:

1. Haber instado a las FARC para que este grupo al margen de la ley fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos.

2. Haber acordado con las FARC estrechar sus relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno, con la ayuda de gobiernos de otros países.

3. Haber emitido consejos al grupo de las FARC, relacionados con no enviar

videos de personas retenidas en poder del grupo insurgente, a cambio de grabaciones de voz de los mismos, ello con el fin de adoptar una mejor estrategia de las FARC en busca de sus objetivos.

4. Haber dado informaciones a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, entre ellos posibles donaciones de gobiernos extranjeros para departamentos colombianos.

3 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600

5. Haber dado precisas instrucciones a las FARC respecto de su estrategia a seguir, distintas a las que tenían que ver con la liberación de los secuestrados.

6. Haber dado instrucciones y haber solicitado a las FARC que se suministraran pruebas de vida de los secuestrados en poder de las FARC, con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.

7. Haber efectuado declaraciones en diferentes actos públicos y ejercer actos de promoción, con el fin de favorecer los intereses del grupo de las FARC.

3. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES A través de los medios de comunicación, el despacho del Procurador General de la Nación tuvo conocimiento de los hallazgos en el interior de los medios electrónicos incautados en la operación «Fénix», en los que se registraban algunos documentos inherentes a los presuntos vínculos de la señora PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ, en su condición de senadora de la República, con grupos al margen de la ley.

Por lo anterior, se adelantó indagación preliminar e investigación disciplinaria, etapas en las que se allegaron otros medios de prueba, el despacho del

Procurador General de la Nación resolvió proferir pliego de cargos contra la senadora PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ, formulándole los siguientes:

1. Por haber colaborado y promovido presuntamente al grupo ilegal e insurgente de las FARC. Con este comportamiento, se consideró que la disciplinada podría estar incursa en la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 12 del artículo 48 del Código Disciplinario Único.

2. Por haber realizado presuntamente actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, por desconocer la legitimidad de algunas instituciones y de los procesos democráticos, haciendo apología a la organización de las FARC, efectuando invitaciones a la subversión y a la rebeldía. Con este comportamiento, se consideró que la disciplinada podría estar incursa en la falta gravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, al realizar objetivamente la descripción típica consagrada en el artículo 455 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Conforme a lo anterior, una vez presentados los descargos, practicadas unas pruebas, de oficio y a petición de parte, y presentados los alegatos de conclusión, este despacho profirió fallo de única instancia, decisión adoptada mediante el proveído del 27 de septiembre de 2010, en la cual, frente a los cargos imputados, se resolvió lo siguiente: 4 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600

1. Se declaró disciplinariamente responsable a la disciplinada, por el primer cargo formulado relacionado con la falta disciplinaria contenida en el

numeral 12 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, por lo que se le impuso una sanción de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIECIOCHO (18) AÑOS.

2. Se absolvió de responsabilidad disciplinaria a la disciplinada por el segundo cargo formulado relacionado con la falta disciplinaria contenida en el numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, en concordancia con lo establecido en el artículo 455 del Código Penal.

En tal sentido, la defensa de la disciplinada, mediante el memorial de 30 de septiembre de 2010, interpuso el recurso de reposición, solicitando se absolviera de responsabilidad a la senadora PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ por el primero de los cargos formulados y por el cual el despacho del Procurador General de la Nación la halló disciplinariamente responsable. Por otra parte, el señor abogado defensor, mediante escrito de 1 de octubre de 2010, presentó recusación contra el Procurador General de la Nación y una solicitó nulidad por incompetencia. Finalmente, mediante escrito de 4 de octubre de 2010, la defensa nuevamente presentó otras solicitudes del siguiente orden: 1) Reiteró la recusación contra el Procurador General de la Nación, aspecto que fue resuelto en los autos proferidos por el Procurador y la Viceprocuradora referidos precedentemente; 2) Expresó su inconformismo frente a la decisión adoptada, afirmando que el material probatorio allegado era inexistente e ilegal; 3) Efectuó otra serie de argumentos tendientes a

cuestionar la decisión adoptada, entre ellos que en los computadores no existían correos electrónicos sino documentos Word; y 4) Reiteró la solicitud de nulidad por falta de competencia del Procurador General de la Nación. Frente a la recusación, mediante auto de 19 de octubre de 2010, este despacho no aceptó el impedimento propuesto por el defensor, remitiendo la solicitud a la Viceprocuradora General de la Nación, quien en decisión de 22 de octubre de 2010 no aceptó la recusación propuesta y ordenó devolver la actuación para que se continuara con su trámite, cuyas consideraciones se pueden resumir de las siguiente manera: Al hacer un análisis de cada una de las alocuciones que fueron allegadas por el defensor como anexo a la recusación por él planteada, se puede verificar que la mayoría constituyen el registro noticioso de la decisión, la cual tuvo un gran cubrimiento y despliegue, tanto nacional como internacionalmente. Una vez conocido el fallo publicado en la página web de la Procuraduría General de la Nación, las noticias emitidas iban acompañadas de las declaraciones hechas por el Jefe del Ministerio Público en la rueda de prensa convocada con el fin de dar a conocer a la opinión pública la razones que llevaron a proferir el fallo sancionatorio contra la Senadora Córdoba Ruiz. Posteriormente el señor Procurador rindió varias entrevistas en medios hablados y escritos en los que se limitó a reiterar y explicar cada uno de los argumentos expresados en el 5 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 fallo de única instancia, advirtiendo que contra esa decisión le asistía el

derecho a la Senadora de interponer el recurso de reposición. (…) Como corolario de todo lo anteriormente expuesto y confrontadas las exigencias con el asunto que se encuentra en consideración, habrá de concluirse que la recusación formulada en el presente caso resulta improcedente, porque la opinión que se aduce como motivo de inhibición fue emitida respecto de la decisión adoptada en única instancia al interior del mismo proceso, es decir, con posterioridad y no en oportunidad procesal precedente. Así mismo, no se evidencia alocución alguna que permita entrever un pronunciamiento previo sobre los argumentos del recurso de reposición, manteniéndose incólume la habilitación legal para resolver el mismo, coligiéndose así que no se advierte razón alguna que comprometa la independencia, objetividad e imparcialidad del señor Procurador General de la Nación, descartándose así la procedencia de aceptar la recusación planteada y, en consecuencia, de apartarlo del conocimiento del presente asunto.

4. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Mediante memorial de 30 de septiembre de 2010, el señor abogado defensor de la disciplinada presentó recurso de reposición contra el fallo del 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se encontró disciplinariamente responsable a la senadora de la República PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ, y luego de exponer cada uno de los motivos de inconformidad solicitó que se revocara «en la parte pertinente a(sic) la sanción impuesta» a la disciplinada.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Trascurrido y agotado el trámite de la recusación presentada contra el Procurador

General de la Nación, corresponde a este despacho entrar a analizar el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de única instancia de 27 de septiembre de 2010, mediante el cual se encontró disciplinariamente responsable a PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ, en su condición de senadora de la República. No obstante, debe tenerse en cuenta que el señor abogado defensor, mediante escritos del 1 y 4 de octubre de 2010, planteó lo siguiente:

1. Mediante escrito de 1 de octubre de 2010, presentó una solicitud de nulidad por incompetencia.

2. Mediante escrito de 4 de octubre de 2010, presentó las siguientes solicitudes: a) Expresó su inconformismo frente a la decisión adoptada, afirmando que el material probatorio allegado era inexistente e ilegal; b) Efectuó otra serie de argumentos tendientes a cuestionar la decisión adoptada, entre ellos que en los computadores no existían correos

6 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 electrónicos sino documentos Word; y c) Reiteró la solicitud de nulidad por falta de competencia del Procurador General de la Nación. Así las cosas y frente a las solicitudes contenidas en los numerales 1 y 2, literal c), referidos, este despacho resolverá dichos aspectos en el presente pronunciamiento, toda vez que ellos corresponden a los mismos argumentos que fueron plasmados en el recurso de reposición dentro del capítulo denominado

«SOBRE LA COMPETENCIA DEL SEÑOR PROCURADOR FRENTE AL

JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS»1.

Por otra parte y frente a los otros argumentos referidos al inconformismo con la

decisión adoptada, afirmando que el material probatorio allegado era inexistente e ilegal y que en los computadores no existían correos electrónicos sino documentos Word, estos aspectos no serán analizados detenidamente, pues por una parte, dichas manifestaciones adicionales fueron presentadas de manera extemporánea, mientras que por la otra ellas corresponden en esencia a los mismos argumentos que fueron plasmados en el recurso de reposición de 30 de septiembre de 2010. En ese orden de ideas, se entrará a estudiar el recurso interpuesto contra el fallo de única instancia, aclarando que el ámbito funcional en este momento procesal está restringido a la revisión de los aspectos recurridos y a los que resulten inescindiblemente vinculados a ellos. Para ello, se abordarán los puntos en el orden en que fueron expuestos, ya que de prosperar alguno de ellos, se haría innecesario abordar las otras peticiones.

5.1 SOBRE «LA COMPETENCIA DEL SEÑOR PROCURADOR FRENTE AL

JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS». COMO CAUSAL DE NULIDAD

IMPETRADA EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN LOS ESCRITOS ADICIONALES DEL 1 Y 4 DE OCTUBRE DE 2010. 5.1.1 Oportunidad para solicitar las nulidades. Debe recordarse que, conforme con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Disciplinario Único, «La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo», el cual se profirió el 27 de septiembre de 2010, y conforme con reiterada doctrina de la Procuraduría General de la Nación bajo la teoría del acto

complejo, por fallo definitivo debe entenderse el de primera o el de única instancia, según el caso, y no el que resuelve los recursos que contra tales decisiones se interpongan. Ello es así, dado que las decisiones que desatan los recursos de reposición y de apelación, conforman una unidad jurídica que se integra a la decisión impugnada, la cual fue proferida el 27 de septiembre del presente año. De lo dicho se desprende que la oportunidad procesal para solicitar la declaratoria de nulidad en el trámite del presente proceso disciplinario precluyó el 27 de septiembre de 2010, fecha en que se profirió el fallo de única instancia declarando la responsabilidad disciplinaria de la senadora PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUIZ. 1 Conforme a las páginas 27 a 30 del recurso de reposición y que corresponden a los folios 169 a 172 del cuaderno original número 8 de la actuación. 7 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 Sin embargo, es necesario advertir que los argumentos planteados por la defensa, tendientes a sustentar la no competencia del Procurador General de la Nación para fallar contra Congresistas, deberán ser tenidos en cuenta al resolverse el recurso interpuesto. En efecto, dicha posición fue asumida por este despacho dentro del proceso disciplinario seguido contra el ex ministro SABAS EDUARDO PRETELT DE LA VEGA en el que se dijo lo siguiente: Debe recordarse, tal como se hizo en el auto del 9 de septiembre de 2010, que conforme con lo dispuesto por el artículo 146 del CDU, «La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo

definitivo», el cual se profirió el 24 de agosto de 2010, y conforme con reiterada doctrina de la Procuraduría General de la Nación, bajo la teoría del acto complejo, por fallo definitivo debe entenderse el de primera o el de única instancia y no el que resuelve los recursos que contra tales decisiones se interpongan. Ello es así, dado que las decisiones que desatan los recursos de reposición y de apelación, conforman una unidad jurídica que se integra a la decisión impugnada, la cual fue proferida, según se ha dicho, el 24 de agosto del año que corre. De lo dicho se desprende que la oportunidad procesal para solicitar la declaratoria de nulidad en el trámite del presente proceso disciplinario, precluyó el 24 de agosto de 2010, fecha en que se profirió el fallo de única instancia declarando la responsabilidad disciplinaria de SABAS

EDUARDO PRETELT DE LA VEGA.

Sin embargo, los anteriores argumentos no sirven de fundamento para no entrar a estudiar las solicitudes hechas por la defensa, las cuales, no obstante, de prosperar, darían lugar a revocar la decisión de única instancia y proferir en su lugar un fallo absolutorio y no a un decreto de nulidad.2 En ese orden de ideas, estos argumentos planteados por la defensa deberán ser examinados al resolver el recurso de reposición, los cuales, en el caso de que prosperen, darían lugar a revocar la decisión de única instancia y proferir en su lugar un fallo absolutorio y no un decreto de nulidad. 5.1.2 De la nulidad propuesta

En el recurso de reposición, presentado el 30 de septiembre de 2010, la defensa únicamente se limita a citar un «conciso estudio que corre impreso sin fecha» del ex parlamentario ZAMIR SILVA, donde critica la competencia del Procurador General de la Nación para investigar disciplinariamente a los Congresistas. El estudio referido si bien se presenta como una teoría respetable, la misma no tiene fuerza vinculante, toda vez que la competencia disciplinaria para investigar a los Congresistas está plenamente establecida en la Constitución y la ley, la cual se 2 Fallo disciplinario de 20 de octubre de 2010, radicación n.º 001-173081-2008. 8 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 ha ejercido sin reparo alguno por parte de las jurisdicciones Constitucional y Contencioso Administrativa. El constituyente de 1991 le asignó al Jefe del Ministerio Público el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los servidores públicos. Al hacerse un análisis integral de los artículos 123 y 277, surge con claridad que los Congresistas no se encuentran por fuera de este radio de competencia. Véase. Dentro de las distintas expresiones de servidores públicos, constitucionalmente se han consagrado como tales a los empleados públicos, los trabajadores oficiales y a los miembros de la corporaciones públicas. Determinándose de igual manera que como tales están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.3 Frente al control y vigilancia del cumplimiento de las funciones asignadas a los

servidores públicos, se determinó que el Procurador General de la Nación por sí, o por medio de sus delegados, le corresponde ejercer la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, enfatizando que dentro de ese grupo de servidores se incluían a los de elección popular.4 Así las cosas, constitucionalmente se han agrupado e identificados a los servidores públicos estableciéndose como una especie de éstos a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, que cumplen funciones públicas. No existe razón para pregonar que los mismos están por fuera del control y vigilancia de su conducta que se le asignó como función al Procurador General de la Nación, además de ejercer el poder disciplinario de forma preferente sobre otras entidades. La excepción al ejercicio de la potestad disciplinaria en cabeza del Procurador General de la Nación la señaló el mismo Constituyente al excluir expresamente a los funcionarios enunciados en el artículo 174 de la Constitución, tales como el Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, cuyos procesos conoce la Comisión de Acusación y Juzgamiento de Cámara y Senado. Al igual que los funcionarios de la rama judicial, frente a quienes el Consejo Superior de la Judicatura ejerce el control disciplinario, tal como lo señala el artículo 256, numeral 3 de la Constitución. Ahora bien, en cuanto al contenido del numeral 8° del artículo 277, es importante señalar que lo que se consagra allí, más que una función, es un deber que le asiste al Jefe del Ministerio Público. Esta demanda de rendir informe al Congreso tiene relevancia desde el punto de vista del desarrollo del engranaje de un Estado

democrático y representativo, en el que además de existir una colaboración armónica entre las distintas expresiones del poder político, también se presenta un sistema de pesos y contrapesos que sirve de control al ejercicio de las distintas expresiones de poder, sin que de su ejercicio se pueda pregonar una supremacía entre un órgano y otro. 3 Art. 123 Constitución Política de Colombia 4 Art. 277 numeral 6° Constitución Política de Colombia 9 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 En el escrito que sirve de sustento para deprecar la presunta incompetencia de este despacho, se pretende crear una distinción y un fuero especial ante la potestad disciplinaria que el Constituyente no estableció. La elección popular no está consagrada únicamente para los Congresistas, razón por la cual no puede pregonarse una distinción entre aquellos que cumplen su rol en otras áreas distintas a la legislativa para soslayar la responsabilidad que les asiste como personas que están bajo una relación de sujeción especial, tal y como se establece en el artículo 6 superior. Así mismo, en el Estado moderno, las distintas dependencias dentro de esta estructura atienden diferentes actividades; tan es así que, además de la función legislativa, que por esencia desarrollan los Congresistas, se les han otorgado funciones administrativas y jurisdiccionales, razón por la cual la pregonada inviolabilidad parlamentaria, como otro de los argumentos para deprecar la incompetencia, no puede erigirse como el fundamento para soslayar el control disciplinario de esas otras actividades que desarrollan los Congresistas distintas a la de hacer la ley. Ahora bien, el debate planteado si bien puede ser considerado desde el punto de

vista académico y doctrinario, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico no tiene aplicación, toda vez que el control y vigilancia de sus las actuaciones del Congresistas han sido ejercidas por parte del Procurador General de la Nación sin cuestionamiento alguno, como muestra de ello se evidencian el sinnúmero de investigaciones adelantadas y sanciones impuestas a Parlamentarios, sin que en ninguna de ellas se haya declarado la nulidad por incompetencia. Los antecedentes jurisprudenciales han sido igualmente claros frente a la competencia constitucional del Procurador General para investigar disciplinariamente a los Congresistas. Véase. En los albores de nuestra actual Constitución y al abordarse la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), se dijo: El fuero especial consagrado para los congresistas no tiene el carácter de privilegio. No se otorga competencia alguna al Congreso para autorizar o rechazar la investigación o juzgamiento de uno de sus miembros. No puede el Congreso, a través de ley instituir privilegios o prerrogativas, cuya concesión sólo podría remitirse al momento constituyente. Remplazado el antiguo sistema de la inmunidad, por el de un fuero especial, el único papel que puede asumir el Legislador al dictar su reglamento se contrae a hacer compatible su normal funcionamiento con la existencia y plena operancia de dicho fuero.5 Obsérvese cómo esta norma pretendía consagrar un régimen con privilegios y prerrogativas frente al ordenamiento penal, por lo que toda norma encaminada a desarrollar las garantías constitucionales de los miembros del Congreso,

como constituyente derivado, deberán estar apegadas al principio de igualdad y no como instrumento de autoprotección o de elusión de la responsabilidad que 5 Corte Constitucional, sentencia C – 025 de 1993, M. P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 10 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110031600 como servidores públicos deben asumir y mucho menos a desconocer su juez natural que le ha establecido el constituyente primario. En otro pronunciamiento y que se constituye en el punto de partida del escrito traído como soporte por el defensor para pregonar la posible incompetencia, la Corte Constitucional fue enfática en decir lo siguiente: 15Según uno de los actores, la consagración de la pérdida de investidura en el artículo 29 ordinal 9º del CDU como sanción disciplinaria principal viola la Constitución, pues desconoce que se trata de una competencia jurisdiccional exclusiva del Consejo de Estado. La Corte no comparte el criterio del actor y concuerda con la Vista Fiscal en que, en principio, es admisible que este estatuto disciplinario establezca la pérdida de investidura como una sanción principal, pues es indudable que esta figura tiene un componente disciplinario. Así, en anteriores decisiones, esta Corporación había señalado que, en relación con los congresistas, la "pérdida de investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con una sanción jurisdiccional, de tipo disciplinario.(subrayas no originales).6 " Además, como bien lo señala la Vista Fiscal, la norma acusada habla

de la "pérdida de la investidura para los miembros de las corporaciones públicas de conformidad con las normas de la Constitución y la ley que la regule (subrayas no originales)", por lo cual es obvio que no se está desconociendo sino reafirmando la competencia propia y exclusiva del Consejo de Estado en relación con los congresistas. (…) 32Según uno de los demandantes, varias expresiones del ordinal 2º del artículo 66 del CDU, que regula ciertas competencias disciplinarias especiales del Procurador, son inexequibles por cuanto se vulnera la naturaleza restrictiva de los fueros constitucionales. Sin embargo, la Corte no comparte este criterio, por cuanto el fuero establecido por este artículo se adecua a la Carta ya que, teniendo en cuenta la calidad de los congresistas como altos dignatarios del Estado, es razonable que sean investigados disciplinariamente por la suprema autoridad disciplinaria, esto es, por el Procurador General, en única instancia. Y, dentro de su ámbito de configuración normativa, bien puede la ley definir razonablemente los alcances de esa competencia especial del Procurador, señalando que mientras son congresistas, el fuero cobija también las infracciones cometidas con anterioridad al ejercicio de sus funciones y que se prolonga después del cese de la función pública cuando la falta se ha cometido en ejercicio de ésta.»7. (negrillas fuera del texto). 6 Sentencia C-319/94. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara, Consideración jurídica 3º, criterio reiterado po