PGN - ILICITUD SUSTANCIAL - Regulación legal

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Deber de anexar certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales REQUISITOS CONTRACTUALES-Regulación legal para la ejecución de prestación de servicios/REQUISITOS CONTRACTUALES-Requiere solo la presentación de la cédula para celebrar el contrato de prestación de servicios Esta es la única obligación vigente que tiene que acreditar el posesionado o contratista toda vez que, como se anotó, los demás requisitos constitucionales y legales para ejercer un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios, ya solicitados por la entidad respectiva y corresponde a ella su verificación. Al haber la entidad pública solicitado los antecedentes y diligenciado por parte del interesado los formatos de hoja de vida y declaración juramentada, resta solamente al interesado presentar la cédula de ciudadanía para protocolizar el acto de posesión, amén de los requisitos especiales que la Ley ha previsto para los vinculados por contrato. Por ejemplo, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, etc. CLAÚSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Regulación constitucional/CLAÚSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional El artículo 6 de la Constitución Política prevé la cláusula general de responsabilidad de los ciudadanos y la específica y excluyente de los servidores públicos los cuales deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. ILICITUD SUSTANCIAL-Regulación legal/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIACuando el servidor público quebranta el deber funcional

El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra:” La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Significa ello que, para que un servidor público deba responder disciplinariamente, debe con su conducta quebrantar sustancialmente el deber funcional que como servidor público le asiste, extralimitarse en el ejercicio de sus derechos y funciones, incurrir en prohibiciones, o violar con su conducta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin que la misma, este amparada por cualquiera de las causales previstas en el artículo 28 ibídem, como aquellas que eximen de responsabilidad disciplinaria.

Dependencia: PROCURADURIA PROVINCIAL DE GIRARDOT.

Radicación IUC – 2009 - 126155 Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co Disciplinado: JAIRO BELTRAN GALVIS, GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ Cargo y Entidad: EX ALCALDE, EX JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA – ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA Quejoso: DE OFICIO – ASESORA JURIDICA ALCALDIA DE GIRARDOT Fecha de Queja: Mayo 7 de 2009

Fecha de los Hechos: 17 de octubre de 2007

Asunto: Auto de terminación de la actuación y archivo definitivo (Art. 73 y 161 de la ley 734 de 2.002) Girardot, 3 de Marzo de 2011

Auto No.

1. La Queja.

Al Despacho el reporte allegado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Girardot, en el cual señala como evento irregular, los derivados del contrato de prestación de servicios No. 047 del 17 de octubre de 2007, celebrado con la señora LAURA MELISSA RODRIGUEZ MANRIQUE, señalando que el pasado judicial y el certificado de antecedentes fiscales, fueron presentados con fecha posterior a la suscripción del contrato. Adjunta copia de los soportes respectivos. (Fol. 1-172)

2. Indagación Preliminar Con fundamento en el reporte formulado, por auto No. 00935 del 06 de julio de 2009 (Fol. 164-169) se dispuso adelantar la indagación preliminar contra el señor JAIRO BELTRAN GALVIS, como Alcalde Municipal de Girardot, así como al señor GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ, como jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para la época de los hechos, por las irregularidades enunciadas, originadas por la presunta vulneración al Decreto 190 de 1995, se ordenó la práctica de pruebas, recepcionandose las siguientes:  Mediante acta de visita especial, se verificó en la sede de la administración municipal de Girardot, los soportes correspondientes a la celebración del contrato 047 del 17 de octubre de 2007, así como lo atinente al manual de funciones correspondientes a los funcionarios implicados; por otra parte se solicitó copia del manual de procedimientos que para la fecha de los hechos, se tenía en la entidad territorial. (Fol. 176-227)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co Dio lugar a la presente investigación, las presuntas irregularidades detectadas por la oficina jurídica de la Alcaldía de Girardot, para lo cual se procedió a verificar estos hechos y si de los mismos se derivaba la posible conducta reprochable disciplinariamente al Dr JAIRO BELTRAN GALVIS, como Alcalde Municipal de Girardot, así como al señor GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ en su calidad de Asesor Jurídico, para la época de los hechos. Señala la titular de la Oficina Asesora, que la señora LAURA MELISSA RODRIGUEZ no presentó en la fecha los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, pues el primero reporta fecha del 17 de octubre y el segundo el 30 de octubre, de 2007. Al respecto, la ley 190 de 1995 en el parágrafo del artículo 1º, establece: Parágrafo.- Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente. Los contenidos de la ley 190 de 1995, se desligan del proyecto de ley formulado

por varios Senadores de la República, as anteriores propuestas fueron elaboradas después de casi ocho meses de trabajo, presentadas, entre otros, a consideración de la Fiscalía General de la Nación, la Veeduría del Tesoro, la Procuraduría General de la Nación y de algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entidades que hicieron aportes a efectos de implementar un proceso de moralización en el país, además de revisar los trámites y procedimientos de las entidades públicas y proponer alternativas en prevención de la corrupción, por lo que, en línea con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Nacional, reglamentaron la imposibilidad de ejercer funciones públicas a las personas que hayan sido sancionadas por delitos contra el patrimonio público. En busca de devolverle la credibilidad al Estado y especialmente a la justicia, hemos querido establecerle la obligación a las entidades del Estado de remitir a la Procuraduría aquellas denuncias que reciban de los ciudadanos y que presuntamente constituyan delitos contra la moral administrativa. En reglamentación de la norma precitada, mediante el Decreto 2150 de 1995, se establece como requisitos para la ejecución contractual: Artículo 141 .- Trámite de la posesión .Para efectos de la posesión en un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios, bastará la presentación de la cédula de ciudadanía. Una vez verificada la posesión o suscrito Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co

el contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses, la entidad pública procederá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, a solicitar los antecedentes disciplinarios y judiciales En caso de verificarse que quien tomó posesión de un cargo público ó quien suscribió contrato de prestación de servicios está incurso en antecedentes de cualquier naturaleza, se procederá a revocar el nombramiento o a terminar el contrato de prestación de servicios Esta es la única obligación vigente que tiene que acreditar el posesionado o contratista toda vez que, como se anotó, los demás requisitos constitucionales y legales para ejercer un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios, ya solicitados por la entidad respectiva y corresponde a ella su verificación. Al haber la entidad pública solicitado los antecedentes y diligenciado por parte del interesado los formatos de hoja de vida y declaración juramentada, resta solamente al interesado presentar la cédula de ciudadanía para protocolizar el acto de posesión, amén de los requisitos especiales que la Ley ha previsto para los vinculados por contrato. Por ejemplo, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, etc. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el contrato 047 celebrado con la señora LAURA MELISSA RODRIGUEZ MANRIQUE, se suscribió el 17 de octubre de 2007, el cual se ejecutó a cabalidad, acorde a los soportes de actividades vistos a folios 180 a 221. Respecto al cumplimiento de las exigencias de las normas transcritas, se observa

a folio 55, el certificado de antecedentes penales, expedido el 30 de octubre de 2007, donde se certifica por el DAS que la ciudadana, no tenía asuntos pendientes con las autoridades judiciales; el certificado de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, se expidió el 15 de octubre de 2007, donde se reporta que la señora Rodríguez, no figuraba reportada en el citado boletín; respecto de los antecedentes disciplinarios, el certificado fue expedido el 17 de octubre de 2007, sin que la Procuraduría General de la Nación reporte antecedentes de ningún tipo. Acorde a lo anterior, es claro que la señora Rodríguez, podía celebrar contratos con el Estado, pues como se determinó, el objetivo de la norma es evitar que personas inhabilitadas para ser servidoras públicas y contratistas del Estado, realicen tal labor; por otra parte, si bien el certificado de antecedentes penales, se expidió 13 días después de la celebración del contrato, debemos tomar en cuenta que el certificado de antecedentes disciplinarios, incluye la información, no solo de las sanciones que por procesos disciplinarios se emitan, sino también las que por procesos penales se generen, de allí que, siendo que su emisión es de la fecha de celebración del contrato, se pudo verificar que tanto en dicha fecha, como posteriormente, la señora Rodriguez, podía celebrar el contrato 047 de 2007, sin Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co

incurrir en inhabilidad alguna y sin generar, respecto del contratante falta disciplinaria alguna. El artículo 6 de la Constitución Política prevé la cláusula general de responsabilidad de los ciudadanos y la específica y excluyente de los servidores públicos los cuales deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. “Constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública. En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objeto principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley, y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones ( arts. 6 y 123 CN)”. 1 El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra:” La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Significa ello que, para que un

servidor público deba responder disciplinariamente, debe con su conducta quebrantar sustancialmente el deber funcional que como servidor público le asiste, extralimitarse en el ejercicio de sus derechos y funciones, incurrir en prohibiciones, o violar con su conducta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin que la misma, este amparada por cualquiera de las causales previstas en el artículo 28 ibídem, como aquellas que eximen de responsabilidad disciplinaria. “El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. (…) Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado un deber se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no sólo el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que el mismo tiene en un Estado Social y Democrático de derecho (…) esto es la persona no ha obrado conforme a la función social que le compete como servidor público (art.37 Ley 200 de 1995 y 22 NCDU) (…) Cuando se constate que formalmente se quebrantó un deber pero que en lo sustancial no se ha cuestionado la funcionalidad del mismo, la conducta resulta apenas aparentemente ilícita. Esto es, podemos encontrarnos frente a la inexistencia de 1Corte Constitucional. Sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, M. P.: Álvaro Tafur Galvis. Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co “antijuridicidad sustancial aunque sí formal, y siendo la primera el in sede la infracción disciplinaria, el hecho punible queda desestructurado” . 2 Así las cosas, y conforme el panorama de hecho y de derecho expuesto, teniendo en cuenta que la razón por la cual se ordenó apertura de indagación preliminar fue la de averiguar si JAIRO BELTRAN GALVIS, Alcalde Municipal de Girardot, y GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para la época de los hechos, efectivamente desplegaron conducta alguna que se apartara del deber funcional objetivamente construido que les asistía observar, respetar, acatar y promocionar en el ejercicio de sus tareas y funciones públicas, concluirá esta Provincial, de conformidad con la lectura integral, sistemática y teleológica de los artículos 6 Constitucional; 5, 23, inciso 2 del 150 y 73 de la Ley 734 de 2002, que la conducta endilgada a dichos funcionarios, no se cometió, por lo que se procederá a declarar y ordenar el archivo definitivo de las diligencias. Por lo anteriormente expuesto, el Procurador Provincial de Girardot( E ), RESUELVE PRIMERO : Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo del proceso adelantado contra delseñorJAIRO BELTRAN GALVIS, Alcalde Municipal de Girardot – C/marca.,así como al señor GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ, como jefe de la Oficina Asesora Jurídicapara la época

de los hechos, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO : Notifíquese alos implicados, haciendo saber que contra la presente decisión no procede recurso alguno y hace tránsito a cosa juzgada.

Por tratarse de reporte de entidad pública, no se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 102 y 109 de la Ley 734 de 2002. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE GERMAN ALEXANDER ALMARIO DIAZ Procurador Provincial de Girardot ( E ) IUC-126155-2009/ LMBI P. U. G-17 2 Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Dogmática del Derecho Disciplinario. 3ª edición. Universidad Externado de Colombia. Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co Procuraduría Provincial de Girardot – Calle 19 No. 10-61Teléfonos 0918335205 - 0918312321 Fax-lmbecerra@procuraduria.gov.co