PGN - FALLO INHIBITORIO - Sobre la ley 209821 operó el fenómeno de inconstitucionalidad sobrevi

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS PENALES-Contra Ley 2098/21 que reglamenta prisión perpetua revisable INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Eventos en los que se originan PRISIÓN PERPETUA-Reviviscencia de disposición superior original En la presente oportunidad, se resalta que en la redacción inicial del artículo 34 de la Constitución de 1991 se prohibió la prisión perpetua. Sin embargo, tal limitación fue eliminada por el Acto Legislativo 01 de 2020 en relación con delitos graves contra menores de edad. Empero, dicha reforma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-294 de 2021, generando la reviviscencia de la disposición superior original INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Configuración para el caso de prisión perpetua que hace improcedente pronunciamiento de fondo Ministerio Público considera que frente a la Ley 2098 de 2021 operó el fenómeno denominado inconstitucionalidad sobreviniente desde el momento en que fue declarado inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020 y se presentó la reviviscencia del texto original del artículo 34 superior Por consiguiente, en razón de la conexidad inescindible que existe entre la Ley 2098 de 2021 y el Acto Legislativo 01 de 2020, la cual se manifiesta en que aquella tiene como objetivo principal el desarrollo legal de este último, el cuerpo normativo acusado en esta ocasión debe entenderse derogado tácitamente y, en consecuencia, no procede un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional en torno a la demanda de

la referencia En punto de ello, la Procuraduría advierte que debido a la reviviscencia de la prohibición expresa de prisión perpetua consagrada en el texto original del artículo 34 de la Carta Política, no es posible sostener razonablemente que la Ley 2098 de 2021, cuya finalidad es reglamentar dicha pena, sea aplicable en la actualidad sin llegar a desentender el principio de supremacía constitucional (artículo 4° superior) FALLO INHIBITORIO-Sobre la Ley 2098/21 operó el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente 1 Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expedientes: D-14418

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Norberto Hernández Jiménez y Alexa Liliana Rodríguez contra la Ley 2098 de 2021, “Por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones”.

Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

Concepto No.: 7019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes A partir de lo dispuesto en el artículo 34 de la Carta Política, en el que se prohíbe expresamente la pena de prisión perpetua, los ciudadanos Norberto Hernández

Jiménez y Alexa Liliana Rodríguez interponen demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2098 de 2021, “Por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable (…)”, cuyo texto puede ser consulado Diario Oficial No. 51.727.

II. Concepto del Ministerio Público El artículo 4° superior señala que “la Constitución es norma de normas” y, por consiguiente, ordena que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

En este sentido, se ha señalado que en el ordenamiento jurídico se encuentra vigente el criterio hermenéutico consagrado en el artículo 9° de la Ley 153 de 1887, el cual dispone que “la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”2. Por consiguiente, se ha resaltado que los cambios de las normas constitucionales pueden afectar la validez de las disposiciones legales, pues lo que antes de la 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Corte Constitucional, Sentencia C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 2 modificación resultaba compatible con los preceptos superiores podría dejar de serlo bajo el amparo del texto enmendado3. El referido fenómeno ha sido denominado por la Corte Constitucional como

“inconstitucionalidad sobreviniente”, el cual puede tener su origen, entre otros eventos, con: (i) el cambio total de la Constitución, (ii) la reforma de alguna disposición superior, (iii) la adopción de tratados internacionales que modifiquen el bloque de constitucionalidad, o (iv) la inexequibilidad de una enmienda a la Carta Política4. En relación con los efectos de la inconstitucionalidad sobreviniente originada en la inexequibilidad de una reforma a la Carta Política, se ha indicado que, por regla general, la ocurrencia de dicha hipótesis tiene efectos de derogatoria tácita respecto de la norma legal que desarrolló la enmienda correspondiente y, en consecuencia, ante una demanda en su contra “no sería posible pronunciarse sobre su constitucionalidad y que correspondería inhibirse por sustracción de materia”5. Con todo, se ha considerado que es necesario un control de constitucionalidad de fondo cuando se advierta que no existe una “relación de conexidad inescindible entre la ley y la reforma constitucional que ha sido declarada inexequible”, lo cual puede suceder, por ejemplo, en los eventos en que la norma legal “encuentre fundamento en otras normas constitucionales, éstas sí vigentes y aplicables”6. En la presente oportunidad, se resalta que en la redacción inicial del artículo 34 de la Constitución de 1991 se prohibió la prisión perpetua7. Sin embargo, tal limitación fue eliminada por el Acto Legislativo 01 de 20208 en relación con delitos graves contra menores de edad. Empero, dicha reforma fue declarada inexequible por la

Corte Constitucional mediante la Sentencia C-294 de 20219, generando la reviviscencia de la disposición superior original. Al respecto, se destaca que, durante la vigencia del Acto legislativo 01 de 2020, el Congreso de la República alcanzó a expedir la Ley 2098 de 2021 con el propósito de posibilitar la aplicación de la prisión perpetua, modificando para el efecto algunas de las disposiciones del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) referentes a la dosificación de la sanciones, las competencias de las autoridades judiciales y la resocialización de las personas condenadas. 3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-681 de 2003 (C.P. Ligia Galvis Ortiz), C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 4 Cfr. Sentencias C-1119 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 5 Corte Constitucional, Sentencia C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), reiterando los fallos C155 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-681 de 2003 (C.P. Ligia Galvis Ortiz). 6 Corte Constitucional, Sentencia C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), retomando lo

dispuesto en el fallo C-1026 de 2004 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). 7 “Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (…)”. 8 “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la Pena de Prisión Perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”. 9 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 3 Sobre el particular, se toma nota de que la Ley 2098 de 2021 tuvo su origen en una iniciativa presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2020, el cual señalaba que “el Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua”10. En este orden de ideas, el Ministerio Público considera que frente a la Ley 2098 de 2021 operó el fenómeno denominado inconstitucionalidad sobreviniente desde el momento en que fue declarado inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020 y se presentó la reviviscencia del texto original del artículo 34 superior. Por consiguiente, en razón de la conexidad inescindible que existe entre la Ley 2098 de 2021 y el Acto Legislativo 01 de 2020, la cual se manifiesta en que aquella tiene como objetivo principal el desarrollo legal de este último, el cuerpo normativo acusado en esta ocasión debe entenderse derogado tácitamente y, en consecuencia, no procede un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte

Constitucional en torno a la demanda de la referencia. En punto de ello, la Procuraduría advierte que debido a la reviviscencia de la prohibición expresa de prisión perpetua consagrada en el texto original del artículo 34 de la Carta Política, no es posible sostener razonablemente que la Ley 2098 de 2021, cuya finalidad es reglamentar dicha pena, sea aplicable en la actualidad sin llegar a desentender el principio de supremacía constitucional (artículo 4° superior)11.

III. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que profiera un fallo INHIBITORIO frente a la demanda de la referencia contra la Ley 2098 de 2021, en tanto que sobre la misma operó el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente.

Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Valentina Fajardo Gómez – Asesora Grado 19.

Aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales. 10 Sobre el particular, puede consultarse las Gacetas del Congreso 143 y 315 de 2021. 11 Al respecto, en la Sentencia C-560 de 2019 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Corte Constitucional recordó que “no siempre que una norma haya dejado de regir, sea porque ha sido declarada inexequible o sea porque haya sido derogada, es necesario que este tribunal se pronuncie sobre todas las demás normas que aludan a ella, a menos que existan serias razones que justifiquen ejercer el control de constitucionalidad.

Estas razones deben obedecer a la existencia de riesgos para la seguridad jurídica, o posibles controversias en la aplicación de la norma, o a verdaderos problemas jurídico constitucionales”. 4