PGN - ILICITUD SUSTANCIAL - Definición y alcances

SERVIDOR PÚBLICO-Responsabilidad El principio general de responsabilidad impone que los servidores públicos somos responsables por incumplir la constitución y la ley y además por actuar extralimitando nuestras funciones, con lo que se impone que solo podemos hacer aquello que está permitido o autorizado legalmente. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-No hacen parte de la unidad de caja Como lo cita el juzgador de instancia el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, la norma exige que los recursos del Sistema General de Participaciones, su administración debe realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. SERVIDOR PUBLICO-Solo puede hacer lo que le está expresamente permitido Como bien lo señala el funcionario de instancia, las reglas de presupuesto existen con un propósito, y es investir de orden, fluidez y por tanto eficiencia la gestión pública, por más lógica que parezca una solución un servidor público sólo puede hacer aquello que le está autorizado, no lo que le parece conveniente, porque aquí se encuentra un argumento de supuesta “conveniencia”, más que legalidad, y es que no entrara en una medida cautelar los dineros estatales es tanto como decir que estaríamos ante una conducta cercana al delito contenido en el artículo 253 del Código Penal sobre alzamiento de bienes o 454 de sustracción al cumplimiento de obligación. Resultando incorrecta su apreciación de que no le correspondía manejar recursos, porque por mandato constitucional si le está señalada tal obligación. SERVIDOR PÚBLICO-El error invencible debe probarse Para que opere la causal de exclusión de responsabilidad invocada por el

implicado, esto es la convicción errada e invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria no es un instrumento legal que baste con ser invocado, debe mediar prueba o al menos condiciones específicas para que prospere. El error que permite evitar la responsabilidad es aquel que resulta invencible, insuperable y que no se relaciona con ignorancia. En este caso no sólo por su cargo, sino también por las normas que regulan el comportamiento y las disposiciones penales que implicarían aceptar su comportamiento nos lleva a concluir que no existe tal convicción y que si fuera así la misma no sería invencible, porque bastaría con revisar el ordenamiento legal para verificar que el comportamiento no era admisible. ERROR INVENCIBLE-Doctrina de la PGN Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN-Calificación de la falta En cuanto al dolo, si bien es una de las modalidades de culpa que son admisibles en el derecho disciplinario debe reunir ciertos requisitos para su aplicación, para mayor entendimiento acudiremos a las disposiciones del código penal a las cuales acudiremos por autorización del artículo 21 del Código Disciplinario Único. En materia disciplinaria la culpa a su vez tiene unas modalidades, establecidas en el parágrafo del artículo 44 . En este caso entiende esta instancia que hubo desatención, no se aplicó el cuidado necesario para el desempeño de la función, por lo que se considera que estamos

ante una falta grave culposa. ILICITUD SUSTANCIAL-Definición y alcances/ILICITUD SUSTANCIALDoctrina/ ILICITUD SUSTANCIAL-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 se debe determinar si la falta es antijurídica, el artículo en cita reza: La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. En este sentido es preciso establecer que las normas relacionadas con el presupuesto tienen un propósito: la salvaguarda de los recursos para que ellos sean invertidos en la forma y destino que se requieren para alcanzar los cometidos estatales La función administrativa de acuerdo con el artículo 209 constitucional está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. SERVIDOR PÚBLICO-Debe atender entre otros el principio de eficacia/ SERVIDOR PÚBLICO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Este principio implica el compromiso de la Carta con la producción de efectos prácticos de la acción administrativa. Se trata de abandonar la retórica y el formalismo para valorar el cumplimiento oportuno, útil y efectivo de la acción administrativa. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria

exigencia de la actividad pública: en el artículo 2º, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el 365 como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; y, en los artículos 256 numeral 4°, 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos al control de gestión y resultados” En el caso de marras, el disciplinado actuó de manera poco diligente y atentando contra los principios de la función administrativa al adoptar medidas no contempladas en la ley para el manejo de recursos del sistema general de participaciones, con lo cual incumplió su deber funcional contenido en el artículo 315 de la Carta Magna. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LA SANCION-Deben tenerse en cuenta los factores positivos y negativos Dada la modificación del elemento subjetivo de responsabilidad que se le atribuye Al disciplinado, atendiendo lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, la falta se califica como grave culposa. Que a su vez el artículo 44 de la misma ley dispone como sanción: 3. Suspensión, para las faltas graves culposas. A su vez, el artículo 46 anuncia: La suspensión no

será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. En cuanto a los criterios para la calificación de la falta tenemos que el juzgador de instancia no tuvo en cuenta sino un criterio y es la formación del disciplinado, por ello este despacho valorará los demás criterios para la tasación, no cuenta el disciplinado en los últimos 5 años con antecedentes ni inhabilidades disciplinarias, no ha sido sancionado fiscalmente, atribuyó a terceros su responsabilidad, por ello considera el despacho que se debe sancionar con suspensión de un mes, convertible en 30 días de salario esto es dos millones cuatrocientos veinte mil doscientos veintiocho pesos ($2.420.228) de acuerdo con la certificación expedida obrante a folio 218 del cuaderno 1.

Dependencia: PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA ECONOMÍA Y LA

HACIENDA PÚBLICA

Radicación 088-10169 Disciplinados EUCLIDES PINO CORDOBA Cargo y Entidad Alcalde Municipal AtratoChocó Quejoso De oficio.

Fecha Queja: Agosto 8 de 2008

Fecha hechos: Vigencia fiscal 2008

Asunto: Fallo Segunda Instancia

Bogotá D.C. enero 31 de 2012 De conformidad con lo dispuesto en los artículo 180 en concordancia con los

artículos 171 y siguientes del Código Disciplinario Único procede el despacho a desatar el recurso de apelación interpuesto en contra del Fallo de Primera instancia dentro del expediente disciplinario radicado 088-10169 de fecha 11 de noviembre de 2011, en contra de EUCLIDES PINO

CORDOBA.

1. ANTECEDENTES PROCESALES La investigación disciplinaria se inició con base en la comunicación enviada el 31 de julio de 2008 por el Personero del Municipio de Atrato, FAUSTO PALACIOS CORDOBA, en el que formula queja contra EUCLIDES PINO CORDOBA por recibir el título judicial por parte del Juzgado Primero Laboral Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext.

11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co del Circuito de Quibdó por valor de $41.107.020 proveniente de una devolución que se le hiciera dentro del Proceso Ejecutivo laboral radicado No. 2006-0085, sin que fueran reintegrados a la cuenta de origen de donde habían sido debitado por orden de embargo del mismo despacho judicial, apropiándose al parecer de los citados valores (Folios 2 a 4). Mediante auto de 24 de septiembre de 2008, el Procurador Regional de Chocó, ordenó abrir investigación disciplinaria contra EUCLIDES PINO CORDOBA, en su calidad Alcalde Municipal de Atrato (Folios 46 a 48), decisión que le fue notificada al implicado tal como aparece a folio 51 del

cuaderno 1. Con providencia del 15 de mayo de 2009, se dispuso la apertura disciplinaria en los términos de los artículos 152 a 154 de la Ley 734 de 2002, en contra del mismo funcionario (Folios 150 y siguientes) El 5 de mayo de 2011, se ordenó aplicar el procedimiento verbal en el caso que nos ocupa, citó a audiencia. Mediante decisión adoptada en audiencia el 1 de julio de 2011, se dispuso varias uno de los cargos formulados, para concluir que las imputaciones serían dos. El 1 de julio de 2011 en audiencia pública se ordena variar los cargos por los cuales se ha llamado a responder al señor EUCLIDES PINO CORDOBA, escuchándolo en descargos el 18 de julio del mismo año. El 22 de noviembre se remite por parte de la Secretaria Ad Hoc de la Procuraduría Regional el Chocó las diligencias para desatar el recurso de apelación a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. Dicha autoridad mediante decisión el 16 de diciembre decide remitir por competencia a la Delegada para la Economía y Hacienda Pública por tratarse de un asunto propio de este despacho.

2. DECISIÓN IMPUGNADA El 10 de noviembre de 2011 el Procurador Regional del Chocó en audiencia pública, procede a precisar cuáles son los hechos que son objeto de la actuación y pasa a determinar qué cargos que corresponden al llamamiento, un resumen de los descargos y las alegaciones.

En cuanto a las consideraciones afirma: “Se le imputa al Dr. EUCLIDES PINO CORDOBA, en su calidad funcional de

alcalde municipal de Atrato, periodo 2008-2011, en primer lugar: el haber omitido consignar a la cuenta bancaria denominada Propósito General los dineros recibidos por concepto de devolución de los títulos judiciales Nro. 33030000146895 y 433030000148419, por valor cada uno de $41.107.020 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co los cuales les habían sido entregados como embargos decretados por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó. Respecto de esta imputación no existe ninguna duda para el despacho, por cuanto que está demostrado en el proceso que el investigado una vez cobrado los títulos valores no consignó los dineros en la cuenta de donde habían sido debitados, tal como se evidencia en los EXTRACTOS BANACRIOS, visibles a folios 149 a 151 del Co. No. 4, donde observa con claridad que los dineros fueron debitados de la cuenta denominada Sistema General de Participación – Propósito General Municipio de Atrato, más no se evidencia que los mismos hayan sido consignados a dicha una vez hechos efectivos por parte del Alcalde. Amén de que el sujeto procesal y su apoderado ADMITEN EL HECHO, pues si bien estos tratan de justificar dicha conducta aduciendo que el propósito de este actuar era evadir los embargos que pesaban sobre la entidad territorial, dicha justificación no es admisible por parte del despacho por cuanto que se trata de un actuar

irregular, ya que no es legal que el burgomaestre en su calidad de servidor público desconozca los procedimientos legales establecidos para burlas dcisioens de carácter judicial como lo son las ordenes (sic) de embargos proferidas por los jueces de la república, admitir tal justificación es permitir que el Estado le haga concejo (sic) al Estado ” Recuerda la importancia de las normas sobre el manejo de los recursos públicos, concluye entonces que la falta es grave, atribuyendo la conducta a título de dolo. Termina absolviendo por el segundo de los cargos imputados al señor

EUCLIDES PINO CORDOBA.

3. RECURSO DE APELACION Los dos sujetos procesales, defensor e implicado presentan de manera independiente recurso: 3.1 Recurso interpuesto por EUCLIDES PINO El 15 de noviembre de 2011 el señor EUCLIDES PINO mediante escrito obrante a folios 162 y siguientes del cuaderno 7 sustenta recurso de apelación contra el fallo del 10 de noviembre, en él considera como aspectos previos a tener en cuenta que la imputación corresponde a una apreciación procesal equivocada al atribuirle peculado por apropiación, aspecto que finalmente no prosperó.

En cuanto al cargo único afirma que se funda en la violación del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, no analizando la Procuraduría Regional de Chocó la figura de la Unidad de Caja, afirmando: “… para que se configure la falta consistente en unidad de caja, debe probarse que los dineros se utilizaron indistintamente y por tal razón se atendió el pago de obligaciones cuyo

objeto era diferente a la destinación que la ley ha previsto para la renta de Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co destinación específica del componente de propósito general, Puede observarse en el plenario que en ningún aparte existe prueba, o análisis en el fallo, que denote haberse utilizado los dineros de los título para atender el pago de compromisos contrariando el ordenamiento de al Ley 715 de 2001” Asegura en segundo lugar que existe incorrecta imputación del deber funcional, para lo cual anuncia que se olvida el funcionamiento y operatividad de la administración en donde la figura de tesorero toma importancia, pues fue él quien expidió los recibos allegados al proceso, concluyendo que no se allegó al proceso manual de funciones del alcalde en el que se encontrara el deber de depositar los dineros o manejar los recursos. En tercer lugar encuentra que las razones de hecho para no consignar los dineros en la misma cuenta al encontrar mandamientos de pago por acreencias laborales de docentes, considerando exageradamente repetitivo que la Procuraduría reclame que los dineros se consignaran en la cuenta de origen, concluyendo: “Retomando la verdadera causa que obligó a redimir los títulos, como quiera que todas las cuentas del Municipio de Atrato estaban embargadas, y así se aperturara una nueva cuenta, los dineros que allí se depositaran correrían la misma suerte, de modo que resultaba ilógico

e insostenible desde cualquier punto de vista haber realizado lo que insistentemente, pero fuera de la realidad reclama la Procuraduría Regional ” En cuarto lugar existe en el su entender una causal de exclusión de responsabilidad por cuanto se actuó con la convicción errada e invencible porque no existe obligación de consignar los dineros en una cuenta bancaria que se encuentre embargada, se consideró que se estaba actuando de la mejor manera para los intereses del municipio. Finalmente en su entender, no se encuentra dolo en el comportamiento, por cuanto se consideró que era la mejor conducta en favor de los intereses del municipio. Solicitando el archivo de las diligencias. 3.2 Recurso de CESAR A. VALENCIA MOSQUERA El abogado CESAR A VALENCIA interpone recurso de apelación contra el fallo adoptado en audiencia, mediante escrito radicado el 15 de noviembre de 2011, tal como aparece a folios 172 y siguientes del expediente disciplinario: “La defensa considera, que existen que a mi defendido , se le puede aplicar las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria previstas en el artículo 28 numeral 4 …” “Como se podrá observa, dentro del expediente, con todo el material probatorio arrumado (sic) al mismo, se hacía imposible que en su condición funcional del Alcalde del Municipio de Atrato, mi representado devolviera a las cuentas del origen del embargo, los títulos judiciales porque precisamente serían nuevamente embargadas si bien no para el mismo Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12,

www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co proceso si para otros procesos ejecutivos que para el (sic) época se surtían en contra del ente territorial” Anuncia lo que considera la contextualización de las circunstancias, entre acuerdos extraprocesales y el destino de los recursos entre los que estuvo la compra de un software, así como la cancelación de FIDEL LEMUS como contador del municipio sus servicios por la recopilación de cuentas y rendición de las mismas. “Con todo lo anterior, queda demostrado que se había necesario ceder el cumplimiento del deber en razón a la necesidad debidamente adecuada con proporcionalidad y racionalidad que se exige como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria”. Asegura que abría sido distinto si se trataran de remanente de proceso donde entiende que sí se debería consignar los recursos.

4. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Debemos partir de verificar que la conducta atribuida al señor EUCLIDES PINO tiene que ver con el incumplimiento al primer deber de los servidores públicos, cumplir con la Constitución y la Ley, que para este caso en particular se relaciona con el manejo de recursos públicos.

El principio general de responsabilidad impone que los servidores públicos somos responsables por incumplir la constitución y la ley y además por actuar extralimitando nuestras funciones, con lo que se impone que solo podemos hacer aquello que está permitido o autorizado legalmente. 4.1 De la prohibición de la unidad de caja Como lo cita el juzgador de instancia el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, al hablar del sistema general de participaciones indica: “Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de

caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores.” De acuerdo con ello no se encuentra como lo afirma el impugnante que los dineros sea imprescindible demostrar que los dineros hayan tenido una destinación distinto, de ser así la imputación sería otra, y correspondería al tipo disciplinario gravísimo del numeral 20 del artículo 48. La norma exige que los recursos del Sistema General de Participaciones, su administración debe realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Como bien lo señala el funcionario de instancia, las reglas de presupuesto existen con un propósito, y es investir de orden, fluidez y por tanto eficiencia la gestión pública, por más lógica que parezca una solución en servidor Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co público sólo puede hacer aquello que le está autorizado, no lo que le parece conveniente, porque aquí se encuentra un argumento de supuesta “conveniencia”, más que legalidad, y es que no entrara en una medida cautelar los dineros estatales es tanto como decir que estaríamos ante una conducta cercana al delito contenido en el artículo 253 del Código Penal que reza: “El que alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor” o tal vez el descrito en el artículo 454 de la norma penal sustantiva: “El que

por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial” En segundo lugar respecto del deber funcional, pide el implicado que se encuentre la función concreta, no obstante olvida el mismo que cuando aceptó el cargo prometió, como lo dispone el artículo 122 Constitucional cumplir bien y fielmente con los deberes impuesto por el cargo. Y que así como no estaba establecido literalmente que el recibiera los títulos judiciales y los redimiera, tampoco estaba la función de consignar los dineros, porque ello se desprende de tres funciones constitucionales señaladas en el artículo 315 Constitucional: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo... 3. … representarlo judicial y extrajudicialmente y … 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto” Resultando incorrecta su apreciación de que no le correspondía manejar recursos, porque por mandato constitucional si le está señalada tal obligación. Tampoco comparte el criterio aplicado en cuanto a que el pago de acreencias laborales de los docentes, que son por ministerio de la ley de primer orden deba ceder ante la compra de un software o el pago de honorarios profesionales al contador, como se indicó en precedencia aceptar tal argumentación sería tanto como admitir que una conducta ilegal es aceptable en el manejo de los recursos públicos, el ordenar la apertura de una cuenta alterna sólo constituye la materialización de incumplimiento a una disposición legal, la de la ley 715. Para que opere la causal de exclusión de responsabilidad invocada por el

implicado, esto es la convicción errada e invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria no es un instrumento legal que baste con ser invocado, debe mediar prueba o al menos condiciones específicas para que prospere. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co El error que permite evitar la responsabilidad es aquel que resulta invencible, insuperable y que no se relaciona con ignorancia, este mismo órgano de control ha dicho al respecto: “… La ausencia de intención dañosa puede resultar de la ignorancia o del error. Se produce un acto que tiene las características materiales de la falta disciplinaria, pero no lo es, ya que le falta uno de los elementos constitutivos esenciales. Hay diferencia entre la ignorancia y el error, ya que el conocimiento equivocado es una forma de ignorancia. Como estados de la mente o situaciones de conciencia, los dos conceptos son diversos. La ignorancia es la ausencia de nociones acerca de algo; el estado psicológico es Negativo. El error es aprehensión o aceptación de una idea falsa o inexacta; el estado psicológico es positivo. Como determinantes de un acto, las dos situaciones son equivalentes. La ignorancia y el error pueden recaer sobre el hecho o el derecho y sobre el acto violatorio de la ley en sí mismo o sobre una circunstancia que lo agrave o cambie su situación jurídica. La ignorancia y el error de hecho versan sobre datos de la realidad, sobre las relaciones o circunstancias externas en

sí mismas, las cuales constituyen los supuestos positivos que la ley entra a reglamentar. La ignorancia o el error de hecho versan sobre la reglamentación o definición jurídica de los hechos o circunstancias. La ignorancia o el error son vencibles cuando está en manos de la persona salir de ellos con esfuerzo más o menos grande; e, invencibles, cuando no le es posible superarlo dentro de las opciones razonables de la vida social. La ignorancia o el error son sustanciales cuando recaen sobre la naturaleza misma del hecho o sobre la esencia o el contenido de la regla jurídica. Son accidentales cuando recaen sobre los varios efectos o las varias manifestaciones que puede tener el hecho, sobre las modalidades y repercusiones de la norma jurídica. Son sustanciales cuando virtud de ellos se llega al convencimiento de que el acto no es social y jurídicamente reprochable. Son accidentales cuando a pesar de ellos, el acto siempre debe imputarse como reprochable o delictuoso, La ignorancia y el error recaen sobre algo que le da al hecho y a la norma una naturaleza diferente.” (Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Radicación No 075-2329-2002, diciembre 17 de 2005). En este caso no sólo por su cargo, sino también por las normas que regulan el comportamiento y las disposiciones penales que implicarían aceptar su comportamiento nos lleva a concluir que no existe tal convicción y que si fuera así la misma no sería invencible, porque bastaría con revisar el ordenamiento legal para verificar que el comportamiento no era admisible. En cuanto al dolo, si bien es una de las modalidades de culpa que son

admisibles en el derecho disciplinario debe reunir ciertos requisitos para su aplicación, para mayor entendimiento acudiremos a las disposiciones del código penal a las cuales acudiremos por autorización del artículo 21 del Código Disciplinario Único. La Ley 599, anuncia: Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co “ARTICULO 22. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. ARTICULO 23. CULPA. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. ” En materia disciplinaria la culpa a su vez tiene unas modalidades, el parágrafo del artículo 44 nos informa: “Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. ” En este caso entiende esta instancia que hubo desatención, no se aplicó el cuidado necesario para el desempeño de la función, por lo que se considera

que estamos ante una falta grave culposa. 4.2 Frente al recurso del Defensor VALENCIA MOSQUERA Considera esta autoridad que respecto de la primera parte del recurso del togado se ha atendido en el acápite anterior, por cuanto se considera que no existe convicción errada e invencible sino desatención de las reglas de obligatorio cumplimiento, que con un proceder diligente se hubiera evacuado el tema. Tampoco le asiste razón a los argumentos del defensor en cuanto que su pretendida cesión del deber a la razón se enmarcaría en disposiciones de tipo penal como quedo expuesto, razón por la cual no prospera tal argumentación, máxime la descripción de los asuntos en la que se invirtieron los recursos objeto de cuestionamiento. 4.2 De la ilicitud sustancial Como elemento adicional a los argumentos expuesto, tenemos que como ha mencionado esta Delegada en otras oportunidades: “Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 se debe determinar si la falta es antijurídica, el artículo en cita reza: “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX 5878750 Ext. 11215 Fax 11298, Carrera 5ª Nº 1580, Piso 12, www.procuraduria.gov.co;economiayhacienda@procuraduria.gov.co En este sentido es preciso establecer que las normas relacionadas con el presupuesto tienen un propósito: la salvaguarda de los recursos para que ellos sean invertidos en la forma y destino que se requieren para alcanzar

los cometidos estatales Para entender mejor el concepto que ocupa este aparte citaremos la doctrina: “En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser... Si el significado real del término antijuridicidad es el de ser contrario a derecho, debe entenderse que para estimarse cumplida la contrariedad de la conducta, ésta debe tener una razón de ser. El comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto o, cuando menos, extraño a los principios que rigen la función pública.”1 La función administrativa de acuerdo con el artículo 209 constitucional: “está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” El artículo 3 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.” Continuando con este marco jurídico podemos invocar lo expresado por la Corte Constitucional cuando al pronunciarse sobre el particular anuncia:

“La facultad de intervenir en la economía dentro