PGN - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - Obligados a presentar declaración

Concepto 086 Bogotá D. C., 7 de mayo de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente: Dr. JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia: 25000232700020029006001

Radicado: 16237

Asunto: EXCEPCIONES COBRO COACTIVO

Actor: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. C/ DISTRITO CAPITAL De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 octubre de 2005; obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES  FUNDAMENTOS DE HECHO: 1.- La Fiduciaria Central S.A., equivocadamente presentó sendas declaraciones de impuestos predial unificado, correspondiente a los años 1998 y 1999, en relación con predios entregados en administración fiduciaria, no obstante que los fideicomitentes previamente habían Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 6consejoestado@procuraduria.gov.co

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Expediente 16237 2 presentado las declaraciones correspondientes y en algunos casos pagado las mismas. 2.- La Dirección de Impuestos Distritales inició sendos procesos ejecutivos contra la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., teniendo en cuenta dichas declaraciones; procesos que tienen el mismo fundamento y son consecutivos, los que se identifican con los números 15103931/32/33 y 15103988/89/90, todos expedidos en la misma fecha, esto es, el 28 de febrero de 2001. 3.- La Fiduciaria Central S.A., se notificó en todos los procesos ejecutivos adelantados en su contra, el 15 de junio de 2001, formulando las mismas excepciones para cada una de ellas, en las que controvirtió su calidad de deudora, habida cuenta que no es contribuyente del IPU en el contrato de fiducia inmobiliaria y, por ende, no está en la obligación de declarar lo contemplado en el artículo 25 del Decreto 400 de 1999, dado que la fiduciaria no es propietaria ni poseedora. Además, excepcionó que tales declaraciones ya se habían presentado y declarado por los fideicomitentes y beneficiarios del contrato de fiducia, conllevando un doble cobro del tributo. 4.- El 12 de julio de 2001, la Dirección de Impuestos Distritales, profirió las siguientes resoluciones:

CUADRO N° 1

Resolución fecha Proceso Predio N° 001122 12 de julio de (Exp. 02DG 22B 59 -60 2001 0056) 001126 12 de julio de (Exp. 02DG 22B 69 B2001 0057) 19 001121 12 de julio de (Exp. 02AC 26 N° 59 – 2001 0058) 41 001123 12 de julio de (Exp. 02DG 22B 59-59 2001 0059) 001125 12 de julio de (Exp. 02DG 22B 58 – 41 2001 0060) Expediente 16237 3 001124 12 de julio de (Exp. 02Calle 22B 59– 2001 0061) 31 Las resoluciones relacionadas fueron impugnadas en la misma fecha, las que fueron resueltas desfavorablemente el 30 de agosto de 2001, por la Administración Distrital, conforme los números de resolución enunciados a continuación:

CUADRO N° 2

Resolución fecha Proceso Predio N° 000390 30 de agosto de (Exp. 02DG 22B 59 -60 2001 0056) 000395 30 de agosto de (Exp. 02DG 22B 69 B2001 0057) 19 000392 30 de agosto de (Exp. 02AC 26 N° 59 – 2001 0058) 41 000391 30 de agosto de (Exp. 02DG 22B 59-59 2001 0059) 001125 30 de agosto de (Exp. 02DG 22B 58 – 41 2001 0060) 000393 30 de agosto de (Exp. 02Calle 22B 59– 2001 0061) 31 Los argumentos esgrimidos para decidir acerca de las excepciones propuestas y los recursos de reposición, son exactamente los mismos. 5.- En virtud de lo anterior, fue decretada la acumulación de los procesos

de números 02-0056, 02-0057, 02-0058, 02-0059 y 02-0061 al proceso 02-0060, en los cuales fueron demandadas en su orden las resoluciones mediante las cuales se declararon no probadas las excepciones propuestas en relación con el impuesto predial unificado, causado por las vigencias fiscales de 1998 y 1999, respecto de los siguientes inmuebles: DG 22B 59 -60 (Exp. 02-0056); DG 22B 69 B -19 (Exp. 02-0057); AC 26 N° 59 – 41 (Exp. 02-0058); DG 22B 59-59 (Exp. 02-0059); DG 22B 58 – 41 (Exp. 020060) y Calle 22B 59 – 31 (Exp. 02-0061), todos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. Expediente 16237 4  PRETENSIONES PRIMERO.- Que se declare la nulidad de la operaciones administrativas proferidas dentro de los procesos ejecutivos 15103932, 15103990, 15103931, 15103933 y 15103988, que cursaron en la Dirección Distrital de Impuestos – Subdirección de Impuestos a la Propiedad Unidad de Cobranzas de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Santa fé de Bogotá D.C., por medio de los cuales se decidieron y confirmaron de manera ilegal e incorrecta las excepciones propuestas contra las ordenes de pago o mandamientos ejecutivos, librados en contra de la Fiduciaria Central S.A., por concepto del impuesto predial unificado de los inmuebles anotados en precedencia, que comprendieron las operaciones

administrativas contempladas en las resoluciones relacionadas en los cuadros 1 y 2 del numeral 4° del acápite Fundamento de Hecho. SEGUNDO.- Que se ordene revocar las actuaciones administrativas demandadas. TERCERO.- Que a título de restablecimiento del derecho, se proceda a: 3.1 Declarar probadas las excepciones propuestas, ordenando la terminación y el archivo del expediente. 3.2 Que se tengan por no presentadas, es decir, que carecen de cualquier efecto, las declaraciones del impuesto predial de los años 1998 y 1999, objeto de las pretensiones de la demanda, suscritas y radicadas equivocadamente por la FIDICUARIA CENTRAL S.A. CUARTO.- Que en caso de exceso en los pagos, se ordene su devolución en favor de la actora, junto con los intereses corrientes y moratorios hasta el día del pago con el reajuste monetario respectivo.  FUNDAMENTOS DE DERECHO: Expediente 16237 5  NORMAS VIOLADAS: o Artículos 2 (inciso 2°), 95 (numeral 9°) y 363 de la Constitución Política; o artículos 263, 271-1, 588, 589, 714, artículo 831 (numerales 1 y 7), y artículo 833 del Estatuto Tributario Nacional; o artículos 13 y 17 del Decreto 400 de 1999 o Estatuto Tributario Distrital, y; o artículos 1625, 1626 y 1630 del Código Civil.  CONCEPTO DE VIOLACIÓN Citó el Concepto proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

de 29 de diciembre de 2000, con destino a la Dra., María Stella Sanint Posada, en su calidad de presidenta de la Asociación de Fiduciarias, según el cual: Si la Administración tributaria debe tener por presentada la declaración del impuesto predial, efectuada por los fiduciantes, beneficiarios que manifiestan actuar en calidad de poseedores” sostiene que: la realización del autoavalúo y presentación de la declaración de un predio, es un acto de señorío, que aún en el evento que un fiduciante no beneficiario tuviera solo la mera tenencia directa o indirecta a través de un tercero, implica que aquella se transforme en posesión y tal acto tiene presunción legal hasta tanto no se demuestre lo contrario….consideramos que no es competencia de la administración tributaria pronunciarse sobre el hecho de la posesión y en consecuencia, debería tener como presentadas las declaraciones efectuadas por los fiduciantes – beneficiarios que manifiesten en ellas estar actuando como poseedores …que no proceden sanciones por formalidades en desmedro de la verdad probada y menos cuando el Estado no ha sufrido perjuicio o daño cierto en sus intereses patrimonio, como sería el caso en que el fiduciante – beneficiario presente la declaración del impuesto predial y pague el correspondiente impuesto, dado que no se causa daño económico al ente territorial, tampoco se producen otros detrimentos, como por ejemplo ocultamiento de información y además daría más seguridad al ente municipal por cuanto si se acepta la tesis aquí expuesta según la cual el fiduciante – beneficiario al presentar la declaración ejerce actos de poseedor, significaría que tributariamente tanto el fiduciario como

éste son solidariamente responsables frente a las obligaciones Expediente 16237 6 formales y sustanciales del impuesto garantizándose así, aún más, el pago al fisco municipal.” Infirió que de esta manera se vulnera el artículo 263 del Estatuto Tributario Nacional, por falta de aplicación, dado que el fideicomitente que paga y declara el autoavalúo, debe entenderse como poseedor para efectos tributarios, toda vez que es persona que aprovecha económicamente el bien para su beneficio. Recordó que conforme el artículo 271-1 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 107 de la ley 223 de 1995, los derechos fiduciarios tienen un valor patrimonial y deben ser declarados por el contribuyente en armonía con lo dispuesto en el artículo 263 del mismo Estatuto, el que también resulta transgredido por desconocimiento, si bien se pretendió que el fideicomitente no pudiese declarar los bienes entregados en fideicomiso, restándole valor legal a sus declaraciones tributarias. Añadió que también fue violado el artículo 714 ibídem, toda vez que la Dirección Distrital de Impuestos, desconoció la firmeza de las declaraciones privadas, en las que quedaron plasmados los autoavalúos presentados por el fideicomitente sobre el bien afecto al tributo y objeto del título ejecutivo impugnado. Dichas transgresiones desconocieron la excepción prevista en el numeral 7° del artículo 831 del Estatuto Tributario - falta de título ejecutivo -, pues el verdadero título en este caso, consiste en las declaraciones del autoavalúo presentadas en el término correspondiente por el beneficiario

económico y usufructuario del globo de terreno, es decir las sociedades fideicomitentes, las que se encuentran en firme. Adujo que las actuaciones distritales, vulneraron también los artículos 13 y 17 del Decreto 400 de 1999, pues conforme al primero, el impuesto predial Expediente 16237 7 unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces unificados en el Distrito Capital, que se genera por la simple existencia del predio. Recordó que el citado artículo 17, señaló como sujeto pasivo del tributo al propietario o poseedor del predio, quienes responden solidariamente por su pago y, para el caso en que el predio se encuentre desmembrado como en el usufructo, “la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario.” Expuso que la Administración Distrital desconoció el sentido de tales normas, que buscan obligar tributariamente a quién se beneficia y percibe utilidad del predio como hecho generador del gravamen real. El fiduciante aporta el predio a la fiducia, es su usufructuario y directo interesado económico en el mismo. La Superintendencia de Sociedades respecto del manejo de procesos concursales – Auto 410–6017, del 18 de diciembre de 1997; (410-3480 Legis C. de Co. 9064, 9065), concluyó que los bienes entregados en fideicomiso también hacen parte del haber. (Patrimonio del fideicomitente y, por lo tanto, son prenda general de todos los acreedores).

SEGUNDO CARGO: Adujo que la Dirección Distrital de Impuestos en su afán de exacción

tributaria se aprovechó del error incurrido por la actora, al declarar por segunda vez el autoavalúo predial, cuando esta obligación había sido satisfecha previamente por el sujeto pasivo competente, violando el principio constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 2° de la Carta Política, toda vez que, en vez de asegurar el cumplimiento del deber del contribuyente que ya estaba satisfecho, utilizó dicho error para perjudicar tanto al declarante inicial como a la fiduciaria. Acotó que los actos acusados violan los principios de equidad y justicia tributaria, en tanto el doble cobro de un tributo satisfecho a cabalidad es injusto e inequitativo, añadiendo que se desconoció el principio non bis in Expediente 16237 8 idem, al pretender cobrar injustamente dos veces la misma obligación, sobre idénticos hechos, bases gravables y tarifas; recordando que el principio de equidad gobierna la actuación judicial conforme la jurisprudencia unánime de nuestras Cortes. (Sentencia T -518, SEC 22-98; C 083 -95 y C 1547 -2000) TERCER CARGO: Advirtió que los actos demandados violan los artículos 1625 (numeral 1°), 1626 y 1630 del Código Civil, concordantes con el numeral 1° del artículo 831 y 833 del Estatuto Tributario Nacional – Decreto 624 de 1989 –. Explicó que el numeral 1° del artículo 1625 del Código Civil, prescribe que las obligaciones se extinguen en todo o en parte, mediante el pago en efectivo, precisando que el artículo 1626 ibídem, definió el pago como la

prestación de lo que se debe. A su turno el artículo 1630 idem, autoriza para que el pago pueda realizarlo cualquier persona a nombre del deudor, aún sin su consentimiento o en contra de su voluntad. Concordante con las citadas normas, el numeral 1° del artículo 831 del Estatuto Tributario, consagró el pago efectivo como excepción contra el mandamiento de pago librado en el proceso de jurisdicción coactiva. A su vez, el artículo 833 ibídem, impone al funcionario competente la obligación de terminar el proceso cuando se le demuestre o se encuentre probada cualquiera de las excepciones previstas en el mencionado artículo 831. Anotó que estas normas son aplicables dentro del procedimiento administrativo del cobro de las obligaciones tributarias distritales, al tenor del artículo 140 del Estatuto Tributario de Bogotá o Decreto 807 de 1993. Reiteró que en los procesos de jurisdicción coactiva, en los que fueron proferidos los actos acusados, la demandada formuló y presentó oportunamente su escrito de excepciones, fundamentándolos en la solicitud radicada ante la Dirección Distrital de Impuestos, denominada Petición en Expediente 16237 9 Interés Particular FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en la que se pidió tener como no presentadas las declaraciones del impuesto predial de los años 1998 y 1999, relacionadas en dicho escrito, por haberse cumplido con tal obligación por parte de los beneficiarios o usufructuarios de la fiducia y poseedores económicos de los bienes. Aclaró que por un error de interpretación frente a un concepto de la Subdirección Jurídica Tributaria,

fueron presentadas nuevamente tales declaraciones o auto avalúos por parte del Fiduciaria, cuando el fideicomitente en forma previa había cumplido esa obligación fiscal. Expuso que esas declaraciones fueron presentadas hace más de dos años, sin que en dicho término se hubiese formulado requerimiento por parte de la Dirección de Impuestos, quedando en firme conforme al artículo 714 del Estatuto Tributario. OPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS Señaló que la accionante celebró contratos de fiducia mercantil con los dueños de los predios, por medio de los cuales se transfirió el dominio de los inmuebles quedando en cabeza de la actora, la que se constituyó en sujeto pasivo del impuesto predial unificado, y por ende, debió cumplir la obligación de declarar y pagar el impuesto de los predios en discusión. Precisó que la sociedad contribuyente hace referencia a que no se dio aplicación a los artículos 263 y 271-1 del Estatuto Tributario, las cuales no eran aplicables a los casos objeto de estudio, toda vez que las normas aplicables eran los artículos 17 del Decreto 400 de 1999 y 25 del Decreto 807 de 1993, de los que transcribe su texto, infiriendo que los sujetos pasivos del impuesto predial, son los propietarios o poseedores de los bienes ubicados en la jurisdicción de Bogotá. Expediente 16237 10 Indicó que la pretensión del actor carece de validez, al tratar de aplicar una norma que no se subsume dentro del supuesto fáctico, si bien ésta alude al impuesto de renta, lo que pone en evidencia su mala fe, al

pretender inducir en error a la autoridad judicial y tratar de eludir la obligación tributaria. Aclaró que el artículo 714 del Estatuto Tributario no fue transgredido, si bien los casos que son materia de análisis no se advierte ninguna declaración por fuera de los dos años, siguientes al vencimiento para declarar, simplemente se le exige el pago de unas declaraciones presentadas por un obligado. Recordó que los tres eventos contemplados para ser sujeto pasivo del impuesto predial unificado, son, ser propietario, poseedor y usufructuario, razón por la cual, no se explica cómo la sociedad demandante siendo la propietaria de los inmuebles, pretenda que sus declaraciones se tengan como no presentadas y que en su defecto se tengan como válidas las presentadas por los fideicomitentes, pues su intención es absolutamente contraria a las disposiciones sustantivas del impuesto predial, por que las declaraciones que producen efecto legal son las presentadas por el actor como propietario de los predios. Añadió que en los casos que son materia de análisis, los fideicomitentes no cumplen con ninguna de las condiciones para ser sujeto pasivo del impuesto y, en esa medida, las declaraciones presentadas por ellos, no producen efecto legal alguno conforme lo previsto por el artículo 34-1 del Decreto Distrital 807 de 1993. Aclaró que de los textos de los contratos de fiducia celebrados, se concluye que los fideicomitentes son meros tenedores de los bienes y, por ende, no ostentan la calidad de usufructuario o poseedor del bien. Expediente 16237 11 Efectúa una relación de las declaraciones presentadas por los fideicomitentes en cada uno de los procesos, transcribiendo los artículos

17 del Decreto 400 de 1999; 17, 25 y 34-1 del Decreto 807 de 1993, así como apartes de los Conceptos 824 de 1999 y 889 de 2000, proferidos por la Subdirección Jurídico Tributaria, para señalar que, no existe confusión en ellos y tampoco se han cambiado las posiciones adoptadas en ellas, toda vez que el Concepto 889 de 30 de noviembre de 2000, lo único que advirtió es que quién tiene la atribución de determinar la calidad de poseedor de un inmueble es la jurisdicción ordinaria a través del proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Señaló que las obligaciones tributarias son de dos clases, las formales y las sustanciales, siendo las segundas las que se refieren al pago del impuesto, de tal forma, que para cumplir a cabalidad con las obligaciones tributarias no es suficiente el pago del impuesto, sino que es necesario también presentar en debida forma, el respectivo denuncio fiscal. Indicó que los pagos reflejados en las declaraciones presentadas por el fideicomitente, en ningún momento están siendo desconocidos, toda vez que contrario a lo señalado por el demandante, en la parte resolutiva de las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición, se le indicó al demandante, que era posible aplicar los pagos efectuados por los fideicomitentes, previa solicitud de estos a los saldos a favor o en contra de la Fiduciaria Central S.A. Por último, formuló la excepción de “indebida interpretación y aplicación de la norma en que se fundamenta la demanda y en consecuencia inexistencia de la causa que origina la misma”, teniendo como base que el

actor quiere darle aplicación al artículo 271-1 del Estatuto Tributario, que no coincide con el fundamento fáctico objeto de la litis, siendo por ello que, al desvirtuarse el fundamento jurídico base de la demanda, las pretensiones incoadas en ella no pueden prosperar. Expediente 16237 12 LA PROVIDENCIA La Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2006, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos relacionados a continuación, por medio de los cuales fueron negadas las excepciones propuestas por el accionante en contra de los mandamientos de pago.  Resoluciones 001125 de 12 de julio de 2001 y 00394 de 30 de agosto de 2001, en relación con el impuesto predial del inmueble ubicado en la Dg. 22 B Nº 58-41, correspondiente a la vigencia gravable de 1998;  Resoluciones 001122 de 12 de julio de 2001 y 000390 de 30 de agosto de 2001, en relación con el impuesto predial del inmueble ubicado en la Dg. 22 B Nº 59-60, correspondiente a la vigencia gravable 1998;  Resoluciones 001123 de 12 de julio de 2001 y 00039 del 30 de agosto de 2001, en relación con el impuesto predial del inmueble ubicado en la Dg. 22 B Nº 59-59, correspondiente a la vigencia gravable de 1998;  Resoluciones 001124 del 12 de julio de 2001 y 000393 del 30 de agosto

de 2001, respecto del inmueble ubicado en la Dg. 22 B Nº 59-31, correspondiente al vigencia de 1998. Además declaró la nulidad total de los siguientes actos administrativos proferidos por la Dirección Distrital de Impuestos, por medio de los cuales se negaron las excepciones propuestas por el accionante en contra de los mandamientos de pago:  Resoluciones 001126 de 12 de julio de 2001 y 000395 de 30 de agosto de 2001, en relación con el impuesto predial del inmueble ubicado en la Dg. 22 B Nº 69B -19 correspondiente a las vigencias gravables de 1998 y 1999. Expediente 16237 13  Resoluciones 001121 del 12 de julio de 2001 y 000392 del 30 de agosto de 2001, en relación con el impuesto predial del inmueble ubicado en la AC 26 Nº 59-41, correspondiente a las vigencias gravables de 1998 y 1999.  LA APELACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS: Explicó el alcance del vocablo “obligación” y sus elementos, trayendo a colación la definición del tratadista Guillermo Ospina Fernández, cuyo tenor literal expone: “La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de otra.” Señaló los tres (3) elementos de la obligación a saber: un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto de la obligación, citando a renglón seguido la definición de obligación tributaria, según la doctrinante Teresa Briceño de

Valencia. Recordó que la doctrina clásica divide al derecho tributario en derecho material y en derecho formal o instrumental, precisando que la jurisprudencia y la doctrina colombiana aceptan que el deber de contribuir con los gastos e inversiones, prevista en el numeral 9° del artículo 95 de la Carta Política, se encuentra conformado de la siguiente manera: 1.- Por la obligación típica de dar o pagar el tributo correspondiente, que constituye la “obligación tributaria sustancial”; 2.- Por las demás obligaciones de dar (no típica), de hacer, de no hacer y de soportar, que constituyen las denominadas “obligaciones formales o instrumentales”. De lo expuesto infirió, que para el impuesto predial, como para todos los tributos, la obligación tributaria recae sobre las personas expresamente Expediente 16237 14 citadas en la norma como sujetos pasivos (contribuyentes), a los que corresponde tributar. Refiriéndose al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los patrimonios autónomos, se remitió a la previsión contemplada en el artículo 1226 del Código de Comercio, que señala que: la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Dedujo que por mandato del citado artículo, la característica de la fiducia mercantil es la transferencia de la propiedad de los bienes materia de

fideicomiso por parte del constituyente o fideicomitente al fiduciario. Esta transferencia otorga el derecho de dominio, pues se efectúa para que el fiduciario administre los bienes o posiblemente los enajene, no para su beneficio, sino para cumplir las finalidades determinadas a favor del beneficiario o fideicomisario. Concluyó que en cuanto a la obligación de presentar declaración, resulta claro que es a la fiduciaria a quien le compete el cumplimiento de tal obligación, y en consecuencia, a quien la Administración le corresponde adelantar el proceso de determinación y/o cobro a que haya lugar por el incumplimiento de este deber de declarar. Infirió que ni el beneficiario, ni el fideicomitente les corresponde presentar declaración del impuesto predial, toda vez que de ser así, ésta se daría por no presentada, dado que su obligación es diferente. Explicó que dentro de ese tipo de obligaciones se encuentran las de tipo formal y las de tipo sustancial, contenidas en los decretos 352 de 2002 y 807 de 1993; y dentro de las primeras, las siguientes: Expediente 16237 15 1.- Obligación de inscribirse en el Registro de Información Tributaria, R.I.T. dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de las actividades gravadas con el impuesto, conforme lo previene el artículo 35 del Decreto 807 de 1993. 2.- Obligación de informar las novedades correspondientes incluyendo el cese definitivo de actividades; mientas no se reporte éste último, el contribuyente deberá continuar con las obligaciones formales a su cargo. 3.- Presentar correcta y oportunamente las declaraciones tributarias. 4.- Efectuar la retención en la fuente a que haya lugar en caso de que

exista la obligación de hacerlo por tener la calidad de agente retenedor y, en consecuencia, presentar las declaraciones respectivas. Empero añadió, que para efectos tributarios existen casos expresamente señalados por el legislador, en los que a pesar de la ausencia del sujeto pasivo titular, se determinan las personas que deben cumplir en su defecto con las obligaciones formales, las que se encuentran enunciadas en el artículo 11 y 11-1 del Decreto 807 de 1993, cuyo tenor expone: Artículo 11. Cumplimiento de obligaciones formales. Para el cumplimiento de obligaciones formales relativas a los tributos distritales, serán aplicables los artículos 571, 572, 572-1 y 573 de Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la obligación que le compete al administrador de los patrimonios autónomos de cumplir a su nombre los respectivos deberes formales. Añadió que en cuanto a la obligación sustancial de pago, responde por sus obligaciones de buen administrador, como es la de realizar el pago del tributo con los réditos del patrimonio autónomo. Expuso que en el evento en que el patrimonio autónomo que administra para beneficio económico del fideicomitente y/o beneficiario no cuente con Expediente 16237 16 los recursos para hacerlo, deben responder por el pago de la obligación insoluta, el fideicomitente y beneficiario solidariamente. En relación con las declaraciones presentadas por los no obligados, trajo en cita el Memorando Concepto 1086 de 8 de marzo de 2005, proferido por la subdirección Jurídico Tributaria. Finalmente concluyó, que no se puede considerar que las declaraciones

presentadas con pago por el fideicomitente, se tengan como pagos parciales a las obligaciones que se están ejecutando, como lo señaló el a quo , habida consideración que estas declaraciones fueron presentadas por un no obligado, debiendo en consecuencia proceder a solicitar la devolución de lo pagado a través de las mismas, no configurándose en manera alguna, el supuesto enriquecimiento ilícito endilgada por la demandante al Distrito Capital.

 APELACIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

En síntesis el actor expuso que acepta el fallo impugnado en lo que hace a la nulidad parcial y total de los actos acusados y la consecuente aceptación parcial de la declaratoria de la excepción de pago formulada en el trámite de los procesos ejecutivos, objeto de la demanda. No obstante, precisó que su motivo de inconformidad radica, en aquellos casos en los cuales se declaró la nulidad parcial, vale decir, fue aceptado el pago del tributo para el año 1998, sin que se dijese nada en relación con la declaración y pago posterior del tributo, correspondiente al año gravable de 1999, los cuales fueron acreditados por medio de los recibos de pago efectuados por los fideicomitentes, allegados oportunamente con la reforma a la demanda. Expediente 16237 17 CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Habida cuenta que el punto medular de la controversia jurídica planteada en este asunto, gravita en torno a si la presentación del denuncio rentístico del impuesto predial unificado y el pago correspondiente, en relación con

los predios aludidos en la demanda, por los años gravables 1998 y 1999, llevados a cabo por los distintos fideicomitentes - titulares de la propiedad de los susodichos inmuebles antes de la firma de los contratos de fideicomiso celebrados con la Sociedad Fiduciaria Central S.A., - tuvieron la virtud de exonerar de dicho deber legal a ésta última, toda vez que al igual que aquellos, la citada sociedad fiduciaria, declaró y pago el gravamen traído a colación, por los mismos predios y años gravables. A los efectos anotados, resulta pertinente recordar que de consuno con el criterio expuesto por la Administración Distrital de Impuestos en la contestación de la demanda, el juzgador de primera instancia admite que la fiduciaria por mandato de la ley, debe cancelar el impuesto con cargo a los recursos del patrimonio autónomo. Empero a renglón seguido y, partiendo de la premisa de que el pago efectuado por los fideicomitentes fue realizado voluntariamente y, que estos, de manera simultánea a la condición de fideicomitentes, ostentaban la calidad de beneficiarios de la fiducia, dicha circunstancia, traía como consecuencia una solidaridad entre estos sujetos para el pago de los tributos, conforme lo preceptúa el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993, según el cual, para el caso de los patrimonios autónomos existirá solidaridad respecto de la cancelación del tributo de que se trate, cuando los recursos del patrimonio no sean suficientes. Pues bien, en relación a la conclusión a la que arriba el a quo, esta

Delegada del Ministerio Público, se permite precisar que el deber de Expediente 16237 18 declarar y pagar los tributos, se encuentran amparados bajo la presunción de la legalidad, lo que de manera consecuente ampara y protege al principio de certeza que debe presidir esta materia; dado lo cual, el alcance de las normas en materia tributaria queda restr