PGN - FISCAL GENERAL DE LA NACION - Comisión

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

E. S. D.

Ref.: Recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado LEONARDO GARCÍA ZAPATA contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que lo condenó por el delito de lavado de activos.

Rad.: 20.401

Honorables Magistrados: El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, en sentencia del dieciocho de diciembre de dos mil uno condenó a LEONARDO GARCÍA ZAPATA a la pena principal de setenta y ocho meses de prisión, multa de quinientos cuarenta y un punto seis salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria del fallo y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito de lavado de activos.

Apelada la sentencia por el procesado y su defensor, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en providencia del catorce de agosto de dos mil dos la confirmó, reformando el numeral primero en el sentido de aclarar que la pena de multa impuesta corresponde al valor del salario mínimo legal vigente al momento de cometerse la infracción, y revocando parcialmente el punto séptimo para, en su lugar, poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación el dinero incautado.

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Contra esa decisión se interpuso el recurso extraordinario de casación que el

defensor del procesado sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a los requerimientos legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS En diligencia de allanamiento adelantada en las horas de la noche del trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve por miembros de la SIJIN al inmueble

ubicado en la carrera 65 número 14c-90 de la ciudad de Cali, se logró la incautación de una gran cantidad de dinero en efectivo en poder de LEONARDO GARCÍA ZAPATA, quien no pudo justificar la procedencia y los motivos por los cuales fueron encontrados al interior de su residencia más de novecientos millones de pesos ($900.000.000), suma que fue puesta a disposición de la fiscalía junto con otros elementos, entre ellos, un arma de fuego de defensa personal, con permiso para su porte a nombre del encartado.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Dispuesta la apertura de investigación el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se escuchó en indagatoria al implicado a quien se le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares por parte de un fiscal regional de la Unidad de Ley 30.

En el curso de la investigación se ordenó a la Unidad Investigativa de la SIJIN la búsqueda de información financiera del procesado, así como la relacionada con entidades bancarias y sociedades comerciales que pudieran demostrar la procedencia de los bienes de GARCÍA ZAPATA, al tiempo que se dispuso un

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA estudio pericial contable de su patrimonio para verificar lo expuesto en su injurada, en el sentido de que el dinero encontrado en su residencia correspondía, una parte, a la recuperación de la cartera vencida de una empresa radicada en Pasto y el resto, era de propiedad de unos comerciantes de San Andresito que se la habían entregado para la compra de unas mercancías. Posteriormente la Fiscalía Especializada de Cali asumió el conocimiento del sumario y dispuso el cierre de la investigación el veintinueve de noviembre de ese mismo año, decisión que fue objeto del recurso de reposición por parte de la defensa, el cual se desató en forma negativa mediante resolución del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. El mérito del sumario se calificó el siete de enero del año dos mil, con resolución acusatoria contra el procesado por el delito de lavado de activos, al tiempo que se ordenó la compulsa de copias para que se investigara penalmente a cinco de las personas que manifestaron en cada una de las declaraciones recibidas en la etapa de la instrucción, haber tenido relación comercial con GARCÍA ZAPATA. Una vez confirmada la providencia por el Fiscal Delegado ante el Tribunal mediante resolución del veintisiete de junio de ese mismo año, el expediente se remitió al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, que luego de culminar el debate público emitió el fallo de primer grado que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó con las modificaciones ya reseñadas, en providencia que es objeto del recurso de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

El casacionista postula siete cargos contra la sentencia recurrida; los cinco primeros con apoyo en la causal de nulidad y los dos últimos por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial. 3

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA 3.1. Primer cargo Acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de ilegalidad, porque en el curso de la actuación se advierten serias irregularidades que atentan contra el debido proceso, puesto que la investigación de los hechos no se realizó de manera integral, afectando con ello el derecho de defensa del acusado. Argumenta el demandante que una vez definida la situación jurídica de GARCÍA ZAPATA, la hipótesis normativa le indicaba a la defensa técnica atacar frontalmente los cargos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico, respecto de lo cual el investigador comisionado para ese efecto, en oficio del 6 de junio de 1.999, manifestó no haber encontrado evidencia legal y probatoria indicativa que el dinero incautado al procesado haya sido producto de actividades relacionadas con el narcotráfico. Así mismo, como el primer semestre de 1.999 fue el peor periodo financiero y judicial de la historia del país, las especiales circunstancias en las que se decomisaron los novecientos cincuenta millones de pesos le exigían al defensor proceder a justificar los objetos decomisados a su patrocinado y demostrar la legítima procedencia del dinero a través de soportes de las respectivas entidades bancarias, escrituras, etc., restando por acreditar el incremento patrimonial de la familia GARCÍA TRUJILLO, especialmente la fuente lícita de la cuantiosa suma de

dinero, para lo cual el procesado solicitó ampliar su injurada y la defensa, por su parte, una inspección judicial a los libros contables de los señores Jhon Jairo Serna Guisao y Elizabeth Betancourt Ramírez, petición que posteriormente avaló el Ministerio Público. Luego de insistir en la práctica de la ampliación de indagatoria, el procesado logró justificar su patrimonio de diez años atrás, con el soporte documental que conformaba los cuadernos de anexos uno y dos del proceso, hasta la fecha extraviados. 4

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Al momento en que se dispone el cierre del ciclo instructivo, solo faltaba por demostrar la fuente de los 950 millones de pesos mediante prueba que fue oportunamente solicitada durante la instrucción, pero el fiscal no se pronunció al respecto, incumpliendo con el deber de averiguar con igual celo, tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado, desconociendo con ello el principio de la investigación integral y los artículos 29 de la Carta Política y 232 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000) que consagran el debido proceso y la necesidad de la prueba para condenar. Explica que después de lograr con dificultad que GARCÍA ZAPATA ampliara sus descargos, se hizo necesario incorporar unos medios de prueba con los que se demostraría la licitud de los recursos monetarios y de los elementos que se le incautaron, no siendo posible debido a la omisión del instructor en escuchar en declaración al señor Jhon Jairo Serna Guisao y en ordenar una inspección judicial a los libros contables de éste y su esposa Elizabeth Betancourt Ramírez. Con

estas pruebas se modificaba sustancialmente la situación del imputado en la etapa investigativa, pues las conclusiones derivadas del análisis de los libros de control contable, las declaraciones de renta y complementarios y el lícito incremento patrimonial de la aludida pareja de esposos, favorecían a GARCÍA ZAPATA en cuanto ratificaban su dicho y se descartaba la hipótesis de que el dinero en su poder no provenía de actividades relacionadas con el narcotráfico. Con ese fundamento, solicita la nulidad de la actuación a partir de la resolución que ordenó el cierre de la investigación para tener la posibilidad de incorporar los elementos de convicción en la etapa instructiva en orden a modificar la situación jurídica del procesado. 3.2. Segundo cargo 5

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Con el mismo sustento normativo, denuncia el censor presuntas irregularidades presentadas en la actuación procesal que considera violatorias del debido proceso y que concreta en la pérdida de tres cuadernos entre los que se cuentan, dos de anexos y uno en el que se tramitaba un incidente, situación que afecta el derecho de defensa de su representado. Comenta que durante la etapa de la instrucción se aportaron documentos que hacen parte de los anexos con los cuales se estaba incorporando a la actuación la prueba necesaria para acreditar la manera como el implicado realizaba sus actividades mercantiles, las cuales le permitieron la adquisición de los recursos monetarios, así como los bienes y el dinero en efectivo, objeto de las averiguaciones y cuestionamientos de este proceso. Con la pérdida de los cuadernos, un total de 370 folios, se dificultó la labor

demostrativa con la cual se acreditaba el rol social del procesado, de su señora, y de cada uno de los comerciantes, así como la licitud de la procedencia y tenencia del dinero incautado. Sin la aprehensión de esta prueba, el criterio del administrador de justicia en cuanto al narcotráfico o el enriquecimiento ilícito, seguía incólume. Con base en el dictamen pericial que además de errado llegó al proceso cuando el ciclo instructivo se encontraba cerrado y sin analizar los 370 folios en cita, el Fiscal instructor decidió modificar los cargos, acusar por unos nuevos y compulsar copias para que se investigara a la esposa del procesado, Zulma Trujillo Espinosa. Los cuadernos extraviados eran de vital importancia para los siguientes efectos: a) Demostrar que GARCÍA ZAPATA había faltado a la verdad en la diligencia de registro y allanamiento del 14 de mayo de 1.999 y al momento de rendir indagatoria. 6

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA b) Rectificar el camino probatorio indebidamente iniciado y justificar la tenencia de las escrituras públicas Nos 180 del 13 de junio de 1.987, 373 del 24 de noviembre de 1.987 y 14 del 27 de diciembre de 1.986 de la Notaría Única del Circuito de Bolívar (Valle), así como de las bolsas plásticas transparentes -que no eran para empacar cocaína sino artículos de cuero-, la compra de seis radios de comunicación y toda la información financiera encontrada en residencia del procesado.

c) Demostrar la propiedad de un vehículo de placas SYO 934, así como el rol social de GARCÍA ZAPATA y su esposa Zulma Trujillo en la comercialización de cueros, el patrimonio económico de ambos, incluidos los 36 millones de pesos pertenecientes a la señora Trujillo, producto parcial de la venta de algunos predios. Las particulares circunstancias en que fueron decomisados los 950 millones de pesos exigían al operador judicial comprobar, por lo menos, el rol social de cada uno de los ocupantes de la vivienda y del grupo comercial y por ello la trascendencia de los anexos, pues resulta claro que ante la falta de esos 370 folios el Ad quem no pudo adquirir una convicción real y cierta de los hechos materia de investigación, si se tiene en cuenta la confirmación de la sentencia de primera instancia, la negativa a rebajar la caución prendaria y la negativa a restituir el automóvil de placas CEI-314 decomisado el día del allanamiento. Por todo lo anterior solicita se decrete la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación para permitir la incorporación de los documentos con los cuales se pueda hacer una verdadera valoración probatoria que permita demostrar, con claridad, la responsabilidad del encartado. 3.3. Tercer cargo 7

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA En esta ocasión reprocha el libelista que la falta de inmediación en la práctica de algunas pruebas, ha generado la violación al debido proceso y al derecho de defensa. Según él, la irregularidad se produjo en la etapa de instrucción cuando se comisionó a un funcionario cuya sede era la misma del despacho del director de la

investigación, contrariando lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, que tiene como finalidad salvaguardar el principio de inmediación así como el contenido del artículo 142-2, atinente a los deberes de los funcionarios judiciales pues en varias de las diligencias destinadas al recaudo de pruebas no se contó con la presencia del fiscal que dirigía la instrucción. Advierte que esta misma situación fue puesta de presente por el agente del Ministerio Público y solicita a la Sala de Casación Penal que decrete nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación para poder incorporar las pruebas conforme al principio de inmediación. 3.4. Cuarto cargo Afirma el recurrente que la falta de motivación de la providencia calificatoria ha ocasionado el quebrantamiento al debido proceso y al derecho a la defensa, por cuanto el funcionario instructor se abstuvo de realizar la valoración de los 370 folios aportados por el procesado en la primera diligencia de ampliación de la indagatoria y, de contera, no hizo ninguna consideración acerca de los documentos con los que su defendido pretendió justificar la procedencia lícita de sus ingresos económicos. En ese sentido, la calificación jurídica provisional de la conducta de lavado de activos carece de motivación porque la ausencia de razonamientos acerca de los documentos que no fueron valorados, hace que la providencia adolezca de este requisito fundamental de las decisiones judiciales. Por esa razón solicita a la Corte 8

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA se decrete la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación para que

se proceda a la motivación de la resolución que calificó el merito del sumario. 3.5. Quinto cargo El demandante denuncia en esta oportunidad varias situaciones que a su juicio constituyen irregularidades sustanciales que atentan contra el debido proceso. Aduce que a lo largo de la actuación procesal se presentaron alrededor de doce episodios en los que los funcionarios judiciales encargados de la instrucción y el juzgamiento no observaron el principio de lealtad procesal, ocasionando con ello una serie de perjuicios al acusado quien debió soportar el retraso, las dificultades para acceder al expediente, la falta de comunicación oportuna de las decisiones que impartían los funcionarios judiciales, el incumplimiento de términos para decidir oportunamente e incluso el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. En síntesis, estas son las dificultades alegadas por el recurrente: a) Se contrarió el principio de celeridad porque como lo señaló el representante del Ministerio Público, solo hasta el 15 de octubre de 1.999 se tuvo en cuenta una solicitud que había presentado dos meses antes y no se encontraba un escrito de observaciones que había presentado el día 12 de ese mismo mes y año, ni un extenso memorial suscrito por la defensa, del cual se le cursó copia. b) Se desconoció el mandato contenido en el artículo 142-7 que ordena al funcionario judicial mantener debidamente foliados y separados los cuadernos que componen la actuación procesal, pues para el 7 de octubre de 1.999 la defensa no había podido analizar, ni sacarle copias al cuaderno de anexos, pese a visitar casi

a diario las instalaciones de la secretaría común de la fiscalía. 9

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA c) La fiscalía no tuvo en cuenta el cambio de dirección del defensor y no le comunicó en debida forma sobre la diligencia de declaración del jefe del operativo, TE Oscar Leonel Rojas González, a quien no se pudo contrainterrogar, siendo de vital importancia para los intereses del procesado, pues se hacía necesario concretar las circunstancias modales atinentes al allanamiento en la residencia de LEONARDO GARCÍA ZAPATA. La referida diligencia reposa en el cuaderno de incidentes que se encuentra extraviado. d) En la resolución de acusación se varió la calificación jurídica de la conducta del procesado, no se indicaron las pruebas allegadas a la investigación, no se resumieron los alegatos presentados por la defensa, ni se expresaron las razones por las cuales no se compartían. Tampoco se tuvieron en cuenta los 370 anexos extraviados, pero en cambio sí se examinó un dictamen pericial apartado de las exigencias contenidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, radicado en la Secretaría común un mes después de cerrado el ciclo instructivo, en total desconocimiento del artículo 254 de la misma normatividad que ordena al funcionario judicial correr traslado a los sujetos procesales, quienes no tuvieron la posibilidad de conocer sus resultados antes de la calificación del mérito del sumario. e) Se presentó un faltante en el dinero incautado, pues en el acta de la diligencia de allanamiento se consignó una cantidad de dinero que luego no correspondía

con la suma que fue entregada en custodia. Este hecho no fue denunciado por las autoridades competentes, en contravía de de los artículos 27 y 29 del Código de Procedimiento Penal atinentes al deber de denunciar las conductas punibles y su trámite. f) En la fase de la causa se dio inicio a la diligencia de audiencia sin que se hubiese resuelto una solicitud de nulidad por violación al principio de contradicción y al derecho de defensa. Pasados 65 días se decidió en forma negativa y la apelación se desató cuando el debate público ya había culminado. 10

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA g) El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali demoró aproximadamente 5 meses y 16 días para entender que él era el competente para conocer del asunto, periodo que le dio derecho al procesado para solicitar su libertad por vencimiento de términos, pero el funcionario resolvió la petición en forma negativa. h) Se desconoció el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, así como el acceso a la información necesaria para conocer las pruebas en que se fundamenta la acusación. Considera el censor que como no se accedió a su solicitud de nulidad por una supuesta irregularidad en la notificación de la sentencia condenatoria, el Tribunal desconoció lo dispuesto en los artículos 142– 2, 143 y 288 del Código de Procedimiento Penal. i) Se vulneró el principio de lealtad procesal y el derecho a la defensa, al modificarse en la sentencia la calificación jurídica provisional señalada en la resolución de acusación, sin previo acto del fiscal que adicione el pliego de cargos,

pues consideró que no operaba la circunstancia de agravación que había sido deducida en el calificatorio. Por lo anterior, solicita “se declare la nulidad desde la resolución que modificó los cargos, calificó el fondo del mérito del sumario y acusó por nuevos cargos, sin previamente indagar por los mismos”. 3.6. Sexto cargo El libelista acusa la sentencia de haber incurrido en una violación indirecta, a consecuencia de unos errores de hecho y de derecho que denuncia en dos capítulos separados. 11

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA En el primer capítulo se refiere a los errores de hecho por falso juicio de identidad en los que presuntamente incurrió el juzgador al apreciar la prueba relacionada con el estudio contable del cual dan cuenta los 41 libros anexos, en donde se registran diversas operaciones financieras llevadas a cabo por los esposos Serna Betancourt. El sentenciador valoró fragmentariamente la mencionada prueba, por cuanto resaltó únicamente un aspecto de la apreciación realizada por el experto, quien consignó en su dictamen que los documentos allegados eran aparentemente verdaderos, para deducir que la veracidad, antigüedad y originalidad de la prueba no es confiable. Al resaltar la palabra “APARENTEMENTE”, falseó su expresión fáctica poniéndolo a decir algo que no se desprende de su contenido. Esa apreciación fragmentaria condujo al A quo a despreciar el mensaje técnico expresado por el perito documentólogo, que no era otro que la originalidad de más de 500 folios archivados en los libros de soporte contable y tributaria del patrimonio de los

Serna Betancourt, pues en complemento el experto expresó: “…ya que no existen documentos de la misma calidad y el mismo contenido para compararlos”. De esa manera desconoció los atributos del dictamen y solo tomó los apartes necesarios para despreciarla. Más adelante comenta que en la primera diligencia de ampliación de indagatoria el procesado anexó la documentación necesaria para demostrar que el dinero encontrado en su residencia le fue entregado por unos comerciantes para adquirir unas mercancías, cuestión que se puede verificar en el referido estudio contable que da cuenta de los detalles de los contratos de préstamo de dinero celebrados por los Serna Betancourt y el pago de unas comisiones hechas a William Torres Arboleda por concepto de dichos prestamos. 12

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Contrario a lo demostrado, el A quo distorsionó la prueba al considerar que se trataba de “una mejor coartada” diseñada por el procesado. Argumenta que lo mismo ocurrió con el estudio contable y tributario que justifica el lícito incremento patrimonial de los esposos Serna Betancourt, pues también le cambió el sentido al señalar que no aparece claro el incremento patrimonial del señor Serna Guisao porque resultó aumentando su capital en forma intempestiva y vertiginosa y no se advierten situaciones que justifiquen esta circunstancia, cuando dicha prueba es demostrativa de la actividad económica de los citados como rentistas de capital, incluidos los contratos de mutuo celebrados con el señor William Torres y con los comerciantes. En cuanto a los treinta y seis millones de pesos que fueron encontrados en el

allanamiento dentro de un bolso, reitera lo manifestado por el procesado en su ampliación de indagatoria, esto es, que son de su esposa Zulma Trujillo y que parte de ellos corresponde a la venta de dos terrenos por valor de veinticinco millones al señor Hugo de Jesús Cardona Castro, pero al respecto el fallador se expresó en forma diversa. También se desconocieron los atributos de la información contable a causa de un falso raciocinio, en contravía del postulado científico de las matemáticas referido a la regla de tres, según se advierte de las deducciones realizadas en relación con el pago de las comisiones por concepto de los préstamos de dinero que hicieron los esposos Serna Betancourt a Torres Arboleda. A continuación, en el segundo capítulo del cargo, denuncia el censor los errores de derecho en los que a su juicio incurrió el sentenciador, para lo cual inicialmente se ocupa de señalar la pertinencia probatoria de la historia económica y la información contable de los esposos Serna Betancurt que en su opinión fue desconocida por el juzgador porque se apartó de los preceptos legales que regulan los aspectos contables y tributarios. 13

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Comenta que los estados financieros allí consignados dan cuenta de la licitud de la procedencia y tenencia del dinero en poder de GARCÍA ZAPATA, cuya incautación se verificó mucho antes de consolidarse la información, y que por ese hecho la procedencia del dinero tenía una justificación demostrable con la prueba aportada en legal forma y desconocida por el sentenciador.

En seguida se ocupa del estudio de las condiciones legales de las letras de cambio para resaltar algunos aspectos de la sentencia impugnada que señalan los períodos de vencimiento de estos títulos valores que sirvieron de garantía de algunos prestamos de dinero otorgados a los comerciantes y cuyos términos no comparte por considerar que el sentenciador incurre en un error de derecho al desconocer los presupuestos y las formalidades de este medio de prueba. Finaliza su reproche señalando la trascendencia de los errores de hecho y de derecho que destaca en el cargo propuesto e indica que de no haberse incurrido en ellos otro sería el sentido de la decisión, por lo que solicita a la Sala Penal de la Corte casar la sentencia para, en su lugar, disponer en el proveído de reemplazo la absolución del procesado GARCÍA ZAPATA. 3.7. Séptimo cargo En este último, el censor estima que se incurrió en una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, al infringir el fallador las máximas de la experiencia, esto es, los principios generales que informan la manera como ordinariamente se realizan los negocios entre los comerciantes, los cuales no tuvo en cuenta y en cambio acudió a inadecuada generalización que lo llevó a apreciar indebidamente la manera como se llevaron a cabo las operaciones de préstamo de dinero. Al desatender la prueba indicativa de la forma como se desarrolló la relación comercial de los esposos Serna Betancourt con William Torres y los comerciantes, 14

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA con la cual se pretendía demostrar el giro de los negocios a lo largo de quince

años, no pudo apreciar la cantidad de los intereses cobrados y cancelados, así como las comisiones pagadas en el período comprendido entre el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. De esta manera, en términos del libelista, se desconocieron unos hechos económicos que dan cuenta de las operaciones de crédito entre los rentistas de capital, el comisionista y los comerciantes, las cuales fueron apreciadas con criterios generales apartados de las reglas de la experiencia que enseñan la manera ordinaria como se realizan dichas operaciones. Para terminar señala que la causal alegada está plenamente configurada pues la violación de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000) proviene de errores de hecho por falso raciocinio por lo que solicita se case la sentencia y se dicte fallo absolutorio de reemplazo.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA Reiteradamente la jurisprudencia de la Corte ha insistido que las censuras formuladas al amparo de la causal de nulidad, en manera alguna pueden alejarse de las exigencias técnicas de forma y contenido que le son propias. En consecuencia, para la viabilidad del reproche, es imprescindible que el demandante identifique la clase de irregularidad presentada, las normas infringidas, y que demuestre, fundadamente, la trascendencia del error denunciado en el fallo recurrido.

El libelista en este caso, no cumple a cabalidad con estos requisitos porque, aún cuando denuncia una serie de situaciones presuntamente irregulares, e incluso la

normatividad que por ese efecto pudo haberse vulnerado, es evidente que en 15

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA ninguno de los reproches logra demostrar la efectiva lesión a las bases del proceso o a las garantías de su defendido. En ese sentido puede afirmarse que el presunto desconocimiento de los principios y garantías que se afirman violentados por los respectivos funcionarios judiciales en el trámite de este proceso, no estuvo orientado por los principios que regulan la materia sino por la denuncia de cuanta minucia se encontró a lo largo de la actuación, fundamentada en un discurso especulativo e intrascendente que no consulta el carácter técnico y rogado de la casación. Lo anterior porque en el desarrollo de cada censura no se utiliza una metodología acorde al juicio lógico jurídico que determine la ilegalidad de la sentencia, bien por desconocimiento al debido proceso o al derecho a la defensa, sino que en una indebida entremezcla de estos dos conceptos, la demanda termina por convertirse en un escrito de libre elaboración sin ninguna orientación específica. 4.1. Primer cargo Cuestiona el libelista la legalidad de la actuación procesal porque en su concepto se vulneró el principio de investigación integral y de contera el derecho a la defensa. Hace consistir la irregularidad, en que los funcionarios judiciales encargados de la instrucción no ordenaron ni practicaron la declaración de Jhon Jairo Serna ni la inspección judicial a los libros contables de los esposos Serna Betancourt. La postulación de nulidad que se hace en este cargo no resulta adecuada, porque el censor reclama la necesidad de unos medios de prueba que en su sentir han

debido de aportarse en la etapa de instrucción para que al procesado no se le afectara su derecho a la defensa, pero en realidad no demuestra de qué manera se vulneró esa garantía. 16

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LEONARDO GARCÍA ZAPATA Si bien es cierto que un error de esa naturaleza debe invocarse como vicio que afecta la validez de la actuación procesal, no lo es menos que a su comprobación no se llega con la simple postulación del pensamiento del censor, ni de espaldas a la actuación procesal pues, precisamente, la aptitud y trascendencia de la prueba dejada de practicar debe acreditarse mediante la contraposición de su contenido con los fundamentos de la sentencia, en orden a establecer la orientación diferente de la decisión adoptada por el sentenciador. Este objetivo jamás habría podido alcanzarse por dos razones: la primera, porque la solicitud de escuchar en declaración al señor Jhon Jairo Serna fue elevada por la defensa el mismo día que se ordenó el cierre del ciclo instructivo, esto es, el