PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Prohibición para acceder al beneficio tributario de progre

ACCIÓN DE PÚBLICA DE NULIDAD-Por fijación de requisitos y procedimiento no consagrados en la ley FACULTAD REGLAMENTARIA-Es una facultad constitucional permanente FACULTAD REGLAMENTARIA-El Gobierno Nacional se debe limitar a la correcta ejecución de la ley FACULTAD REGLAMENTARIA-El Gobierno Nacional no puede invadir la competencia del legislador IMPUESTO SOBRE LA RENTA-Requisitos de las pequeñas empresas para cumplir sus obligaciones de forma progresiva Tal como se puede observar en el inciso 1º del artículo transcrito se dispuso que la pequeñas empresas que iniciaran sus actividades económicas principales a partir de la vigencia de la ley, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley. Expresión que resulta totalmente clara, y de la cual sólo se pueden extraer dos limitaciones generales o requisitos en relación con el beneficio que se esta otorgando, así: a) que se trate de pequeñas empresas de las definidas en la misma ley que inicien sus actividades económicas principales a partir de la vigencia de la ley, y b) que no sean de un régimen especial establecido en la ley. IMPUESTO SOBRE LA RENTA-El beneficio tributario de progresividad se aplica en común a todos los impuestos complementarios de la renta De lo hasta aquí expuesto resulta totalmente coherente que se interprete que el beneficio tributario que se traduce en la progresividad o incremento porcentual en el pago del impuesto de renta y complementarios, se apliquen en común a todos los impuestos

complementarios del impuesto de renta, habida cuenta que para efectos fiscales constituyen uno solo, que comprende los dos tributos ya citados. IMPUESTO SOBRE LA RENTA-Prohibición para acceder al beneficio tributario de progresividad del tributo La entidad demandada afirma que la Ley 1429 de 2010 señala expresamente en el artículo 48, que no le es posible acceder al beneficio a las pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, en las cuales el objeto social, la nomina, los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva, o que pretende acceder al mismo a través de medios fraudulentos. Y que por tal prohibición, es el fundamento para que en el reglamento se hagan algunas exigencias de carácter procedimental. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 19555 2 FACULTAD REGLAMENTARIA-Las prohibiciones y las exclusiones de beneficios están consagradas en la ley De este modo, frente al argumento presentado por la demandante, deviene concluir, que no puede ser de recibo para el Ministerio Público, porque: a) el régimen de prohibiciones en cuanto a los sujetos beneficiados por el incentivo, hace necesario que por vía del reglamento establecer la real existencia y la actividad de la empresa beneficiaria para efectos de vigilar la destinación del beneficio de progresividad; b) las exclusiones legales

están consagradas en la ley, entre ellas que: los bienes o activos sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas empresas que se hayan acogido al beneficio y permanezcan inactivas; por tanto, resulta acorde que se exija una manifestación acerca de la calidad de nueva empresa y la información acerca de los activos que conforman su capital y patrimonio. CARGA DE LA PRUEBA-Los beneficiarios de alguna exención, están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen titulares de la misma IMPUESTO SOBRE LA RENTA-Se pierden beneficios por incumplimiento de requisitos formales Expediente 19555 3 Concepto 039 - 2013 – 79434 Bogotá D.C., 13 de marzo de 2013 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez Referencia: 110010327000201200034 00

Radicado: 19555

Asunto: Nulidad artículos 6, 7 y 9 del Decreto 4910 de 2011 del Ministerio de Hacienda.

Actor: Paola Andrea Saavedra Hidalgo El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES: 1.- De la demanda se retoman los siguientes hechos: 1.1.- La ciudadana Paola Andrea Saavedra Hidalgo, en ejercicio de la acción de nulidad, solicitó la nulidad de los artículos 6, 7 y 9 del Decreto Reglamentario 4910

de 26 de diciembre de 2011, “por el cual ser reglamenta parcialmente la Ley 1492 de 2010 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario”, publicado en el Diario Oficial No. 48.294 de 26 de diciembre de 2011. Invocó como normas violadas los artículos 83, 84, 189-11, 189-20, 209 y 338 de la Constitución Política; el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010. Como concepto de violación señaló que los artículos demandados violan el principio de legalidad de los tributos, no responden a la finalidad que persigue la norma reglamentada, violan el principio de buena fe y la confianza legitima y violan el principio de publicidad de la función administrativa. Explicó que la competencia reglamentaria se limita a establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de las obligaciones previstas por los órganos de representación, nunca a la imposición autónoma de cargas tributarias ni a la configuración de aspecto inherentes a los gravámenes. Con la expedición del decreto se configuró un beneficio tributario que se aparta en forma manifiesta del consagrado por el Congreso de la República al introducirse condiciones de acceso que nunca fueron contempladas por el legislador. Expediente 19555 4 Es así que a las condiciones sustantivas de ser pequeña empresa e iniciar actividades a partir de la promulgación de la ley 1429 de 2010, se suman requisitos adicionales y de trámites y obligaciones sustanciales como: que el contribuyente pague aportes a la salud y contribuciones de nómina o se abstenga

de presentar declaraciones tributarias de orden nacional, y otras procedimentales como: que se informe a la DIAN dentro del año de iniciación de actividades el deseo o la voluntad de acceder al beneficio, informar por escrito y declarar bajo juramento antes del 30 de marzo del año siguiente, sobre el deseo de acogerse al beneficio y allegar la información que prevé el Decreto y, se renueve la matricula mercantil para conservar el beneficio. Todas estas que se constituyen como causales procedimentales o instrumentales que no constan o se originan expresamente en el texto de la ley. Las mismas condiciones son contempladas como prohibiciones adicionales a las contemplas en el artículo 48 de la Ley 1429 de 2010, y se encuentran en el artículo 5º del decreto cuestionado. En el siguiente cargo manifestó que se desconocieron los fines que persigue la ley, por tanto, se violó el artículo 189-11 de la Constitución Política y el artículo 36 del C.C.A., porque las decisiones adoptadas se apartan del texto de la ley son contrarias a las razones para la expedición de la iniciativa, no han motivos para justificar el alcance de las medida adoptadas, las medidas son innecesarias, y los efectos para quienes no observen lo dispuesto, son ajenos al principio de proporcionalidad. Enfatizó que los artículos 6, 7 y 9, procuran que el beneficio no sea obtenido a pesar que el beneficiario cumpla con las condiciones sustantivas previstas en la ley para ello. Insistió en que las medidas adoptadas son innecesarias porque la administración dispone de mecanismos generales de control sobre los contribuyentes y tiene

herramientas específicas para requerir sobre las eventuales fallas; además, no es proporcional que se pierda el beneficio por la inobservancia de deberes procedimentales e instrumentales. Afirmó que se vulnera el principio de la buena fe porque se generan condiciones adicionales no previstas en la ley, las normas son contrarias al mensaje público respecto de las condiciones para acceder al beneficio, y en términos fácticos las condiciones conducen a la imposición de sanciones. Finalmente, advirtió que se presenta violación del artículo 209 de la Constitución Política, porque el Gobierno no adelantó ningún tipo de actuación para dar publicidad al Decreto 4910 de 2011, desconociendo el principio de publicidad de la Administración. 2.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda sustentando que no existe exceso reglamentario en las disposiciones demandadas lo cual se demuestra confrontando las normas y los requerimientos del decreto reglamentario que indican conexión directa con el texto legal que se desarrolla. Así expuso que los requisitos generales para acceder al beneficio de progresividad exigen la inscripción y sus actualizaciones en el RUT, y el certificado de representación legal de la Cámara de Comercio y la condición de nueva empresa Expediente 19555 5 para controlar el cumplimiento de obligaciones tributarias y que se trate de una nueva pequeña empresa. También resulta exigible la intención de acogerse al beneficio detallando la actividad económica, la dirección, el domicilio principal y el monto de los activos, para controlar que no se incurra en la provisión del articulo 48 de la Ley 1429 de

2010 y se cumplan las condiciones de ser pequeña empresa; lo mismo aplica para el número de trabajadores con relación laboral al inicio de la actividad económica. En cuanto a la renovación de la matrícula mercantil, se controla que se trate de una empresa activa que cumplió dentro del término señalado en la ley para su renovación; al igual que se haya puesto al día con sus obligaciones legales. Otros aspectos como la obligación de tener libros de contabilidad registrados, instalaciones físicas y que se trate de una empresa, se controlan con las exigencias de esta información y documentos soportes. Explicó que las sanciones prescritas en el artículo 49 de la Ley 1429 de 2010, se refieren a la entrega de información falsa por parte de las empresas que pretendan el beneficio, y que es apenas lógico exigir al pequeño empresario demostrar que mantiene las exigencias en los períodos en que pretende ser beneficiario. Expuso que la ley también consagró que los titulares de los beneficios otorgados tampoco serán objeto de retención en la fuente, para lo cual, deberán comprobar al agente retenedor la calidad de beneficiarios de la ley, mediante el correspondiente certificado de la Cámara de comercio y el RUT, documentos con los cuales se puede comprobar su fecha de inicio de actividades y su calidad de pequeña empresa. Por tanto, dicha exigencia no conlleva que se desconozca el principio de la buena fe, sólo se da operatividad a la figura de la progresividad. En el tema de la proporcionalidad observó que cada vez que se crea un incentivo, el reglamento fija controles efectivos para que los beneficios lleguen únicamente a

los sujetos determinados en la norma y que se cumpla con la finalidad de crear y formalizar el empleo. Agregó que la calidad de beneficiario de la progresividad no significa que las pequeñas empresas no puedan ser objeto de verificación o revisión de los tributos y demás obligaciones, porque en tales aspectos el contribuyente no se encuentra exceptuado y la DIAN no pierde las competencias de fiscalización y liquidación de tributos. Recalcó que el otorgamiento de exenciones a diferentes sectores impone a los beneficiados cargas adicionales relativas a los principios de solidaridad, equidad y justicia. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es objeto de estudio la nulidad de los artículos 6, 7 y 9 del Decreto 4910 de 2011; en tanto mencionan según la actora algunos requisitos procedimentales e instrumentales que no se deducen del texto ni de los objetivos de la ley y por tanto, Expediente 19555 6 desbordan la facultad reglamentaria de la Ley 1429 de 2010. En consecuencia, procede la Procuraduría Sexta Delegada, a emitir concepto en los siguientes términos: El debate se concreta en determinar si: el acto demandado resulta ilegal en la medida que consideró que los beneficiarios deben adelantar, tanto para el beneficio en el primer año como en los siguientes, manifestaciones y solicitudes que hacen parte de un procedimiento no señalado en la ley, en tal forma que limitan y hacen ineficaz el beneficio; asimismo, que el incumplimiento de dicho procedimiento trae como consecuencia la pérdida del beneficio y la posibilidad de sanciones tributarias.

Las mencionadas exigencias y causales añadidas para acceder al beneficio, conservarlo o perderlo se concretan en: a) presentar personalmente antes del 31 de diciembre del correspondiente año de inicio del beneficio de progresividad, ante la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, los documentos relacionados en el decreto; b) presentar personalmente antes del 30 de marzo siguiente al año gravable por el cual se pretende la gradualidad, un memorial del contribuyente o representante legal de la empresa cuando se trate de persona jurídica, que se entenderá expedido bajo la gravedad del juramento, ante la División de Gestión de Fiscalización o a la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, en el cual manifieste expresamente los datos que exige el decreto; anexar una copia del certificado actualizado de existencia y representación legal y de la renovación de la matricula en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio; c) el régimen de prohibiciones que la ley no contempló, por cuanto, el incumplimiento de las anteriores, de lugar a la pérdida del beneficio Considerando lo anterior, la introducción de dichas causales en el artículo 9 y su referencia en los artículos 6 y 7 del Decreto resultarían nulas; en particular las expresiones: “para que proceda el beneficio de progresividad en el pago del

impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, las Empresas deberán cumplir, por cada año gravable en que se solicite el beneficio…” lo que señala el Decreto, y que “en caso de incumplir alguna de las condiciones señaladas, el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable en que esto ocurra”. Adicionalmente, el contenido del artículo 9 que dispone: “Tampoco procederá el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, cuando se incumpla con la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, cuando no se paguen en su oportunidad legal los aportes a salud y demás contribuciones de nómina, o cuando no se cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones tributarias de orden nacional y territorial y de realizar los pagos de los valores a cargo en ellas determinadas, auto liquidados o liquidados por la Administración, dentro de los plazos señalados para el efecto”. 1.- Para principiar cabe destacar que la potestad reglamentaria como facultad del Gobierno Nacional, está limitada a la expedición de los actos jurídicos conducentes de manera exclusiva a la correcta ejecución de la ley. Es prolija la Expediente 19555 7 jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto; se trae a colación apartes de la sentencia del 13 de agosto de 2008 con ponencia de la Consejera Doctora Myriam Guerrero de Escobar dentro del expediente No. 18556, radicación 11001-03-26000-2000-0010-01: “La jurisprudencia de la Sala definió la potestad reglamentaria como "la

facultad constitucional que se atribuye de manera permanente al Gobierno Nacional para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance" (…) Además de lo anterior resulta de la mayor importancia destacar el sometimiento de la norma reglamentaria a la ley, toda vez que ésta no puede invadir la órbita de competencia del legislador, modificando la ley o incluyendo aspectos no regulados en ella. (…) Recientemente, la Sección Tercera se pronunció sobre el mismo tema, reiterando la anterior postura, según se advierte en el contenido del siguiente pronunciamiento: "El poder reglamentario se encuentra limitado en función a la necesidad de la cumplida ejecución de la ley y, como lo ha manifestado la jurisprudencia, la extensión de esta competencia es inversamente proporcional a la extensión de la ley, es decir, cuanto mayor sea el campo disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto reglamentario y, al contrario, si ella sólo regula aspectos o reglas generales para su aplicación, más amplio será el campo de desarrollo del reglamento, acorde con las exigencias requeridas para su cumplimiento.(Subrayado fuera de texto)"17 En este sentido, queda definido que el desarrollo de la norma reglamentaria se debe ceñir al contenido de la ley, sin que sea permitido ampliar o restringir el

alcance o asumir materias diferentes o distantes al sentido y razones de la misma. 2.- Revisados los argumentos propuestos por el accionante se encuentra que las expresiones acusadas son las que se resaltan a continuación así: ARTICULO 6. Requisitos generales que deben cumplirse para acceder a la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de inscripción y sus actualizaciones en el Registro Único Tributario RUT-, para efectos de control las Nuevas Pequeñas Empresas o Pequeñas Empresas Preexistentes que pretendan acogerse al beneficio a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, deberán cumplir los siguientes requisitos: 1-Cuando se trate de Nuevas Pequeñas Empresas: Presentar personalmente antes del 31 de diciembre del correspondiente año de Expediente 19555 8 inicio del beneficio de progresividad, ante la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, los siguientes documentos: a) Certificado existencia y representación legal expedido por la correspondiente Cámara de Comercio en el que conste la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y la condición de Nueva Pequeña Empresa. b) Certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa, cuando se trate de persona jurídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento, en la que manifieste:

1. La intención de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, detallando la actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentre ubicada la planta física o el lugar del desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal. 2) El monto de los activos totales. 3) El número de trabajadores con relación laboral al momento del inicio de la actividad económica y tipo de vinculación. 4) Haber cumplido con la obligación de tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. 5) La existencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o Distrito donde está ubicada. c) Copia de la escritura o documento que pruebe su constitución o existencia. 2-Cuando se trate de Pequeñas Empresas Preexistentes: Presentar personalmente antes del 31 de marzo del año 2012, ante la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, los siguientes documentos: a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente Cámara de Comercio en el que conste la fecha de renovación de la Matrícula Mercantil en la correspondiente Cámara de Comercio. b) Certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa, cuando se trate de persona jurídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento, en la que manifieste:

Expediente 19555

9 1) La intención de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, detallando la actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentre ubicada la planta física o el lugar del desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal. 2} El monto de los activos totales. 3) El número de trabajadores con relación laboral al momento del inicio de la actividad económica y tipo de vinculación. 4) Que reinició el desarrollo de la actividad económica dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010. 5) Que dentro de este mismo término de 12 meses se ha puesto al día en todas sus obligaciones formales y sustanciales de carácter legal y tributario de orden nacional y territorial. Para el efecto, en el caso de deudas por impuestos administrados por la DIAN, podrán suscribir facilidades de pago en los términos y condiciones previstos en el artículo 814 del Estatuto Tributario. 6) Haber cumplido con la obligación de tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. 7) La existencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o Distrito donde está ubicada. c) Copia de la escritura o documento que pruebe su constitución. Estos requisitos se verificarán por la respectiva Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien ejercerá vigilancia y control de acuerdo con sus amplias facultades de fiscalización e investigación consagradas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Parágrafo Transitorio. Por el año gravable 2011, las Nuevas Pequeñas

Empresas a que se refiere el numeral 1. de este Artículo deberán presentar los documentos allí mencionados antes del 31 de marzo de 2012. ARTICULO 7. Requisitos para cada año gravable en que se solicite el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Para que proceda el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, las Empresas deberán cumplir, por cada año gravable en que se solicite el beneficio, con los siguientes requisitos: Expediente 19555 10 1-Presentar personalmente antes del 30 de marzo siguiente al año gravable por el cual se pretende la gradualidad, un memorial del contribuyente o representante legal de la empresa cuando se trate de persona jurídica, que se entenderá expedido bajo la gravedad del juramento, ante la División de Gestión de Fiscalización o a la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, en el cual manifieste expresamente: a) La intención de acogerse por ese año gravable al beneficio de progresividad en el pago del impuesto de renta y complementarios otorgado por la Ley 1429 de 2010, indicando la calidad de beneficiario en su condición de Nueva Pequeña Empresa o Pequeña Empresa Preexistente, persona jurídica o persona natural, según corresponda. b) La actividad económica a la cual se dedica. c) El monto de los activos totales a 31 de diciembre de cada año gravable.

d) La dirección del lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde desarrolla la actividad económica, y e) El número de trabajadores a 31 de diciembre de cada año gravable. 2-Cuando se trate de Pequeña Empresa persona jurídica anexar una copia del certificado actualizado de existencia y representación legal y de la renovación de la matricula en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio. 3-Cuando se trate de Pequeña Empresa persona natural, anexar una copia del certificado actualizado en el que conste la renovación de la matricula en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio y sobre el registro del establecimiento de comercio. 4-Cuando se realicen reformas estatutarias, deberán informarse a la Dirección Seccional o Local de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, dentro del mes inmediatamente siguiente a la reforma estatutaria. Parágrafo. A partir del año gravable en que no se presenten o no se cumplan oportunamente los requisitos exigidos, no procederá el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios, caso en el cual, la Dirección Seccional o Local de Impuestos o de Impuestos y Aduanas correspondiente, una vez establezca la omisión o incumplimiento, deberá verificar y revisar la situación integral de la empresa que pretendía el beneficio. ARTÍCULO 9. Pérdida o improcedencia del beneficio de la progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7° del presente Decreto, para efectos de la Expediente 19555 11 procedencia del beneficio de que trata el artículo 4° de la Ley 1429 de

2010, las pequeñas empresas beneficiarias deberán mantener en el respectivo año gravable y hasta el 31 de diciembre inclusive, las condiciones relativas al número de trabajadores y al monto de los activos totales a que se refiere el numeral 1° del artículo 2° de la citada Ley. En caso de incumplir alguna de las condiciones señaladas, el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable en que esto ocurra. Tampoco procederá el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, cuando se incumpla con la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, cuando no se paguen en su oportunidad legal los aportes a salud y demás contribuciones de nómina, o cuando no se cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones tributarias de orden nacional y territorial y de realizar los pagos de los valores a cargo en ellas determinadas, auto liquidados o liquidados por la Administración, dentro de los plazos señalados para el efecto. Planteado lo anterior corresponde revisar el contenido de la normatividad censurada con el objeto de establecer si se desatendió el sentido de la norma y si se agregaron aspectos que generan efectos tributarios, no previstos. Para dicho efecto, es indispensable remitirnos a la norma reglamentada que es el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. ARTÍCULO 4o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al

Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Expediente 19555 12 Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. PARÁGRAFO 1o. Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros: Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en los ocho primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el noveno año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el décimo año gravable, a partir del inicio de