PGN - FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO - En las diferentes codificaciones

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez Ref. Demandas de Casación presentadas por el defensor de Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Gutiérrez contra la Sentencia del Tribunal Superior Militar, que los condenó por el delito de falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones. Rad. 24591.

Honorables Magistrados: La Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal rinde concepto sobre las demandas de casación presentadas contra la Sentencia proferida por el Tribunal Superior Militar el 12 de mayo de 2005, a través de la cual confirmó el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia No. 149, Zona 10, de la Policía Nacional, con sede en Bucaramanga, modificándolo en el sentido de condenar a los agentes Héctor Grimaldo Rincón y Ever Suárez Gutiérrez a la pena principal de 3 años de prisión y las accesorias de separación absoluta de la Policía Nacional e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, en lugar de los 42 meses de prisión que les había impuesto el Juzgado de Primera Instancia, al hallarlos responsables del delito de falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El 30 de enero de 2000, a eso de las dos de la madrugada, en la

intersección de la carrera 7ª con calle 11, “Parque de los Varados” de la ciudad de Valledupar, el vehiculo conducido por Jairo Rivera Carrascal

Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro chocó contra un árbol, resultando gravemente lesionado el señor Armando Peralta Rivera, quien lo acompañaba. Con ocasión de estos sucesos, los agentes de policía Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Gutiérrez, adscritos a la Sección Urbana de Tránsito del Comando de Policía del Cesar, elaboraron el Informe de Tránsito No. 98-04102 y dos comparendos de policía, en los cuales hicieron aparecer que el accidente ocurrió el 2 de febrero de 2000, entre los vehículos Honda de placas BFK-938, conducido por Jairo Rivera, y Nissan Sentra de placas BDM-489, conducido por el médico Rafael Quintero Barroso. Estos documentos, así elaborados, se presentaron posteriormente ante la Inspección de Tránsito y una Compañía de Seguros para reclamar el pago del supuesto siniestro. Por estos hechos, la Fiscalía 151 Penal Militar del Departamento de Policía de Santander, en providencia del 3 de abril de 2002, acusó a los agentes Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Gutiérrez, como autores del delito de falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones, previsto en el artículo 243 del Decreto 2550 de 1988. Esta decisión fue apelada por el acusado Héctor Grimaldo Rincón, y la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior Militar, la confirmó en proveído del 10 de diciembre de 2002. La etapa del juicio correspondió adelantarla al Juzgado de Primera

Instancia No. 149, Zona 10, despacho que, tras haber efectuado la audiencia de corte marcial, condenó a los agentes acusados Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Gutiérrez, como autores del delito de falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones, mediante Sentencia del 10 de febrero de 2005, la cual fue apelada por el defensor de los 2 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro procesados, y confirmada por el Tribunal Superior Militar, en la forma anteriormente señalada. El fallo del Tribunal, a su turno, fue recurrido en casación por el mismo defensor de los procesados.

2. LAS DEMANDAS Como quiera que las demandas presentadas a nombre de Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Rincón son sustancialmente idénticas, la Delegada procede a resumirlas y estudiarlas conjuntamente como

sigue: 2.1. Único Cargo Por la senda de la Causal Primera de Casación, el recurrente postula “violación indirecta de la ley sustancial”, y en seguida afirma que el cargo concreto consiste en “aplicación indebida (falso juicio de selección)”. Dice que el error radica específicamente en la indebida aplicación de un tipo penal que la normatividad penal militar había excluido de la gama de infracciones. La conducta punible atribuida a los procesados ocurrió el 30 de enero de 2000, cuando se encontraba vigente el artículo 243 del Decreto 2550 de 1988, que tipificaba el delito de Falsedad Ideológica en Ejercicio de Funciones. Esta conducta, sin embargo, no fue tipificada en la Ley 522 de 1999,

razón por la cual, a juicio del demandante, hoy día no se considera un delito, pues el artículo 195 de esta Ley no se puede aplicar retroactivamente. El legislador no previó la tipicidad del delito en el lapso 3 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro comprendido entre la ley derogada y la que entraba a regir, y, por ende, esta omisión debe beneficiar a los procesados. En seguida, el actor dice que los falladores dejaron de valorar la prueba testimonial, de la cual se desprende que el capitán Helvis Luna sentía animadversión hacia los procesados, y por eso quiso lesionar su buen nombre. La realidad procesal demuestra que el error fue un simple lapsus en las fechas de los documentos que se crearon a raíz del accidente, que no generó desmedro al bien jurídico tutelado. Por consiguiente, el demandante solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y, en su lugar, decretar la cesación de procedimiento a favor de los procesados, o absolverlos en razón de que la prueba testimonial indica que su comportamiento no fue antijurídico.

3. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

PARA LA CASACIÓN PENAL 4.1. Cargo Único: Causal Primera El demandante incurre en ostensible error de técnica casacional al pretender fusionar en el mismo cargo la violación directa de la ley sustancial con la indirecta. Si bien ambas modalidades pueden alegarse al amparo de la causal primera, lo cierto es que al invocarlas simultáneamente, como aquí ocurre, se vulnera el principio de no contradicción y el cargo se torna difuso, pues mientras que la violación

directa supone que el fallo es acertado en la declaración de los hechos y la valoración de las pruebas, la indirecta presupone justamente todo lo contrario. Por ello entonces, si bien en la demanda pueden alegarse cargos excluyentes, tal posibilidad debe intentarse en capítulos separados y de manera subsidiaria, demostrando que el fallador incurrió en error de 4 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro hecho o de derecho, si se lo que se propone es violación indirecta; o en falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, si lo que se plantea es violación directa de la ley sustancial. En la primera parte del reproche, el demandante afirma que el cargo concreto consiste en aplicación indebida o falso juicio de selección de la norma que tipifica el delito de falsedad ideológica que le fue atribuido a los procesados, por considerar -en forma poco claraque esta conducta punible no se encuentra contemplada en el nuevo Código Penal Militar (Ley 522 de 1999), y que el artículo 195 de tal estatuto no se puede aplicar retroactivamente, por lo que, en su opinión, se presentó un interregno de atipicidad de este delito, en el cual precisamente se habría cometido la conducta que se le atribuye a los procesados. Esta manera de razonar del demandante, a juicio de la Procuraduría, es equivocada, por las siguientes razones: La conducta punible atribuida a los procesados ocurrió el 2 de febrero de 2000, cuando se encontraba vigente el artículo 243 del Decreto 2550 de 1988, que describía y sancionaba el delito de Falsedad Ideológica en

Ejercicio de Funciones, de la siguiente manera: “Art. 243.- Falsedad ideológica en ejercicio de funciones. El que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años”. Esta norma rigió hasta el 13 de agosto de 2000, fecha a partir de la cual comenzó a regir el Código Penal Ordinario para delitos comunes cometidos por miembros de la Fuerza Pública -como la falsedad ideológica-, por virtud de la remisión efectuada por el artículo 195 del nuevo Código Penal Militar (Ley 522 de 1999), el cual fue publicado en el diario oficial número 43.665 del 13 de agosto de 1999, y entró en vigencia un año después, de acuerdo con el artículo 608. 5 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro El citado artículo 195 dispuso lo siguiente: “Art. 195.- Delitos Comunes. Cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar”. Esta norma fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-878 del 12 de julio de 20001. En tal oportunidad la Corte Constitucional reiteró lo señalado en la Sentencia C-358 de 19972, en el sentido de que: "...el Código Penal Militar - entre otras opciones reservadas al campo de libertad

configurativa del legislador -, puede efectuar un reenvío a la legislación penal ordinaria, en lo concerniente a los tipos penales no considerados expresamente, pero que pueden eventualmente ser violados por parte de los miembros de la fuerza pública al dar cumplimiento a las misiones relacionadas con actos y operaciones vinculados con el servicio. En este último caso, el legislador puede limitarse a trasladar literalmente al Código Penal Militar los tipos penales ordinarios, siempre que se determine como elemento del tipo la relación directa del supuesto criminal con la prestación del servicio militar o policial. De lo contrario, sin justificación alguna se expandiría la justicia penal militar y, además, ella adoptaría un sesgo puramente personalista, ajeno por entero a la finalidad que la anima y que apunta a preservar la legitimidad que ha de rodear todo acto de disposición y uso de la fuerza pública. "Hacer caso omiso de la relación funcional o relajarla hasta el punto de que por ella pueda entenderse todo lo que ocurra mientras se adelanta una acción emprendida por miembros de la fuerza pública o todo aquello que se siga de su actuación, como se desprende de las expresiones examinadas, conduce inexorablemente a potenciar sin justificación alguna el aspecto personal del fuero militar. "Tanto en los delitos típicamente militares como en los comunes cuyos elementos, de una o de otra manera, han sido modificados con el objeto de adaptarlos al contexto de la función militar o policiva, el concepto de servicio o misión legítima constituye un referente obligado para el legislador, que toma de éste características y exigencias propias para proyectarlas luego como ingredientes o aspectos de las diferentes especies punitivas. En estos dos casos

convergen de manera ciertamente más acusada los elementos personal y funcional que integran la justicia penal militar”. Y al final, la Sentencia C-878 concluyó: 1 M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 2 M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 6 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro “En consecuencia, ha de concluirse que el artículo 195 de la ley 522 de 1999 es exequible, en el entendido que la jurisdicción penal militar sólo tendrá competencia para conocer de los delitos comunes que llegue a cometer el miembro de la fuerza pública, cuando estos delitos tengan relación directa con el marco de las actividades asignadas a la fuerza pública por la Constitución. Si la mencionada relación no existe, la competencia para conocer de la comisión de un delito de esta naturaleza será privativamente de la jurisdicción ordinaria”. De manera entonces que si esta norma fue declara exequible, con la condición anotada, es evidente que la conducta atribuida a los procesados en este proceso, nunca ha dejado de estar tipificada como delito en la legislación penal colombiana. En efecto, si el artículo 243 del Decreto 2550 de 1988 rigió hasta el 13 de agosto de 2000, es claro que a partir de ese momento -por virtud de la remisión consagrada en el citado artículo 195automáticamente entró en vigencia el artículo 219 del Código Penal de 1980, el cual disponía lo siguiente: “Art. 219.- Falsedad ideológica en documento público. El empleado oficial que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de

prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) años a diez (10) años”. Esta norma, a su turno, rigió hasta el 24 de julio de 2001, fecha a partir de la cual entró en vigencia el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, que es el que actualmente describe y sanciona esta conducta bajo la denominación jurídica de “falsedad Ideológica en Documento Público”, de la siguiente manera: Art. 286. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”. De este cotejo fácilmente puede colegirse que tanto el nomen iuris (falsedad ideológica), como la descripción típica (servidor público que al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad) es idéntica en las tres 7 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro legislaciones que se suceden en el tiempo, y, por tanto, ninguna interrupción se produjo en la descripción típica de esta conducta delictiva. Así las cosas, es claro que tanto para la fecha en que se cometió la conducta punible objeto de este proceso, como en el momento en que se dictaron las sentencias de primera y segunda instancia (10 de febrero y 12 de mayo de 2005, respectivamente), tal conducta se encontraba tipificada como delito en la legislación penal colombiana, sin solución de

continuidad, y sin que en ningún momento el legislador hubiese pretendido despenalizarla, como erradamente lo plantea el demandante. Lo que pretendió el legislador fue garantizar el principio de igualdad, frente a las penas que deben imponerse a los particulares y miembros de la fuerza pública que cometan delitos comunes. La única prerrogativa que otorga la ley a éstos últimos consiste en que, dada su investidura, sólo pueden ser investigados y juzgados de acuerdo con las normas procesales del Código Penal Militar, a condición de que el delito común tenga relación directa y sustancial con las funciones constitucionales asignadas a la fuerza pública, tal como lo decidió el juez constitucional. Esta exigencia se cumple cabalmente en este caso, en tanto que los señores Héctor Grimaldo Rincón y Éver Suárez Rincón, en su condición de agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Sección Urbana de Tránsito del Comando de Policía del Cesar, adulteraron el croquis y los documentos relacionados con el accidente de tránsito ocurrido en esa ciudad el 30 de enero de 2000, por haber tenido la oportunidad de conocer de esos hechos, en razón de la función constitucional de control y vigilancia que ellos desempeñaban en ese momento. Tales documentos fueron utilizados como prueba para efectuar la reclamación ante una compañía de seguros, en beneficio de los señores Armando Peralta Rivera, Jairo Rivera Carrascal y Rafael Quintero Barroso. 8 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro En este orden de ideas, a juicio de la Procuraduría, el Tribunal aplicó

correctamente el artículo 243 del Decreto 2550 de 1988, que era el llamado a regular el caso, por ser la norma sustancial que se encontraba vigente al momento de los hechos, y la que mejores beneficios punitivos les reporta a los procesados. En cuanto al reproche relacionado con la valoración probatoria, la demanda simplemente señala que el Tribunal dejó de valorar la prueba testimonial de la cual se desprende que el capitán Helvis Luna sentía animadversión hacia los procesados, y por eso quiso afectar su buen nombre, pero no precisa si el supuesto error es de hecho o de derecho, es decir, si se trata de falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, falso raciocinio; o falso juicio de legalidad, o de convicción, respectivamente. Si el demandante pretendía alegar falso juicio de existencia por omisión, ha debido postularlo así en capítulo separado, señalando específicamente la prueba cuyo análisis fue omitido por el fallador; lo que ella objetivamente expresa; y, finalmente, la manera cómo, al valorarla en conjunto con los demás elementos de juicio, cambia radicalmente el sentido de la decisión, en favor de los procesados. El demandante en este caso no tuvo en cuenta ninguna de estas pautas, y ello impide saber a ciencia cierta cuál es el motivo real de su inconformidad. El reproche, en tales condiciones, es una simple opinión personal que carece de fundamento razonable, y, por ende, de vocación de éxito en sede de casación. El cargo, en consecuencia, no puede prosperar. 9 Cas. Nº 24591 Héctor Grimaldo Rincón y otro

4. CONCLUSIÓN En virtud de lo anotado, comedidamente sugiero a la Sala Penal de la

Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia objeto de impugnación. De los Honorables Magistrados, atentamente,

FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 14 de diciembre de 2006 Expediente No. 231/05 FJFM/capr 10