PGN - INASISTENCIA A COMISIONES DEL CONCEJO - Puede originar la falta de quórum decisorio

FALTA DISCIPLINARIA DE CONCEJAL-Inasistencia a las sesiones que fueron convocados ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN-Competencia segunda instancia revisar solo aspecto impugnados e inescindiblemente vinculados Art. 171 C.D.U./ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN-No indicar pruebas imposibilita determinar la falencia del operador Observa el despacho que en el recurso alzada no se señalan las posibles pruebas que carecieron de valoración ecuánime, por parte del a quo, lo que hace imposible precisar la falencia en que pudo incurrir la procuraduría regional. No obstante se aprecia, como ya se dijo, que los elementos probatorios fueron evaluados de conformidad al ritual procesal, no percibiéndose en el escrito de exculpaciones del pliego de cargos nuevos elementos procesales que permitieran a la regional, cambiar el rumbo de la actuación. FALTA DISCIPLINARIA DE CONCEJAL-Incumplimiento deber legal de asistir a sesiones En ese sentido el hecho irregular consumado es claro, concreto: los inculpados no cumplieron con sus deberes, cuales eran los de asistir a las sesiones para las que fueron convocados. Conforme a lo preceptuado por el reglamento interno del Concejo Municipal, Acuerdo 003 de 2003 y las demás disposiciones relacionadas con el Régimen Político Municipal, a los concejales les asisten derechos y obligaciones, las que en este caso se relacionaban con la asistencia a las sesiones que fueran convocadas, y en el curso de ellas, tramitar los proyectos de acuerdo, aprobarlos o negarlos. Por tanto, la inasistencia a las sesiones

referidas constituye incumplimiento de deberes. INASISTENCIA A COMISIONES DEL CONCEJO-Debe ser justificada/INASISTENCIA A COMISIONES DEL CONCEJO-Puede originar la falta de quórum decisorio Por lo anterior, considera el Despacho que las actuaciones de los concejales, debieron ser ajustadas a la legalidad, pues era a ellos a quienes les correspondía, asistir a las sesiones de la comisión segunda permanente para la fecha en que fueron citados, con el fin de deliberar y decidir sobre los informes de comisión referidos: en cuanto a cualquier irregularidad que pudiera existir en el trámite de los proyectos, era justamente en la sesión donde bebían debatirlo y dejar las constancias correspondientes. De esa manera con su inasistencia, injustificada, originaron la falta de quórum decisorio, por no haber asistido la mayoría de los integrantes de la comisión. ILICITUD SUSTANCIAL-Tipicidad en caso de incumplimiento del deber contenido en la Ley y la Constitución/ILICITUD SUSTANCIAL-Conducta es antijurídica si Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 1 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 afecta el deber funcional sin justificación Significa lo anterior que, desde el punto de vista de la tipicidad, es preciso concluir que se configura en este caso el incumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución y en la Ley, por parte de los disciplinados, en sus respectivas condiciones de Concejales, en

la medida en que, con su omisión, incurrieron en las descripciones constitutivas de falta disciplinaria, a voces del artículo 23 del CDU. De igual manera, se señala que la conducta investigada es antijurídica, toda vez que con ella se afectó el deber funcional que tenían los implicados, sin justificación alguna. Resulta evidente entonces, que el principal deber funcional que tenían los sancionados, era precisamente cumplir y hacer que se cumplieran las normas contenidas en el ordenamiento jurídico y actuar con estricto apego a las mismas, para no infringir el régimen de prohibiciones establecido en la Ley disciplinaria. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación Nº: 089-0472-08

Disciplinado: JOSE MARIA PINTO LUBO, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y SAYIRA GARCIA ARIZA Cargo y Entidad: Concejales del Municipio de Maicao (Guajira) Quejoso: Bill Rodríguez ArzuagaPresidente Concejo Maicao Fecha de la queja: Diciembre 10 de 2007

Fecha hechos: Noviembre 9 de 2007

Providencia: Fallo de Segunda Instancia (Arts. 171 y 180

Ley 734 de 2002).

Bogotá D.C., DICIEMBRE 15 DE 2010

ANTECEDENTES Una vez agotado el trámite procesal respectivo, la Procuraduría Regional Guajira, mediante providencia del 8 de julio de 2010, profirió fallo de primera instancia, dentro de este proceso, sancionando a los señores SAYIRA GARCÌA ARIZA identificada con la cédula de ciudadanía No 17.847.752 de Maicao, BERCELIO

NAVARRO ARDILA, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.847.752 y JOSE MARÌA PINTO LUBO, identificado con las cédula de ciudadanía No. 84.071.370, en sus calidades de Concejales del Municipio de Maicao Guajira, con “SUSPENSION en el ejercicio del cargo e Inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos, por el término de seis (6) meses, termino que se convertirá en salarios en atención al monto devengado para el año 2007 visible en la certificación a folio 44, 46 y 47, e inhabilidad especial por el mismo periodo, conforme a lo expuesto(…)” (fls. 476 al 496). Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 Mediante auto del 2 de agosto de 2010 del año en curso, la Procuraduría Regional Guajira concedió en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por los disciplinados contra el fallo de primera instancia, ordenando la remisión del expediente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (Reparto) (fls. 501-505). DE LA IMPUTACION Por auto del 23 de enero de 2009, la Procuraduría Regional de Guajira formuló pliego de cargos a los implicados (fls 278 -295), de la siguiente manera:

“CARGO IMPUTADO A LOS DISCIPLINADOS JOSE MARÌA PINTO LUBO,

BERCELIO NAVARRO ARDILA Y SAYIRA GARCÌA ARIZA, se les imputa la

siguiente conducta presuntamente irregular:

“HABER OMITIDO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, CUMPLIR LOS DIVERSOS

LLAMADOS O CITACIONES PUBLICAS HECHAS EN SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR PARTE DE LOS PONENTES DE LOS PROYECTOS DE ACUERDOS 013, 014 Y 015 DE NOVIEMBRE DE 2007,

REPARTIDAS POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO A LA COMISION

SEGUNDA DE LA CUAL USTED ES MIEMBRO INTEGRANTE, PARA EFECTOS

DE ANALIZAR Y ESTUDIAR RENDICION DE INFORMES PARA LA

APROBACIÓN DE LOS MISMOS EN PRIMER DEBATE CON ARREGLO AL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CONCEJO Y ADOPTAR DECISIONES POR LA MAYORIA DE

LOS VOTOS DE LOS ASISTENTES.

COMO ES DE OBSERVARSE USTED NO ASISTIÒ A LAS SESIONES DE

ESTUDIOS DE LOS REFERIDOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA

COMISIÒN SEGUNDA, PESE CONOCER EL OBJETIVO DE LAS CITACIONES

ELEVADAS PUBLICAMENTE, OBSTACULIZANDO CON SU RENUENCIA LA

CONFORMACIÒN DEL QUORUM DECISIORIO TAL Y COMO LO EXIGE EL

ARTICULO 30 DE LA LEY 136 DE/94.

LA OMISION DESCRITA CONLLEVO A QUE SE ORDENARA EL ARCHIVO DE

LOS MENCIONADOS PROYECTOS, CON FUNDAMENTO A LO ESTATUIDO EN

EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO EN SUS ARTICULOS 80 Y 96

PARAGRAFO 3”.

En consecuencia, la Regional afirmó que con el comportamiento adoptado se vulneraron presuntamente los artículos 80, 96 parágrafo 3 del reglamento interno Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 del concejo municipal de Maicao Guajira, incumpliendo sus deberes, estatuidos en la ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1,2 articulo 35 numeral 7. Como normas presuntamente violadas se citaron: los artículos 13, 34 y 35 de la ley 734 de 2002, artículos 6, 313 numerales 3 y 5, ley 136 de 1994, artículos 29 y 30, artículos 80 y 96 del reglamento interno del Concejo Municipal. A los disciplinados se les atribuyó provisionalmente la presunta incursión en falta GRAVE a título de dolo. (fl. 293). DE LOS DESCARGOS Al presentar sus descargos, mediante escrito radicado el 13 de marzo de 2009, la defensa argumentó, que en primer lugar, la conducta que se les endilgaba a sus defendidos era atípica, porque no se puede predicar la violación de preceptos de los artículos 29 y 30 de la ley 136 de 1994, pues su actuar estaba encaminado a no vulnerar las leyes ni el reglamento porque ellos no podían asistir a una sesión

de comisión para aprobar unos proyectos que se encontraban con los términos vencidos. De otra parte afirmó que los que estaban infringiendo normas eran los ponentes de los proyectos 013, 014 y 015 de noviembre de 2007, primero, porque estaba demostrado que no hubo sesión el 15 de noviembre, como lo certificó la Secretaría General, y segundo, porque para deliberar se necesitaba de la cuarta parte de los miembros de la comisión y lo hicieron sin llenar ese requisito. En segundo término, que no comparte la defensa la calificación provisional de la falta como Grave, ni el grado de culpabilidad a título de dolo, precisamente por no adecuarse la conducta a lo señalado en los artículos 13 y 23 de la ley 734 de 2002. Además, se propuso la nulidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 143 numeral 2 y 3 de la ley 734 de 2002 y el artículo 29 de la Constitución Nacional, situación que fue resuelta mediante auto del 18 de mayo de 2009, rechazando la nulidad y decretando la práctica de pruebas solicitadas, al haberse evacuado la totalidad de ellas (folios 362 y 465). Posteriormente, mediante auto del 18 de diciembre de 2009, se corre traslado a los sujetos procesales y al presentar sus alegatos de conclusión, con escrito radicado del 21 de enero de 2010, de conformidad con el numeral 8 del artículo 92 del CDU, argumentó, en primer lugar, que en la conducta endilgada a los disciplinados, no se ha demostrado que hayan actuado con dolo o con la intención

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 de actuar de manera contraria a la ley, así mismo que no se ha demostrado con certeza la responsabilidad de los mismos. Por ello, consideran que lo que debe aplicarse en el presente proceso, es el principio “INDUBIO PRO REO, el cual es imperativo y no es discrecional ni potestativo del funcionario investigador, es decir, su aplicación es obligatoria en todo su rigor”. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 8 de julio de 2010, la Procuraduría Regional de la Guajira profirió fallo de primera instancia. En dicha providencia, el a-quo consideró que el cargo endilgado a los señores SAYIRA GARCÌA ARIZA, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y JOSE MARÌA PINTO LUBO, en sus condiciones de Concejales del Municipio de Maicao (Guajira), conservan su vigencia, en la medida en que existe prueba que conduce a la certeza, tanto de la existencia de la falta, como de la responsabilidad de los disciplinados. En consecuencia, procedió a sancionarlos con SUSPENSION en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses. Termino que se convertirá en salarios en atención al monto devengado para el año 2007 visible en la certificación a folio 44, 46 y 47 e inhabilidad especial por el mismo periodo,

conforme a lo expuesto en la parte motiva. La decisión sancionatoria fue fundamentada, de la siguiente manera: Consideró demostrado “que las pruebas documentales allegadas a las diligencias, tienen el grado de certeza requerido para demostrar la infracción a los deberes previstos en el numeral 1 artículo 34 de la ley 734 de 2002, pues en las resoluciones que obran como prueba, se describe el incumplimiento a las citaciones para estudio de informe de proyectos por parte de los concejales, y con ocasión del tramite fallido ocurrido en la comisión segunda permanente con relación a los proyectos de acuerdo No 013, 014 y 015 de 2007 en la Comisión Segunda Permanente”. Quedó probado que el 7 de Noviembre de 2007, quedo plasmada en el acta No. 064 sesión plenaria del Consejo Municipal de Maicao, se entregaron por parte de la presidencia 2 proyectos de acuerdo a la Comisión de estudio, el No 012 y el 013 de 2007, presentados por Daissy Hernández, Alcaldesa Municipal y nombrando como ponentes a Laid del Socorro Díaz y Aldrin Quintana Ustate. Posteriormente el 13 de noviembre del mismo año se entregó el tercer proyecto de acuerdo No 015 a la Comisión de Estudio. Dentro de las atribuciones de la Comisión Segunda tenían la obligación de tramitar los proyectos de acuerdo presentados, para lo cual el ponente designado Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896

tenía la obligación o plazo de 5 días hábiles para presentar por escrito su informe sobre el proyecto de acuerdo, debidamente sustentado, proponiendo la conveniencia en su discusiones , modificaciones o su negación y archivo (artículo 94), teniendo en cuenta que a los ponentes de los proyectos 013 y 014 recibidos el 7 de noviembre de 2007, se les vencía el termino el 14 de noviembre de 2007 y el 015 recibido el 13 de noviembre del mismo año se cumplía el 20 de noviembre de 2007. Refiere que está probado con prueba documental dentro de las diligencias, la inasistencia de los tres concejales sancionados, a las sesiones de la comisión segunda permanente para tramitar, estudiar y decidir los aludidos proyectos de acuerdo, ya que a pesar de que se sustentaron las razones que motivaron esa situación, las imputaciones no fueron desvirtuadas, tal y como consta en el análisis, por lo que concluye que el comportamiento de los servidores fue omisivo, a la luz de la juricidad, acreditándose la ilicitud sustancial con su conducta. El reglamento interno del Concejo determinó en el artículo 94, que el plazo máximo del ponente para presentar un informe escrito del proyecto de acuerdo es de 5 días hábiles, y el artículo 87 consagró que las comisiones permanentes rendirán los informe según los plazos fijados o el que otorgue el presidente del concejo, folios 85 al 100. De igual manera se probó por parte de la primera instancia que los ponentes recibieron los proyectos el 7 de Noviembre año 2007, el día 9 del mes y año

referenciado, en plena sesión plenaria del consejo, citaron públicamente a los seis integrantes de la comisión segunda presentes en la sesión, a reunirse una vez culminada la misma, para estudiar los aludidos proyectos, constancia plasmada en acta No. 066 (Fls 29 y 30), hecho que aconteció, como figura en el primer informe de comisión que obra a folios 97 y 98, el cual ostenta la firma de tres integrantes, mas no de los concejales cuestionados, requisito que sería el confirmatorio de su presencia en la reunión. Esto se advierte porque en el acápite de miembros asistentes figuran los nombres de los no firmantes. Además, del contenido del informe se desprende la comparecencia de los mismos, resaltando que en la misma reunión se les comunicó, la próxima fecha de sesión de la comisión, con la finalidad señalada, estipulándose para ello el día jueves quince (15) de Noviembre de 2.007. (Fls 83, 97 y 98). En dicha reunión del día nueve, se solicita determinada información a la administración municipal, a fin de continuar el estudio de los proyectos. También se pide, que los informes que se rindieran por la comisión, tuviera mayor claridad, proposición que no fue objetada por ninguno de los seis integrantes, entendiéndose la aprobación de la misma, citación ésta ratificada por los integrantes de la comisión segunda allí presentes, en sesión ordinaria del 14 de Noviembre de 2.007, compendiada en acta No. 068 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 6

Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 (Fl 23). En atención a èsto y demostrando probatoriamente con las actas de sesión plenaria del Concejo Municipal, el primero y segundo informe de comisión, que para el estudio, trámite y deliberación de los proyectos 013 y 014/07,era necesario el suministro de información por parte de la administración municipal, solicitada oportunamente por los ponentes (Fls 85 y 100), la cual fue presentada tardíamente (Fls 99 y 105), en sesión plenaria ordinaria del 16 de Noviembre de 2.007, como figura en acta No. 069 visible a folios 21 y 22. El presidente del Consejo BILL RODRIGUEZ ARZUAGA concedió prorroga del terminó para la rendición del informe, en virtud a la solicitud que elevaron los ponentes, de lo cual se dejo constancia en dicha acta e inclusive en la misma sesión el concejal YOEL BLANCHAR cuestionó la inasistencia de la presidenta de la comisión segunda SAYIRA GARCIA, a la reunión de estudio de los proyectos el día anterior, o sea 15 de Noviembre de 2.007, al igual que su falta de interés en el estudio y tramite de los proyectos; actuaciones descritas que desvirtúan la imputación de unilateralidad en la decisión adoptada por la Presidencia del Concejo, como afirma la concejal SAYRA GARCIA en diligencia de versión libre a folio 403, decisión que no fue apelada. En la misma, no figura la intención o manifestación de impetrar apelación, que para el caso si eso era lo que

seseaba, debió embozar concretamente la palabra apelación, contra el acto que quería impetrarlo y de ser posible, sustentarlo, por el contrario, lo que dejo sentado fue una constancia dirigida a los ponentes de los proyectos, acerca de que la citación elevada para el día 20 de noviembre de 2.007, que estaba por fuera de termino, lo que de inmediato fue aclarada por otro Concejal, constancia que desdice de lo que es un recurso de apelación. Probado está, que concedida la prorroga a los ponentes de los proyectos, estos continuaron citando públicamente en sesiones plenarias del concejo, a todos los integrantes de las comisión segunda permanente, para sesionar durante los días 20, 22 y 26 de noviembre de 2.007 y continuar con el estudio de los proyectos números 013, 014 y 015, como consta en las actas números 069, 070, 072 y 074 obrantes a folios 12 al 13, 15 al 17, 19, 20, 21 y 22. Pese a estar presentes en dichas reuniones los seis miembros integrantes de la mencionada comisión permanente, solo asistieron a sesionar con la finalidad indicada, tres concejales: LAID DEL SOCORRO DIAZ PLATA, ALDRIN QUINTANA, Y YOEL BLANCHAR PLATA, lo que está probado con los informes de comisión a folios 80 al 82, 84, 86, 87, 93 al 96, 101, 106 al 113, 161 al 166, 201 al 215, siendo renuentes a asistir los

concejales SAYIRA GARCÍA ARIZA, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y JOSÉ

MARÍA PINTO LUBO, sin justificación legal alguna, debido a que no presentaron excusa verbal ni escrita respecto a las razones o motivos de su inasistencia, verificando con el oficio de fecha noviembre 27/07, dirigido a la presidencia del Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 concejo, suscrito por el ponente del proyecto de acuerdo numero 015/07 (Fls 212 y 213) y las actas de sesiones ordinarias del Concejo numero 075 de noviembre 27/07 y 077 de Noviembre 30/07 (Fls 10, 11 , 5 al 8), en donde se dejó sentada la constancia respecto de la conducta omisiva de los tres concejales miembros integrantes de la comisión segunda permanente y por ende, el incumplimiento injustificado del deber de asistir a las sesiones de la comisión, para estudiar, tramitar, deliberar y decidir, los tres aludidos proyectos de acuerdos presentados por el ejecutivo, repartidos y asignados por la presidencia del Concejo a esa comisión, en virtud a la naturaleza del asunto de los mismos. Conforme al reglamento interno (Acuerdo 003/03) y demás normas concordantes (Ley136/94), a los concejales les corresponde unos derechos, atribuciones, como también les está prohibido incurrir en determinadas situaciones. Dentro de sus atribuciones, entre otras, les atañen, autorizar al alcalde para celebrar contratos,

dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de gastos y rentas del municipio, así como (…), tramitar los proyectos de acuerdo. Les esta prohibido, entre otras, incumplir los deberes (…). Situaciones estas de conocimiento de los concejales inmersos en esta investigación, por lo que su comportamiento debió estar ajustado a la legalidad, debiendo comparecer a las sesiones de la comisión segunda permanente para la fecha en que fueron citados, para deliberar y decidir respecto a los informes de comisión presentados por los ponentes, adoptando la posición que consideraran pertinente, adecuada o conveniente, de acuerdo a su criterio, obtenido en el estudio realizado. De allí la importancia de cumplir con el deber de asistir. Sin embargo, no asistieron a dichas sesiones, como era su deber, lo cual está demostrado, inasistencia que no se encuentra justificada, amén de que su ausencia originó la falta de quórum decisorio, al no haber asistido la mayoría de los integrantes de la comisión. En el desarrollo de la investigación está probada con prueba documental y testimonial, la inasistencia de los tres concejales SAYIRA GARCÍA ARIZA, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y JOSÉ MARÍA PINTO LUBO a las sesiones de la comisión segunda permanente, para tramitar, estudiar y decidir los aludidos proyectos de acuerdos, que a pesar de que sustentaron las razones que motivaron esa situación, las imputaciones no fueron desvirtuadas, como se precisó en el análisis efectuado, por lo que se concluye que el comportamiento omisivo de

dichos concejales constituye una conducta irregular que se erige en falta disciplinaria. El artículo 23 de la Ley 734 de 2002, establece que constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código que conlleva el incumplimiento de deberes, sin estar amparado en cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 artículo 28 Ibídem. Comportamientos como el registrado, debe observarse, constituyen una abierta desobediencia a los principios que imponen el ejercicio de la función administrativa, la cual por mandato constitucional, debe estar dirigida al servicio de los intereses generales y por ende, desarrollada con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia economía, celeridad e imparcialidad entre otros. En consecuencia, no hay duda que la conducta censurada en los cargos, engendra un claro quebrantamiento al régimen de deberes de los servidores públicos, e incursión en las prohibiciones, concretamente el establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; artículo 35 numeral 7, lo que conlleva un desconocimiento al deber funcional, si se tiene en cuenta que se trató de una actuación al margen de la ley, materializada precisamente en la renuncia

consciente e injustificada de asistir a las sesiones de la comisión segunda permanente, previo conocimiento de las citaciones y sus finalidades, elevadas por los ponentes de los proyectos 013, 014 y 015 de Noviembre de 2.007, en sesiones plenarias del Concejo Municipal de Maicao, para estudiarlos, deliberar, examinar los informes y decidir al respecto, conforme a las exigencias establecidas por la Constitución, la Ley y el Reglamento Interno. Rebeldía e injustificación puesta de manifiesto en sesión plenaria del concejo el 22 de Noviembre de 2.007, plasmada en acta numero 072, la concejal SAYIRA GARCIA en uno de los partes de su intervención afirma “(…) si los letrados en derecho consideran que denuncien y se acabó el problema, pero a ella nadie la va a obligar aquí a asistir a un estudio de Comisión porque sencillamente tienen cosas que hacer fuera de la sesión”. (Fls 15 al 17). Observa que no en vano el legislador y con miras a garantizar la función pública y los principios que la rigen, en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002 impuso al sujeto disciplinable, la obligación de cumplir con los deberes y respetar el régimen de prohibiciones; consagrando al mismo tiempo en el articulo 23 Ibídem, que su desobediencia constituye una falta disciplinaria, que puede conllevar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, si conforme a las circunstancias no media una causal de exclusión de responsabilidad de las contempladas en el artículo 28 del ordenamiento disciplinario.

DE LA APELACIÓN

Mediante escrito radicado el 29 de Julio de 2010, los implicados, actuando mediante apoderado interpusieron recurso de apelación contra la decisión adoptada por el a-quo (fls. 476 - 497), exponiendo los siguientes argumentos:  No comparte la defensa los argumentos esgrimidos por la procuraduría Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896 regional de la Guajira para proferir su fallo de primera instancia, contra el cual estoy presentando el presente recurso de apelación por cuanto considera este togado, que se vulneraron postulados de orden constitucional y legal que dieron al traste con las pretensiones de este profesional del derecho en demostrar el actuar conforme a derecho de mis poderdantes.  La constitución Nacional en su artículo 4º y 83 hacen referencia a los postulados de la buena fe y consideran que esta debe presumirse en todas las actuaciones del ser humano.  Por otra parte el inciso tercero del artículo 29 de la misma Carta, en armonía con los artículos 9º del C.D.U. y el artículo 7º del C.P.C, hacen referencia al postulado de la presunción de inocencia, por tal razón, es necesario y de imperiosa aplicabilidad que el investigador sea imparcial, ponderando y nunca debe considerar o presumir la responsabilidad del investigado, por tal razón, el investigador se debe caracterizar por su rectitud, su ecuanimidad, su ponderación y no apasionarse, puesto que esto lo llevaría a romper con el

equilibrio de la investigación y por ende a tomar decisiones absurdas.  En el caso bajo examen, considera este profesional del derecho que la procuraduría regional de la Guajira no profundizo en la búsqueda de la verdad en relación con los argumentos esgrimidos por la defensa en el memorial de descargos impetrado por este servidor, en el cual se suministran elementos materiales probatorios que no fueron siquiera valorados para la toma de la decisión que hoy estoy atacando, solo se limitó el ente investigador a ratificar los argumentos esgrimidos para proferir el pliego de cargos y no tuvo en cuenta las nuevas pruebas aportadas por la defensa, que de haberlo hecho, seguramente otro hubiese sido el sentido del fallo.  Se limita la procuraduría regional solo a dar por probados todos los argumentos que son contrarios a mis defendidos, pero no hace una valoración ecuánime, ponderada, profunda de todo el material probatorio arrimado el presente proceso, es por ello que se ha generado una situación adversa para mis prohijados.  Por otra parte, establece la ley 734 de 2002 en su artículo 142, que no se podrá proferir fallos sancionatorios sin que obre dentro del proceso la prueba que conduzca al juzgador a la certeza, es decir, la prueba que demuestra la responsabilidad del disciplinado. En el caso bajo examen, no existe elemento que permita al juzgador tener la certeza de la violación al régimen disciplinario por parte de mis defendidos es por ello que nos se les puede endilgar la responsabilidad que sobre ellos hoy pesa. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - www.procuraduria.gov.co 10

Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 ext. 10814 – 10826, Fax. 5878750 Ext. 10896  Por las condiciones anotadas anteriormente, y en aras de garantizar el principio constitucional del debido proceso, el principio de contradicción de la prueba y el debido proceso, solicito muy comedidamente que se revise con minuciosidad el escrito descargos presentados por este servidor junto con los elementos probatorios aportados en el mismo, para que se tome una decisión conforme a derecho y que el ad-quem REVOQUE la providencia de primer grado garantizando así, el debido proceso y derecho a la defensa por lo cual espero una decisión favorable. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS Antes de pasar al análisis de las impugnaciones del fallo de primera instancia, conviene señalar, que este Despacho no observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, de manera que corresponde a está Delegada pronunciarse sobre el recurso interpuesto, en virtud con las atribuciones conferidas en el Parágrafo Único del artículo 171, de la ley 734 de 2002: De esta manera y conforme al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del procesado. Corresponde entonces analizar, si la conducta desplegada por los inculpados:

SAYIRA GARCÍA ARIZA, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y JOSÉ MARÍA PINTO

LUBO, constituye violación a las disposiciones Constitucionales, Administrativas y disciplinarias, enunciadas tanto en el pliego de cargos, como en el fallo de primera instancia. Está probado documentalmente, que los señores SAYIRA GARCÍA ARIZA, BERCELIO NAVARRO ARDILA Y JOSÉ MARÍA PINTO LUBO, desempeñaban los cargos de Concejales del Municipio de Maicao Guajira, respectivamente, para la época de los hechos, situación que no ha sido rebatida en desarrollo del proceso. De acuerdo a lo antes descrito y en consideración al artículo 171, parágrafo del C.D.U, según el cual “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente, los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, se precisa lo siguien