PGN - INDEBIDA PARTICIPACION EN POLITICA - Regulación constitucional

Nota de Relatoría: Se suprimen los datos personales con el fin de preservar el derecho a la intimidad INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-No existe definición clara sobre quienes pueden intervenir si tienen la calidad de servidores públicos Debe partirse de la base de que el tema no es pacífico, y menos que exista una definición total al respecto, en cuanto hace relación con quienes, teniendo la condición de servidores públicos, pueden intervenir en actividades políticas. La cuestión pasa incluso por lo que puede considerarse dicha participación, dadas las múltiples formas que puede presentar, y aún por la vigencia de los derechos fundamentales envueltos en estas nociones, como el del sufragio, y el de participación política.

INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Permitida para los servidores públicos en los términos establecidos en la ley estatutaria/INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Regulación constitucional La situación ha oscilado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, desde una prohibición absoluta, como figuraba en Constituciones anteriores, hasta una autorización para que los servidores públicos, con señaladas excepciones, puedan participar en las actividades de los partidos y movimientos, como figura en el artículo 127 de la nueva Constitución, pero en todo caso, sometidos a lo que sobre el particular diga la ley, que en este caso se ha dispuesto que sea estatutaria. Un sano entendimiento de esta disposición permite asegurar que dicha participación está permitida, pero en los términos que autorice la ley en cuestión. INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Prohibición absoluta para ciertos funcionarios/INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Excepción

de funcionarios en los términos que establece la ley De esa manera puede asegurarse que se mantiene una prohibición absoluta para ciertos funcionarios, y que está permitida dicha participación para quienes no están comprendidos en dicha excepción, pero que solo lo pueden hacer en los términos en que lo autorice la ley estatutaria que se expida al respecto. Conviene precisar que dicha ley no se ha expedido hasta este momento. El artículo 127 de la Carta establece una prohibición para determinados servidores públicos, a quienes está vedada su participación en política, condición restrictiva Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 1 que solo puede aplicarse a quienes ha señalado de manera específica el constituyente, al tiempo que esa misma disposición ha previsto que los demás servidores públicos lo podrán hacer, pero en todo caso sujetos a las condiciones que establezca la ley, que en este caso es estatutaria. Esto último significa que la regulación no se podrá introducir mediante una ley ordinaria. INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Servidor público solo puede hacer aquello que le sea expresamente autorizado Dilucidado el aspecto anterior, es claro que la Constitución autoriza la participación en política de los servidores públicos que no se encuentran enlistados en la prohibición que fija el artículo 127 constitucional, pero ello está sujeto a lo que al respecto disponga la ley estatutaria. La pregunta que cabe formular entonces, es: ¿Puede los servidores públicos que no lo tienen vedado constitucionalmente, participar en política, sin que se haya expedido la referida ley estatutaria? Y en tal

caso, ¿De qué manera? La respuesta a este interrogante, atendiendo el marco general, teórico y conceptual expresado antes, es negativa, de manera rotunda, en tanto es la propia Constitución la que dispone que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les sea expresamente autorizado. Máxime, cuando la propia Carta ha señalado de manera categórica que dicha participación se podrá hacer pero en la forma y términos que disponga la ley estatutaria que se expida al respecto. En esas condiciones, ninguna razón cabe a los funcionarios cuestionados, cuando argumentan que es la Constitución la que los autoriza a participar en política, porque ello responde a una lectura parcial de la norma constitucional. PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA DE SERVIDORES PÚBLICOS-Pueden quedar incursos en falta disciplinaria Especular en estos momentos acerca de la manera como podría darse esa participación, esto es, si puede ser a través de reuniones, asistiendo a eventos, o de cualquiera otra manera, resulta estéril y carente de valor, porque está plenamente determinado que es a la ley estatutaria a la que le corresponde indicarlo de manera precisa. En el entretanto, los servidores públicos deben abstenerse de actuar en ese sentido, porque con ello están desatendiendo un mandato de entronque constitucional y por ende, pueden quedar incursos en infracción al ordenamiento disciplinario, como ocurrió en este caso y que es materia de este pronunciamiento. P2rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826

2 De la lectura sistemática, íntegra e integral de las normas referidas, y del desarrollo jurisprudencial y doctrinario citado, se concluye que la participación en política de los servidores públicos solo se puede dar, según las condiciones que establezca la ley estatutaria que se expida al respecto, y que en tanto no se ha expedido dicha ley, a los servidores públicos les resulta obligado abstenerse de actuar en ese sentido, porque no hay ley que diga cómo pueden hacerlo, no estando en su haber decidir la forma en que lo pueden hacer, pues la función pública es esencialmente reglada, más en una materia de tanta importancia, que puede afectar de manera grave los principios propios de la imparcialidad, la igualdad y el cumplimiento de los cometidos estatales. INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Falta gravísima/INDEBIDA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA-Regulación legal contenida en el los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 En ese sentido, descendiendo al caso en concreto, es claro que en el presente asunto el mencionado principio de imparcialidad fue conculcado, al comprobarse que los disciplinados intervinieron a favor de determinados candidatos y movimientos políticos, lo cual hicieron, repartiendo propaganda electoral, y asistiendo a reuniones políticas, con el fin de favorecer unas candidaturas, lo que hicieron en sus sitios de trabajo, así como hicieron públicas sus preferencias, invitando a votar por dichos candidatos, lo que constituye una clara participación en actividades políticas. En tanto existe una prohibición, establecida en la ley disciplinaria, que veda a los

servidores públicos participar en actividades de partidos y movimientos políticos, y en controversias políticas, como lo estipula el numeral 39 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, y en tanto no se ha expedido la ley estatutaria, que es la llamada a precisar de qué manera y bajo qué condiciones los servidores públicos pueden participar en política, se debe concluir que los funcionarios aquí cuestionados actuaron por fuera del ordenamiento e incurrieron en las conductas tipificadas como faltas que se les endilgaron.

DEPENDENCIA: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA RADICACIÓN: 080-005817/06

IMPLICADOS: MAGDALENA METAUTE MUÑOZ, JOSÉ ARISTIDES

GÓMEZ Y MIGUEL ÁNGEL ARANGO HURTADO

CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES GRADO 14, AYUDANTE 10 DE LA SECCIÓN SECCIONAL DE P3rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826

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PLANEACIÓN OPERATIVA Y AUXILIAR DE SERVICIOS

ASISTENCIALES 13 DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL

QUEJOSO: MIRIAN DAVID SALAZAR, ROBERTO LEÓN QUINTERO Y

OTROS

FECHA QUEJA: 09 DE MARZO DE 2006

FECHA HECHOS: 02 DE MARZO DE 2006

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DE PRIMERA

INSTANCIA

Bogotá, D.C., Febrero 15 de 2011. Al Despacho de esta Delegada las diligencias radicadas bajo el IUS No. 080005817-2006, para resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Antioquia, el 28 de septiembre de 2010, en virtud del cual se impuso a los disciplinados MAGDALENA METAUTE MUÑOZ, JOSÉ ARISTIDES GÓMEZ Y MIGUEL ÁNGEL ARANGO HURTADO, sanción de suspensión en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración por el término de tres (3) meses, respectivamente, por encontrarlos responsables disciplinariamente de los cargos formulados (fs 583 a 612). ACTUACIÓN PROCESAL El 16 de marzo de 2006 (fs 19 a 21), la Procuraduría Regional de Antioquia, profirió Auto de Indagación preliminar contra los señores MAGDALENA METAUTE MUÑOZ, JOSÈ ARISTIDES GÓMEZ y MIGUEL ÁNGEL ARANGO HURTADO, en su calidad de servidores públicos del Seguro Social, con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si eran constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor público presuntamente comprometido y establecer si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. El 5 de marzo de 2007 (fs 256 a 259), la Procuraduría Regional de Antioquia, de conformidad con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, profiere auto de apertura de investigación disciplinaria contra MAGDALENA METAUTE

MUÑOZ, JOSÈ ARISTIDES GÓMEZ y MIGUEL ÁNGEL ARANGO HURTADO en su condición de Auxiliar de Servicios Asistenciales Grado 14, P4rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 4 Ayudante Grado 10 de la Dirección Seccional de Planeación Operativa y Auxiliar de Servicios Asistenciales Grado 13, respectivamente. Mediante auto de 26 de noviembre de 2007, la Procuraduría Regional de Antioquia, formula pliego de cargos contra los disciplinados, por haber difundido propaganda electoral y participar de manera indebida en actividades y controversias políticas (fs 405 a 412), considerando las faltas como gravísimas cometidas a título de culpa grave. La Procuraduría Regional de Antioquia, mediante auto de 28 de septiembre de 2010, luego de referirse a las pruebas recaudadas, a los cargos formulados, a los descargos presentados, consideró que se daban los requisitos establecidos en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, para proferir sanción contra los, para la época de los hechos, funcionarios del Instituto de Seguros Sociales, MAGDALENA METAUTE MUÑOZ, JOSÈ ARISTIDES GÓMEZ y MIGUEL ÁNGEL ARANGO HURTADO, imponiendo a cada uno como sanción, la suspensión en el ejercicio del cargo, sin derecho a remuneración, por el término de tres (3) meses, por encontrarlos responsables disciplinariamente de los cargos formulados (Fs 583 a 612).

RECURSO DE APELACIÓN

Los sancionados interponen recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 28 de septiembre de 2010, por la Procuraduría Regional de Antioquia, con los siguientes argumentos: MAGDALENA METAUTE MUÑOZ Inicia señalando que existen graves defectos fácticos en la apreciación probatoria, debido a que la “prueba recaudada en el plenario, no demuestra la ocurrencia de una conducta disciplinaria, solo demuestra desde una dimensión positiva, la participación de una ciudadana –trabajadora oficial-, que adelantaba actividades constitucionales y legales, para el ejercicio de su derecho a participar en actividades políticas y partidistas, (…) que no estaban prohibidas o censuradas por norma legal vigente a la ocurrencia de los hechos; y desde la dimensión negativa, una cantidad de testimonios y comentarios, opositoras a la actividad sindical”. P5rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 5 Indica que la decisión está fundada en normas inaplicables, advirtiendo la “inaplicación e inexistencia en la subsunción interpretativa del numeral 2 del artículo 38 de la ley 996 de 2005, pues la conducta desplegada no encuadra en el precepto supuestamente infringido, según el fallo de primera instancia, pues de la lectura de la norma utilizada, no se deduce prohibición para realizar actividades políticas por parte de los empleados de los sindicatos, además la norma prohíbe difundir propaganda a favor o en contra de

cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través (recuérdese que esta palabra es una proposición que significa: (“una cosa ocurre, pasa o cruza por en medio de…”)de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley; por ninguno de los apartes de la norma que se analiza, existe prohibición para entregar propaganda política, mano a mano, si es que en algún momento llegase a probarse dicha conducta”. “Así mismo nótese como de la construcción de la prohibición, se habla de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio, o imprenta pública, utilizando la expresión disyuntiva “o”, utilizada cuando al menos una de las expresiones anteriores debe ser verdadera para que la expresión sea verdadera, es decir que la prohibición, es sobre la difusión de propaganda electoral en publicaciones (es decir periódicos o revistas), estaciones oficiales de televisión y de radio (es decir que pertenezcan a entidades del Estado o al Estado), en una imprenta pública (imprenta también del Estado), caso que no ocurre en los hechos que sirven de soporte para el fallo injusto de primera instancia”. “Al no incurrir en ninguna de las conductas establecidas en la norma antes estudiada (numeral 2 del artículo 38 de la ley 996 de 2005), no puede imputarse la sanción de una falta gravísima, pues la conducta es atípica, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, norma que prohíba a los miembros de los sindicatos, entregar volantes persona a persona, y también se demuestra que no utilizaron medios de comunicación del Estado para

realizar las actividades que la Constitución y la Ley les permiten”. Anota la inexactitud en la aplicación del inciso 2º del artículo 127 de la Constitución Nacional, y transcribe dicha norma “ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con P6rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 6 personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”. “Inciso segundo modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 1. A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”. “De la lectura de la norma constitucional, claramente se deduce una inexistencia en la aplicación de ésta, pues la disciplinada no se desempeña en ninguno de los campos de la administración del Estado mencionados en el canon constitucional, pues claramente la norma indica que la prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos es para los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad (…)”.

“La disciplinada a la fecha de la ocurrencia de los hechos –supuestamente violatorios de las normas disciplinarias-, es empleada de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Protección Social, la cual nada tiene que ver con los órganos o ramas del Estado que menciona el precitado artículo constitucional”. “Ahora bien, establece el inciso 3º del Artículo 127 de la Constitución, modificado por el acto legislativo No. 02 de 2004, Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria; de una interpretación más o menos seria y concienzuda del aparte anterior de la norma debemos decir: 1.- La norma en comento, no fue reglamentada mediante Ley Estatutaria, lo que quiere decir que la participación en política de los servidores o empleados del Estado, no señalados en el inciso 2º del Acto Legislativo 02 de 2004, quedó sin Ley o norma que la reglamentara o que la estableciera, lo que indica que el fallo fue completamente contrario al principio de derecho P7rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 7 sancionador nullum crimen sine lege – no hay delito (conducta disciplinable) sin ley” 2.- Si en gracia de discusión dijéramos que la ley 996 de 2005 por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de

Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones, que no es una ley estatutaria, fue el desarrollo de lo normado en el inciso 3º del Artículo 127 de la Constitución Nacional, tal como quedo explicado anteriormente, su artículo 38 no es aplicable a la supuesta conducta desplegada por la disciplinada; y además hay que sumarle que esta norma no es aplicable a las elecciones de corporaciones públicas, solo a la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, cuando aspiran ejerciendo el cargo (es decir para la reelección presidencial), así lo establece su artículo 1º: Objeto de la ley. La presente Ley tiene como propósito definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República, o cuando el Presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección, o el Vicepresidente de la República aspire a la elección presidencial, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente se reglamenta la Participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición”. “Entiéndase el aparte final, como participación en política de los servidores públicos, en la campaña electoral para la reelección del presidente y vicepresidente de la república”. “En los argumentos del fallo que hoy se impugna, se alude a apartes de la sentencia C-1153 de 2005, por medio de la cual se estudia la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria, tal como fue conciliado

por el Senado de la República y la Cámara de Representantes y tal como fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 373 de 2005. “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”. “El aparte que se trascribe es el siguiente: P8rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 8 “…Si bien el artículo 127 constitucional prevé la participación en política de los funcionarios públicos, y el inciso 1º del artículo indica que existe una prohibición general para tal participación y que de permitirse la actuación de los funcionarios estará subordinada a la ley estatutaria, la Sala encuentra que el artículo 37 no es claro ni específico en la determinación de las condiciones de participación. La falta de determinación hace insuficiente la regulación, puesto que no fija límites a una actuación que si bien permitida por la Carta lo es en forma excepcional y no como regla general. Tal apertura de la disposición deriva en la posibilidad de que la participación en política termine yendo en detrimento del desarrollo de la función pública en virtud del olvido de las tareas encomendadas en la ley a los funcionarios en razón de la dedicación a las actividades políticas”. “Pero el fallador de primera instancia omite transcribir todos los apartes de ese párrafo de la sentencia, el cual en la parte sostiene:

“El artículo 37 prevé que excepto los funcionarios de la rama judicial, los órganos electorales, de control y de seguridad, los demás servidores públicos pueden participar en actividades de los partidos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos. Tal participación tiene dos restricciones, a saber, no ostentar representación en órganos de gobierno o administración, ni dignidad o vocería de los partidos, ni recibir remuneración por el desarrollo de sus actividades políticas. En el parágrafo se consagra la excepción a la limitación de participación en cargos directivos para los congresistas, diputados, concejales y ediles”. “Así entonces, la participación en actividades de tipo político partidistas de los empleados públicos, de entidades como el Instituto del Seguro Social, no está prohibida en el ordenamiento colombiano, ratificando que se impone una sanción por una conducta atípica, sobre la base de una conducta inexistente en el Derecho Disciplinario Colombiano; constituyendo una clara violación al principio de legalidad; pilar fundamental del Estado Social de Derecho que rige el ordenamiento colombiano (Art. 1º C.P.), y en una flagrante transgresión al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución”. “(…) Por su parte, el artículo 142 ibídem, es claro en precisar, que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad P9rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826

9 del implicado. Significa lo anterior, que para poder sancionar a la implicada deben darse dos supuestos el primero de ellos es la existencia de la falta que vulnere el buen funcionamiento de la administración pública, el cual dentro de la presente actuación disciplinaria no se dio”. Finalmente, reitera lo manifestado frente a la participación en política de los servidores públicos no enunciados en la Constitución Nacional, solicitando que se revoque el fallo de primera instancia (fs 622 a 627). JOSÉ ARISTIDES GÓMEZ Transcribe exactamente los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la disciplinada MAGDALENA METAUTE MUÑOZ, incluida la solicitud para que se declare que la conducta atribuida no está prevista en la ley como falta disciplinaria, y en consecuencia, que se revoque la decisión tomada por el fallador de primera instancia (fs 628 a 632). MIGUEL ANGEL ARANGO HURTADO Parte, indicando que su condición de Trabajador Oficial no puede ser un factor limitante para tener una tendencia política, por lo cual tampoco se pude calificar como falta grave emitir cualquier tipo de opinión respecto a uno u otro candidato; estima que repartir boletines o propaganda no se puede considerar como proselitismo político ni mucho menos como participación en política, pues por donde uno camina siempre se encuentra con todo tipo de programas políticos. Aclara que en su caso, la participación no fue probada, que solo fueron comentarios y nada en concreto, concluyendo que debe ser exonerado de la sanción impuesta (fs 633 y 634). PRUEBAS RECAUDADAS Y SU VALORACIÓN En la investigación se recaudaron las siguientes pruebas, que sirvieron como

fundamento de la decisión tomada en la primera instancia:

1. Copia del Oficio 012110 del 16 de febrero de 2006, suscrito por el Gerente Seccional del Instituto del Seguro Social, por el cual se imparten P10rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 10 instrucciones relacionadas con las jornadas electorales, recordando a los servidores públicos, las prohibiciones existentes, entre ellas, la de participar en política; presionar, constreñir o determinar en cualquier forma, a subalternos, para que respalden algún candidato, causa, campaña o controversia política; difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión, radio o imprenta pública, a excepción de las intervenciones autorizadas (fs 4 y 5).

2. Oficio de fecha 23 de febrero de 2006, dirigido a los jubilados del ISS, en el que se solicita apoyo para la campaña del señor SAUL PEÑA SÁNCHEZ al Senado de la República, firmado por el señor Saúl Peña Sánchez y la señora Magdalena Metaute Muñoz, como Coordinadora de la Campaña Seccional Antioquia (fs 6 y 7).

3. Versión libre y espontánea de la señora MARÍA MAGDALENA METAUTE MUÑOZ (fs 29 a 34).

4. Versión libre y espontánea del señor MIGUEL ANGEL ARANGO HURTADO (Fs 40 a 43).

5. Versión libre y espontánea del señor JOSÉ ARISTIDES GÓMEZ (fs 44 a

47).

6. Declaración juramentada del señor OCTAVIO DE JESUS CARDONA ACEVEDO, conductor del Seguro Social, en la cual se ratifica en la queja, mencionando que tiene conocimiento de la participación en política de los disciplinados, que la sede la campaña del señor Saúl Peña era la sede del Sindicato de trabajadores, el cual estaba lleno de pancartas y avisos como consta a folio 8; que el señor ARISTIDES tenía una pancarta en su oficina del Seguro Social, como consta a folio 10. Considera una anomalía que la señora MAGDALENA METAUTE se declare Jefe de Campaña de la Seccional Antioquia (fs 61 a 66).

7. Declaración juramentada del señor MAURICIO ANTONIO OTALVARO, quien labora en el Seguro Social como Ayudante en la Nómina de Personal, afiliado al Sindicato desde el año 1996 o 1997, se ratifica en el contenido de la queja, conoce el documento dirigido a los jubilados, en el que la señora MAGDALENA firma como Coordinadora de la Campaña Seccional Antioquia; P11rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 11 refiere que vio al señor ARISTIDES GÓMEZ entregar publicidad de la campaña de un aspirante a la Cámara en la Oficina de Tutelas del Seguro Social; que personalmente vio al señor ARISTIDES GÓMEZ entregando publicidad en la Oficina de Tutelas al señor John Marino Naranjo y a la señora Astrid Vivas, funcionarios del Seguro Social de esa dependencia (fs

67 a 70).

8. Declaración Juramentada del señor JHON JAIRO URIBE TOBÓN, quien labora en el Seguro Social como conductor mecánico, es socio del sindicato desde 1989, se ratifica en la queja, afirma que le consta haber visto una pancarta en la oficina del señor ARISTIDES GÓMEZ, alusiva al señor SAUL PEÑA, candidato al Senado, le consta haber visto al mismo señor repartiendo propaganda en las instalaciones del edificio en el primer piso aproximadamente dos días antes de la fecha de la queja, también vio propaganda en la oficina del Sindicato, donde despacha la señora MAGDALENA, quien siendo funcionaria del Seguro Social, dice ser la Coordinadora de la campaña de dicho candidato. Dice que solo vio al señor ARISTIDES GÓMEZ ofreciendo los bonos de mil pesos a los trabajadores del Seguro Social, entre el primero y el segundo piso del edificio, y lo confirmó con la señora ALBA ESCOBAR, de pensiones, a quien le preguntó que estaba ofreciendo él, y ella le manifestó que estaba ofreciendo unos bonos para la campaña del señor SAÚL PEÑA (fs 71 a 76).

9. Declaración juramentada del señor ALEXANDER HERNEY ESCOBAR CADAVID, quien labora como Ayudante en Tutelas en Salud en el Seguro Social, afiliado al Sindicato SINTRAISS desde 1998, se ratifica en el contenido de la queja, manifiesta que días antes de la campaña al Senado del candidato SAUL PEÑA, entró a la oficina del señor ARISTIDES y se encontró con un afiche de este candidato, con el número por el cual se debía

votar por él; dice que esto fue en la oficina del primer piso, en Incapacidades. Refiere que le preguntó a los compañeros porqué estaba ese afiche allí, y le contestaron que lo había puesto dicho señor ALEXANDER, ante esto, le reclamó por estar haciendo campaña dentro del edificio, más por ser el Presidente del Sindicato, pero que éste salió de la oficina, para continuar entregando volantes a otros compañeros. Dice que a ARISTIDES lo vio cuando estaba haciendo campaña y entregando bonos, que vio cuando el ofrecía bonos y publicidad a la doctora LUZ ASTRID VIVAS, a JHONY, RODOLFO (…) (fs 77 a 80). P12rocuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext. 10826 12

10. Declaración juramentada del señor JAME ALBERTO ALVAREZ CANO, quien labora como Médico General en la dependencia de contratación en servicios de salud; afirma que conoce al señor ARISTIDES GÓMEZ, comparte con él el espacio físico de la oficina ubicada en el primer piso del Edificio Federico Estrada Vélez, que vio el afiche que estuvo pegado en las paredes de la oficina, pero no lo reparó, no recuerda desde que época estaba pegado, ni quien lo retiró, nunca le ofrecieron bonos a él, sabe que tiene un permiso sindical pero desconoce el horario (…) (fs 81 a 84).

11. Declaración juramentada de la señora ALBA LUCÍA ESCOBAR TAPIAS,

quien labora en el Seguro Social como Auxiliar de Servicios Administrativos, en la Oficina de Incapacidades, Oficina de Planeación Operativa, está en la misma oficina del señor ARISTIDES GÓMEZ, comparte espacio físico con él, es su compañero de oficina, reconoce la fotografía que el colocaron de presente, acepta que es en su oficina, dice que siempre estuvo pegada ahí; que ya no está, pero no sabe quién lo quitó; tampoco sabe quién pegó el afiche, sabe por comentarios de la gente que estaban apoyando a SAÚL PEÑA, que eran simpatizantes de la campaña de éste; aduce que ARISTIDES hablaba mucho de SAÚL PEÑA, que se había lanzado al Senado y era un líder para ellos (…) (fs 85 a 88).

12. Declaración juramentada de BLANCA MIRYAM DAVID SALAZAR, quien se desempeña como Auxiliar Administrativa en la Oficina de Incapacidades del ISS, manifiesta que se ratifica en la queja y tiene conocimiento directo porque trabaja en la Oficina de Incapacidades, en épocas de enero y febrero que estaban en campaña de 2006, había com