PGN - INEPTA DEMANDA - Por falta de señalar las normas violadas y el concepto de violación

INEPTA DEMANDA-Por falta de señalar las normas violadas y el concepto de violación CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA-Normatividad acerca de la designación de sus integrantes CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA-Procedimiento de ratificación y reemplazo Ahora bien, también es cierto que la normatividad indicada establece que los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, podrán ser ratificados hasta por un periodo igual, norma que no puede ser interpretada de otra forma, sino que si, y sólo sí, se refiere a un periodo de 4 años, que se repite es el periodo institucional consagrado y ella, en manera alguna, puede hacer referencia al periodo especial o excepcional, consagrado como periodo de transición. Lo anterior, toda vez que si la misma norma señala que los miembros designados que no terminaren su periodo, serán reemplazados por la autoridad que los designó para lo que reste del periodo, y que ellos podrán ser ratificados para periodos de cuatro años, no puede ser posible que quienes hayan sido designados en el periodo de transición y si terminen su periodo, no puedan ratificarse por un periodo institucional de 4 años. DECLARATORIA DE NULIDAD-No procede si el acto de nombramiento tiene su propio fundamento legal CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA-Requisitos para ser miembro De las normas transcritas se desprende, que los miembros del Consejo Técnico serán designados uno por el Presidente de la República; otro por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y el tercero, por Ministro de Hacienda y Crédito Público. Además, uno

de los mismos podrá no tener la calidad de contador. Así mismo, el miembro designado por el Presidente de la República será quien presidirá el Consejo Técnico, según la misma disposición. CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA-Periodo de sus miembros Señala la normatividad en cita, que los periodos de los miembros, serán diferentes, según la autoridad que los designe. Así pues, los designados por el presidente de la República en el año 2010, comenzarán su periodo conforme se indique en el acto de designación y lo terminarán el 31 de diciembre del 2013. Por el contrario, los designados en el año 2010 por los Ministros, comenzarán su periodo conforme se indique en el acto de designación y lo terminarán el 31 de diciembre de 2011. Se indica igualmente, que si alguno de los miembros, excepto el designado mediante ternas, no terminare el periodo para el que fue elegido, será reemplazado por la autoridad que lo designó para el periodo restante, sin perjuicio de que pueda ser ratificado para el siguiente periodo de 4 años; y finaliza, indicando que los miembros designados por el Presidente de la República, los Ministros

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 1

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de Comercio, Industria y Turismo, y el de Hacienda y Crédito Público, podrán ser ratificados hasta por un periodo igual. ACTOS ADMINISTRATIVOS-Deben motivarse con fundamento en normas de superior jerarquía

ACTOS ADMINISTRATIVOS-Son anulables por falsa motivación fáctica y jurídica FALSA MOTIVACIÓN-Respecto al soporte de hecho de la pretensión La falsa motivación que hace anulable la decisión administrativa tratándose del soporte de hecho de la pretensión, se presenta cuando este es inexistente o cuando existiendo, no se subsume debidamente en la norma. FACULTAD DISCRECIONAL-Sus actos no requieren motivación alguna Así mismo, el acto por medio del cual el señalado funcionario hace la respectiva designación, es un acto de carácter discrecional, que en manera alguna requiere de motivación mayor, al de las normas que le sirven de fundamento para su competencia. El hecho que en el acto administrativo de designación no se haya indicado que es una ratificación, ello no es óbice para considerar que el acto administrativo carece de motivación, toda vez, que, tal designación, para el caso concreto, como recae sobre una persona que en el periodo anterior se encontraba ostentando dicho cargo, debe entenderse que tal designación, es la ratificación en el cargo, la cual solamente puede operar por una sola vez. CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA-Cómputo de periodos institucionales de sus miembros COMPETENCIA-Del Ministro de Hacienda para designar un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 2

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Mayo 24 de 2012

Concepto No. 019 Doctor Alberto Yepes Barreiro

H. Magistrado ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 3

Proceso número: 110010328000201200013 00

Radicado interno: 2012 – 0013

Actor: Rodolfo de Jesús Gutiérrez Pájaro.

Demandado: Gustavo Serrano Amaya.

Asunto: Nulidad de la Resolución No. 057 del 12 de enero de 2012, expedida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se nombró al señor Gustavo Serrano como miembro del Consejo

Técnico de la Contaduría Pública.

Respetado señor Consejero: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión ordenado mediante providencia del 25 de abril de 2012 y, dentro del término que allí se señalara, en mi condición de Agente del Ministerio Público ante esa H. Sala. A continuación presento las siguientes consideraciones con el propósito a que sean tenidas en cuenta al momento de emitir pronunciamiento de fondo.

I – ANTECEDENTES 1.1. La demanda El señor Rodolfo de Jesús Gutiérrez Pájaro, en nombre propio, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral demandó la nulidad de la Resolución No. 057 del 12 de enero de 2011, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, designó al señor Gustavo Serrano Amaya como miembro del Consejo

Técnico de la Contaduría Pública. 1.2. Pretensiones

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 3

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Fueron propuestas las siguientes: «1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 057 del 12 de enero de 20111, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se designó al señor Gustavo Serrano Amaya, como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 y en el artículo 6 numeral 1 y 4 del Decreto 691 de 2010.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene librar las comunicaciones del caso dando cuenta de la correspondiente decisión, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría, para todos los efectos a que haya lugar. » 1.3. Hechos de la demanda Se han indicado como supuestos fácticos de las pretensiones los siguientes: Que el 13 de julio de 2009 el Congreso de la República, expidió la Ley 1314, por medio de la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia; se señalan autoridades competentes; el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables para vigilar su cumplimiento. Normativa ésta que fue

reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 691 del 4 de marzo de 2010, por medio del cual se modifica la Conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones. Que en virtud de la normatividad señalada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 4 de junio de 2010, mediante Resolución No. 1575, designó como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública al doctor Gustavo Serrano Amaya, para el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, esto es, para un periodo de 18 meses y 27 días. Posteriormente, con fecha 12 de enero de 2012, mediante la Resolución No. 057, el Ministerio de Hacienda y crédito Público designó al doctor Serrano Amaya como Miembro del Consejo Técnico de la Contaduría, periodo que se iniciará una vez aceptada la designación y concluye el 31 de diciembre del año 2015. Aduce que esta última designación, es nula por cuanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le estaba permitido designar al doctor Serrano Amaya para un nuevo periodo, sino ratificarlo por un periodo igual al de las funciones antes ejercidas, esto es, solamente por 18 meses y 27

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 4

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co días, tal como lo indica el numeral 4° del artículo 6° del Decreto 691 de

2010. 1.4. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 6, 13, 29, 40 numeral 7° y 121 de la Constitución Política.  Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.  Los artículos 3 y 6 del Decreto 691 de 2010.

Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que los primeros actos administrativos, referentes a la designación de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que fueron expedidos en el año 2010, estuvieron ajustados a lo normado en el decreto 691 de 2010. Señala que en los casos de las designaciones hechas por los Ministros del Despacho, empezarían a regir conforme se indicara en el acto de designación y terminarían el periodo el 31 de diciembre de 2011. Indica el actor que una vez terminados los respectivos periodos, los Ministros podían optar entre: elegir un nuevo miembro para que ejerciera las funciones de consejero o ratificar a los que ya llevaban un tiempo en ese organismo de orientación técnico científica. Pero, si se optaba por elegir un nuevo miembro el periodo para este, sería de cuatro años tal como lo indica el artículo 6 del Decreto 691 de 2010. En el caso contrario, esto es, si se decidía ratificar a un Consejero anterior, tal ratificación solamente podía hacerse hasta por un periodo igual al anterior, tal como lo indica el numeral 4 del artículo 6 de la norma en comento.

Así las cosas, señala el actor que teniendo en cuenta que el Consejero Serrano Amaya, ejerció sus funciones como Consejero Técnico de la Contaduría Pública entre el 4 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, esto es, ejerció sus funciones por un periodo de 18 meses y 27 días, concluyendo que éste era el periodo de tiempo que debía tomarse como base para su ratificación, la cual nunca podía ni puede ser de 4 años. Finalmente, señala que hay suficientes argumentos normativos que indican cual es el periodo a ratificar, ya que éste periodo tiene unos límites y no pueden ser desconocidos por la autoridad; cualquier designación por fuera de ellos, carece de legalidad. La autoridad que lo expide se vuelve incompetente y se vulnerarían, además, derechos como el debido proceso; asevera también que las autoridades públicas tienen el deber de motivar los distintos actos administrativos y dicha motivación debe estar en consonancia con las normas de superior jerarquía, cosa que no ocurre en el caso examinado.

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 5

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co

2. Admisión de la demanda Mediante auto del 23 de febrero de 2012, se dispuso la admisión de la demanda, se ordenaron las notificaciones de rigor y se negó la suspensión provisional solicitada.

3. Contestación de la demanda 3.1. Por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministerio de hacienda y Crédito Público, por intermedio de apoderado judicial,

en los términos especificados en el escrito de folios 30 al 38 del expediente, indicó que se deben desestimar las pretensiones formuladas por el demandante, por improcedentes, toda vez que: Es insuficiente el análisis que se hace al concepto de violación, pues la ausencia de razonamiento sobre la presunta aplicación indebida del artículo 3 del Decreto 691 de 2010, que es la norma que estructura la competencia del Ministro de Hacienda para efectuar la designación, hace incomprensible la ilegalidad. Tal argumentación limitada, es de vital importancia para demostrar la necesidad de expulsar del mundo jurídico el acto acusado, toda vez que la falta de competencia es una de las causales invocadas. Señala, que no puede aducirse que el acto acusado debe ser declarado nulo porque no tiene motivación, ya que la designación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de uno de los cuatro miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es un acto discrecional expedido de manera adecuada a los fines de la norma y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Además, debe quedar en claro que aunque en la expedición de un acto no se manifieste de manera explicita un motivo, no quiere decir que no lo tenga, habida cuenta que las razones que motivan a expedirlo pueden o no expresarse, pero siempre las habrá. En el presente caso, es cumplir con la obligación legal de participar en la estructuración del Consejo Técnico, designando a uno de sus miembros. 3.2. Por el demandado Gustavo Serrano Amaya El referido ciudadano, por intermedio de apoderado judicial, mediante escrito de

folios 40 al 44 del expediente, dio contestación a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por carecer de fundamento legal, por estar concebidas bajo hechos y argumentos que desconocen abiertamente la hermenéutica jurídica, y además, por la notoria insuficiencia del concepto de violación. Propone como excepciones las denominadas como: i) insuficiencia en el concepto de violación; ii) Inepta demanda; y iii) Inexistencia de las causales de nulidad. Señaló que el numeral cuarto del artículo 6 del Decreto 691 de 2010, al no hablar de periodo inicial, que sería el caso de los 18 meses y 27 días por los que

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 6

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co inicialmente fue designado el doctor Serrano Amaya, debe entenderse que hace referencia al periodo institucional que es de cuatro años. Finaliza, indicando que el funcionario que expidió el acto administrativo demandado no es incompetente para ello. Por el contrario, es en cabeza del Ministro de Hacienda y Crédito Público, que legalmente se encuentra dicha facultad de designación, y además, por ser un acto discrecional, no requiere de motivación.

4. Alegatos de conclusión 4.1. Del demandado Gustavo Serrano Amaya El señalado sujeto procesal, por intermedio de apoderado judicial, dentro del término consagrado para ello, en escrito de folios 135 al 138 del expediente,

presentó alegaciones finales, en el sentido de solicitar se rechacen o desestimen las pretensiones del demandante por carecer de fundamentos serios, fácticos y legales, tal como se ha demostrado a lo largo del litigio. Además, señaló que el demandante se encontraba obligado a demostrar la ilegalidad del acto administrativo demandado a fin de desvirtuar la presunción de legalidad, por lo que no habiendo cumplido con ello, la presunción de legalidad del acto demandado subsiste, y así debe declararse. 4.2. Del demandante Rodolfo de Jesús Gutiérrez Pájaro El demandante, en nombre propio, dentro del término oportuno, en escrito de folios 139 al 147, presentó alegatos de conclusión, solicitando se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que los cargos lejos de haber sido desvirtuados, se han confirmado con lo dicho por la parte demandada. Hace un análisis de cada contestación de la demanda, la controvierte y reitera que por lo argumentado, no le asiste razón a los demandados y, por el contrario, se debe proceder a declarar la nulidad del acto impugnado. 4.3. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público El referido Ministerio, por intermedio de apoderado judicial, en escrito de folios 148 al 152, presentó alegatos de conclusión, solicitando sean denegadas las pretensiones de la demanda, por las mismas razones aducidas en la contestación, pues de las pruebas allegadas al proceso, no existe ninguna que les impida mantener las razones de defensa y oposición a la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO Dado que el apoderado judicial del demandado Gustavo Serrano Amaya, en su escrito de contestación de demanda, propuso las excepciones que denominó: insuficiencia del concepto de violación, inepta demanda e inexistencia de las

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 7

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co causales de nulidad, este Despacho estudiará en primera medida este aspecto del debate.

1. Excepciones propuestas por el demandado Gustavo Serrano Amaya 1.1. Excepción de insuficiencia en el concepto de violación.

Señala este demandado que si bien el actor relacionó en su demanda las disposiciones Constitucionales y legales que estimó violadas, fue incompleto, corto e insuficiente en la explicación del concepto de violación, no permitiendo con ello, que él pudiera pronunciarse concretamente y con conocimiento suficiente sobre el concepto de violación, por cuanto aunque señaló las normas presuntamente violadas, no desarrolló su explicación de manera clara, con lo cual se atenta contra el ejercicio del derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Para entrar al examen correspondiente de este tema, este despacho considera necesario revisar el texto del artículo 137, numeral 4 del Código Contencioso Administrativo: «ARTICULO 137. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (…) 4. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los fundamentos

de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.» La misma Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 1999, al declarar la constitucionalidad condicionada del anterior numeral señaló: «- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución». Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto del contenido de la demanda de nulidad electoral y, específicamente, en lo que respecta al deber de indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación, siguiendo la jurisprudencia constitucional antes citada, en sentencia del 27 de octubre de 2005, dentro del expediente No. 41001-23-31-000-2003-01292-01 (3678) con ponencia del doctor Reinaldo Chavarro Buritica, sostuvo: «No puede, sin embargo, deducirse de los mismos criterios que en todos los casos en que el demandante señale erradamente la norma violada y el

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 8

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co concepto de la violación el carácter rogado de la jurisdicción le impone al juez contencioso administrativo el deber de decidir con base en esa parte de la demanda, porque es posible que la deje de lado y decida conforme a la que resulta aplicable al caso cuando, merced a la interpretación de la demanda, encuentre que puede inferirla razonablemente de su contenido y también en los casos en que no se citó norma violada alguna, pero se debe examinar un cargo de violación para proteger derechos constitucionales fundamentales de aplicación inmediata que de otro modo serían violados, o aplicar la excepción de inconstitucionalidad, tal como lo ha determinado la jurisprudencia constitucional. 1 La facultad y el deber de los jueces de interpretar las demandas ha sido justificado como un medio para hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formalidades del proceso, el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia y el derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley (artículos 228, 229 y 40, numeral 6º, de la Carta) y su necesidad surge cuando los términos en que se expresan las pretensiones, las normas violadas, el concepto de la violación, o cualquier otro requisito de la demanda establecido por la ley, registran vaguedad o ambigüedad o no se expresan en forma completa y precisa. Tal interpretación resulta entonces necesaria para decidir sobre la admisión de la demanda, fijar

el objeto de la litis, darle congruencia al fallo u otros efectos». En el caso en estudio, el demandante señala en el capitulo de normas violadas y concepto de violación los artículos 6, 13, 29, 40 numeral 7° y 121 de la Constitución Política; el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 3 y 6 del Decreto 691 de 2010 y al explicar el concepto de violación es indispensable reiterar lo dicho por el actor en su escrito de demanda: Que los primeros actos administrativos, referentes a la designación de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que fueron expedidos en el año 2010, estuvieron ajustados a lo normado en el decreto 691 de 2010, señala que en los casos de las designaciones hechas por los Ministros del Despacho, empezarían a regir conforme se indicara en el acto de designación y lo terminarían el 31 de diciembre de 2011. Indica el actor que una vez terminados los respectivos periodos, los Ministros podían optar entre, elegir un nuevo miembro para que ejerciera las funciones de consejero o ratificar a los que ya llevaban un tiempo en ese organismo de orientación técnico científica. Pero si se optaba por elegir un nuevo miembro, el periodo para este sería de cuatro años, tal como lo indica el artículo 6 del Decreto 691 de 2010; pero en el caso contrario, esto es, si se decidía ratificar a un Consejero anterior, tal ratificación solamente podía hacerse hasta por un periodo igual al anterior, tal como lo indica el numeral 4 del artículo 6 de la norma en comento.

Así las cosas, señala el actor que teniendo en cuenta que el Consejero Serrano Amaya, ejerció sus funciones como Consejero Técnico de la Contaduría Pública entre el 4 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, esto es, ejerció sus 1 Sentencia Corte Constitucional C-197 de abril 7 de 1999

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 9

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co funciones por un periodo de 18 meses y 27 días, éste era el periodo de tiempo que debía tomarse como base para su ratificación, la cual nunca podía ni puede ser de 4 años. Concluye en señalar que hay suficientes argumentos normativos que indican cual es el periodo a ratificar, éste periodo tiene unos límites y no pueden ser desconocidos por la autoridad; cualquier designación por fuera de ellos, carece de legalidad, la autoridad que lo expide se vuelve incompetente y se vulnerarían, además, derechos tales como el debido proceso; asevera que las autoridades públicas tienen el deber de motivar los distintos actos administrativos y dicha motivación debe estar en consonancia con las normas de superior jerarquía, cosa que no ocurre en el caso de marras. En los hechos de la demanda, el actor hace referencia a las presuntas irregularidades en que incurrió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al momento de ratificar al señor Serrano Amaya como Consejero Técnico de la

Contaduría Pública. Todo ello, guarda relación estricta con el concepto de violación pretranscrito. De los planteamientos señalados, sobre los cuales fundamenta el actor su demanda de nulidad del acto de designación del señor Gustavo Serrano como Consejero Técnico de la Contaduría Pública, se establece, sin lugar a dubitaciones, que esta no es insuficiente en el concepto de violación, pues se evidencia, sin mayor esfuerzo, cuales son los fundamentos de derecho propuestos, y al mismo tiempo, se hace un análisis si bien no es tan detallado, si se plantea en términos generales en qué consiste el concepto de violación. Por lo anterior, este medio exceptivo se encuentra llamado al fracaso. 1.2. Excepción de inepta demanda. Señala este demandado que en el caso en estudio no hay una causal específica que obligue a anular el decreto demandado, porque difícilmente podría variar el resultado en cuanto a la duración de la designación, ya que los nombramientos concomitantes o posteriores al primero de enero de 2011 y subsiguientes, se deben realizar por un periodo de 4 años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 691 de 2010; además, indica que los fundamentos de derecho invocados no guardan relación con las normas violadas y mucho menos con el concepto de violación, al contrario, son confusos y por lo tanto, se atenta contra la técnica jurídica. Este cargo debe ser despachado también negativamente por las razones indicadas al resolver el medio exceptivo precedente, toda vez, que en sentir de esta Agencia del Ministerio Público, los hechos, los fundamentos y razones de

derecho invocados en la demanda, guardan relación con las pretensiones de la demanda, encaminadas a obtener la nulidad de la ratificación del señor Gustavo Serrano Amaya como Consejero Técnico de la Contaduría Pública, que, según el actor, debe ser solamente para un periodo de 18 meses y 27 días y no de 4 años.

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 10

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ahora bien, en lo referente al argumento de la parte excepcionante, de que si existe o no causal válida para variar el periodo para el cual fue designado el señalado sujeto, indiscutiblemente esto hace parte del análisis de fondo que se debe realizar, para efectos de establecer el periodo exacto para el cual debe y debía realizarse tal designación. Como corolario de lo señalado, esta excepción no tiene vocación de prosperidad. 1.3. Excepción de inexistencia de las causales de nulidad. Señala este demandado que no existe causal alguna que pueda enervar el nombramiento realizado mediante el acto demandado, ya que el mismo tiene su propio fundamento legal. Este medio exceptivo tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que el argumento del mismo, hace referencia a aspectos que deben ser analizados en el fondo del asunto, para efectos de establecer si el nombramiento del señor Serrano Amaya, se encuentra ajustado o no, a las normas constitucionales y legales, o como señala el excepcionante, si se desvirtúa o no su presunción de legalidad.

2.- Del asunto de fondo. No teniendo vocación de prosperidad las excepciones planteadas por la parte demandada en la contestación de la demanda, y no advirtiendo la existencia de vicio que afecte la actuación surtida, procede este Despacho a emitir el concepto de rigor que le corresponde en el trámite del asunto sub examen, el cual será abordado de manera precisa conforme a los cargos propuestos en la demanda. 2.1 Primer Cargo. Violación de las normas en las cuales debía fundarse el acto administrativo. Aduce el demandante que el artículo 6 del Decreto 691 de 2010, permite que algunos Ministros, designen a los Consejeros Técnicos de la Contaduría Pública, los cuales comenzarían su periodo conforme lo indicare el acto de designación y lo terminarían el 31 de diciembre de 2011. Que una vez terminados los periodos respectivos, podían optar los Ministros entre elegir un nuevo miembro para que ejerciera las funciones de Consejero para un periodo de 4 años, o ratificar a los anteriormente nombrados, caso en el cual solamente podrían ser ratificados por un término igual al inicialmente establecido en el acto de nombramiento. Por lo anterior, Indica el actor que el Consejero Serrano Amaya ejerció sus funciones del 4 de junio de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2011, esto es, 18 meses y 27 días, y en consecuencia, el señor debió ser ratificado por un periodo igual a éste y no para un periodo de 4 años, razón por la cual el acto administrativo demandado viola las normas en las que debía fundarse.

COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES 11

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Las normas que consagran la designación y periodo de los Consejeros Técnicos de la Contaduría Pública, señalan: Decreto 691 de 2010. «Artículo 3°. Designación de los Miembros. El Presidente de la República, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro de Hacienda y Crédito Público designarán, cada uno, un (1) miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Uno (1) de ellos podrá no tener la calidad de contador público. El miembro designado por el Presidente de la República, de conformidad con lo señalado en el inciso anterior, presidirá el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Parágrafo: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1314 de 2009, la designación del cuarto miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien deberá ser contador público, se hará por el Presidente de la República, de ternas enviadas por diferentes entidades legalmente constituidas tales como: Asociaciones de Contadores Públicos, facultades de Contaduría, Colegios de Contadores Públicos y Federaciones de Contadores, conformadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente del presente decreto.

Artículo 6°. Período. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública ejercerán sus funciones por un período de cuatro (4) años, teniendo en

cuenta lo siguiente:

1. Los miembros designados en el año 2010 por el Presidente de la República, comenzarán su período conforme se indique en el