PGN - FUERO CONSTITUCIONAL - Magistrada del Consejo de Estado la investiga la Comisión de Inves

FUERO CONSTITUCIONAL-Magistrada del Consejo de Estado la investiga la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes En consideración a que la magistrada del Consejo de Estado goza de fuero constitucional, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es competente para investigarla y acusarla ante el Senado de la República, según lo estipulado en el numeral 3º del artículo 178 de la C.N, en concordancia con los artículos 311 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, y artículos 419 y siguientes del C.P.P. ACCION DE TUTELA-Rechazo de tutela por temeridad del demandante No es contrario a derecho por lo tanto dar aplicación a la normatividad vigente que impide y rechaza la procedencia de la acción de tutela en casos en los que se compruebe una actitud temeraria consistente en tratar de acudir a la jurisdicción varias veces en pro de buscar garantía de derechos, cuando ya esta situación se ha resuelto con anterioridad. Puede decirse en este caso que la decisión proferida por la magistrada denunciada no es arbitraria ni caprichosa, sino que obedece a un acatamiento de lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela, adoptando su determinación de forma legal. PREVARICATO POR ACCION-No se da el calificativo de manifiestamente ilegal Revisados entonces los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para el auto de 20 de abril de 2010, esta Delegada de la Procuraduría, encuentra que éstos no contienen el calificativo de “manifiestamente ilegal” en orden a que se pueda

configurar un delito de prevaricato por acción que el denunciante le imputa a la magistrada investigada, y tampoco podría afirmarse que puede estar incursa en una falta disciplinaria toda vez que no se evidencia una afectación de sus deberes funcionales. AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Jurisprudencia Corte Constitucional DENUNCIA-Insuficiencia de elementos para atribuir responsabilidad Considera el Ministerio público que aunque no se haya agotado la diligencia de ampliación de denuncia, debe procederse a dar término a la actuación iniciada, procediéndose, eso sí, a acreditar la calidad foral de la magistrada, toda vez que como se anotó anteriormente, la denuncia no contiene elementos suficientes para atribuir responsabilidad a la denunciada por los hechos puestos en conocimiento y debe evitarse un desgaste de la administración. RESOLUCION INHIBITORIA-Atipicidad de la conducta En conclusión, esta Delegada del Ministerio Público se permite solicitar al Honorable Representante Investigador que, al enmarcarse los hechos investigados en uno de los supuestos a que alude el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, esto es, atipicidad 1 de la conducta, se emita un pronunciamiento inhibitorio a favor de la, Magistrada del Consejo de Estado, por las razones y fundamentos antes anotados. Bogotá, D.C. 9 de noviembre de 2010

CONCEPTO Nº 034 - 1IJP

Doctor

AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ

Representante Investigador Comisión de Investigación y Acusación

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad.

REFERENCIA: Expediente No. 2694

Contra: MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN Cargo: Magistrada Consejo de Estado En calidad de agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, respetuosamente solicito al Honorable Representante Investigador dar aplicación a lo previsto en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), y en consecuencia inhibirse de continuar la investigación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: RECUENTO DE LOS HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES El señor LUIS ALBERTO CÁCERES ARBELÁEZ interpuso denuncia en contra de la Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN, Magistrada de la Sección 1° de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por considerar que con la decisión de 20 de abril de 2009 mediante la cual se rechazó la acción de tutela por él interpuesta aduciendo temeridad del demandante, se le desconocieron derechos por cuanto se ignoraron las pruebas por él presentadas y las excepciones propuestas por temeridad, constituyendo el auto proferido por aquella una cadena de presuntos prevaricatos, vías de hecho, causales de mala conducta y faltas gravísimas de la denunciada y de otros funcionarios judiciales.

Manifiesta el denunciante que tanto los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá como la magistrada investigada, con las decisiones que han adoptado de negar el trámite de tutela, han incurrido en error gravísimo por ser las decisiones proferidas arbitrarias, inconstitucionales e ilegales. Considera así mismo que el auto de 20 de abril 2 de 2009 pretende tapar los errores administrativos del gobierno nacional y

los errores judiciales de los operadores judiciales. Mediante auto de 7 de abril de 2010 se avocó conocimiento de las diligencias y se ordenó indagación preliminar, previa la acreditación de la calidad foral de la magistrada denunciada. También se ordenó practicar ampliación y ratificación de denuncia. Mediante oficio 2145 de 4 de mayo de 2010, el Secretario General del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, remite copia del auto de 20 de abril de 2009 dentro del proceso 11001031500020090021100 mediante la cual se rechaza tutela por temeridad del demandante LUIS

ALBERTO CÁCERES ARBELÁEZ.

CONSIDERACIONES DE ESTA PROCURADURÍA En consideración a que la magistrada del Consejo de Estado goza de fuero constitucional, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es competente para investigarla y acusarla ante el Senado de la República, según lo estipulado en el numeral 3º del artículo 178 de la C.N, en concordancia con los artículos 311 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, y artículos 419 y siguientes del C.P.P. La cuestión a debatir se centra en determinar si la conducta de la Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBON, infringió algún bien jurídicamente tutelado por el legislador, y específicamente establecer si la decisión de 20 de abril de 2009 es caprichosa y arbitraria, circunstancia que podría adecuarse al tipo penal de prevaricato por acción. Argumentos tenidos en cuenta por la Dra. SANZ TOBON, al negar por

temeridad la acción de tutela presentada: Tras realizar un recuento del caso del señor LUIS ALBERTO CACERES ARBELAEZ, quien ante diferentes estamentos judiciales y con el fin de que se le reconocieran sus pretensiones ha reclamado la garantía de los presuntos derechos vulnerados, la denunciada examina la acción presentada argumentando que el accionante aduce nuevamente nuevos derechos vulnerados por otros estamentos gubernamentales y solicita nuevamente declarar la nulidad del decreto 1954 de 24 de septiembre de 1993 mediante el cual se suprimió el cargo que desempeñaba en el Ministerio de Salud. La conducta desarrollada por la demandada consiste entonces en haber rechazado la acción de tutela interpuesta dada la temeridad del demandante, decisión que se encuentra amparada en que el señor CACERES ARBELAEZ, ha presentado la misma acción de tutela ante varios despachos judiciales en los cuales se han despachado desfavorablemente sus pretensiones. 3 Al observar en qué consisten las pretensiones del demandante, estas datan de hace aproximadamente 15 años, tiempo dentro del cual ha instaurado varias demandas tras encontrarse inconforme con las decisiones mediante las cuales las autoridades judiciales han dirimido su conflicto. No es contrario a derecho por lo tanto dar aplicación a la normatividad vigente que impide y rechaza la procedencia de la acción de tutela en casos en los que se compruebe una actitud temeraria consistente en tratar de acudir a la jurisdicción varias veces en pro de buscar garantía de derechos, cuando ya esta situación se ha resuelto con anterioridad. Esto fue lo que sucedió con el señor LUIS ALBERTO CACERES, quien

inconforme con las decisiones adoptadas, ha tratado en varias ocasiones de desgastar el aparato judicial acudiendo a acciones de tutela sin cumplir los requisitos para ello. Pues la temeridad se acreditó por parte de la demandada Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBON, al realizar un recuento de la situación procesal por la que se ha atravesado y no sólo se declaró la simple improcedencia de la acción, pues también en la decisión de 20 de abril de 2009 se examinaron las pretensiones, los hechos en que se fundó la solicitud de amparo y las pruebas, como sucedió atrás en las decisiones también mediante las cuales se le rechazó la acción y sus pretensiones, las cuales siempre han estado orientadas a declarar nulo el Decreto 1954 de 24 de septiembre de 1993, entre otros aspectos. “…La temeridad en la acción de tutela supone el ejercicio arbitrario y sin fundamento valedero alguno de ésta, circunstancia que debe ser cuidadosamente valorada por el juez para no incurrir en decisiones injustas…”1. Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse en este caso que la decisión proferida por la magistrada denunciada no es arbitraria ni caprichosa, sino que obedece a un acatamiento de lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela, adoptando su determinación de forma legal. Revisados entonces los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para el auto de 20 de abril de 2010, esta Delegada de la Procuraduría, encuentra que éstos no contienen el calificativo de “manifiestamente ilegal” en orden a

que se pueda configurar un delito de prevaricato por acción que el denunciante le imputa a la magistrada investigada, y tampoco podría afirmarse que puede estar incursa en una falta disciplinaria toda vez que no se evidencia una afectación de sus deberes funcionales. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que: “La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y 1 Sentencia T-300 de 1996. 4 aplicación del derecho, según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una providencia en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar, ni puede darlo, a proceso disciplinario con carácter sancionatorio, pues en tal caso, se desvirtuaría el sentido y la función propia de la administración de justicia, e implicaría igualmente, la creación de una instancia judicial adicional a las consagradas constitucional y legalmente. La autonomía funcional del juez, busca evitar que las decisiones judiciales no sean el resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta. Si se comprueba respecto del juez respectivo, la comisión de un delito al ejercer las atribuciones que le son propias a su función, la competencia para imponer la sanción la tiene la justicia penal en los términos constitucionales, como ya se ha expresado. Ello resulta de la autonomía judicial garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución”2. Considera el Ministerio público que aunque no se haya agotado la diligencia de ampliación de denuncia del señor LUIS ALBERTO CÁCERES ARBELÁEZ, debe procederse a dar término a la actuación iniciada,

procediéndose, eso sí, a acreditar la calidad foral de la magistrada, toda vez que como se anotó anteriormente, la denuncia no contiene elementos suficientes para atribuir responsabilidad a la denunciada por los hechos puestos en conocimiento y debe evitarse un desgaste de la administración. En conclusión, esta Delegada del Ministerio Público se permite solicitar al Honorable Representante Investigador que, al enmarcarse los hechos investigados en uno de los supuestos a que alude el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, esto es, atipicidad de la conducta, se emita un pronunciamiento inhibitorio a favor de la Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBON, Magistrada del Consejo de Estado, por las razones y fundamentos antes anotados. Cordialmente, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ Procurador 1° Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV/Mfbd Exp. No. 2694 2 Sentencia T-249 de 1° de junio de 1995. 5