PGN - Documento 202206221420490

ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INDAGACIÓN-Queja inconcreta y difusa en proceso contra personero de Alcalá (Valle) sobre vinculación de familiares de candidata a la Alcaldía COMPULSA DE COPIAS-Secretario de personería municipal debió declarase impedido para actuaciones de desmonte de publicidad de hermana candidata a la Alcaldía Página 1 de 7

Dependencia: PROCURADURÍA PROVINCIAL ARMENIA QUINDÍO

Radicación: E-2020-191125 / D-2020-1510922

Implicados: JORGE ARMANDO DELGADO

Cargo y Entidad: PERSONERO MUNICIPAL ALCALÀ VALLE

Quejoso: GLORIA ESTELA RAIGOZA

Fecha Queja: 14/03/2019

Fecha Hechos: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Asunto: Auto que ordena ARCHIVO DEFINITIVO (Artículo 73 de la Ley 734 de 2002).

Armenia, Quindío, 18 de febrero de 2021 HECHOS Por oficio del 24 de Marzo de 2020 No. GCE-CNCAE-134, bajo asunto remisión rad 33360-19 del CNE, dirigido por el secretario del Grupo de Control electoral de la Procuraduría General de la Nación, remite oficio del 23 de Octubre de 2019 dirigido al Consejo Nacional Electoral, suscrito por la señora GLORIA ESTELA RAIGOZA, en calidad de candidata a la Alcaldía municipal de Alcalá, Valle, en contra del señor JORGE ARMANDO DELGADO, personero de dicho municipio y el señor MARCO ANTONIO MARIN, secretario de ese despacho, argumentando la

ausencia de garantías electorales, procesales, administrativas y disciplinarias, el desmonte de publicidad y propaganda política de su candidatura, señalando que el mencionado personero tiene vinculados a esa dependencia dos familiares de la también candidata a la Alcaldía municipal de Alcalá, Valle. Igualmente, obra oficio del 11 de Octubre de 2019, dirigido por la quejosa a esta provincial, en el cual afirma que el secretario de la personería señor MARCO ANTONIO MARIN, es hermano de la candidata a la Alcaldía LUZ ADRIANA MARIN, argumentando por lo tanto la existencia de impedimento para desempeñar ese cargo, así mismo que la hija de la mencionada candidata realiza el consultorio jurídico en la personería. ANTECEDENTES PROCESALES Por auto del 5 de Junio de 2020 se ordenó la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR, considerando que se encontraban dados los supuestos establecidos por el artículo 150 de la ley 734 de 2002. Que la Indagación tendría como fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ella era constitutiva de falta disciplinaria, y su grado de responsabilidad, y si se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, frente a los hechos expuestos en el acápite anterior, por las presuntas conductas irregulares antes descritas. Que en el desarrollo de la indagación se decretaron las siguientes pruebas 1Solicitar a la Personería Municipal de Alcalá, Valle, informar si el señor, MARCO ANTONIO MARIN, esta o ha estado vinculado con esa Personería, remitiendo copia de los actos de nombramiento, posesión o

acto contractual, sea del caso. Página 2 de 7 2Solicitar a la Personería Municipal, informar si durante la vigencia 2019, efectuó vinculaciones para la realización de consultorio jurídico, de ser afirmativo remitir copia de los actos que así lo soportan y la identificación e individualización de la persona o personas que prestaron este servicio en la dependencia. 3Solicitar a la Personería Municipal, remitir copia de las actuaciones adelantadas por retiro de publicidad o control de la misma en las elecciones locales vigencia 2019, concretamente en lo relacionado con los candidatos a la Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle. Pruebas que fuero allegadas PMAV 300 0042 del 5 de Febrero de 2021. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Procede el despacho a analizar las pruebas allegadas a la actuación con el fin de establecer si existe mérito para abrir investigación disciplinaria, citar a audiencia o de lo contrario ordenar el archivo de las presentes diligencias conforme lo establece el artículo 73 de la ley 734 de 2002. En estos términos se considera procedente ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, el Código Disciplinario Único preceptúa “Artículo 73.- Terminación de Proceso Disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la

actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias”. El Artículo 150 de la ley 734 de 2002 señala: “Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. Página 3 de 7 Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados” De la norma expuesta se extrae que la indagación preliminar tendrá entre otros como fines, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar e individualizar el autor o autores de la falta, debe

por tanto estar orientada precisamente a ello. Así mismo y en virtud del artículo señalado se tiene que la INDAGACIÓN está determinada en el tiempo, no puede exceder de seis meses, excepcionalmente en el doble para los casos de violación de Derechos Humanos y Derecho internacional humanitario, para lo cual el funcionario debe ampliar el término de la investigación. Así las cosas y conforme a la jurisprudencia se tiene que :1 “INVESTIGACION DISCIPLINARIA – Indagación preliminar / INDAGACION PRELIMINAR – Duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria / INDAGACION PRELIMINAR – Termino. Prorroga / DEBIDO PROCESO – Indagación previa / La Ley 200 de 1995 en su artículo 141, inciso primero, disponía que “la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses”, al cabo de los cuales la autoridad disciplinaria “sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente” (subrayado fuera de texto); disposición que tiene su equivalente en el inciso cuarto del artículo 150 del actual C.D.U., con la acotación que dicho término tiene una excepción, y es que cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, la duración de la indagación preliminar podrá extenderse a otros seis (6) meses. La Corte Constitucional en sentencia C-728 del 21 de junio de 2000, declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 141 de la Ley 200, que decía “cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de

seis (6) meses”, y de la parte final de su inciso segundo según el cual “al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente” (subrayado fuera de texto). En esta providencia la Corte, luego de traer a colación la sentencia C-412 de 1993, establece: i) que el principio del debido proceso exige que la indagación previa tenga un término cierto preestablecido, el cual fija el legislador dentro de su ámbito de configuración, porque se trata del derecho del encartado a que se resuelva rápidamente sobre las sospechas que recaen sobre él, es decir, el derecho a no estar permanentemente sometido a la espera de la resolución de un trámite procesal; ii) que un término de seis (6) meses no aparece prima facie como insuficiente para practicar la indagación preliminar, puesto que el objeto de ésta no es adelantar la investigación y el juicio mismo, sino establecer si se presentó una actuación que podría constituir una falta disciplinaria y a quién podría imputársele la autoría de esa conducta (subrayado fuera de texto), sumado que el lapso de los seis (6) meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el período de indagación, lo que permite que este período sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas, y iii) que en aras de la seguridad jurídica, que exige que las situaciones provisorias no persistan indefinidamente, es necesario establecer para ellas un límite temporal, 1 Sentencia 39 de 2014 Consejo de Estado Página 4 de 7

habrá de respetarse la voluntad del legislador de darle prevalencia al derecho del encartado de no permanecer sub judice y a su objetivo de que se resuelvan con rapidez las dudas disciplinarias que puedan surgir, incluso en desmedro de la aspiración de que se haga justicia en todas las ocasiones” (subrayado fuera de texto) Conforme a lo anterior y sobre el caso particular se tiene que han transcurrido los seis meses de la indagación preliminar por lo que debe el Despacho debe EVALUARLA: Una vez analizadas las pruebas allegadas al proceso se puede concluir que no se cumplieron los fines de la indagación consistentes en  Verificar la ocurrencia de la conducta  Determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.  El autor o autores de la falta. Así las cosas y de conformidad al parágrafo del mismo artículo la queja se constituye en inconcreta o difusa y por tanto la actuación no podía iniciarse, salvo que se hubiese podido concretar su alcance, el cual no fue posible hacerlo a través de las pruebas allegadas, no se concretó el supuesto de hecho especifico que constituye irregularidad, dejando el alcance de las manifestaciones realizadas en los dos oficios como inconcretas y difusas, así como carentes de pruebas considerando que señaló expresiones como (..) inconveniente vinculación de dos familiares cercanos, (hermana e hija) de una candidata a la Alcaldía de Alcalá, Valle, con la personería municipal (..) situaciones más que indicativas que no

existen garantías electorales (..)” , (subrayado fuera de texto), (..) No menos grave es el hecho que quién ostenta la dignidad de secretario de la personería municipal de Alcalá, el señor MARCO ANTONIO MARIN MARIN, resulta ser nada más ni nada menos que hermano de la también candidata a la alcaldía del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, señora LUZ ADRIANA MARIN MARIN, razones más que suficientes para suponer que el señor MARCO ANTONIO MARIN MARIN resultaría impedido por lo menos ética, moralmente y profesionalmente para ejercer el cargo como secretario de la personería municipal (subrayado fuera de texto), pues por la importancia de su cargo y de su frecuente y agudo contacto con la comunidad alcalaína, puede inferir en multiplicidad de formas y medios a los potenciales electores locales, en favor de su hermana candidata (..)” subrayado fuera de texto); apreciaciones además de posiblemente temerarias, también inconcretas pues no se advierte como la función del secretario de la personería que es en tanto meramente administrativa podría coartar las garantías electorales de la quejosa, así mismo como podría afectar la función del personero municipal, así mismo porque se sustenta en suposiciones que no constituyen ningún hecho indicador que pueda probarse indiciariamente, más si se tiene en cuenta que el secretario se encuentra nombrado desde el año 2014; por otra parte por cuanto la actividad que deviene del acompañamiento al desmonte de publicidad es propia de las funciones del personero y había sido además adelantada por instrucción del entonces Viceprocurador de la Nación a través del instructivo No. 002 CNCAE,

"INSTRUCIONES PARA LA ELABORACION DE PLANES CONJUNTOS, CON EL FIN DE EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL VISUAL, en el que ordena: (..) Página 5 de 7 “La ejecución del plan de cumplimiento de propaganda electoral y descontaminación ambiental visual deberá iniciar de forma inmediata, en todas las ciudades sedes de las procuradurías provinciales o en su defecto, en las de las procuradurías regionales donde no existieran provinciales y adelantarse por parte de los personeros distritales y municipales los operativos en el resto del territorio nacional. (subrayado fuera de texto) los encargados de dicha labor deberán presentar un informe con material fotográfico y fílmico, en el que se evidencie la publicidad exterior que incumpla las normas de procedimiento y desmonte de la misma”, circunstancia que evidencia que el actuar del personero fue legitimo y por tanto su actuar no constituye falta disciplinaria, es evidente que el actuar del personero referido en esta indagación fue legítimo y desprovisto de relevancia disciplinaria, considerando la ausencia del elemento dogmático de la tipicidad, no se conforma por tanto ilícito disciplinario alguno, configurándose en cambio el supuesto enmarcado en la norma necesario para el archivo de las diligencias y que específicamente se refiere el artículo 73 de la ley 734 de 2002 al señalar (..) “ Que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria” No obstante en cuanto al desmonte de publicidad, fue allegado informe en el que

se expone: “(..) atendiendo el instructivo No. 002 CNCAE, "INSTRUCIONES PARA LA ELABORACION DE PLANES CONJUNTOS, CON EL FIN DE EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL VISUAL' esta personería municipal mediante comunicado oficial PAV-300-0402 de fecha 18 de Septiembre de 2019, comunicó a la Secretaria de Gobierno Municipal, el informe contentivo del seguimiento a publicidad electoral realizado por esta agencia del ministerio público, en el cual se le solicita realizar los respectivos requerimientos a los candidatos a la Alcaldía, Gobernación, Asamblea, Concejo, y JAL, con el fin de que se realizara el ajuste y desmonte de la propaganda electoral no acorde al marco legal (ley 140 de 1994, y el decreto 052 de 2O19), de lo anterior se adelantaron jornadas de desmonte de publicidad electoral en el municipio, realizadas los días 09, 10,11,13,y 16 de septiembre de 2019, por parte de la Secretaria de Gobierno, convivencia ciudadana, desarrollo social y paz, con el acompañamiento de esta Personería municipal y la inspección de Policía del municipio. (Anexo copias del procedimiento), en las copias del procedimiento se observa que el señor MARCO ANTONIO MARIN MARIN hizo presencia en las visitas de desmonte de publicidad, lo que se evidencia con la firma del acta, el artículo 11 de la ley 1437 de 2011 señala: “CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y

directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas (subrayado fuera de texto), realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho” Así las cosas y contra esta situación particular deben iniciarse las actuaciones disciplinarias a que haya lugar, pero en contra del secretario de la personería municipal de Alcalá, Valle, quién presuntamente debió declarase impedido para realizar actuaciones respecto al desmonte de publicidad de candidatos a las elecciones locales del 2019, por cuanto su hermana era candidata para la Alcaldía del referido municipio. Página 6 de 7 Por lo expuesto, el Procurador Provincial de Armenia en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO de la Indagación preliminar adelantada en contra de JORGE ARMANDO DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.773.509 de Cartago, Valle personero del municipio de Alcalá, Valle para la época de los hechos, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Compulsar copias de los folios 3, 5 y el cd a fl 14 para que por

cuerdas separadas se investigue la conducta de MARCO ANTONIO MARIN, secretario de la Personería municipal de Alcalá, Valle, respecto a la expuesto en la parte motiva.

TERCERO: En contra de la presente decisión procede el recurso de apelación en los términos del artículo 115 de la Ley 734 de 2002

CUARTO: Comuníquese al quejoso de la decisión tomada en la presente actuación.

QUINTO: En firme esta decisión hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIAN ALBERTO BECERRA GARCIA

Procurador Provincial de Armenia JABG/AMLV Página 7 de 7