PGN - IMPUESTO PREDIAL - Para determinar si un predio tuvo un desarrollo por construcción

Concepto No. 070 Bogotá D.C., 27 de Abril de 2009 Señores Honorables Magistrados Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia Referencia: 250002327000200401112 01

Radicado: 17388

Asunto: IMPUESTO PREDIAL

Actor: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política, 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. La Sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. presentó declaraciones privadas del Impuesto Predial Unificado, por los años gravable 2001 y 2002,

correspondientes al predio ubicado en la calle 126ª No. 44ª – 73, el cual se encuentra identificado con la Matricula Inmobiliaria 50 N 20195683 y Cédula Catastral 009117860200000000. 1.2.- La Secretaria de Hacienda Distrital profirió Requerimiento Especial No. RE2003-PEE-45911 de 10 de junio de 2003, en el que propuso la modificación de la tarifa a 33 por mil, del Impuesto Predial Unificado, por los años gravables 2001 y

2002. Además le aplicó la sanción por inexactitud.

Procuradora Sexta Delegada Ante el Consejo de Estado ivalenzuela@procuraduria,gov.co Carrera 10 Nº 15-82 Oficina 803 TEL. 5878750 Ext.: 14119-14118 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 17388 1.3.- El 15 de septiembre de 2003, la sociedad contribuyente dio respuesta al Requerimiento Especial, en el cual aceptó los argumentos del mismo, sólo con relación a la base gravable y sustentó la defensa jurídica de la edificación y la tarifa empleada para los años gravables 2001 y 2002. 1.4.- El 13 de enero de 2004, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. LOR – 2004 PEE – 2131, en donde determinó el Impuesto Predial Unificado por los años 2001 y 2002 en el 33 por mil, de la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., modificando la Liquidación Privada y manteniendo la Sanción por Inexactitud. 2.- La sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos: “PRIMERO.- Que se declare al nulidad de la operación administrativa por medio de la cual se estableció en contra de la Constructora Colpatria S.A., la obligación de corregir y pagar unos mayores impuestos prediales y sanciones correspondientes a las vigencias fiscales 2001 y 2002 relacionadas con el inmueble ubicado en la Calle 126ª No. 44ª – 73 Matricula

Inmobiliaria 50N 20195683, Cédula Catastral 009117860200000000 Chip AAA 0124A ODE, operación que comprende los siguientes actos: a) El Requerimiento Especial No. No. RE-2003-PEE-45911 de 10 de junio de 2003, emitido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad – Unidad de Determinación de la Dirección de Impuestos Distritales, mediante el cual se propone la modificación de las declaraciones del Impuesto Predial Unificado años gravables 2001 y 2002. b) La Liquidación Oficial de Revisión No. LOR 2004 PEE-2131 de enero 13 de 2004, emitida por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad – Unidad de Determinación de la Dirección de Impuestos Distritales mediante la cual se modifica y liquida oficialmente el Impuesto Predial Unificado años gravables 2001 y 2002. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi poderdante y se declare que no está obligado a pagar suma alguna por concepto de Impuesto Predial Unificado de las vigencias 2001 y 2002, relacionados con el inmueble señalado en el numeral primero de estas pretensiones”. 2.1.- El apoderado invoca como normas transgredidas el artículo 29 de la Constitución Nacional; los artículos 3,35,59,62, y 64 del Código Contencioso 3 Expediente 17388 Administrativo; los artículos 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 63 y 69 de la Resolución Nacional No. 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; el artículo 74 del Acuerdo Distrital No. 01 de 1981, los artículos

2,101,113,162 y 164 del Decreto Distrital 807 de 1993; el artículo 21 del Decreto Distrital 400 de 1999; y el artículo 743 del Estatuto Tributario. 2.2.- Como conceptos de violación manifiesta que la Administración se equivoca en el texto de la liquidación oficial, por cuanto, en su numeral primero señala inconformidad respecto de la base gravable y en el proceso, situación que no es acertada, porque no se discute dicho elemento, sino la tarifa y la edificación; agrega que la sociedad efectuó corrección y pago del Impuesto, lo cual fue desconocido por la Administración. 2.2.1.- Sostiene que la edificación es aquella en la que funciona la sede administrativa de la CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., construcción que es considerada por la Administración como lote urbano con una tarifa del 33 por mil y no como predio edificado de tipo comercial con una tarifa del 8.5 por mil, la cual fue aplicada para los años gravables 2001 y 2002. 2.2.2.- En relación con la aplicación de la tarifa por la información del Departamento Administrativo de Catastro, manifiesta que no se debe considerar, porque la entidad competente para determinar el uso del predio es el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2.2.3.- Expresa que la Administración de Impuestos no desvirtuó las pruebas aportadas en la respuesta al Requerimiento Especial, con lo cual se le vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. 2.2.4.- Menciona que los contribuyentes solo deben pagar los impuestos justos, ni más ni menos, porque de lo contrario se configura un enriquecimiento injustificado por

parte de la Administración, razón por la cual encuentra que en el presente caso, se presentó tal situación. 4 Expediente 17388 2.2.5.- Finalmente, aduce que el contribuyente aplicó correctamente las normas sobre determinación de la tarifa del Impuesto Predial por los años 2001 y 2002, por lo que es improcedente la sanción por tratarse de una diferencia de criterios. 3.- El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante sentencia de 28 de mayo de 2008, se declara inhibido para anular el Requerimiento Especial, niega las pretensiones de la demanda presentada y levanta la sanción por inexactitud propuesta por la Administración de Impuestos a la sociedad accionante, previas las siguientes consideraciones: 3.1.- Con la finalidad de dar claridad al objeto de la litis la Sala hace precisiones sobre el impuesto predial, sus elementos y las normas que lo regulan. Seguidamente manifiesta que sobre el Requerimiento Especial se inhibirá de hacer pronunciamiento de fondo, toda vez que se trata de un acto de simple trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular; como quiera que su expedición fuera previa a la Liquidación Oficial de Revisión y la Resolución Recurso de Reconsideración. Por tanto, atendiendo su naturaleza de acto preparatorio, no es autónomamente un acto objeto de control jurisdiccional, según las voces del artículo 835 del Estatuto Tributario. 3.2.- Luego de hacer un análisis de lo ocurrido en la vía gubernativa, la Sala extrae que la sociedad actora presentó declaración privada por el Impuesto Predial correspondiente a los años gravables 2001 y 2002, y realizó corrección a la

declaración del Impuesto Predial del año gravable 2002, en lo concerniente a la base gravable cumpliendo parcialmente el requerimiento especial, en el que fue conminada a modificarla al valor de $9.067.446. No obstante, con relación a la tarifa, no realizó modificación alguna, por cuanto consideró que la misma se determina teniendo en cuenta las características físicas del predio y no el certificado catastral expedido por el Departamento Administrativo de Catastro. Por lo anterior, se recaba, que la tarifa es la alícuota que se aplica a la base gravable, la cual se constituye por unos porcentajes establecidos en la ley, y que 5 Expediente 17388 aplicados a la base gravable determinan la cuantía del impuesto predial. Por esto realiza mención de las categorías de los predios y las tarifas aplicables a los mismos. En el caso la sociedad contribuyente aduce que la tarifa correspondiente al predio ubicado en la Calle 126ª 44ª – 73, corresponde a la clasificación de “comercial zonal” el cual tiene una tarifa del 8.5 por mil, mientras que la Administración de Impuestos señala que el mismo se clasifica como un predio “urbanizable no urbanizado con área superior a 100 metros cuadros” con una tarifa del 33 por mil, lo cual se determinó teniendo en cuenta el certificado catastral proferido el 23 de enero de 2002 por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, con un área de 32.537.67 metros cuadrados sin construir. No obstante, se precisa que de acuerdo con dicho certificado, el área es de 84.549.00 sin construir (fl. 20 del expediente), en todo caso,

los actos administrativos liquidan el impuesto atendiendo el área de 32.537,67 metros. 3.3.- La Sala realiza estudio de la situación del lote y la construcción de menor extensión y precisa que la Administración de Impuestos no valoró las pruebas allegadas en la vía gubernativa por la sociedad actora, toda vez, que consideró que la única prueba para establecer la tarifa era el certificado catastral expedido por el Departamento Administrativo de Catastro; la Sala aclara que si bien la Administración de Impuestos puede determinar la tarifa con base en los establecido en dicho certificado, éste admite prueba en contrario, tendiente a llevar al convencimiento de la Administración de que el inmueble objeto de discusión se encontraba edificado para el primero de enero de los años gravables 2001 y 2002. Como sustento de lo anterior, la Sala se remite a la doctrina de la Secretaria de Hacienda Distrital, en especial al Concepto No. 1006 de 15 de enero de 2004, con relación a la prueba idónea para demostrar la clasificación del predio y consecuentemente la tarifa aplicable, en razón a que, de acuerdo con el artículos 64 del Decreto Distrital 807 de 1993, durante el tiempo que los mismos estén vigentes, no pueden ser objetados por las autoridades tributarias. En consecuencia, ante la ausencia de valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente, la Sala las estudia para determinar que la construcción no es permanente; en cuanto al avalúo corporativo realizado por la presidenta de la 6 Expediente 17388 sociedad, extrae que la construcción está compuesta por una estructura metálica, material que no es considerado por la Sala como consolidado, por su carácter de

removible, y por tanto, no puede darse la calidad de edificación a una estructura que carece de solidez como sucede en el caso discutido. 3.4.- En cuanto al área del predio sin construir, la Sala observa, que si bien parte de la misma corresponde a humedales, que en la actualidad son bienes de uso público, para los años 2001 y 2002, no lo eran, por tanto no puede excluirse esa parte del predio del Impuesto Predial Unificado, porque la Resolución No. 157 de 12 de febrero de 2004, relacionada con la declaratoria de bienes de uso públicos para este tipo de predios, no puede aplicarse de manera retroactiva. Como en el presente caso existe un lote sin edificar, se encuentra que la tarifa aplicable es el 33 por mil que corresponde a los “predios urbanizables no urbanizados con área superior a 100 metros cuadrados”, razón por la cual, el cargo correspondiente a la tarifa no tiene vocación de prosperidad. 3.5.- Sobre la base gravable de los años 2001 y 2002, se observa que en relación con el año gravable 2001, la accionante aduce que en su declaración privada liquidó correctamente dicho elemento del tributo, y en cuanto al año gravable 2002, si bien en su declaración privada no liquidó correctamente, el 11 de septiembre de 2003 presento corrección a su declaración inicial en la cual tuvo en cuenta el avalúo catastral establecido por el Departamento Administrativo de Catastro, situación que no fue tenida en cuenta por la Administración de Impuestos en la Liquidación Oficial del Impuesto Predial de la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. En el año gravable 2001, la Sala evidencia que la sociedad accionante liquidó

correctamente dicho elemento del tributo, y por tanto no encuentra que la Administración haya discutido la base gravable en la Liquidación Oficial de Revisión. En el año 2002, la actora declaró como base gravable el valor de $5.277.380.000, el cual no correspondía con el avalúo catastral, no obstante se constata que el 11 de septiembre de 2003, la sociedad presentó corrección a su declaración privada, en la cual aumentó la base gravable al valor de $9.067.446.000, el cual es correcto, toda 7 Expediente 17388 vez que de acuerdo con el Certificado Catastral para el año 2002, el predio se encontraba avaluado en dicho valor. No obstante, se observa que la sociedad acepta parcialmente los cargos planteados, pero no liquida correctamente la sanción por inexactitud reducida, a la que refiere el articulo 709 del Decreto Distrital 807 de 1993, porque la norma señala, que la misma debe corresponder a una cuarta parte de la planteada por la Administración y como en el presente caso, ésta la propuso por un valor de $406.989.000 (160% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la declaración oficial y el declarado por el contribuyente), a la sociedad actora le correspondía liquidarla por $101.747.250 (correspondiente a la cuarta parte de $406.989.000) y como en la corrección se liquidó por $12.887.000, valor que efectivamente canceló, la Sala advierte que dicha corrección no puede tenerse en cuenta, toda vez que no cumple con uno de los requisitos para la validez, cual es, la de incluir la sanción por

inexactitud reducida en una cuarta parte de la propuesta por la Administración de Impuestos. Por tanto, no puede tener en cuenta la corrección de la declaración correspondiente al año gravable de 2002, por no cumplir con los requisitos para su validez y este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad. 3.6.- En cuanto al cargo denominado “derecho de defensa y debido proceso”, el cual lo fundamentó la actora, en que la Administración no estudió las pruebas tendientes a demostrar la existencia de la construcción en el predio en discusión, se tiene, que las mismas fueron estudiadas con ocasión de la sentencia, por tanto, no existe razón jurídica para la prosperidad de dicho cargo. Finalmente sobre la sanción inexactitud, la Sala no la encuentra procedente, por encontrar que se presentó una diferencia de criterios, razón por la cual, determina levantarla y negar todas las demás pretensiones. 4.- La sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A, por medio de apoderado especial, dentro de la oportunidad procesal, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 28 de mayo de 2008 y expuso como motivos de inconformidad, los que se resumen así: 8 Expediente 17388 4.1.- El tribunal incurrió en un error matemático conceptual en el cálculo de la sanción por inexactitud, razón por la cual, no se podía desconocer la corrección predial del 2002 de la contribuyente; porque la sanción por inexactitud estuvo bien liquidada en la corrección predial 2002, luego tiene todo el valor legal y como la Dirección Distrital de Impuestos no tuvo en cuenta dicha declaración, se debe

declarar la nulidad de la Liquidación Oficial por el año gravable 2002. 4.2.- A pesar que se aportó gran cantidad de pruebas, conducentes e idóneas, para demostrar que el predio sí era edificado (oficinas) para el año gravable 2001 y 2002, pruebas que tenían que interpretarse en su conjunto siguiendo las reglas de la sana crítica, el Tribunal no las valora adecuadamente y únicamente cita el avalúo corporativo y la expresión estructura metálica, para concluir que no se trata de una construcción consolidada. La característica de estructura metálica, no quiere decir que la construcción de oficinas no acate lo dispuesto en el artículo 69 de la Resolución Nacional 2555 de 1988 del IGAC, que establece que edificio es la reunión de materiales consolidados de carácter permanente destinada a proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas. Adicionalmente, el boletín catastral no es preciso en su contenido y fue impreso solo hasta el 6 de mayo de 2003, y la Dirección de Impuestos Distritales pretende aplicarlo, de manera ilegal y de forma retroactiva, al primero de enero de los años 2001 y 2002. El cargo de derecho de defensa y debido proceso debe prosperar, porque está demostrado que la Administración en la vía gubernativa no desvirtuó las pruebas aportadas al proceso, ni explicó las razones técnicas y jurídicas por las cuales fueron desestimadas. 5.- La entidad demandada a través de apoderado judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia de 28 de mayo de 2008 fundamentándolo de la siguiente forma: 9 Expediente 17388

5.1.- Para la Administración es evidente, que en la declaración de la contribuyente CONSTRUCTORA COLPATRIA, por concepto de Impuesto Predial del año 2001 y 2002 incurrió en inexactitud sancionable, toda vez, que la base gravable no se ajusta a los parámetros mínimos establecidos en la ley, porque según la certificación del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, tiene un área de terreno de 32.537.67 m2 sin área construida. La inexactitud en este caso, surgió cuando el contribuyente le dio el carácter de edificación a la caseta y demás construcciones levantadas en los predios de su propiedad, que como se demostró, no corresponden a tal concepto. Además de acuerdo con las pruebas obrantes, no se demostró la existencia de la construcción para el 1 de enero de 2002. En las declaraciones se incurrió en una conducta sancionable, pues se incluyeron factores equivocados (destino y tarifa), lo cual dio lugar a un menor impuesto a pagar, sin que se haya presentado diferencia de criterios relativa a la interpretación de derecho aplicable.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es objeto de estudio la legalidad El Requerimiento Especial No. No. RE-2003-PEE45911 de 10 de junio de 2003, emitido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad – Unidad de Determinación de la Dirección de Impuestos Distritales, mediante la cual se propone la modificación de las declaraciones del Impuesto Predial Unificado años gravables 2001 y 2002 y la Liquidación Oficial de Revisión No.

LOR 2004 PEE-2131 de enero 13 de 2004, emitida por la Subdirección de Impuestos

a la Propiedad – Unidad de Determinación de la Dirección de Impuestos Distritales mediante la cual se modifica y liquida oficialmente el Impuesto Predial Unificado años gravables 2001 y 2002. En consecuencia, procede la Procuraduría Sexta Delegada, a emitir concepto atendiendo los puntos de inconformidad de las partes recurrentes en los siguientes términos: El problema jurídico se concreta en determinar la tarifa de la Liquidación Oficial de Revisión que sustenta, con la cual se debía declarar para la vigencia 2001 y 2002, el Impuesto Predial del inmueble ubicado en Calle 126ª 44ª – 73; adicionalmente se 10 Expediente 17388 debe determinar la procedencia de la sanción por inexactitud proferida con ocasión de los mismos actos a la sociedad contribuyente. Se debe aclarar, que el Requerimiento Especial se considera un acto preparatorio, previo o de simple tramite, que no crea ninguna situación particular, además no es acto autónomo objeto de control jurisdiccional, de acuerdo con el contenido del articulo 835 del Estatuto Tributario, razón por la cual se comparte la decisión inhibitoria del Tribunal respecto del mencionado acto. 1.- En primer lugar, conviene observar que el Impuesto Predial Unificado se establece en la Ley 44 de 1990, como tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble o su posesión. El artículo 3° de la Ley 44 de 1990, en su contenido refiere como base gravable del impuesto predial, el avalúo catastral o el autoavalúo de los bienes cuando se establezca en un municipio la declaración privada del tributo.

En el caso del Distrito Capital, es el valor del inmueble estimado por el contribuyente, pero, dicha base gravable no puede ser menor al avalúo catastral del año anterior más el IPC ni al autoavalúo anterior sumado en el mismo porcentaje. El Decreto Distrital 400 de 1999 vigente para la época de los hechos, define y compila la normatividad sobre el Impuesto Predial Unificado de la siguiente forma: Artículo 12º.- Autorización Legal. El impuesto predial unificado, está autorizado por la Ley 44 de 1990 y el Decreto Ley 1421 de 1993 y es el resultado de la fusión de los siguientes gravámenes: a. El impuesto predial regulado en el código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986. b. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986. c. El impuesto de estratificación socio-económica creado por la Ley 9 de 1989. d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989. Artículo 13º.- Hecho Generador. El Impuesto Predial Unificado, es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se genera por la existencia del predio. 11 Expediente 17388 Artículo 14º.- Causación. El Impuesto Predial Unificado se causa el 1 de enero del

respectivo año gravable. Artículo 15º.- Período Gravable. El período gravable del impuesto predial unificado es anual, y está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. (…) Artículo 19º.- Base Gravable. La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado, será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente en su declaración tributaria. El autoavalúo no podrá ser inferior al mayor de los siguientes valores: a. El autoavalúo determinado en el año inmediatamente anterior, incrementado en el porcentaje de meta de inflación que adopte al final de cada año la Junta Directiva del Banco de la República o la entidad que haga sus veces, para el año que proceda el reajuste. b. El avalúo catastral inmediatamente anterior, incrementado en el porcentaje de meta de inflación que adopte al final de cada año la Junta Directiva del Banco de la República o la entidad que haga sus veces para el año que proceda el reajuste. Cuando el avalúo catastral provenga de formación, realizada en el año inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor. La base presuntiva mínima establecida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de este Decreto. Parágrafo 1º.- Durante el mes de enero de cada año, la Dirección Distrital de Impuestos comunicará el porcentaje de incremento a que hacen referencia los literales a) y b) de este artículo, aplicable para el respectivo período. (…) El artículo 21 del Decreto 400 de 1999 establece las tarifas del Impuesto Predial Unificado, de acuerdo con la clasificación de las zonas adoptadas para el Distrito

Capital. 2.- En el caso bajo examen, la sociedad demandante manifiesta que el predio de su propiedad, para efectos del Impuesto Predial, corresponde a la clasificación de “comercial zonal”, que tiene una tarifa de 8.5 por mil; contrario a lo que establece la Administración, la cual fija una tarifa de 33 por mil, sustentada en que el predio corresponde a la clasificación de “urbanizable no urbanizado con área superior a 100 metros cuadrados” Se encuentra que la información y pruebas que pretende hacer valer la sociedad contribuyente, no está reportada o incorporada por el Departamento Administrativo de Catastro; situación que sustenta la negativa de la Administración de reconocer 12 Expediente 17388 cualquier edificación para efectos prediales, porque, es obligación de los propietarios verificar que se encuentren inscritos en el Departamento Administrativo de Catastro. Por lo anterior, corresponde a los contribuyentes aportar los medios, motivos y razones que considere pertinentes para convencer a la Administración tributaria sobre la certeza de los hechos cuestionados y desvirtuar la certificación catastral. El Consejo de Estado en sentencia del tres de octubre de dos mil siete (2007) SECCIÓN CUARTA, Consejero ponente: Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01156-01(16096), se ha pronunciado en caso similar, por lo que se considera oportuno citar la jurisprudencia que expresó: “Ahora bien, cuando se presenten mutaciones catastrales, como el cambio de propietario o poseedor; modificaciones en los límites de los predios; nuevas construcciones, edificaciones o la demolición de las existentes; pueden ser

acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial, pero en estos eventos, la carga probatoria le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta, toda vez que en virtud del artículo 187 del Decreto 1333 de 1986, los propietarios tienen la obligación de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incorporadas en el catastro, y a su vez la autoridades deben formar y actualizar los respectivos catastros. El proceso catastral no es una actividad unilateral, sino de mutuo aporte entre el propietario o el poseedor y la Administración pública y ésta debe ofrecer mecanismos accesibles al público para la actualización de los datos. (…) Al respecto y de acuerdo con las precisiones hechas anteriormente, es pertinente acudir al contenido de los boletines catastrales expedidos en 1998, que obran en el cuaderno de antecedentes, según el cual el predio en discusión corresponde a la clasificación de “urbanizado no edificado”. Es decir, catastralmente, el inmueble no había sido edificado. Esta situación física que figuraba en catastro para el inmueble de la demandante, fue tenida en cuenta por el Distrito en el proceso de determinación del impuesto predial y así mismo, debió serlo para el contribuyente al presentar su declaración para el año 1998, sin perjuicio de que se acreditara que el predio sufrió mutaciones catastrales que alteran sus condiciones y por lo mismo, la tarifa a 13 Expediente 17388 aplicar. Como ya se indicó anteriormente, esta carga probatoria le corresponde al interesado en desvirtuar la realidad del catastro.”

Adicionalmente, se encuentra que las pruebas aportadas, no demuestran que el inmueble en cuestión tuviera otra clasificación, a la determinada por la Administración a partir de la información catastral, es decir, la mutación que sufrió el inmueble, a partir de las construcciones que en él se encontraron, al momento de la Liquidación Oficial, no determinan el cambio en la clasificación del mismo. Revisadas las pruebas, la observación de las fotografías y el examen de los materiales de las construcciones, así como del uso expresado se encuentra que las características no coinciden con el alegado uso “comercial zonal” del predio y que las construcciones no tienen la vocación de permanencia para que puedan ser consideradas como tales, dadas todas las condiciones del predio en donde se encuentran ubicadas, en especial: el tamaño del predio sin construir, los elementos del área construida, (que está compuesta en su mayoría con materiales no consolidados de carácter permanente) y adicionalmente por la vocación de urbanizable del mismo. Es decir, el inmueble no puede clasificarse como comercial zonal, porque no tiene las características jurídicas, físicas y económicas de dicha clasificación para la vigencias 2001 y 2002. Por otra parte, del contenido de la Resolución 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, citada por la parte demandante, se debe entender que una estructura corresponde a los conceptos de “edificios” y “otras construcciones”, si cumple con la característica de permanencia en la reunión de los materiales consolidados y su destinación de acuerdo con las características del predio. Es decir, que la construcción tenga como propósito la estabilidad en el tiempo, y su inmutabilidad.

Este aspecto también fue precisado por el Consejo de Estado en la sentencia antes mencionada1, así: “Para determinar si un predio tuvo un desarrollo por construcción, es decir, que fue edificado, no basta que exista una “construcción”, entendida como la simple 1 Sentencia del tres de octubre de dos mil siete (2007) Sección Cuarta, Consejero ponente: Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01156-01(16096) 14 Expediente 17388 reunión de materiales consolidados, sino que se requiere que ésta sea viable y apta para el desarrollo de los usos permitidos, lo que no ocurre en el presente caso. Por lo anterior, de las pruebas aportadas no puede concluirse que el inmueble contaba para el 1º de enero de 1998, con estructuras que pudieran dárseles el carácter de edificios para efectos catastrales y del impuesto predial, dado que no cumplen con la condición de permanencia exigida en la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, ni ellas implican un desarrollo por construcción en los predios discutidos, que desvirtúen su carácter de “Urbanizados no edificados”. En consecuencia, al no haber probado el actor que el inmueble se encontraba edificado, debe tenerse la información dada en la ficha catastral para el momento de discusión del impuesto, idónea para determinar la clasificación del inmueble”. 3.- En relación con la base gravable aplicable para los años 2001 y 2002, se tiene que en el año 2001, se determinó correctamente por valor de $8.505.249.000 de

acuerdo con la certificación del Departamento Administrativo de Catastro Distrital para dicho año; sin embargo para el año 2002, se observa que declaró como base gravable la suma de $5.277.380.000, valor que no correspondía, por