PGN - FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Definición
Detalles
- Título
- PGN - FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Definición
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
Procurador General FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Tienen limites El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, dispone que las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, deben ser expresas y precisas, esto con el fin de que al momento de ejercitarlas no admitan analogías ni interpretaciones extensivas. Es así, que el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, confiere facultades extraordinarias al Gobierno Nacional, entre otras, para: d) Reasignar funciones y competencias orgánicas entre entidades y organismos de la Administración Pública Nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado. Como se puede observar, existe precisión en cuanto a las expresiones contenidas en la citada disposición legal, puesto que reasignar funciones y competencias entre las entidades públicas del orden nacional, en estricto sentido conforme a la literalidad de las mismas, significa que el Presidente de la República estaba facultado para volver a fijarlas o señalarlas, incluso delimitar exclusivamente sus funciones y competencias, lo cual constituye el límite material que le permitía desarrollar las mencionadas facultades extraordinarias. FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Límites a la facultad de reasignar funciones y competencias orgánicas Con base en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, el Presidente de la República expide el Decreto 3565 de 2011, por medio del cual modifica la Ley 1263 de 2008, que regulaba los períodos de los directores y los miembros del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, extendiendo y restringiendo los períodos previamente establecidos en la citada disposición legal, a los
mencionados funcionarios. El Ministerio Público considera que la modificación de los períodos de los directores y miembros del consejo directivo de la Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, en estricto sentido no corresponde a una reasignación de funciones y competencias, que fue la autorización legal y el marco normativo que debió tener en cuenta el Presidente de la República para ejercitar las facultades extraordinarias concedidas. Es por tanto, que el artículo 2° de Decreto Ley 3565 de 2011, al ocuparse de una materia que no estaba contemplada en la ley de facultades extraordinarias, constituye un desconocimiento de los límites materiales a los que está sometido el ejecutivo al momento de dictar normas de esa naturaleza. Si bien el Presidente de la República podría ocuparse de regular las funciones y competencias de las mencionadas Corporaciones, la facultad encomendada debía desplegarse dentro de los exactos términos de la misma, valga decir, para reasignar funciones y competencias orgánicas, y no para otros menesteres, como el de modificar los períodos de los directores de las corporaciones en comento. En efecto, modificar los períodos a los que alude el decreto ley demandado, excede las facultades atribuidas al Presidente de la República en el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Esta decisión implica una intromisión indebida en la órbita de competencia del legislador y, además una vulneración del principio constitucional de autonomía que es propio de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Procurador General Concepto 5281 Bogotá, D.C., 11 de enero de 2012
Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del Decreto Ley 3565 de 2011, “Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008”.
Actor: José Gregorio Hernández Galindo.
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
Expediente D-8822. Concepto 5281 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda instaurada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, solicita a la Corte que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2º del Decreto Ley 3565 de 2011, el cual se transcribe enseguida.
DECRETO 3565 DE 2011
(septiembre 26) Diario Oficial No. 48.204 de 26 de septiembre de 2011 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio parcial de las facultades extraordinarias que le confieren el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, únicamente respecto de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
(…) ARTÍCULO 2o. Adiciónese el artículo 1o de la Ley 1263 de 2008 modificatorio del artículo 28 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo transitorio: “Parágrafo transitorio. El período de los actuales Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible se ampliará hasta el 30 de junio de 2012. El período institucional de los Directores Generales de las Corporaciones 2012-2015, iniciará el 1o de julio de 2012 y culminará el 31 de diciembre 2 Procurador General Concepto 5281 de 2015. El Proceso de elección de estos Directores deberá realizarlo el Consejo Directivo en el mes de junio de 2012. El período de los actuales miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales e), f) y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y de los representantes de la comunidad, organizaciones privadas o particulares que conforman los consejos directivos de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible finalizará el 31 de diciembre de 2011”.
1. Planteamiento de la demanda.
El actor considera que el artículo demandado, al desbordar las facultades otorgadas por el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, vulnera los artículos 3, 121 y 150, numerales 1 y 7, Superiores. Aduce que el Presidente de la República debe limitarse a ejercer las facultades extraordinarias conferidas, en este caso relativas a reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y los organismos de la administración. El regular el período de los directores generales y su
proceso de elección no se enmarca dentro de las facultades antedichas, por tanto, al hacerlo, el Presidente de la República invade de manera injustificada la competencia del Congreso de la República.
2. Problema jurídico.
Corresponde determinar si el artículo 2° del Decreto Ley 3565 de 2011, al ampliar el período de los actuales directores de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, desborda las facultades conferidas al Presidente de la República por el literal d) del artículo 18 de la Ley 1474 de 2011.
3. Aclaración previa.
Es menester advertir que el Ministerio Público ha rendido dos conceptos relevantes para el asunto sub examine. En el primero, rendido dentro del trámite del Expediente D-8629, se solicitó a la Corte que declare la 3 Procurador General Concepto 5281 inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, en la cual se funda el Decreto Ley 3565 de 2011. Por lo tanto, en esta oportunidad se solicita a la Corte que declare estarse a lo resuelto en tal expediente y, de declararse la inexequibilidad solicitada, se declare la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Ley 3565 de 2011. En el segundo, rendido dentro del trámite de los Expedientes D-8804 y D-8808 (acumulados), se reiteró la anterior solicitud.
4. Análisis jurídico.
El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, dispone que las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, deben ser expresas y precisas, esto con el fin de que al momento de ejercitarlas
no admitan analogías ni interpretaciones extensivas. Es así, que el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, confiere facultades extraordinarias al Gobierno Nacional, entre otras, para: d) Reasignar funciones y competencias orgánicas entre entidades y organismos de la Administración Pública Nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado. Como se puede observar, existe precisión en cuanto a las expresiones contenidas en la citada disposición legal, puesto que reasignar funciones y competencias entre las entidades públicas del orden nacional, en estricto sentido conforme a la literalidad de las mismas, significa que el Presidente de la República estaba facultado para volver a fijarlas o señalarlas, incluso delimitar exclusivamente sus funciones y competencias, lo cual constituye el límite material que le permitía desarrollar las mencionadas facultades extraordinarias. Con base en esa disposición legal, el Presidente de la República expide el Decreto 3565 de 2011, por medio del cual modifica la Ley 1263 de 2008, que regulaba los períodos de los directores y los miembros del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 4 Procurador General Concepto 5281 Sostenible, extendiendo y restringiendo los períodos previamente establecidos en la citada disposición legal, a los mencionados funcionarios. El Ministerio Público considera que la modificación de los períodos de los directores y miembros del consejo directivo de la Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, en estricto sentido no corresponde a una reasignación de funciones y competencias, que fue la autorización legal y el marco normativo que debió tener en cuenta el
Presidente de la República para ejercitar las facultades extraordinarias concedidas. Es por tanto, que el artículo 2° de Decreto Ley 3565 de 2011, al ocuparse de una materia que no estaba contemplada en la ley de facultades extraordinarias, constituye un desconocimiento de los límites materiales a los que está sometido el ejecutivo al momento de dictar normas de esa naturaleza. Si bien el Presidente de la República podría ocuparse de regular las funciones y competencias de las mencionadas Corporaciones, la facultad encomendada debía desplegarse dentro de los exactos términos de la misma, valga decir, para reasignar funciones y competencias orgánicas, y no para otros menesteres, como el de modificar los períodos de los directores de las corporaciones en comento. En efecto, modificar los períodos a los que alude el decreto ley demandado, excede las facultades atribuidas al Presidente de la República en el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Esta decisión implica una intromisión indebida en la órbita de competencia del legislador y, además una vulneración del principio constitucional de autonomía que es propio de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Debido a que el artículo sub examine incide de manera notoria en los órganos de dirección de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, al fijarles un período por fuera de las facultades 5 Procurador General Concepto 5281 legales, el Ministerio Público le solicita a la Corte que declare su inexequibilidad, con efectos retroactivos, estos es, desde el momento de su expedición.
5. Conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que declare ESTARSE A LO RESUELTO en el Expediente D-8629 y, por lo tanto, declare INEXEQUIBLE el Decreto Ley 3565 de 2011 a partir de la fecha de su expedición. Señores Magistrados,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación LJMO/AespinosaB 6