PGN - INDICIOS - En el derecho disciplinario no tienen la categoría de medio probatorio

1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Acto administrativo complejo VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO-No se configura por cuanto al actor se le dio la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas en el cuso del proceso En cuanto a la violación del debido proceso alegado por el representante judicial de la parte demandante, observa este Despacho que al actor se le dio la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas en el curso del proceso disciplinario, se resolvió el recurso de apelación, se aplicaron las normas sustanciales y procesales pertinentes al caso, por lo que no resulta de recibo la afirmación de que se le desconoció el debido proceso; por el contrario, tal posición corresponde a una apreciación subjetiva de su apoderado que carece de asidero jurídico, pues tal y como se sostuvo anteriormente, el material probatorio compromete su responsabilidad disciplinaria, de modo que en opinión de esta Delegada las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar. De ahí que no sean de recibo para este Despacho los argumentos del apoderado del demandante en cuanto a las falencias probatorias alegadas, pues la valoración de la prueba testimonial y documental arrimada al expediente demuestra, sin lugar a dudas, que el disciplinado fue la persona que disparó su arma de dotación oficial contra el citado habitante de la calle en las circunstancias anotadas. ACCIÓN DISCIPLINARIA-Se puede iniciar de oficio, por informe de servidor público o por queja …, pues claramente el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 determina que la acción disciplinaria se puede iniciar de oficio, por informe de servidor público o por queja; reza

la citada norma: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO-De las entidades de la administración pública están llamadas a examinar el comportamiento de sus servidores frente al cumplimiento de sus deberes Es evidente que en el aludido informe se narraron hechos que ameritaban el inicio de la indagación preliminar y, luego, de la investigación disciplinaria al comprometer a un policía del Departamento de Policía Cauca en una posible irregularidad en el ejercicio de sus funciones, de modo que es claro que el fallador de primera instancia cumplió con su deber al iniciar la respectiva actuación disciplinaria, obligación legal que no puede restringirse por la decisión de un comité institucional interno que hubiese considerado lo contrario, pues las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades de la administración pública están llamadas a examinar el comportamiento de sus servidores frente al cumplimiento de sus deberes. PRUEBA INDICIARIA-Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado/INDICIOS-En el derecho disciplinario no tienen la categoría de medio probatorio 2 Es decir, que bajo los parámetros de la Sección Segunda la autoridad disciplinaria no puede proferir una decisión disciplinaria sancionatoria con fundamento exclusivamente en indicios, por lo que es necesario que los elementos propios de la falta disciplinaria se demuestren con los medios probatorios que fijó el legislador en materia punitiva disciplinaria, consagrados en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, como ocurrió en el sub lite, de manera que las súplicas de la demanda no tienen vocación de prosperidad. FALTA DISCIPLINARIA-En el plenario están debidamente acreditados los

elementos objetivo y subjetivo/FALTA DISCIPLINARIA-A título de culpa grave/FALTA GRAVÍSIMA-Cometida con culpa grave es considerada como falta grave/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Aplicabilidad para el presente caso …, considera este Despacho que en el plenario están debidamente acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la falta disciplinaria endilgada al actor, la cual fue calificada como gravísima cometida a título de culpa grave, contenida en numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que reza: … Esta falta disciplinaria fue imputada a título de culpa grave, a la que corresponde la sanción de suspensión con inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración, según el numeral 2º del artículo 39 ibídem, aplicando al accionante la dosificación de 6 meses; sin embargo, cabe resaltar que el numeral 9º del artículo 37 de la ley 1015 de 2006 dispone: “La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”, de suerte que en virtud del principio de favorabilidad que gobierna el derecho disciplinario, la sanción que correspondía imponer al accionante, a juicio de este Despacho, era la prevista en el numeral 4º del artículo 39 idem, es decir, multa entre diez (10) y ciento ochenta (180) días, aunque vale destacar que este último aspecto no fue invocado en la demanda. PROCESO DISCIPLINARIO-En el caso sub judice no se demostró que al actor se le vulneración los derechos al debido proceso y de defensa

En el sub judice, contrario a lo afirmado por su defensor, no está demostrado que al señor disciplinado se le hubieran vulnerado sus derechos al debido proceso y de defensa, dado que el proceso disciplinario concluyó con decisión sancionatoria adoptada con base en pruebas que demuestran su responsabilidad en la comisión de la falta disciplinaria antes citada. 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N° 210

E-2017-806211

Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2017. Doctor

CARMELO PERDOMO CUETER

Consejero Ponente Sección Segunda -Subsección BSala de lo Contencioso Administrativo

H. Consejo De Estado

E. S. D.

REF: 11001032500020120010700

No. Interno: 0460-2012

ACTOR: Carlos Iván Hurtado Marín

DEMANDADO: Nación-Ministerio de Defensa-Policía

Nacional

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del

Derecho.

ASUNTO: Apelación sentencia. Decreto 01/84. Única instancia ________________________________________________

I. ANTECEDENTES El señor Carlos Iván Hurtado Marín, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó declarar la nulidad del acto administrativo complejo: i) Fallo de primera instancia del 22 de junio 2010, dentro del Radicado DECAU 2009-168, proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario (Departamento de Cauca), mediante el cual fue

sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de (6) meses sin derecho a remuneración; ii) fallo de segunda instancia de fecha 11 de marzo de 2011, proferido por la Inspección Delegada Región de Policía N° 4, en el que se confirmó el fallo disciplinario del 22 de junio de 2010; iii) 4 Resolución 01439 del 5 de mayo de 2011, mediante la cual se ejecutó la sanción disciplinaria. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la Policía Nacional reintegrar al actor a su puesto de trabajo, en el mismo cargo que venía desempeñando, en iguales condiciones a las que poseía al momento de la suspensión o en otro de igual o superior categoría, ya que por haber sido suspendido no pudo realizar curso de ascenso. Igualmente, que se condene a la accionada, al reconocimiento y pago de los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos que el accionante dejó de percibir, desde la fecha de suspensión y hasta que se produzca el reintegro, condenas que deben ser ajustadas de acuerdo al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 1.1. HECHOS Refirió el escrito de demanda que: El señor Carlos Iván Hurtado Marín fue dado de alta, en el grado de patrullero de la Policía Nacional, el 20 de febrero de 1998. Con ocasión de los hechos acaecidos el 23 de febrero de 2009 entre las 22:30 y 23:00, en el sector comprendido en la calle 6 con carrera 6 de la ciudad de Popayán, la Oficina de Control Interno Disciplinario Departamento de Policía

Cauca –Inspección Delegada Región 4abrió investigación disciplinaria contra el hoy accionante. A través de los fallos disciplinarios fue sancionado con suspensión de 6 meses e inhabilidad especial por el mismo término, al encontrarlo responsable de infringir el numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 20061. 1 Esta disposición indica que es falta gravísima: “18. Causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos”. 5 Precisó el apoderado que su representado presentó informe ante el Sargento Viceprimero Francisco Javier Molina Realpe, sobre la novedad ocurrida el 23 de febrero de 2009, en la entrada del establecimiento el “Sotareño”, en la ciudad de Popayán, hechos por los cuales se aperturó la investigación disciplinaria y su mandante fue injustamente sancionado, al accionar su arma de dotación contra el piso porque fue atacado por un indigente cuando cumplía labores de protección del Dr. Fabio Estrada Chica, sin que el ciudadano resultara lesionado. Resaltó que el 26 de febrero de 2009 mediante acta de Comité 009 de la Oficina de Atención al Ciudadano, se realizó una reunión con el fin de analizar y tramitar las quejas, informes y procesos en contra del personal policial, sin que se determinara abrir investigación disciplinaria contra el hoy actor, reunión en la que intervinieron el Comandante del Departamento de Policía Cauca, el Subcomandante del Departamento Policía Cauca, el sub oficial más antiguo de

la unidad, la jefe de Talento Humano, la Coordinadora de OAC DECAU y el asesor jurídico. Sin embargo, 8 días después de reportada la novedad, apareció un informe suscrito por el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, quien al parecer desconocía lo que había acontecido en el Comité 009 y no tenía conocimiento directo de los hechos, ni aportó prueba alguna para demostrar la ocurrencia de los mismos, por lo que se tuvo que citar a su autor para cotejarlos, pese a que la patrulla que conoció el caso tampoco tenía las pruebas para demostrar lo que realmente sucedió, pues no solo bastaba la declaración del ST. Roberto Andrés Leal Celis, para deducir que efectivamente el habitante de la calle que halló lesionado el 23 de febrero, era el mismo sujeto que fue retirado en la misma fecha por el demandante del establecimiento el “Sotareño”, lugar en el que se encontraba prestando sus servicios de protección al ciudadano Fabio Estrada Chica. Según el defensor, el citado informe presenta una falsedad en cuanto a que su 6 representado no dio a conocer la novedad, lo cual no corresponde a la realidad, dado que a folios 14 y 15 del expediente disciplinario obra oficio sin número de fecha 23 de febrero, en el que reportó la novedad ocurrida narrando de manera clara, detallada y precisa su actuación. Adujo que el tipo disciplinario imputado a su prohijado, establecido en el numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, no se logró demostrar en el curso de la investigación disciplinaria, puesto que no se identificó el sujeto

presuntamente herido por el accionante, sin que se pudiera sostener que por haberse consignado en la historia clínica como Eduard Velásquez, esta sea su real identificación, es un hecho que debió probarse; adujo el libelista que tampoco está acreditado el exceso en el uso de las armas por parte del demandante, pues en su condición de escolta del señor Fabio Estrada Chica, quien se encontraba en compañía de Mauricio Medina Castro y Norman Córdoba, su integridad podría revestir peligro, motivo por el cual su actuar fue justificado y amparado por las normas que rigen el actuar policial. Adujo que el disciplinado no causó daño a la integridad física del habitante de la calle, ya que por el hecho que haya desenfundado y accionado su arma de dotación oficial, lo hizo con el ánimo de intimidar al agresor e impedir que causara algún daño o lesión a sí mismo o a su protegido, máxime cuando no se hizo ninguna prueba de balística al revolver asignado al patrullero Hurtado Marín, ni tampoco experticia de donde se hubiera podido deducir con certeza que efectivamente dicha arma fue la misma que ocasionó las lesiones al indigente encontrado por el ST. Leal Celis el 23 de febrero de 2009. I.2. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Indicó el defensor que con la expedición de los actos acusados resultaron infringidos los artículos 29 de la Constitución Política; 140 a 142 de la Ley 734 de 2002; 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo.

Adujo que su representado fue sancionado, sin que existiera prueba necesaria 7 que conllevara al convencimiento pleno de que la falta sí se había cometido, pues no se logró demostrar, por cuanto no se realizó inspección al arma de dotación del disciplinado, no se probó qué tipo de arma produjo las lesiones, tampoco que la persona (habitante de la calle) que fue trasladada al Hospital “Susana López” fuese la misma que fue encontrada por el ST. Leal Celis en la misma fecha delos hechos disciplinados, no se aportaron las entrevistas que manifiesta dicho policía que realizó el procedimiento, no se realizaron anotaciones del procedimiento, lo que demuestra que se falló con hechos deducidos mas no probados, vulnerando el artículo 29 Superior. Resaltó que dentro de la investigación disciplinaria que precedió a la Resolución número 01439 del 5 de mayo de 2011, la demandada incurrió en una serie de fallas que suponen una violación al debido proceso, por lo que los actos acusados deben ser anulados (fls. 261-280). I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.| Consideró que su representada no transgredió ninguna norma como lo sostuvo el apoderado de la parte demandante, adujo que las resoluciones atacadas mantienen su presunción de legalidad, dado que fueron adoptadas de acuerdo con la Constitución y la ley. Aclaró que al accionante, contrario a lo sostenido por su representante judicial, se le garantizó el debido proceso en toda su extensión, puesto que los actos

acusados fueron expedidos por autoridad competente. La sanción fue impuesta con base en pruebas legalmente aportadas al proceso, con la adecuación típica ajustada a la realidad de lo acontecido, y garantizándole el debido proceso y el derecho de defensa amplio y oportuno, tuvo la posibilidad de impugnación de las decisiones adoptadas, haciendo viables las garantías sustanciales y 8 procesales pertinentes para la protección de los derechos fundamentales y las libertades del servidor público, atendiendo los términos procesales. Manifestó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias, pues ante esta instancia lo que se realiza es un control de legalidad y no una nueva revisión de las actuaciones adelantadas en el proceso disciplinario Precisó que el apoderado del actor pretende realizar un debate probatorio ante la instancia judicial, siendo que este ya se dio en vía administrativa, toda vez que los argumentos planteados en el sub lite fueron expuestos en el curso del proceso disciplinario, en el que contó con la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa y contradicción, por lo que no puede pretender utilizar la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener un título favorable a sus pretensiones. Advirtió que el actor fue notificado del inicio de la indagación preliminar el 5 de junio de 2009, su apoderada asumió como tal el 1º de julio del citado año, desde ese momento de la notificación se les hizo saber los derechos que tenían como sujetos procesales contemplados en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002. A lo anterior agregó que la investigación disciplinaria que se le adelantó al

demandante se ajustó al procedimiento establecido en la Ley 1015 de 2006, y fue sancionado con suspensión de 6 meses por incurrir en la conducta enmarcada en el numeral 18 del artículo 37 de la citada ley, calificada como gravísima, imputada a título de culpa grave, en consideración a que el irregular comportamiento ejecutado por el disciplinado Hurtado Marin, merece reproche y la imposición del respectivo correctivo disciplinario, que fue acorde con la falta cometida, máxime si se tiene en cuenta que la comunidad policial tiene un gran compromiso con la comunidad y en los procedimientos que adelantan deben ser garantes en todo tiempo de derechos y libertades de los habitantes de Colombia y ante un actuar como el del hoy accionante, los fines y funciones del Estado se ven cuestionados, ineficaces y contrarios a derecho, pues está 9 demostrada la falta en que incurrió el 23 de febrero de 2009, relacionada con causar daños a la integridad de una persona con arma de fuego. Aseguró que en el caso bajo estudio no se presenta falsa motivación, puesto que los actos administrativos impugnados corresponden a la realidad fáctica y jurídica, el análisis de las pruebas corresponde a la valoración y decisión emitida por los despachos disciplinarios, ajustándose al principio de legalidad, por lo que no hay lugar a sostener que los actos acusados están inmersos en las causales de nulidad alegadas por el apoderado del demandante. En cuanto a la solicitud de las declaraciones testimoniales del TC. Wilson Bravo Cárdenas, el Dr. Mauricio Medina Castro, el Dr. Fabio Estrada Chica, el ST.

Roberto Andrés Leal Celis y el señor Leiber Barragan Valderrama, consideró que las mismas no son pertinentes ni útiles al proceso judicial que se adelanta, pues el objeto del debate son los actos administrativos que se surtieron al interior del proceso disciplinario por el cual fue sancionado disciplinariamente el hoy accionante, y no continuar o reanudar el debate probatorio que ya se surtió en el citado proceso disciplinario, pues el Consejo de Estado lo que realiza es un control de legalidad, además que no señala el defensor con qué finalidad desea que se practique dicha prueba. Para finalizar, solicita que se decreten de oficio las excepciones que se establezcan dentro del proceso. Resaltó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias (fls.497-508).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico en el sub lite radica en determinar, si al proferir los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, mediante los cuales el actor fue 10 sancionado con suspensión e inhabilidad especial de seis, meses, la Policía Nacional incurrió en violación del debido proceso. 2.1. Responsabilidad disciplinaria del accionante.

Como punto de partida, para resolver el problema jurídico planteado, al revisar el proceso disciplinario adelantado contra el actor, encuentra este Despacho que la acción disciplinaría se inició en virtud del oficio No. 253 de fecha 2 de marzo de 2009, suscrito por el TC. Wilson Bravo Cárdenas, Comandante

Operativo de Seguridad Ciudadana DECAU, en el que informó que la patrulla de vigilancia al mando del ST. Leal Celis Roberto Andrés, Comandante del CAI 4, observó a un habitante de calle tendido en la vía, herido por arma de fuego y al hacer las averiguaciones pertinente, fue informado que momentos antes se encontraba en inmediaciones del establecimiento comercial el “Sotareño”, en el sector comprendido en la calle 6 con carrera 6 de la ciudad de Popayán, en el que alrededor de las 23 horas se acercó a pedir limosna a los clientes que se hallaban en su interior, y una de las personas procedió a retirarlo y acto seguido se escucharon disparos, sin tener conocimiento de quién los realizó. Según el Diputado del municipio del Patía, Mauricio Medina, quien disparó fue SI. Hurtado (actor), escolta del Dr Fabio Estrada Chica (fl. 45c. ppal), por lo que el 8 de abril de 2009, se abrió indagación preliminar contra el hoy demandante (fls. 6-7). El hoy demandante rindió versión libre el 30 de julio de 2009 (fls. 13-16 c. ppal). Observa esta Delgada que el señor ST. Roberto Andrés Celis, quien informó de los hechos acaecidos el 23 de febrero de 2009, rindió declaración testimonial, en la que precisó: “Eso fue en el Sotareño, estaba como oficial de vigilancia en la zona norte, voy pasando revista por la comuna cuatro, cuando por el sector céntrico no recuerdo la dirección encontré a un señor con aspecto de indigente,

el cual presentaba un impacto con arma de fuego y se encontraba tirado en la esquina, me acerqué y le pregunté qué en donde le había ocurrido eso y me 11 dice que se había acercado a un establecimiento abierto al público a pedir limosna y que un individuo había impactado su cuerpo con arma de fuego, procedí a prestarle la ayuda necesaria y lo llevé en la Patrulla al Hospital Susana López de Valencia, donde seguí indagando sobre los hechos y él me manifiesta que exactamente en el lugar el Sotareño había ocurrido el incidente, de inmediato me trasladé a ese lugar y me entrevisté con el dueño o administrador de ese lugar, en donde él me manifestó que se encontraban departiendo un señor diputado no recuerdo el nombre y otros dos personalidades, me cuenta que llegó un indigente a pedir limosna en donde uno de los escoltas de estos señores que estaban departiendo de inmediato procede a retirarlo para que no molestara a lo que él cuidaba y el indigente no le gustó esta actitud y discutieron. Me manifiesta también que este escolta le propinó un impacto de arma de fuego al indigente” (fls. 28-31). Igualmente obra en el plenario la declaración testimonial del señor Mauricio Medina Castro, quien sostuvo: “…. Nosotros estábamos compartiendo con el Dr. FABIO ESTRADA CHICA presidente de la Federación de Consejos al cual el señor SI Hurtado le estaba prestando la seguridad ese día, en la mesa donde estábamos yo me encontraba de espaldas a la puerta de la calle tapado por una pared a la entrada del establecimiento, me di cuenta que un personaje de la

calle que no distingo para nada, llegó a infortunar, el SI. Hurtado se paró a retirarlo por cuestiones de seguridad, me desentendí de ello y sentí al momento unos o dos impactos y volteó a mirar y estaba la persona en el suelo y lógicamente el SI Hurtado había estado ahí con su arma de dotación o había accionado su arma de dotación, soy testigo que el tipo estaba agresivo y por alguna circunstancia me imagino no puedo asegurarlo tampoco y molestando no solo la mesa de nosotros, sino en las demás mesas estaba creando ese inconveniente (fls. 35-37). Mediante auto del 21 de septiembre de 2009, se abrió investigación disciplinaria contra el hoy accionante (fls.39-42). Igualmente, obra la historia clínica del señor Eduard Velásquez No. 110391 que 12 corresponde a un NN (es decir, no tiene identificación), en la que se registra que fue herido por arma de fuego (fls. 50-59). Así mismo, obra en el proceso que en el registro SECAD se dejó una anotación por parte del señor operador de la urbana en el comienzo de turno, en la que se consignó: “A la hora reporta el ST leal C-4-1 que recoge en la calle 13-cra. 5 a un sujeto el cual presenta herida por arma de fuego en el abdomen, es un habitante de calle es trasladado hasta el Hospital Susana López, se envía a la SIJIN… el sujeto manifestó llamarse Eduar Velásquez queda en cirugía” (fl. 62). El 29 de abril de 2010, se le formuló pliego de cargos (fls. 122-132 c. ppal), el

cual fue contestado en término por su apoderada (fls. 135-139). El 22 de junio fue proferido el fallo disciplinario de primera instancia, por parte del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Cauca, en el cual fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial de 6 meses sin derecho a remuneración (fls. 155-172), decisión contra la cual su apoderada interpuso recurso de alzada (fls. 177-186), desatado mediante fallo del 11 de marzo de 2011 (fls. 200-221) suscrito por el Inspector Delegado Región de Policía 4, confirmándolo en su integridad, notificado el 23 de marzo del citado año a la apoderada del hoy demandante (fl. 223). Mediante auto del 19 de mayo de 2016, se ordenó en el proceso judicial que nos ocupa la práctica de los testimonios de Fabio Estrada Chica, Mauricio Medina Leiber Barragán, Roberto Andres Leal Celis y Wilson Bravo Cárdenas (fls. 521-523 c. ppal), quienes no se hicieron presentes (fl. 646). Precisado lo anterior, considera la Delegada que las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar, pues, contrario a lo sostenido por el apoderado del accionante, en el plenario está debidamente acreditado que el día 23 de marzo de 2000, aproximadamente entre las 22:30 y 23:00, al establecimiento público el “Sotareño”, ingresó un habitante de calle a pedir limosna, quien al parecer responde al nombre de Eduar Velásquez, según los testigos fue agresivo con el

13 SI. Carlos Iván Hurtado Marin, quien accionó su arma de dotación impactándolo en el abdomen. Si bien es cierto se debió practicar un peritaje al arma de dotación para tener certeza de que fue la utilizada para disparar, lo cierto es que en el plenario obran otras probanzas que demuestran la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad disciplinaria del hoy actor, entre las que se destacan las declaraciones juramentadas de Mauricio Medina, Roberto Andrés Leal Celis y Agustín Sarria Corrales, la que cotejada con la prueba documental aportada al expediente disciplinario, demuestran al unísono que cerca de la media noche del 23 de febrero de 2009, en inmediaciones del establecimiento público denominado “Sotareño” fue hallado por la policía un habitante de la calle de género masculino, herido con arma de fuego, como consecuencia de haberse acercado a pedir limosna a uno de los clientes que se encontraba en el interior de dicho local comercial, siendo lesionado por una persona en traje civil y que simultáneamente prestaba el servicio de escolta al presidente de la Federación de Concejos Municipales, quien departía en el citado establecimiento, sin dejar de mencionar que en la versión libre el disciplinado reconoció que sí disparó su arma de fuego contra el indigente que se aproximó al lugar de los hechos. Tal comportamiento resultaba imprudente, esto es, accionar un arma de fuego en el interior de un establecimiento público, por cuanto no solo causó lesiones físicas a una persona (habitante de calle) que, según los testimonios de Mauricio Medina y Agustín Sarria Corrales, carecía de armas, sino que además

pudo comprometer la integridad de quienes permanecían en el local comercial. No significa lo anterior que ante la agresión realizada por el indigente de la cual fue objeto el accionante, como también lo demuestra la prueba testimonial, este no pudiere resguardarse a sí mismo o a su protegido, toda vez que, precisamente, en atención a su formación policial estaba en la capacidad y en el deber funcional de hacerlo, sin embargo, su reacción debía efectuarse de manera proporcionada, lo que no sucedió, pues en lugar de disparar contra el habitante de la calle, quien no portaba arma de fuego alguna según los 14 testimonios mencionados, pudo haber desplegado otra estrategia o maniobra defensiva acorde con el ataque, sin perder de vista que no lo socorrió una vez lo redujo a estado de indefensión, comportamiento que no se predica de un miembro de la Policía Nacional. En cuanto a la violación del debido proceso alegado por el representante judicial de la parte demandante, observa este Despacho que al actor se le dio la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas en el curso del proceso disciplinario, se resolvió el recurso de apelación, se aplicaron las normas sustanciales y procesales pertinentes al caso, por lo que no resulta de recibo la afirmación de que se le desconoció el debido proceso; por el contrario, tal posición corresponde a una apreciación subjetiva de su apoderado que carece de asidero jurídico, pues tal y como se sostuvo anteriormente, el material probatorio compromete su responsabilidad disciplinaria, de modo que en opinión de esta Delegada las súplicas de la demanda no están llamadas a

prosperar. De ahí que no sean de recibo para este Despacho los argumentos del apoderado del demandante en cuanto a las falencias probatorias alegadas, pues la valoración de la prueba testimonial y documental arrimada al expediente demuestra, sin lugar a dudas, que el disciplinado fue la persona que disparó su arma de dotación oficial contra el citado habitante de la calle en las circunstancias anotadas. Igualmente, no es de recibo que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Cauca, no podía iniciar la indagación preliminar con base en el informe de 253 de fecha 2 de marzo de 2009, suscrito por el TC. Wilson Bravo Cárdenas, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAU, pues claramente el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 determina que la acción disciplinaria se puede iniciar de oficio, por informe de servidor público o por queja; reza la citada norma: “Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro 15 medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación

disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final”. Es evidente que en el aludido informe se narraron hechos que ameritaban el inicio de la indagación preliminar y, luego, de la investigación disciplinaria al comprometer a un policía del Departamento de Policía Cauca en una posible irregularidad en el ejercicio de sus funciones