PGN - FUERZAS MILITARES - La acción de simular un combate e incurrir en homicidio, constituye f

GRAVE VIOLACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Por tratarse de un homicidio en persona protegida CARGA DE LA PRUEBA-En materia disciplinaria Corresponde al Estado/FALLO ABSOLUTORIO POR DUDA-Procedencia/PROCESO DISCIPLINARIO-Objetivos/ PROCESO DISCIPLINARIO-Finalidad Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado; también lo es, como bien lo aduce el a quo, que en materia disciplinaria la carga de la prueba corresponde al Estado (art.129 Ley 734 de 2002). Y para que proceda un fallo absolutorio por duda, ésta debe ser razonable y además se debe haber verificado que no existe modo de eliminarla, conclusión a la que solo se puede llegar a través de la valoración del haz probatorio. Consecuente con lo antes dicho, es que en el inciso tercero del artículo 156 del C.D.U. se prevé la prórroga de la investigación cuando el funcionario al evaluarla se da cuenta que hacen falta pruebas que pueden modificar la situación. Precisamente, porque entre los objetivos del proceso disciplinario está la prevalencia de la justicia, “la búsqueda de la verdad material” a la par con el respeto de los derechos de los intervinientes. En ese orden, la esencia del proceso disciplinario es acceder al valor justicia, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que tiene por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal, es decir, se trata de hacer justicia material en cada caso,

lo que implica el adelantamiento de una investigación seria, eficiente, juiciosa e imparcial. De la misma manera, es también principio rector del régimen disciplinario, el de la culpabilidad, a través de la proscripción de la responsabilidad objetiva, razón por la que solo se puede sancionar con la certeza sobre la primera de las mencionadas y ante una duda razonable imposible de solventar, sin embargo, la incertidumbre no debe emerger a partir de una falta o yerro en la valoración de la prueba en conjunto. SISTEMA PENAL ACUSATORIO-En el momento que se produzcan bajas y capturas enemigas se debe tener muy en cuenta la cadena de custodia Más grave aún, es que a pesar que en la orden de operaciones se les ordenó a las miembros de la Unidad Caldas 1, aquí disciplinados, a través de su comandante, el teniente…, que. «De acuerdo al nuevo sistema acusatorio en el momento que se produzcan bajas y capturas enemigas se debe tener muy en cuenta la cadena de custodia preservando los elementos, pruebas desde el teatro de los hechos hasta que finalice el proceso, en ningún momento podemos cambiar la escena de los hechos hasta que la autoridad competente llegue al sitio.» (negritas fuera de texto) (). PRUEBAS-Por su coherencia llevan a la convicción que se incurrió en homicidio Por todo lo anterior puede decirse, que es contundente el material probatorio que existe, en cuanto compromete en grado de certeza la responsabilidad del hoy Capitán … en su condición de comandante de la contraguerrilla Caldas 1 orgánica del Batallón de Ingenieros n° 4 “…” del Ejército Nacional y de los soldados bajo su mando …, … y … en

la falta endilgada, y claro, al estudiarlo y cotejarlo en conjunto se evidencian las mentiras, y se adquiere la claridad y certeza requeridas para sancionar. Pruebas respecto de las Radicación n.° 161 - 5525 cuales el Delegado Disciplinario no presentó ningún argumento, y que por su coherencia llevan a la convicción que se incurrió en homicidio de dos personas que al momento de ser atacadas por los disciplinados no estaban participando directamente de las hostilidades. COMBATIENTE-En términos del Derecho Internacional Humanitario/PRINCIPIO DE DISTINCIÓN-En el Derecho Internacional Humanitario Es que la expresión combatiente en los términos que precisa el D.I.H. para ser considerado objetivo militar lícito, sólo puede entenderse referida a quienes se demuestre participan directamente en las hostilidades y mientras dure su participación. Así lo entendió la Corte Constitucional en la citada sentencia C-225 de 1995, sobre el Protocolo II, como quiera que así lo impone el principio de distinción que rige el Derecho Internacional Humanitario, el cual está dirigido a proteger a la población civil de los rigores y excesos que suelen producirse en desarrollo de los conflictos armados. FUERZAS MILITARES-Los procesados incurrieron en un comportamiento incompatible con la misión constitucional asignada a esta institución/FALTA GRAVÍSIMA-Incurrir en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario En el orden precedente, y estando plenamente acreditado que los señores … y su primo …, para cuando se dio su ejecución arbitraria por parte de los miembros del Ejército

Nacional aquí involucrados, no estaban participando directamente de las hostilidades en contra de la tropa que integraban los disciplinados, es que podemos inferir y reafirmar que los procesados incurrieron en un comportamiento totalmente reprochable e ilegal, alejado y desviado de los fines propios de su cargo, pero en especial incompatible con la misión constitucional asignada a las fuerzas militares y con los fines propios del Estado, y por ello constitutivo de falta disciplinaria de tipo gravísima descrita en el numeral 7 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, denominada “incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario”, en cuanto sanciona el homicidio de quienes no estén participando en las hostilidades. Es que si en el contexto de un conflicto armado interno o de carácter no internacional, los miembros de las fuerzas militares, en ejecución de una operación militar pero simulando un combate, incurren en un acto que desconozca el principio de distinción y con ello a su vez se quebranta o vulnera el derecho a la vida por la injustificada e intencional muerte de una persona mientras no está participando de las hostilidades, aunque ésta haga parte o hubiere colaborado directa o indirectamente con un grupo armado ilegal, tal proceder configura infracción grave al Derecho Internacional Humanitario y por ende, dicho comportamiento encuadra también en la falta gravísima descrita en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 e incorporada para las Fuerzas Militares por el artículo 58 numeral 34 de la Ley 836 de 2003. RÉGIMEN DISCIPLINARIO-Finalidad En cuanto a la ilicitud sustancial, podemos empezar precisando que el régimen

disciplinario, más que proteger bienes jurídicos en concreto o exigir la configuración de un resultado lesivo, lo que busca primordialmente es encauzar la conducta de los servidores públicos y con ello propender por el logro y efectividad de aquellos principios constitucionales y legales que rigen la función pública en aras de que se hagan realidad 2 Radicación n.° 161 - 5525 los fines del Estado Social de Derecho, nos referimos a lo previsto en el artículo 209 de la Carta Política, bajo ese propósito, para endilgar responsabilidad disciplinaria se ha considerado que debe existir la imputación de un comportamiento contrario a derecho – hoy desvalor de acto-, o que quebrante el deber funcional, siempre y cuando ello conlleve el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, bajo el entendido de que el interés público está involucrado, puesto que, desde siempre, se ha considerado como parte integrante del correcto ejercicio de la función pública, cuando ésta es asumida al posesionarse o contratar con el Estado. FUERZAS MILITARES-La acción de simular un combate e incurrir en homicidio, constituye falta disciplinaria/FUERZAS MILITARES-Deben respetar todos los derechos fundamentales Con ese norte, y analizando la conducta desplegada por los uniformados disciplinados, quienes al formar parte del Ejército Nacional, y actuar en los hechos concretos tal y como bien lo consideró el a quo en el auto de cargos (), como miembros suficientemente capacitados y experimentados de un grupo especial contraguerrilla Caldas 1, adscritos al Batallón de Ingenieros n° 4 CR. Pedro Nel Gómez (), tenían y conocían su deber principal

de garantizar el respeto y cumplimiento de la Constitución y la ley, los tratados internacionales aprobados y ratificados por Colombia, por lo que no puede justificarse la violación a derechos fundamentales y de contera al derecho internacional humanitario en que se incurrió, en tanto el mismo implicó un desconocimiento de las normas internas y de derecho internacional que prohíben la privación ilegal de la vida, o la pena de muerte, en tanto prescriben que quien no esté participando en las hostilidades no puede ser objetivo militar o atacado en estado de indefensión; por lo que la acción de simular un combate e incurrir en homicidio, constituye falta disciplinaria, toda vez que aún en contexto de conflicto armado, los miembros de las fuerzas militares deben respetar todos los derechos fundamentales, siendo el primero, la vida e integridad personal de todas las personas, en especial de aquellas que no participan de las hostilidades. COMISION DE CRIMENES DE GUERRA-Jurisprudencia internacional DEBERES FUNCIONALES-El actuar desproporcionado, arbitrario e injusto asumido y cohonestado por los disciplinados fue en total contravía con el derecho fundamental y absoluto El actuar desproporcionado, arbitrario e injusto asumido y cohonestado por los servidores disciplinados fue en total contravía de sus deberes funcionales, con el agravante de constituir una sustancial violación a un derecho fundamental y absoluto, constituyendo tal proceder reprochable una falta gravísima tipificada en el numeral 7 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 y en el numeral 34 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, normatividad

que incluye por remisión la prohibición absoluta de cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas que no participan directamente en los conflictos armados; por tanto, por expresa definición legal la conducta endilgada corresponde a una falta de carácter gravísima. 3 Radicación n.° 161 - 5525 CULPABILIDAD-Análisis/CULPABILIDAD-Definición Siguiendo el principio general según el cual para que las conductas sean sancionables se requiere que sean típicas, sustancialmente ilícitas y culpables, en el art. 13 de la Ley 734 de 2002 se estableció que «En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa», al respecto tenemos en lo que hace referencia al dolo, que éste lo constituyen los elementos intelectivo o cognitivo y el volitivo; el primero tiene que ver con el conocimiento de la norma o de la infracción y, con la comprensión de las circunstancias del hecho que se quiere realizar (de la ilicitud), el volitivo por su parte hace referencia, como su nombre lo indica, con la voluntad de hacer lo que se conoce; lo cual sin más quiere decir que para declarar responsabilidad en materia disciplinaria se debe acreditar el claro discernimiento del deber, prohibición, régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, lo que equivale al conocimiento de la falta; pero además, entendimiento y querer (voluntad) respecto de las condiciones o circunstancias en que se realiza la conducta reprochable y sus consecuencias, lo que implica decidir incurrir en la conducta que resulta constitutiva de falta.

En consecuencia, la culpabilidad, entendida como la obligación de atribuir dolo o culpa en el proceder del sujeto pasivo de la acción disciplinaria, debe tener como punto de referencia el deber funcional propio del servidor cuestionado. Para la Sala del estudio crítico y en conjunto del material probatorio, se encuentra que éstos actuaron con pleno conocimiento de sus deberes como miembros del Ejército Nacional, entre ellos el respeto debido a las normas de Derecho Internacional Humanitario que propenden por la especial protección de los civiles ajenos al conflicto interno que vive el país y de quienes no participan de las hostilidades, así como de los límites que en general se les impone para el uso de las armas, deberes que conocían por su formación y trayectoria como miembros de la Fuerza Pública (), que además, se les enlistaron en la Orden Fragmentaria de Operaciones “Éxito” n° 16 del 2 de marzo de 2005 (); pero a pesar de tal conocimiento, decidieron infringir sus deberes a sabiendas de lo que implicaban sus decisiones de ejecutar sin justificación a unas personas que no estaban participando directamente en las hostilidades, para después hacer creer que se trató de una muerte en combate y en legítima defensa. CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Le asigna a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional la posición de garante/FUERZAS MILITARES-Tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario Es que la Constitución Política colombiana, en virtud de los artículos 2 y 217, le asigna a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, la “posición de garante derivada de la

obligación de cumplir deberes irrenunciables en un Estado Social de Derecho” Así, pues, parafraseando a la Corte Constitucional, cuando el servidor miembro de la fuerza pública por acción u omisión permite la vulneración o ataques contra los derechos constitucionales y humanos, está violando su posición de garante, y los peligros o violaciones para los derechos que deben proteger los militares bien pueden surgir por las conductas de las personas que están bajo su subordinación. Y además, las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario, y el permitir que ocurra, sea porque activamente intervienen en su quebranto o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, es que tal proceder desviado no se considera como un acto relacionado con el servicio. 4 Radicación n.° 161 - 5525 Analizando los antecedentes que rodearon los hechos y que informan sobre la forma en que fueron sorprendidos y luego atacados mortalmente los primos … y …, aprovechando que se encontraban solos y en un lugar despoblado, se les dio muerte en una acción causada por los disparos efectuados por los cuatro disciplinados, junto con el hecho de obstaculizar su individualización y la investigación, evidencia que los disciplinados conocieron, se representaron y aceptaron el resultado de tales acciones, no dejando nada librado al azar. FALTA GRAVÍSIMA-Cometida a título de dolo/DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓNDestitución e inhabilidad general

Estando establecido que la falta por la que se declaran responsables el hoy capitán … y los soldados …, … y … está definida en la Ley disciplinaria como Gravísima, que fue cometida a título de Dolo, podemos aseverar que al tenor de lo establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 la sanción correspondiente es la destitución o separación absoluta de las Fuerzas Militares y la inhabilidad general que oscila entre diez (10) a veinte (20) años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 ibídem. Ahora, como según lo anterior la graduación solo cabe respecto del término de la inhabilidad, para hacerlo tendremos en cuenta los criterios de atenuación y agravación previstos en las Leyes 734 de 2002 y 836 de 2003. En el presente asunto en relación con los cuatro disciplinados no se acreditaron circunstancias de atenuación, sin embargo, como no existen reportes de faltas disciplinarias es válido pensar que su comportamiento o desempeño como servidores públicos se desarrollaba con eficiencia y diligencia, y en términos generales su buena conducta anterior. Con todo, como la evidencia indica que la falta que se reprocha se cometió con el concurso de varios miembros del Ejército Nacional, aprovechando el desempeño de operaciones de restablecimiento del orden público y propias del conflicto armado interno y utilizando en forma innecesaria e indebida las armas, pues los señores … y … no alcanzaron a atacar la patrulla, adicionalmente, su muerte simulando un combate, sin duda genera un grave daño social y de la imagen del Ejército Nacional, por los efectos

nocivos que tuvo en la comunidad el proceder irregular de los aquí procesados, además, por la afectación a derechos fundamentales, y el conocimiento de la ilicitud de la conducta, llegamos a la conclusión que se debe imponer una inhabilidad general por el término de quince (15) años. 5 Radicación n.° 161 - 5525

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014) Aprobado en acta de sala n.° 35

Radicación No: 161 – 5525 (IUS 008 – 125069 – 2005)

Disciplinados: TE. Edward H. Lancheros y otros Slr.

Cargo: Comandante y miembros de patrulla Caldas 1. Bat. n° 4 “Pedro Nel

Martinez” Quejoso: Rodrigo Valencia y Astrid E. Palacio Fecha de las 18 de abril y 24 de mayo de 2005 quejas Fecha hechos: 21 de marzo de 2005

Asunto: Apelación de fallo absolutorio P.D. PONENTE Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala revisa el fallo absolutorio del 30 de abril de 2012, emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro de la presente investigación adelantada contra el hoy capitán EDWARD LANCHEROS VELÁSQUEZ y los entonces soldados regulares JULIÁN DAVID ARENAS VELÁSQUEZ, JULIÁN

ANDRES AMARILES ALDANA y RAMÓN EMILIO CARTAGENA MONTOYA

(folios 915 a 937 cuad. 2).

I. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES RODRIGO VALENCIA SÁNCHEZ y ASTRID ELENA PALACIO en sus escritos de queja manifestaron que su hijo (JOHN ALEXANDER VALENCIA CEFERINO) y su esposo OSCAR IVAN VALENCIA, respectivamente, salieron temprano a trabajar en labores propias de la agricultura el 21 de marzo de 2005 en inmediaciones de la finca El Algarrobo ubicada en la vereda Morro Gordo jurisdicción del municipio de Abejorral (Ant), y no regresaron, al iniciar su búsqueda ese mismo día al final de la tarde, se enteraron que miembros del Ejército Nacional transportaban hacia la vereda El Buey y en mulas dos cadáveres de unos supuestos miembros de la guerrilla muertos en combate. Agregan los quejosos, que su hijo y esposo, señores VALENCIA, fueron sacados del lote en el que se encontraban rozando, y los mataron por equivocación porque los confundieron con integrantes de la guerrilla al observar que uno portaba un “Walkie Talkie” y el otro un celular, como elementos de trabajo (fols.3 a 8 cuad. anexos 1 y 7 a 29 cuad.1).

Repartidos los escritos de quejas antes dichas ante la Procuraduría General Regional de Antioquía el 13 de septiembre de 2005, y la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos el 19 de agosto de 2005, 6 Radicación n.° 161 - 5525

dispusieron cada una el inicio de indagación preliminar (fols.14 a 17 cuad. anexo 1 y fols.30 a 32 cuad.1). El 30 de mayo de 2006 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del teniente EDWARD HERNANDO LANCHEROS y los soldados regulares RAMON EMILIO CARTAGENA MONTOYA, JULIAN DAVID ARENAS VELASQUEZ y JULIAN ANDRES AMARILES ALDANA (fols. 272 a 275 cuad.1). Por auto de fecha 16 de noviembre de 2006, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó al Comandante del Batallón de Ingenieros n° 4 “PEDRO NEL OSPINA” revocar el auto de archivo emitido por el referido comando dentro de la indagación preliminar 13 de 2005 el 24 de marzo de 2006, y a favor del teniente EDWARD LANCHEROS VELASQUEZ (fols. 409 a 413 cuad.1); solicitud que fue atendida con auto de revocatoria de fecha 9 de enero de 2007 por el comandante del Batallón de Ingenieros n° 4 “Pedro Nel Ospina” (fols.439 a 444), decisión que a su vez fue revocada a través de un auto de nulidad proferido por el 11 de julio de 2007 por el Comandante de la Cuarta Brigada (fols.446 448 cuad.1). Ante la anterior situación, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, radicó solicitud de revocatoria ante el señor Procurador

General de la Nación (fols. 452 a 455 cuad.1), petición que fue resuelta de manera favorable por auto del 14 de agosto de 2008 (fols.456-462 cuad.1). Culminado el periodo probatorio, el 30 de junio de 2009, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos evalúo la instrucción resolviendo formular pliego de cargos al teniente EDWARD HERNANDO LANCHEROS VELASQUEZ y a los soldados regulares JULIAN ARENAS VELASQUEZ, JULIAN ANDRES AMARILES ALDANA y RAMON EMILIO CARTAGENA MONTOYA por la presunta comisión de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario al incurrir en Homicidio de personas protegidas por el DIH, falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. (fols.490 a 502 cuad. 1). Resueltas las solicitudes de pruebas y de nulidad, evacuadas las primeras, y descorrido el traslado para alegar de conclusión (fol. 891 cuad.1), la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos emitió fallo de primera instancia resolviendo absolver a los disciplinados de los cargos endilgados (fols.915 a 937 cuad.2). Enterados de la decisión absolutoria, los quejosos interpusieron y sustentaron cada uno recurso de apelación contra esta (fols. 968 a 971 cuad.2), alzada que fue concedida en el efecto suspensivo y remitidas las diligencias a esta instancia (fols.

977 y 978 cuad.2).

II. DECISIÓN RECURRIDA En providencia fechada 30 de abril de 2012 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió absolver al teniente EDWARD

7 Radicación n.° 161 - 5525 HERNANDO LANCHEROS VELASQUEZ y a los soldados regulares JULIAN DAVID ARENAS VELASQUEZ, JULIAN ANDRES AMARILES ALDANA y RAMON EMILIO CARTAGENA MONTOYA, de acuerdo a los argumentos que se exponen a continuación: Luego de efectuar un extenso resumen de la actuación surtida y de los alegatos del abogado de los disciplinados, aunados a unos comentarios en relación con la valoración del testimonio, anuncia el Delegado que en lo relativo a la participación o posible responsabilidad de los disciplinados, que las contradicciones e inconsistencias de los quejosos no pueden ser suplidas por los testigos de oídas, en tanto que para el a quo una declaración para que tenga fuerza probatoria debe basarse en lo visto o escuchado en forma personal. Que en cambio, las inconsistencias en la información reportada por los disciplinados en nada o en poco afectan la credibilidad de sus dichos, es decir, su argumento en cuanto que actuaron y accionaron sus armas en reacción a un ataque, no fue desvirtuado. Así por ejemplo, dice el Delegado, las inquietudes que llamaron la atención en su momento en relación con ciertas señales que se dijo presentaban los cuerpos, no fueron aclaradas y sustentadas, aunque la Fiscalía llamó a ampliación de

declaración al Fiscal y profesionales de la salud que intervinieron en las primeras diligencias. Aunado a ello, el Informe de Asesoría Técnica solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales indicó que la causa de la muerte del señor JHON ALEXANDER VALENCIA quedó en el terreno de lo posible. De forma paradójica, la reconstrucción de los hechos efectuada por ciertos expertos de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, arrojó que existe compatibilidad entre las versiones dadas por los procesados ante las diferentes instancias judicial y administrativa, y lo dicho en la mencionada diligencia, pero además “…con los protocolos de necropsia”. De otra parte, y pasando al análisis del caso concreto, aduce la Delegada que como es deber de la Administración demostrar o probar en grado de certeza la materialidad de la falta endilgada y la responsabilidad de los disciplinados, pero en el presente asunto, dice, se demostró que los cuatro militares disciplinados se encontraban el día 21 de marzo de 2005 en el lugar de los hechos con ocasión de la ejecución de una orden de operaciones propia de las funciones constitucionalmente encargadas a las Fuerzas Militares. Y agrega, si bien es cierto se allegaron durante la investigación declaraciones de personas que dan cuenta de la condición socioeconómica dedicación exclusiva a actividades agrícolas o del campo de los hoy occisos, VALENCIA CEFERINO y VALENCIA VALENCIA, tales aseveraciones para la Delegada fueron refutadas por varios “…habitantes del sector” así como por desmovilizados de las FARC (sic),

siendo que estos últimos además dieron cuenta de la “…participación y presencia de los mismos en una emboscada que pretendían perpetrar el 21 de marzo de 2005 en la quebrada El Algarrobo,”. Hecho que el fallador de primera instancia lo asume como prueba directa de la participación activa en calidad de combatientes 8 Radicación n.° 161 - 5525 en el conflicto armado interno que vive el país y de paso como demostración de la reacción grupal del Ejército sobre un objetivo militar. Adicionalmente, para el Delegado Disciplinario para la Defensa de los Derechos Humanos, como ninguno de los declarantes presenció los hechos, aduce concluir con rigor que la aseveración en cuanto que los señores hoy occisos fueron sacados de una finca por miembros del Ejército Nacional y posteriormente asesinados, no tiene sustento alguno a la par que no existe prueba que desvirtué las manifestaciones de los uniformados procesados. De la misma forma, dice, a pesar de las falencias en la realización de las experticias forenses, pero como de todos modos los galenos forenses en declaración negaron la existencia de signos de violencia y ahorcamiento, pues existe una duda razonable a favor de los investigados. Con las anteriores razones el Procurador Delegado Disciplinario para la Defensa de los Derechos Humanos procedió a absolver de los cargos formulados a los cuatro miembros del Ejército Nacional disciplinados, aduciendo falta de certeza en relación con las irregularidades endilgadas.

III. CARGO FORMULADO Con proveído de fecha 30 de junio de 2009, la Procuraduría Delegada Disciplinaria

para la Defensa de los Derechos Humanos formuló el siguiente único cargo a los militares disciplinados (fols. 490 a 502 cuad.1): Primero: Formular cargos disciplinarios contra el Teniente LANCHEROS VELASQUEZ EDWARD HERNANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7 710.852 y los entonces Soldados Regulares ARENAS VELASQUEZ JULIAN DAVID (…), AMARILES ALDANA JULIAN ANDRES, (…) y CARTAGENA MONTOYA RAMON EMILIO (…), porque cuando se encontraban adscritos al Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “Pedro Nel Ospina” del Ejército Nacional, el 21 de marzo de 2005 en la finca “El Algarrobo” de la Vereda Morro Gordo del Municipio de Abejorral (Antioquia), presuntamente incurrieron en grave infracción al derecho internacional humanitario en desarrollo de la Orden de Operaciones No. 016 de 2005 Fragmentaria “ÉXITO”, Misión Táctica MARTE, pudieron realizar de manera consciente e intencional los homicidios de OSCAR IVÁN VALENCIA VALENCIA y JHON ALEXANDER VALENCIA, personas protegidas por el derecho internacional humanitario; falta disciplinaria gravísima tipificada en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, como “GRAVES VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”, al haber transgredido los preceptos señalados en el numera 1, literal a), del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5 de 1960 y ratificado por el Estado

Colombiano el 8 de mayo de 1962 y los artículos 4° literal a) y artículo 13 del Protocolo Adicional II de Ginebra aprobado mediante la Ley 171 de 1994. Para la Delegada la falta endilgada por expresa disposición legal se califica como gravísima y se atribuyó además a título de dolo. 9 Radicación n.° 161 - 5525

IV. RECURSO DE APELACIÓN Los quejosos ASTRID ELENA PALACIO y RODRIGO DE JESUS VALENCIA SANCHEZ presentaron sendos recursos de apelación manifestando no estar de acuerdo con las consideraciones y decisión absolutoria por lo siguiente: 1.-Para la señora PALACIO existe prueba suficiente de que fueron los cuatro militares disciplinados quienes sacaron a OSCAR IVAN VALENCIA VALENCIA y a su primo del lugar en donde se encontraban trabajando y los llevaron al punto donde luego los asesinaron, para después en la vereda El Buey, los mismos militares afirmar que se trataba de dos subversivos dados de baja, cuando en realidad eran dos personas muy conocidas en la región por su buena conducta e intachable comportamiento personal, razón por la que tampoco tenían al momento de su muerte cuenta pendiente con la justicia. 2.-RODRIGO DE JESUS VALENCIA SANCHEZ, por su parte, y como padre del occiso JOHN ALEXANDER VALENCIA CEFERINO, alegó que su hijo era un joven sano, trabajador y que no tenía antecedentes.

También, que durante el proceso declararon varias personas del sector y que conocían a lo que se dedicaba JOHN ALEXANDER VALENCIA. Así mismo

advierte que no tuvo la oportunidad de presentar pruebas, mientras los sujetos procesales procesados trajeron al proceso a ciertas personas que adujeron conocerlos, y a quienes les creyeron sin reparo, a pesar de ser delincuentes. Solicita además el recurrente que se oficie al Juzgado 15 Administrativo de la ciudad de Medellín para obtener copias de las pruebas allí practicadas y así conocer mejor la forma y comportamiento de su hijo. Admite, que al tramitarse el proceso por la muerte de su hijo y del primo OSCAR IVAN VALENCIA VALENCIA, de manera conjunta, se presentó una confusión, porque al conversar con los testigos, estos le aclararon que en sus declaraciones en ningún momento quisieron hacer referencia a su hijo JHON ALEXANDER, sino únicamente a OSCAR IVAN, razón por la que los testimonios en contra de