PGN - Documento 202110141913590

A éste le da ALCANCE el fallo del C.E. 11001-03-25-000-201200082-00 CONFLICTO DE INTERESES-Suscripción de órdenes de prestación de servicios del secretario de la Alcaldía con un familiar CONFLICTO DE INTERESES-Alcances de la figura El artículo 40 de la ley 734 de 2002, establece que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Es decir, cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. Sobre el particular, conviene definir qué ha de entenderse por conflicto de intereses según la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien en radicación 135 del 22 de julio de 1998, manifestó que Los conflictos de intereses, también llamados causales de impedimento o de recusación, consisten en situaciones de carácter moral o económico que impiden a los servidores públicos participar de los asuntos sometidos a su consideración, porque el resultado de dichos trámites, proporciona un beneficio personal para él, para su cónyuge o para alguno de los parientes en el grado que la ley taxativamente señale. De tal manera, para que se configure el conflicto de intereses se requiere que el servidor

público tenga un interés particular y directo en la decisión. Directo, porque le afecta de alguna manera a él, o a los terceros que la ley señala. Se trata entonces evidentemente de una razón subjetiva que conduce a que el funcionario se torne parcial, por lo cual se inhabilita para adoptar decisiones con la ecuanimidad, ponderación y desinterés que la norma moral y la norma legal exigen. Tanto la jurisprudencia como la doctrina establecen que el conflicto de interés, independientemente del tipo de razón en que se origine (económica, moral intelectual, etc.), en cuanto prive al funcionario de la imparcialidad necesaria para la adopción de la decisión de que se trate, hace necesario que el servidor deba declarar su impedimento, situación que no se dio en el presente caso. DOLO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Definición y forma de probarlo El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 señala que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o de culpa. El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado. Sin embargo, la prueba de la subjetividad en el ser humano no es de fácil accesibilidad, ya que implica necesariamente un proceso interno, cuyo conocimiento por parte del operador

disciplinario es necesariamente indirecto. En tal sentido: el dolo como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta sólo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de esa voluntad dirigida a determinado fin. 1 DOLO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Doctrina de la PGN La doctrina de la Procuraduría General de la Nación expuesta en el Expediente 030-774542002, fallo de segunda instancia del 23 de abril de 2004 por parte de la Viceprocuraduría General de la Nación es consistente al afirmar que el dolo se integra a través de los elementos intelectivo y volitivo; el primero comporta de un lado, el conocimiento de la norma o de la infracción y, de otro, el conocimiento de las circunstancias del hecho que se quiere realizar, lo cual, en derecho disciplinario supone el claro conocimiento del deber, prohibición, régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, vale decir, conocimiento de la falta. Supone además, conocimiento de las condiciones o circunstancias en que se realiza la falta y sus consecuencias. En cuanto al tema del dolo, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ha dicho lo siguiente: En materia disciplinaria el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado, en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. Ello implica la accidentalidad o eventualidad del elemento representación y también del elemento voluntad que son propios del derecho penal.

Para algunos sectores de la doctrina el dolo sólo se demuestra con confesión o con indicios, y no es que resulten irrelevantes las demás pruebas, sino que, testimonios, inspecciones, documentos y demás pruebas sirven para demostrar el -hecho indicador-, del cual se desprende el -hecho indicadoy en tal operación lógica – inductiva interviene la subjetividad. CULPA GRAVE-Situaciones en las que se produce/CALIFICACION DE LA FALTAA título de culpa gravísima La culpa grave se produce cuando la persona investigada incurre en la falta disciplinaria por faltar a la diligencia y cuidado que cualquier otro servidor público estando en las mismas condiciones o circunstancias asume en el ejercicio de los asuntos a su cargo. En sentir de esta Delegada, esta precaución no corresponde a la simple inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, sino que implica una exigencia especial, ya que no se trata solamente del giro normal de asunto particular o de menor importancia, sino de una contratación con el Estado, por medio la cual se comprometen recursos del mismo. En conclusión, en el presente caso, la falta se deberá entender cometida a título de culpa gravísima, no de dolo, de conformidad con lo señalado por el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que establece que se califica como culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, toda vez que era evidente que el disciplinado debió haberse declarado impedido para suscribir las órdenes de prestación de servicio con su tía,

lo cual evidentemente omitió, con lo cual violó normas que eran de su obligatorio cumplimiento. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL-Debe tener presentes las funciones que le fija el Manual de funciones. El decreto 153 de 23 de agosto de 2002, y/o manual de funciones y requisitos de los diferentes cargos de la planta global y flexible de la Alcaldía Municipal de Providencia y 2 Santa Catalina isla, en la parte pertinente a las funciones del secretario general y administrativo del municipio de providencia de despacho, le asignó la función de: velar por el normal funcionamiento y mantenimiento de bienes muebles, equipos, útiles de oficina y demás elementos que demanden las dependencias a su cargo, función en la que se enmarca el hecho que era de su competencia el estar atento a la actualización del SOAT de los vehículos de la Alcaldía. En tal sentido, concuerda esta delegada con la clasificación de la falta que señaló el a quo, por cuanto se encuentra probado que el investigado incurrió en la conducta descrita por el numeral 63 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, al no haber renovado la póliza SOAT, lo cual puede ocasionarle un grave detrimento patrimonial al estado.

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL Radicación: 061-001231-08

Disciplinado: BARTOLOMÉ TAYLOR JAI

Cargo: SECRETARIO GENERAL – ALCALDÍA PROVIDENCIA Quejoso: PERSONERÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Fecha Queja: 13 de abril de 2008

Fecha Hechos: AÑO 2005

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá D. C., Septiembre 15 de 2010 Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por el doctor REMO AREIZA TAYLOR, apoderado del señor BARTOLOMÉ TAYLOR JAY, contra el fallo de primera instancia del 25 de febrero de 2010 (folios 51 al 79 del cuaderno principal No. 2) proferido por la Procuraduría Regional de San Andrés.

I. ANTECEDENTES A través de auto del 2 de junio de 2008, la Procuraduría Regional profirió auto de apertura de indagación preliminar, a través del cual da cuenta de la queja presentada por el señor Personero Municipal de Providencia, con el fin de investigar al señor BARTOLOMÉ TAYLOR JAY, en calidad de Secretario General del Municipio de Providencia, por estar presuntamente inmerso en conflicto de intereses y por no haber realizado la renovación del

SOAT de un vehículo adscrito en dicha entidad (folios 20 al 23 del cuaderno principal No. 1) Por medio de auto del 10 de julio de 2009, la Procuraduría Regional profirió auto de apertura de investigación disciplinaria contra el señor TAYLOR JAY, con el fin de determinar y verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el perjuicio causado y la responsabilidad del investigado (folios 142 al 145 del cuaderno principal No. 1).

II. FORMULACIÓN DE CARGOS

3 Mediante decisión del veintitrés (23) de octubre de 2.009, visible a folios 178 del cuaderno

principal No. 1 al 15 del cuaderno principal No. 2), el Procurador Regional de San Andrés formuló pliego de cargos al señor BARTOLOMÉ TAYLOR JAY en su condición de Secretario General del Municipio de Providencia y Santa Catalina, en el siguiente sentido: “PRIMER CARGO: Usted, BARTOLOMÉ ANTONIO TAYLOR JAY, en su calidad de Secretario General y Servicios Administrativos de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina, cargo que ocupó desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2007, pudo haber incurrido en una irregularidad, en ejercicio de la competencia otorgada mediante delegación que le hizo el alcalde municipal por Decreto 070 de mayo 12 de 2004, cuando suscribió con la señora LORENZA TERESA JAY ARCHBOLD, las Ordenes de Prestación de Servicios números 144 el 24 de mayo de 2005, por un plazo de tres meses, precio de dos millones ochocientos cincuenta mil ($2’850.000) y la No.055 de 19 de enero de 2006, por un plazo de cinco (5) meses y un precio de cuatro millones quinientos mil ($4’500.000), cuyo objeto fue la prestación de servicio personal como promotora de salud para realizar actividades de promoción y prevención de las enfermedades crónicas, reducción del tabaquismo y la drogadicción, asuntos en los que no podía actuar, por ende debía declararse impedido, toda vez que tiene con la contratista un parentesco en tercer grado consanguinidad, por ser su tía, conducta con la que posiblemente pudo violar el régimen de conflicto de intereses consagrado en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, precepto que dispone lo siguiente:

Artículo 40 de la Ley 734 de 2002 “Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. negrillas y subrayas no originales del texto. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.

SEGUNDO CARGO: Usted, BARTOLOMÉ ANTONIO TAYLOR JAY, en su calidad de Secretario General y Servicios Administrativos de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina, cargo que ocupó desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2007, pudo haber incurrido en omisión de funciones públicas, habida cuenta que bajo esta calidad tenía asignada la función de asegurar los vehículos de la Alcaldía, sin embargo, el 21 de junio de 2005, ocurrió un accidente de transito en el municipio donde colisionaron la camioneta marca Ford, línea 350, color gris, chasis serie numero AJF3WP32855, de propiedad de la Alcaldía conducida por el señor ERNESTO DAVID ARCHBOLD BROWN contra la motocicleta marca YAMAHA, línea RX 115, modelo 2001, color azul, motor No.

3HB-252529, conducida por ciudadano EDWIN ANTONIO JACKSON WHITAKER, quien sufrió lesiones personales de grave consideración, pues quedó con deformidad física y perturbación

funcional a causa del accidente, pero el día del infortunio el vehiculo oficial tenía el SOAT vencido, pues no se había actualizado su pago, lo que conllevo a que la victima no recibiera las atenciones medicas requeridas, y al percatarse de la omisión procedió al día siguiente del siniestro (22 de junio de 2005), a pagar el seguro, circunstancia que denota una posible falta de diligencia y omisión de sus funciones públicas.” Con la conducta anteriormente descrita y teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos, pudo el investigado, en calidad de Secretario General y Administrativo de la Alcaldía Municipal de Providencia, haber incurrido en violación de lo dispuesto en los artículos 40, 34 numeral 1, artículo 48 numeral 63 de la Ley 734 de 2002: “Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse 4 impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.” “Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: Numeral 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes , los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos

y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” “Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Numeral 63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.” La falta que se le imputó al señor BARTOLOME TAYLOR JAY, en el primer cargo, en lo que se refiere a la celebración de las ordenes de prestación de servicios 055 de 19 de enero de 2006 y la 144 de 24 de mayo de 2005 con la señora LORENZA TEREZA JAY ARCHBOLD, es de aquella que el legislador clasificó como grave, pues el artículo 50 del Código Disciplinario Único dispone que constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones consagrados en la constitución o en la ley, y el tipo disciplinario agotado por él, se encuentra contenido en los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 y 40 de la Ley 734 de 2002, calificado por el legislador como incumplimiento de deberes y prohibiciones, por tanto la falta se calificó provisionalmente como grave. Falta grave que se determinó teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, habida cuenta que al Secretario General le asignaron la función de administrar todos de los bienes muebles del municipio; quien para la época del accidente tenía una Jerarquía y mando por el cargo que detentaba y por la delegación que le hizo el Alcalde al delegarle parte de la contratación lo

que lo convirtió en ordenador del gasto, la trascendencia social de la falta y el perjuicio causado, lo que se tiene probado con la incapacidad medica definitiva de la víctima visible a folio 10, lo que prueba la existencia de las lesiones que padeció en su humanidad, como son deformidad física y perturbación funcional. Frente al segundo cargo, se tiene, que la ley 734 de 2002 en su artículo 48 numeral 63 clasifica la posible falta cometida por el disciplinado como gravísima, por consiguiente no le fue posible a eSe Despacho calificarla de otra manera por lo que provisionalmente se tuvo como falta gravísima, por la posible omisión de no asegurar los bienes muebles del municipio dentro de los términos de ley (la camioneta de propiedad del municipio de providencia marca FORD línea 350, color gris, chasis numero AJF3WP32855 que era conducida por el señor ERNESTO DAVID ARCHBOLD BROWN el 21 de junio de 2005). Así mismo, consideró el a quo que la conducta desplegada por el investigado frente al primer cargo le es imputable a titulo de dolo, toda vez que conocía a la señora LORENZA TEREZA JAY ARCHBOLD, pues se trataba nada menos que de su tía con la que tiene un 5 parentesco en tercer grado de consanguinidad, por lo tanto estaba impedido para actuar en asuntos en los que tuviera un interés particular y directo algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad y probado está como lo afirma él en su versión que el investigado no desconocía la identidad de su pariente, pero pese a este conocimiento,

celebró las dos OPS tantas veces mencionadas, lo que demuestra su intención dolosa. Lo anterior se traduce en que, si tenía pleno conocimiento de la existencia de la prohibición que le impedía actuar como lo hizo, empero lo hace, implica que quiso hacerlo, por tanto su conducta es dolosa Frente al segundo cargo y de acuerdo a las pruebas recaudadas las cuales indican que se omitió la adquisición del SOAT que amparaba el vehiculo oficial camioneta marca FORD línea 350, color gris, chasis numero AJF3WP32855 para el día 21 de junio de 2005, hecho que no se ha justificado dentro del proceso, por lo que la conducta atribuible al disciplinado le es imputable a titulo de culpa, habida cuenta, que en el plenario no existe medio probatorio alguno que indique que el disciplinado incurrió en la posible omisión en forma dolosa.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 25 de febrero de 2010 la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió fallo de primera instancia, en el cual se impuso al investigado una sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN DE SEIS (6) MESES E INHABILIDAD ESPECIAL

DE DOCE (12) MESES.

En la providencia citada, después de identificar al investigado y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las que se fundamenta, concluyó lo siguiente: Indicó que establece el artículo 142 de la ley 734 de 2002, que para poder sancionar debe obrar prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad

del investigado. Expresó que no le asiste razón, en consecuencia, al apoderado, cuando hace las siguientes aseveraciones frente al primer cargo imputado, “no está demostrado el interés particular y directo de mi prohijado en la presente investigación”, posición que sustenta afirmando que el investigado siempre tuvo como propósito de garantizar el derecho fundamental de igualdad en los contratos por el celebrados, lo que se refleja, cuando contrató a las personas idóneas para que cumplieran el objeto contractual contratistas, nunca eligió motivado por lazos de parentesco. La Procuraduría Regional en el primer cargo acusó al disciplinado de haber incurrido en conflicto de intereses cuando en calidad de Secretario General y Servicios Administrativos de la Alcaldía de Providencia suscribió las ordenes de prestación de servicio números 144 el 24 de mayo de 2005 y 055 de 19 de enero de 2006 con la señora LORENZA TERESA JAY ARCHBOLD, omitiendo declararse impedido para actuar en dicho negocio jurídico, a pesar de conocer el grado de parentesco que lo unía con la contratista. 6 Agregó que no es de recibo la afirmación hecha por el apoderado al expresar que no está demostrado el interés particular y directo del disciplinado en la celebración de los contratos objeto de cuestionamiento, pues se tiene que los contratos fueron suscritos por él (ordenes de prestación de servicio números 144 el 24 de mayo de 2005 y 055 de 19 de enero de 2006) en su condición de Secretario General y Administrativo de la Alcaldía municipal facultado por el alcalde por medio del Decreto 070 de mayo 12 de 2004.

Señaló que para establecer si efectivamente se presentó un hecho reprochable disciplinariamente, se debe determinar si realmente existen los elementos descriptivos de la conducta. Manifestó que en primer término tiene que dirigirse al tipo disciplinario recogido en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 así: Conflicto de intereses. “Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.” El primer elemento a identificar es la calidad del autor de la falta, es decir la calidad de servidor público, sobre este aspecto no hay la mas mínima duda, pues en el expediente está suficientemente probado este aspecto, tal como consta en la certificación laboral suscrita por el señor JORGE NORBERTO GARI HOOKER Secretario General y Administrativo de la alcaldía de Providencia y Santa Catalina, informando que el señor BARTOLOME TAYLOR JAY prestó sus servicios en la administración municipal desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2007, (Fol.167) circunstancia que se corrobora con el Decreto de nombramiento numero 119 de 11 de julio de 2002 (Fol.169) y acta de posesión visible a folio 168, del cuaderno principal No. 1.

El segundo elemento es la conducta, es decir la acción o actividad desplegada por el servidor público, la cual se presentó al momento que suscribió las ordenes de prestación de servicio numero 144 el 24 de mayo de 2005 y 055 de 19 de enero de 2006 con la señora LORENZA TERESA JAY ARCHBOLD, teniéndose la certeza que para el momento de celebración del negocio jurídico entre el disciplinado con la contratista existía un lazo de consanguinidad en tercer grado, al estar probado que era su tía, habida cuenta que el parentesco fue reconocido por el investigado en la versión libre del disciplinado visible a folios 111 a 114 y testimonio vertido por la contratista como se observa a folio 135 del cuaderno numero 1, hecho que se corrobora con el registro civil de nacimiento de los antes mencionados visible a folios 176 a 177. El tercer elemento se configura cuando el disciplinado omite declararse impedido para suscribir las ordenes de prestación de servicio numero 144 el 24 de mayo de 2005 y 055 de 19 de enero de 2006 con la señora LORENZA JAY ARCHBOLD a sabiendas de que se trataba de su tía, lo que denota el interés particular y directo del disciplinado TAYLOR JAY para favorecer a la contratista, sin importar las consecuencias que le acarrearía su actuar, porque su propósito estaba encaminado en hacer prevalecer el interés particular, sobre el general, a pesar que este ultimo es el que caracteriza la contratación estatal. 7 Luego, la conducta se presentó, pues allí se reunieron los elementos básicos para constituir la falta señalada en el artículo 40 del CDU.

Sobre este punto la Procuraduría General de la Nación, citó en su relatoría, la definición jurisprudencial del conflicto de intereses: “(Nota Relatoría 40.2) Jurisprudencia - Conflicto de intereses. <<2.1 Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla. 2.2 Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado (…) sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación. 2.3 Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión (…). En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.>> (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio

Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Radicación. 1572. Actor: Ministro del Interior y de Justicia. Referencia: Congresistas. Conflicto de Intereses. Proyecto de Acto Legislativo para restablecer la institución de la reelección Presidencial. Bogotá. D. C., 28 de abril 2004)” Expresó que para determinar la antijuridicidad disciplinaria se debe acudir al concepto que trae el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, referido a la ilicitud sustancial, que establece que la antijuridicidad material se presenta con la afección del deber funcional sin justificación alguna. El mentado deber funcional no es otra cosa que la infracción a todos aquellos deberes que con ocasión de la función y cargo debe cumplir el servidor público a fin de propender por los fines del Estado, lo que lo llevó a concluir que dichas infracciones, cuando afectan sustancialmente los fines del Estado sin que exista justificación alguna, concretan la falta disciplinaria y determinan la antijuridicidad material de la conducta. En el caso que nos ocupa, señaló el a quo que el deber funcional violado está suficientemente demostrado, al tenerse en cuenta que el señor BARTOLOME TAYLOR JAY, en calidad de servidor público celebró dos contratos estatales con la señora LORENZA TEREZA JAY ARCHIBOLD, de lo que se tiene probado que el disciplinado tienen un parentesco con la contratista en tercer grado de consanguinidad, por tratarse de su tía, hermana de la madre del investigado, lazo sanguíneo que no podía desconocer el señor TAYLOR JAY cuando firmó los contratos, nexo que lo obligaba a declararse impedido

conforme a lo ordenado por el artículo 40 del CDU, pero no se abstuvo, sino que vulneró lo ordenado por el precepto normativo. La Corte Constitucional, en sentencia C-948/02, señaló sobre el tema lo siguiente: “El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta”. 8 La defensa solicitó la aplicación del principio de la favorabilidad consagrado en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, a los hechos investigados, norma que dispone: “En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien este cumpliendo la sanción salvo lo dispuesto en la carta política”. Solicitud que soporta argumentando que la Ley 734 de 2002 fue expedida con posterioridad a Ley 80 de 1.993, artículo 8, numeral 1º, literal g), contempla una inhabilidad para los servidores públicos cuando celebrar contratos la cual dispone: “Artículo 8, numeral 1º Literal g) Ley 80 de 1.993.- De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.- Son Inhábiles para participar en licitaciones… y para celebrar contratos con las

entidades estatales: “Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación”. Para el apoderado no debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, toda vez que con ello se violaría el principio de la favorabilidad, por ser mas benignas para el disciplinado lo dispuesto por la Ley 80 de 1.993, en la que el comportamiento del señor BARTOLOME no configuraría falta disciplinaria. Considera el Despacho que es errónea la interpretación que hace la defensa de los artículos 8, numeral 1, literal g) de la Ley 80 de 1.993 y 40 de la Ley 734 de 2002, con la finalidad de pretender una aplicación favorable de cara a beneficiar a su representado. La Procuraduría General en este tema particular ha dicho lo siguiente: “Doctrina – Favorabilidad en materia disciplinaria. Ha indicado la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en relación con el tema en referencia, que dicho principio, […] tal como lo consagran los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Ley 734 de 2002, …implica la aplicación de la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, sobre la restrictiva o desfavorable. Lo que referido a los estatutos disciplinarios impone que cualquiera sea su naturaleza se apliquen en favor del disciplinado las disposiciones que resulten más beneficiosas para él, bien porque representan mayores