PGN - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Definición legal

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Definición legal
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

RECURSO DE APELACIÓN-Contra el fallo absolutorio a favor del Director Territorial en Caldas y Profesional Universitario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por la posible vulneración al derecho de petición COMPETENCIA-Sala disciplinaria ordinaria de juzgamiento CULPABILIDADDefinición legal ILICITUD SUSTANCIAL-Definición legal

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Marco legal

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO-Definición legal 1

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022) Aprobado en Acta de Sala N°27

Radicación: IUS-E-2017-557310/ IUC-D-2017-973563 (161 - 8132)

Disciplinados: HEYNAR JARAMILLO ARAGÓN Y DIANA MARCELA NOREÑA V.

Cargos y entidad: Director Territorial en Caldas y Profesional Universitario del

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Quejoso: Jaime Mejía Isaza y otros.

Fecha queja: 4 de abril de 2017

Fecha de los hechos: Años 2013 al 2017

Asunto: Resuelve recurso de Apelación Fallo Absolutorio –

Proceso Verbal. Confirma decisión

P.D. PONENTE: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento decide el recurso de apelación interpuesto por la quejosa señora Hungría del Carmen

Echeverry Cuellar, contra el fallo mediante el cual se absolvió a los disciplinables de los cargos reprochados, emitido por la Procuraduría Regional de Caldas el 18 de diciembre de 2020.

II. HECHOS Se iniciaron las presentes diligencias en contra de Heynar Jaramillo Aragón, Director Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Caldas con ocasión de la queja formulada el 4 de abril de 2017 por el señor Jaime Mejía Isaza, en contra de servidores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC de esa territorial, por posible vulneración al derecho de petición al no darle respuesta oportuna a un requerimiento que presentó desde el año 2014 para la revisión de un inmueble que hasta aquella fecha no se había realizado.

También, se investigó lo atinente a la denuncia interpuesta por la señora Hungría del Carmen Echeverry Cuellar, por identidad de causa. Por las supuestas conductas omisivas se investigó igualmente a Diana Marcela Noreña Varón, Profesional Universitario y responsable del área de conservación en esa territorial; por cuanto, para la misma época al parecer no atendió desde su ingreso la cantidad de dos mil seiscientas cincuenta y tres (2.653) solicitudes realizadas ante el IGAC por varios ciudadanos, que valga precisar, algunas figuraban radicadas y sin contestar en el archivo digital de esa entidad. 2

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132

III. ANTECEDENTES PROCESALES

La Procuraduría Regional de Caldas, mediante auto del 11 de julio de 2017 inició indagación preliminar1, y acumuló la queja de la señora Hungría del Carmen Echeverry Cuellar, bajo el radicado (E-2017-549029), junto con la presentada por el señor Jaime Isaza Mejía y otras similares por identidad de causa y objeto, ordenándose la práctica de algunas pruebas, que se allegaron durante dicha etapa procesal. Mediante decisión del 26 de septiembre de 2017 se inició el procedimiento verbal, citando a audiencia pública2, y se fijó el 12 de octubre de 20173 para continuarla, sin embargo, ese día se suspendió por enfermedad del implicado Heyner Jaramillo Aragón. Con decisión del 28 de noviembre de 20174, se modificó el numeral segundo del auto que inició el procedimiento verbal, y que citó audiencia, acumulando de oficio otra queja por identidad de causa. Por auto del 13 de diciembre de 20175 se suspendió provisionalmente durante tres meses al disciplinable Heynar Jaramillo Aragón como director territorial en Caldas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – (IGAC). Fijando el 16 y 18 de enero de 2108 para continuar la diligencia6. La suspensión provisional se hizo efectiva por parte del nominador mediante Resolución N°1498 del 14 de diciembre de 2017 (fl.262), y la consulta de la medida fue conocida por la Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa, despacho que mediante autos del 26 y 27 de diciembre de 20177, se pronunció avocando su trámite.

Heynar Jaramillo Aragón, mediante escrito del 15 de enero de 20188 presentó alegatos previos a decidirse la consulta de suspensión por parte del superior funcional. La audiencia verbal continuó los días 18 y 25 de enero de 20189. La procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa con decisión del 24 de enero de 201810 resolvió el grado de consulta la suspensión provisional, revocando la medida, al considerar que la primera instancia no tuvo en cuenta la diferencia entre el trámite de los derechos de petición y el procedimiento administrativo catastral que tiene dos instancias, 1 Folios 4, 18 al 19 del C.O No. 1. 2 Folios 169 al 186 ídem. 3 Folios 192 y 193 4 Folios 219 al 224 5 Folios 225 al 227 ídem. 6 Folio 243, 274 y 275 ídem. 7 Folio 242 y 248 ídem. 8 Folios 251 al 260 ídem. 9 Folios 276 C.2 y 654 C.3 10 Folios 843 al 846 C. 3 3 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 y que al ser el director regional la segunda, no era de su competencia inicial conocer de las solicitudes catastrales por las cuales se inició la investigación, sin observar cómo podría seguir cometiendo la conducta, si no era de su resorte inicial. La Regional de Caldas continuó la audiencia durante el 18 de abril, 02 y 16 de mayo de 201811, y el mismo 16 adelantó el procedimiento verbal,

modificando el cargo único que se había formulado al Director del Instituto Territorial12 Heynar Jaramillo Aragón, calificando su actuar de culpa grave. El 6 de junio de 201813 se nulitó el proceso desde el auto de citación audiencia, en su lugar, se vinculó a Diana Marcela Noreña Varón como Profesional Universitario Código 2044 Grado 07, y responsable de coordinar las respuestas del Área de Conservación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Territorial Caldas. La diligencia se continuo el 12 de septiembre de 201814, fecha en la que se profirieron cargos a Heyner Jaramillo Aragón y Diana Marcela Noreña Varón, decisión notificada el 14 y 18 del mismo mes y año a los disciplinables. La siguiente diligencia fue programada para el 8 de octubre de 201815 fecha en la cual, el abogado de Diana Marcela Noreña Varón presentó solicitud de nulidad alegando que se imputaron cargos cuando su defendida aún no laboraba en ese instituto; razón por la cual, mediante decisión del 23 de octubre de 201816 se decretó la nulidad desde el auto que citó a audiencia; decisión que se notificó a todos los sujetos procesales. El 1° de noviembre de 201817 el Procurador Regional de Caldas, inició el procedimiento verbal, citando a audiencia pública a Heynar Jaramillo Aragón y Diana Marcela Noreña Varón, fijando como fecha para continuar el 14, 18 y 28 de noviembre de 2018. El 18 de noviembre de 2020 se adelantó la diligencia18, allí se citó a Heynar Jaramillo Aragón y Diana Marcela Noreña Varón, y continuo el 27 del mismo

mes y año19, fijando el 1, 3 y 4 de diciembre de 202020 para proseguir su trámite, fechas en que intervino la disciplinada Noreña Varón y su abogado, además se decretaron algunas pruebas solicitadas por los sujetos 11 Folios 903, 905 y 909 ídem. 12 Folios 910 al 923 ídem. 13 Folio 932 ídem. 14 Folios 954 al 956 C.O 4. 15Folios 977 al 981 ídem 16 Folios 986 al 990 C.O 4 17 Folios 994 al 1008 C.O 4. 18 Folios 1033 al 1069 ídem. 19 Folio 1072, 1085 a 1087 ídem. 20 Folios 1101, 1102, 1106 al 1109, 1113 y 1114. 4

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 procesales.

En diligencia verbal del 28 de noviembre de 201821 se decretó la nulidad del auto del primero de noviembre de 2018, mediante el cual, se inició el procedimiento verbal y citaba a audiencia pública. La diligencia se continuo el 11 de diciembre de 202022, donde los apoderados presentaron alegatos conclusivos; y mediante Resolución 013 del 18 del mismo mes y año23, el procurador Regional de Caldas profirió fallo de primera instancia absolviendo a los disciplinables por considerar que su conducta estaba cobijada bajo un eximente de responsabilidad (fuerza mayor y/o caso fortuito). Concluyó, que no existió conducta omisiva reprochable frente a ellos; por cuanto, los retardos advertidos sucedieron con ocasión a los problemas

técnicos presentados con el “Sistema Nacional Catastral” al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Inconforme con dicha determinación la quejosa Hungría Del Carmen Echeverry dentro del término legal presentó recurso de apelación. La alzada fue remitida ante la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa, quien luego la envió a esta Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento dada las nuevas competencias internas asignadas.

IV. LA PROVIDENCIA RECURRIDA El procurador Regional de Caldas mediante decisión del 18 de diciembre de 2020 absolvió de los cargos imputados a los disciplinables y dispuso el archivo definitivo del proceso, por considerar que estaba justificada la conducta no existiendo prueba para sancionar según las voces del (Art. 142

C.D.U). Es decir, al valorar el material probatorio concluyó que la mora en dar respuesta a algunos ciudadanos se presentó debido a los problemas técnicos originados durante la etapa de implementación del “Sistema Nacional Catastral” del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, incluida la Territorial de Caldas, quien junto con otras sedes fue pionera en implementarlo a nivel nacional. Fue así como, con el propósito de verificar la supuesta omisión en responder varios derechos de petición que originaron la acción disciplinaria, 21 Folio 1026. ídem 22 Folios 56 y 57 C.O No. 5 23 Folios 97 al 157 ídem. 5 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 se dispuso una visita especial al Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

practicada el 24 de agosto de 2017, donde se recaudaron varias pruebas, entre ellas, fotocopias de resoluciones y directrices internas que regulan los procedimientos de atención a ciudadanos, así como, el término reglamentado para dar respuestas según el requerimiento y actualización catastral que allí se realizaran. La Procuraduría Regional obtuvo toda la información suministrada por el IGAC–Territorial Caldas, durante los años 2013 hasta el 2017, especificándose en una tabla del programa “EXCEL” la cantidad de solicitudes presentadas, las que tuvieron respuesta dentro del término legal y aquellas que lo superaron, el porcentaje por incumplimiento en días hábiles para dar respuesta de fondo, etc. Se constató que, Diana Marcela Noreña Varón, como profesional universitaria era la encargada de coordinar y atender las diferentes peticiones, y que, desde el inicio de sus labores en el Instituto territorial de Caldas (del 13 de agosto de 2015 hasta el 08 de agosto de 2018); tras su llegada a ese cargo, recibió doce mil dieciocho (12.018) trámites, en ejecución varias de ellas, así como, solicitudes de información y peticiones de ciudadanos en mora de responderse. Observó que se habían radicado otras cincuenta y seis mil noventa y seis (56.096) solicitudes; concluyendo que el porcentaje de retraso era en más del 51.29% de las peticiones que fueron atendidas superando el término oportuno; incluso, para cuando se practicó la visita por parte de la regional, fueron evidenciadas un total de seis mil novecientas sesenta y cuatro (6.964) solicitudes de personas que aún no habían recibido respuesta

alguna. Sin embargo, Diana Marcela Noreña Varón aclaró que durante su permanencia en ese instituto y de las radicaciones que estaban pendientes antes de su llegada, es decir, (56.096), se finalizaron o terminaron un total de 44.078 equivalente al 78.58%, siendo el atraso sólo del 21,42% para tramitar el total de las peticiones que estaban por responderse. En cuanto a Heyner Jaramillo Aragón como Director Territorial, indicó que entre sus funciones tenía el de adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, aclarando que ese proceso tiene un régimen especial señalado por la Ley 14 de 1983, su decreto reglamentario dispuesto en la Ley 75 de diciembre 23 de 1986 y las resoluciones que la han modificado. Manifestó que en esa dirección territorial ejerce un estricto control y seguimiento a los derechos de petición lo que ha permitido un cumplimiento razonable de dicha actividad misional señalando que, con corte al 13 de 6 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 diciembre de 2017, no había derecho de petición que no se haya respondido dadas sus instrucciones. Indicó que, de los 6.974 trámites radicados en el Sistema Nacional Catastral, el 15.39% correspondía a escrituras públicas provenientes de los diez círculos Registrales del Departamento de Caldas, el 21.14% son radicaciones oficiosas por parte del IGAC y el 63.47% a diligencias catastrales solicitadas; trámites que requieren un estudio exhaustivo de

títulos y visitas a terreno por parte de técnicos de la entidad. Sin embargo, también advirtió, que se atendieron los trámites catastrales en la medida que obtenían los recursos asignados por la Subdirección de Catastro con sede central en Bogotá ante la territorial de Caldas, así como de la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios por la insuficiencia de personal de planta para suplir toda la demanda de los distintos trámites. Aunado a lo anterior, indicó que el departamento de Caldas desde la creación del “Sistema Nacional Catastral” ha sido piloto en su implementación, desde entonces, se han generado demoras en su inoperatividad, detectando que dicho sistema no permitía desarrollar los trámites catastrales de oficio y/o a petición de parte requeridos; además, el equipo en esa territorial ha trabajado por fuera del horario normal para poder cumplir medianamente con el objetivo misional de la entidad. Aseguró, que los atrasos se presentaron debido a que el implementado Sistema Nacional de Catastro no brindaba garantías en la fluidez y continuidad de su operación, no fue constante, presentó intermitencia, no establecía una fecha exacta para los distintos trámites, no se pudo establecer los rendimientos reales del uso del aplicativo (S.N.C); situación que pese a que dio a conocer al nivel central y distintas entidades de manera continua, repetitiva, verbal y por escrito, nunca se brindó una solución concreta.

V. DE LAS EXCULPACIONES DE LOS DISCIPLINABLES Ante las quejas de Jaime Mejía Isaza (Rad. No. E-2017-557310 del 4 de

abril de 2017), y Hungría del Carmen Echeverry Cuellar, donde informaron que desde el año 2014 habían solicitado la revisión de un inmueble, sin que a la fecha de apertura de la indagación, es decir el 11 de julio de 2017, se hubiere atendido, cada uno de los disciplinables ejerció su defensa material así: 5.1. Heynar Jaramillo Aragón, ejerciendo su defensa material presentó los siguientes argumentos: 7

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132 En su versión libre destacó aspectos relacionados con el funcionamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como establecimiento público, autónomo, de orden nacional, precisó que desde el nivel central se definen y trazan las políticas, directrices, estrategias institucionales, los proyectos, programas, metas, procedimientos técnicos y asignación de los recursos. Que, bajo su cargo entre otras funciones, está el de adelantar los métodos de formación, actualización y conservación catastral, procesos con un régimen especial, funciones asignadas de manera especial por la Ley 14 de 1983 y su Decreto reglamentario - Ley 75 de diciembre 23 de 1986; que la resolución interna del IGAC No. 070 de 2011 reguló el manual que establece el responsable, la actividad a desarrollar, controles y aspectos relevantes para tener en cuenta en los distintos procesos. Señaló que al interior del IGAC con esa resolución No. 070 de 2011 se reglamentó técnicamente la formación, actualización y conservación catastral, y que el trámite de los derechos de petición se regulo mediante la Resolución interna 342 del 10 de marzo de 2017. Explicó que, para un frente de trabajo, se recibían los derechos de petición que se radican en el sistema CORDIS desde la Secretaría de la Dirección Territorial relacionados con asuntos administrativos y judiciales de información general y catastral, los cuales no implican mutación y/o cambio de la información del predio, estos son atendidos conforme los parámetros de la resolución 342 de 2017, su manual de procedimiento y la Ley 1755 de 2015; una vez radicados, el Director Territorial los analiza y dependiendo del tipo de petición los asigna a cada jefe del área para que ellos los resuelvan en el término establecido. La Dirección Territorial ejerce control y seguimiento a los derechos de petición lo cual ha permitido un cumplimiento razonable de esa actividad misional y que, con corte al 13 de diciembre de 2017, no había derechos de petición sin responder. Señaló, que ejerció control y seguimiento a los derechos de petición en el aplicativo “CORDIS” y de manera verbal requirió a los jefes de Área que no habían atendido oportunamente las peticiones; concretamente, en el caso del profesional jefe de conservación – Diana Marcela Noreña Varón. Destacó que, el otro frente de trabajo, lo constituyen las solicitudes de trámites catastrales, actividad misional del IGAC, que se rige por la Resolución 070 de 2011 mediante un procedimiento especial en el cual se realizan las mutaciones catastrales (todo cambio que se hace sobre un bien), los trámites se radican en el Sistema Nacional Catastral (S.N.C) ya sean a

solicitud de parte y de forma oficiosa por parte de la entidad; para lo cual, debe tenerse en cuenta los requisitos y documentos necesarios que permitan el estudio de los títulos y realizar visita de campo a través de 8 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 comisiones de terreno integradas por los oficiales de catastro de acuerdo a la programación en los 27 municipios del departamento de caldas. Precisó que como Director Territorial debía conocer y resolver las solicitudes de trámites catastrales en segunda instancia cuando fueran apeladas y/o quejas, por cuanto luego de ser radicada, su manejo, trámite y trazabilidad en el Sistema Nacional Catastral debe ser atendido por el profesional universitario responsable del área de conservación quien suscribe los actos administrativos que definen el fondo de las peticiones. Referente a la petición y expediente de la señora Hungría del Carmen Echeverry, durante el 13 de diciembre del 2020 señaló que la profesional del área de conservación con oficio del 09 de octubre de 2017 le dio respuesta. También explicó que de los 6.974 trámites catastrales radicados en el Sistema Nacional Catastral (S.N.C) el 15.39% correspondían a escrituras públicas provenientes de los 10 Círculos Registrales del Departamento de Caldas, el 21.14% a radicaciones oficiosas por parte del IGAC, y el 63.47% a trámites catastrales solicitados por ciudadanos que requieren de estudio exhaustivo de títulos y visitas a terreno por parte de los técnicos de esa

entidad. Adujo igualmente que, esa clasificación no fue tenida en cuenta por el A quo, al afirmar que todas corresponden a solicitudes de ciudadanos, y que tampoco es cierto que existan solicitudes que daten del 20 de enero de 2014, pues los mismos difieren en fechas y años de radicación, destacando que los trámites catastrales fueron atendidos en la medida de los recursos asignados por la subdirección de catastro desde la sede central de Bogotá para poder contratar el personal que se necesitaba mediante prestación de servicios. Detalló los recursos que asignó el nivel central y su disminución año por año, el papel que jugó como piloto esa territorial desde la creación del sistema, lo que generó demora por su inoperatividad que no permitía desarrollar los trámites catastrales en condiciones adecuadas. Como prueba de su dicho aportó varios oficios, correos electrónicos, reportes de prensa, informes de inoperatividad del S.N.C del 23 de diciembre de 2016 al 13 de diciembre de 2017, novedades, trámites de oficina, resoluciones por las cuales se suspendieron los términos en algunas actividades catastrales. Motivos en los que se apoya para señalar que no existió dolo ni culpa en sus actuaciones, destacando que, incluso el equipo bajo su cargo trabajó en horas no laborales para tratar de cumplir con el objetivo misional de la entidad. 9

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132 Adujo que la Territorial de Caldas desde hace 4 años, fecha en que entró en operación el nuevo sistema, trabajó con responsabilidad, esmero y

compromiso institucional, que reflejado en el cumplimiento de las metas de trámites catastrales fijados por la sede central; y tan comprometidos estuvieron con la institución que fueron proactivos para salvar obstáculos y dificultades de diferente orden que están demostradas. Es tan así, señala el disciplinable, que ante la falta de recursos para atender las solicitudes de ciudadanos les propuso a los alcaldes municipales convenios interadministrativos para que aportaran recursos económicos y poder atender los trámites catastrales en esos municipios, y que de las distintas propuestas únicamente se firmó un convenio por sesenta millones de pesos ($60.000.000) con el municipio de Neira, los demás alcaldes manifestaron no tener recursos para respaldar dichos convenios. Es reiterativo en manifestar que no existe prueba de su actuar doloso, mucho menos culposo, pues el trabajo diario que realizó fue inagotable y que las pruebas de su gestión como director territorial dieron cuenta del esfuerzo y sufrimiento diario padecido para cumplir con las obligaciones legales de la entidad, y que el incumplimiento presentado es el resultado de un sinnúmero de factores externos a la voluntad y facultades de la dirección territorial. Aunado al hecho que, por las funciones de los cargos, es la jefe del área de conservación catastral quien debe responder por los trámites catastrales, que en su momento fue quien respondió a esos casos, razón por la cual deberá ser quien conteste ante la justicia disciplinaria los cargos formulados. 5.2. Diana Marcela Noreña Varón, ejerciendo su defensa material, dentro de su versión libre presentó los siguientes argumentos:

Que su ingreso fue el 13 de agosto de 2015 y su retiro el 8 de agosto de 2018, por suplirse la provisionalidad del concurso de méritos, y que tras su llegada recibió el cargo con 12.018 trámites en ejecución, de acuerdo con la base de datos del S.N.C entregada el día de la visita realizada por la procuraduría en agosto de 2017. Que desde el 20 de febrero del 2014 y hasta un día antes de su llegada (13 de agosto de 2015) se radicaron 56.096 trámites en el SNC – según información del archivo “trámites Caldas SNC 2014-2015-2016 y 2017. Manifestó que el 13 de agosto, fecha en que llegó a esa territorial, recibió un total de doce mil dieciocho (12.018) solicitudes equivalentes al 21,42% de los atrasos existentes en los trámites de ejecución del sistema nacional catastral, es decir, del total de aquellos radicados (56.096), fueron 10 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618132 contestados (44.078) solicitudes, quedando pendientes por dar respuesta solo (12.018) peticiones. También explicó que, desde el 13 de agosto de 2015 y hasta el 29 de junio de 2017, fecha de corte del reporte llevado por la procuraduría para la investigación, se radicaron 68.007 trámites en el S.N.C, que desde su posesión y hasta el 29 de junio de 2017 fueron finalizados o terminadas un total de 63.155 trámites.

Aclaró que de las 12.018 radicaciones que dejó pendientes o en ejecución el jefe de conservación anterior, por su parte finalizó 9.906, y desde su posesión hasta la fecha de su retiro tramitó un total de 73.061 radicaciones y que, durante su permanencia en la territorial, el sistema presentó distintos inconvenientes tales como: a) No brindó las garantías en la fluidez y continuidad de su operación. b) Constante incertidumbre e intermitencia. c) No se podía medir rendimientos para programar y establecer fechas exactas para la atención de los trámites. d) Para aquella época no se logró establecer los rendimientos reales del uso del aplicativo (S.N.C), pues la resolución de rendimientos a la fecha data de años atrás y bajo el funcionamiento del aplicativo “COBOL”, donde además el proceso es mucho más corto y el reconocedor tiene menos tareas. e) Esa situación se la manifestó de manera continua, repetitiva, por escrito y de manera verbal, a su superior inmediato (Heynar Jaramillo – Director Territorial), a la Subdirección de catastro sede central, al gerente del sistema nacional catastral, a la secretaría general máxima autoridad del área jurídica del IGAC a nivel nacional, al director general, al sistema integrado de gestión IGAC, varios juzgados, distintas agremiaciones como CAMACOL, distintos entes de control (procuraduría, oficina de transparencia, entre otros). Que, atendiendo sus funciones como responsable del área de conservación tuvo una carga del 30% de todas las tareas que requerían el aplicativo tales como determinar su procedencia, comisionar trámites de terreno, asignar

trámites, revisar proyección de la resolución, generar resolución número de consecutivo e imprimirla, aplicar cambios, cancelar trámites, administrar asignaciones, comisiones y generar reportes, entre otras funciones. Señaló también que era la responsable de la producción de la dirección territorial en el cumplimiento de las metas, supervisar el 90% de los contratos que suscribe la dirección territorial, del sistema de gestión integrado, indicadores de capacitaciones, derechos de petición asignados, respuestas de tutelas, orientar a funcionarios del centro de información (atención de ciudadanos), proyectos especiales con distintas entidades y todas las demás funciones que fueron detalladas ante la Regional de Caldas. 11

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132 Explicó que, en el S.N.C por cada una de estas mutaciones se genera un acto administrativo, hecho que jurídicamente es violatorio de los principios básicos de la administración pública consagrados en el (CPACA), los cuales deben permear cada una de las actuaciones propias de las entidades. Que contrario a lo anterior, se debe establecer en un solo acto administrativo las decisiones, cumpliendo así con el término para atender los trámites catastrales, porque si continúa como se realiza actualmente, la decisión de fondo puede durar seis meses mientras se produce cada uno de los actos (mutaciones necesarias), se notifican y adquiere firmeza cada uno de ellos. Advierte que, desde el 20 de enero de 2014 en la dirección territorial caldas entró a operar el Sistema Nacional Catastral (S.N.C), y durante todo el año se presentaron inconvenientes e inconsistencias que fueron corregidas y/o

mejoradas durante su marcha, tales como (reformas de propiedad horizontal, trámites en una misma vereda, liquidación de avalúos, demora en aplicar cambios, tiempos muertos, pérdida de cambios en una resolución, términos – notificaciones, falla editor geográfico, faltan productos gráficos, reportes y estadísticas; así como, su inoperancia y constante mantenimiento. Aseguró que, la petición anterior, fue respaldada por la Regional de Quindío, desde donde manifestaron: “…Teniendo en cuenta lo expresado por los compañeros de la Territorial Caldas, nosotros como funcionarios de la Territorial Quindío y por ser el IGAC un mismo grupo institucional, nos acogemos y respaldamos en su totalidad el contenido del oficio (…), precisando que, el S.N.C después de un año de funcionamiento no ha cumplido con las expectativas de fluidez y celeridad con que fue presentado en las Territoriales para cumplir con eficiencia , eficacia y efectividad a los requerimientos de nuestros clientes internos y externos…”. Adujo que a pesar de que programó jornadas los fines de semana con su equipo de trabajo, dadas las intermitencias y limitaciones por la constante desconexión del sistema, siempre dejó constancias de que el -S.N.Csiguió presentando inconvenientes en las grabaciones de las mutaciones de terreno y particularmente en las reformas de propiedad horizontal, amén de las liquidaciones de avalúos y otros escenarios que comunicó de manera oportuna y por distintos medios a la sede central sin que se hayan dado una concreta solución. Sucesos que generaron un retraso considerable, ocasionando un sinnúmero de acciones de tutelas que fallaron en contra del IGAC por incumplimiento

en la realización de los tramites catastrales dentro de los términos legales; precisamente, porque el sistema no permitía realizar actuaciones catastrales dadas las constantes fallas en su funcionamiento.

VI. ARGUMENTOS DEL RECURSO.

12

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618132 La señora Hungría del Carmen Echeverry Cuellar, manifestó tanto de manera verbal como por escrito, que existió desconocimiento a su derecho de petición constitucional y legal por parte de servidores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Caldas, al no otorgarle respuesta dentro del término regulado, no resolver su requerimiento, ni tampoco notificarle la respuesta dentro de los plazos otorgados por la normativa. Indicó que, pese a presentar suficientes pruebas que corroboraban su dicho, no fueron tenidas en cuenta por el a quo bajo el argumento que no pudieron visualizarse. También solicitó la nulidad de las actuaciones surtidas en las audiencias del primero y once (1° y 11) de diciembre de 2020, por cuanto, pese a haber iniciado a las 2:00 pm, no se incluyó como invitada, su ingreso fue denegado y solo a partir de las 2:48 pm se le permitió y no supo que habló la doctora Noreña durante ese lapso. Precisó que todas las pruebas por ella aportadas no fueron tenidas en cuenta

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