PGN - INEPTITUD DE LA DEMANDA - Indebida escogencia de la acción

REPARACIÓN DIRECTA–Contra la Superintendencia de Sociedades, por los perjuicios causados con ocasión de una presunta falla en el servicio, en el proceso de liquidación de la empresa GERMÁN MORALES E HIJOS

ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A

CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Marco constitucional RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Marco constitucional ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ProcedenciaLa acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede, cuando los actos administrativos son expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, con falsa motivación, desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, sin competencia, en forma irregular o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Sin embargo, es indispensable que el acto administrativo lesione el derecho de una persona, y que dicho derecho se halle protegido en una norma jurídica. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Noción La acción de reparación directa, es la apropiada para reparar el daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas. La procedencia de la reparación de los perjuicios invocados procede cuando queda plenamente demostrada la antijuridicidad del daño causado por la acción u omisión estatal, lo que exige que en el proceso se analice la legalidad o no del actuar de la entidad demandada, además, se estudien los demás elementos de la responsabilidad extracontractual: el daño antijurídico, la acción u omisión y el nexo de causalidad.

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Caducidad

de la acción INEPTITUD DE LA DEMANDA-Indebida escogencia de la acción RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Título de imputación PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Noción El principio iura novit curia, corresponde a la facultad que les asiste a los juzgadores para analizar los hechos y las pretensiones de la demanda, y adaptarlos al título de imputación correspondiente, con el fin de hallar la mejor adecuación jurídica del caso y, consigo, la verdad procesal. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No. (67709) 11001333103520080003001

CONCEPTO No. 048 / 2022

Bogotá D. C., 24 de mayo de 2022.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente doctor: José Roberto Sáchica Méndez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001333103520080003001 (67709)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Rodrigo Luis Márquez Misal.

DEMANDADO: Nación – superintendencias de Sociedades.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / Negar las pretensiones de la demanda por auto inhibitorio / Indebida escogencia de la acción / Imposibilidad de efectuar adecuación del procedimiento establecido

para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en aplicación al principio iura novit curia / Procede la condena en costas impuestas por el A Quo en contra del extremo demandante. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala la presente intervención en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Pretensiones.

El señor Rodrigo Luis Márquez Misal, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda administrativa de reparación directa en contra de la 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 Nación – Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se le declare responsable administrativa y extracontractualmente de los perjuicios materiales y morales que considera se le causó con ocasión de una presunta falla en el servicio de la administración, en el proceso de liquidación de la empresa GERMÁN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A., especialmente respecto de la calidad que

le asistía al demandante de acreedor, a fin de hacer valer sus derechos laborales, entre otros, de pensión sanción, que le fueron reconocidos mediante sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, modificada mediante sentencia del Tribunal Superior de Montería – Sala Laboral, y que no casó la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 7 de septiembre de 1994. Advierte el escrito de demanda que la Superintendencia de sociedades designó como agente liquidador al señor Miguel Antonio Murcia León, quien efectuó el estudio actuarial y reconoció en favor del señor Rodrigo Luis Márquez Misal, la suma de doce millones doscientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco pesos ($12.243.135,oo). La anterior decisión se comunicó a German Morales e hijos Organización Hotelera S.A.-En liquidación, más no al señor Rodrigo Luis Márquez Misal, quien acreditó tener interés directo en el contenido del documento que contenía la liquidación actuarial. Posteriormente, en el término del traslado del proyecto de sesión de bienes, el señor Rodrigo Luis Márquez Misal, conoció el estudio actuarial, procediendo a elevar diversas solicitudes colocando en conocimiento de las autoridades de liquidación, sus inconformidades y los graves perjuicios que le causaban, peticiones que fueron negadas por la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto No 441-017978. Al respecto, alega el actor que la suma liquidada a su favor por concepto de pensión sanción a partir del 04 de marzo de 2002, se realizó conforme al salario mínimo mensual legal vigente para esa época, desconociendo el agente liquidador que,

conforme a la ley y la jurisprudencia tenía derecho al pago indexado de su prestación, incurriendo en un error, al no actualizar con base en el IPC el momento a cancelarse 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 por concepto de pensión, una vez el señor Rodrigo Luis cumpliera 50 años, y que precisó correspondía a la suma que resultara de actualizar el salario que percibía para el 11 de septiembre de 1987 correspondiente a $551.635 equivalente veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes para la época, siendo el valor del salario mínimo para esa fecha de veinte mil quinientos nueve pesos con ochenta centavos

($20.509,80) MCTE.

Conforme lo anterior, el extremo activo fundamenta la presente acción de reparación directa, indicando que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES aprobó las actividades efectuadas por el agente liquidador de GERMAN MORALES E HIJO ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A. – En liquidación, quien considera el demandante omitió tomar las medidas necesarias y pertinentes para garantizar el pago del señor Rodrigo Luis Márquez Misal, de su pensión sanción en cuanto al monto que correspondía, omitiendo, además, girar los rubros dinerarios requeridos para cumplir dicho pago, razón por la cual COLPENSIONES, el 16 de marzo de 2013 negó al señor

RODRIGO LUIS MÁRQUEZ, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. De esta manera, se invocaron las siguientes pretensiones en la demanda (Se efectúa transcripción literal): “Primera: Que se declare a La Nación-Superintendencia de Sociedades, representada legalmente por el Superintendente Dr. Hernando Ruiz López, como responsable administrativa y extracontractualmente de los daños y perjuicios morales, demás que llegaren a demostrarse en el proceso, causados a RODRIGO LUIS MARQUEZ MISAL, por el daño antijurídico consistente en el error y defectuoso funcionamiento jurisdiccional dentro del proceso de liquidación obligatoria, el cual mediante auto No. 441017977 de Octubre 31 de 2005, “RESUELVE (…) PRIMERO. DECLARAR TERMINADO el proceso liquidatario de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad GERMÁN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A. en liquidación obligatoria…”, providencia suscrita por el Dr. ADOLFO PALMA TORRES, SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LOS procedimientos mercantiles, con lo cual se avaló en su totalidad la gestión adelantada por el Auxiliar de Justicia, nombrado por la Superintendencia para el cargo de liquidador Dr. MIGUEL ANTONIO MURCIA LEÓN.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad, se condene a título de reparación directa a la NACIÓN4

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a pagar a título de perjuicios morales y materiales, las siguientes sumas o cantidades: a) Daños Morales: para RODRIGO LUIS MARQUEZ MISAL identificado con la cedula de ciudadanía No. 6867.767 demontería, la cantidad de 1000 salarios mínimos mensuales que certifique el Ministerio de la Protección Social a la fecha de proferir la sentencia que ponga fin al proceso. b) Daños Materiales: Ciento Ochenta y Seis millones Novecientos Cincuenta y un mil Setecientos Ochenta pesos ($186'951.780.oo) como consecuencia de la aprobación del Estudio Actuarial, presentado por el liquidador Miguel Antonio Murcia León, ordenado por la Superintendencia de Sociedades, en donde se tomó como pensión a reconocer a RODRIGO LUIS MARQUEZ MISAL la equivalente del salario mínimo mensual vigente de 2002; por ende, se le adjudicó como partida para el pago de sus acreencias laborales causadas, desde el momento en que cumplió 50 años de edad (4 de marzo de 2002) hasta la fecha de aprobación de la suma de $12'243.135.oo suma muy inferior a la que lo era en suma de mismo, que se debió liquidar y reconocer, que lo era en suma $199'951.780.oo. De tal suerte, que la suma que se deberá reconocer a título de perjuicios materiales, previamente indexada, como consecuencia del daño antijurídico se estima en 168

951.780.oo, diferencia entre lo reconocido y lo que se debió reconocer.

TERCERA: Por las Costas del Proceso.” 1.2. Contestación de la demanda.

Mediante apoderado judicial, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, presentó dentro del término establecido para ello contestación de la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones invocadas en su contra, argumentando, lo siguiente: En ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, mediante Auto 410-012414 del 1° de agosto de 2000, declaró terminado el concordato o acuerdo de recuperación de los negocios de la sociedad GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A., y decretó la apertura a su liquidación obligatoria. Decisión en secuencia de la que con Auto 441019893 de 16 de diciembre de 2003, a través del cual se modificó el Auto 441-012843 del 24 de julio de 2003, se calificaron y graduaron los créditos presentados en el proceso, específicamente frente al crédito del señor RODRIGO 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 MARQUEZ MISAL, que dispuso no calificar ni graduar por haber sido presentados los requerimientos de manera extemporánea. Al respecto, admitió que esa SUPERINTENDENCIA aprobó el cálculo actuarial,

precisando en efecto respecto de los cargos presentados en su contra, que la ley no obliga a que previa su aprobación, sean llamados los pensionados, acreedores o terceros para controvertir la información enviada por su empleador u otro agente; que en el cálculo actuarial no se tuvo en cuenta el salario promedio devengado por el señor RODRIGO LUIS MARQUEZ MISAL hasta septiembre de 1987, que ascendía a $551.635, por no ajustarse a lo prescrito en los artículos 68 de la Ley 550 de 1999 y 1675 del Código Civil, y que el liquidador no tuvo en cuenta el salario mínimo vigente para el año 2002, $309.000, sino que el promedio mensual que devengaba para el 11 de septiembre de 1987, $551.635, a la que se le aplicó el 57.11% y no el 75% por no tener 20 años de servicios, resultando como monto mensual de su pensión sanción la suma de $315.039, a partir del 2002. En este sentido, manifestó que la suma de $551.635, debía actualizarse con base en el IPC, para establecer el monto de la pensión a pagar una vez el señor RODRIGO LUIS MARQUEZ MISAL cumpliera 50 años de edad, marzo 4 de 2002, y que el precitado valor no podía actualizarse con base en el índice de precios al consumidor desde el año 1987, conforme pretende la activa, porque el derecho a la pensión sanción solamente lo adquiere a partir del precitado 4 de marzo de 2002, y por ende, es a partir de entonces, que procede actualizar la mesada pensional año tras año.

De igual manera, indicó la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, que el monto pensional fue actualizado en los años subsiguientes con base en la variación del índice de precios al consumidor, de conformidad con lo previsto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de MonteríaSala Laboral, del 27 de enero de 1994. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 Conforme lo anterior, concluye el escrito de contestación de la demanda que tanto la actuación administrativa como la jurisdiccional adelantada por Superintendencia de Sociedades, en relación con el crédito del señor Rodrigo Luis Márquez Misal, se ajustó en todo a derecho y que el cálculo actuarial presentado por el liquidador de la compañía deudora se elaboró acorde con la ley y a la sentencia que ordena el reconocimiento de la pensión sanción en los términos allí previstos. Por lo tanto, precisó que no existe daño alguno que debe reparar la demandada en favor del señor Márquez Misal, y por sustracción de materia, tampoco existe falta o falla en el servicio, y mucho menos nexo de causalidad, lo que conlleva a no conceder la reparación directa, en los términos solicitados por el accionante.

1.3. Sentencia de Primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección c, mediante sentencia No SC3-02-20-2332, proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones de la demanda, imponiendo condena en costas al extremo activo, manifestando, en síntesis: En cuanto a la naturaleza de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades dentro de los procesos en los que resuelve los asuntos sometidos a su competencia como juez de una determinada causa, indicó el Tribunal que, estos actos administrativos gozan de carácter jurisdiccional y, por lo tanto, pueden ser objeto de recursos y hacen tránsito a cosa juzgada una vez quedan ejecutoriadas. Resaltó conforme lo anterior que, en los procesos de liquidación obligatoria de sociedades, las decisiones definitivas y las declaraciones de incompetencia de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES son susceptibles de los recursos de reposición y de apelación ante la jurisdicción ordinaria, exceptuando los autos 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 interlocutorios que no traten de los asuntos referidos, los cuales pueden ser objeto únicamente del recurso de reposición.

Por lo tanto, precisó la Sala en atención a las pretensiones de la demanda y sus fundamentos de hecho y derecho, se tiene que la activa debió promover su demanda por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es el mecanismo procesal idóneo para atacar las decisiones del liquidador de GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A. LIQUIDACIÓN. Lo anterior, dado que el error alegado por la activa, se encuentra contenido en las decisiones administrativas mediante las cuales se efectuó y aprobó el cálculo actuarial dentro del proceso liquidatorio forzoso de la sociedad GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A., y por consiguiente su enjuiciamiento debió promoverse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reiterando que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, las decisiones definitivas del liquidador son actos administrativos que pueden demandarse ante esta jurisdicción. En este sentido, concluyo la Sala que, el extremo activo promovió acción de reparación directa mediante demanda presentada el día 30 de octubre de 2007, es decir antes del 02 de julio de 2011 fecha en que entro en vigencia el CPACA, y en consecuencia, el presente proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo - CCA, que a diferencia del vigente Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso CPACA, no habilitaba al Juez para sanear la indebida escogencia del medio de control, dándole el trámite que legalmente le corresponde, cuando se avizora no idónea la vía procesal opcionada por la activa.

De esta manera, procedió el A Quo a declarar de oficio, la indebida escogencia del medio de control, advirtiendo que si bien en reparación directa opera el principio iura novit curia, no es menos cierto que este se encuentra limitado por el principio de 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 congruencia, máxime cuando mediante auto del 7 de diciembre de 2012 se admitió la demanda, y 16 de agosto de 2013 su adicción, por lo tanto, advirtió la Sala que, el trámite procesal que se debía impartir era el regido por el Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente, concluyó que el juez no se encontraba habilitado ni compelido para dar a la demanda un trámite distinto al señalado por la activa, aun cuando la acción invocada resultara incorrectamente opcionada. 1.4. Argumentos de la apelación. El representante judicial de la parte actora, interpuso recurso de apelación, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resultó contraria a las pretensiones invocadas, manifestando, en síntesis, lo siguiente: Manifestó no compartir el sentido de la sentencia recurrida y, por el contrario, afirmó que en el plenario quedó demostrado que en el proceso liquidatario adelantado por la

Superintendencia de Sociedades en la Liquidación de la Sociedad GERMÁN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A., se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia que generó graves perjuicios morales y económicos al extremo activo. Precisó que la Superintendencia de Sociedades mediante oficio No 105-034807 del 7 de julo de 2005 comunicó al demandante el resultado del estudio actuarial efectuado por el liquidador designado para ello. Asimismo, indicó que sobre dicha decisión el señor Rodrigo Márquez Misal presentó los escritos con radicados Nos. 2005-01144172 y 2005-01-145761 efectuando serios reparos al estudio actuarial, debido a los graves perjuicios económicos que se le causaban con el mismo. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 Las anteriores peticiones fueron resueltas por la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 441-017978, que las rechazó por improcedentes, y aprobó el pago de las obligaciones por encontrarlas ajustadas a la Ley 550 de 1995. En este sentido, considera el extremo demandante que el A Quo no valoró integralmente las probanzas obrantes en el plenario, advirtiendo que el argumento de la nugatoria de las pretensiones correspondió a que el actor no desplegó las

actuaciones necesarias y pertinentes contra las decisiones proferidas por la Superintendencia que considera desconocedoras de sus derechos; argumento que carece de verdad, reiterando que el actor cumplió cabalmente con los requisitos previos para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. De lo anterior, concluyó el recurrente que, efectivamente hubo falla del servicio por la defectuosa administración de Justicia por falta de cuidado y diligencia, dada la ligereza con la cual actuó la Superintendencia de Sociedades cuando en curso del Proceso Liquidatario de la Sociedad GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA no protegió los derechos de quien hoy demanda, reconocidos por sentencia judicial, procediendo a aprobar el estudio actuarial efectuado por el liquidador MIGUEL ANTONIO MURCIA LEÓN en el cual reconoció la pensión sanción a pagar tomando el salario promedio devengado para el año de 1987 sin previamente actualizarlo, a fin de conservar la capacidad adquisitiva como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia. Considerando al respecto que, la omisión de la Superintendencia de Sociedades de aprobar el estudio actuarial presentado por el Liquidador, el cual contenía un grave error, constituye un hecho generador de daño, ya que el agente liquidador tomó el salario devengado por el actor para el año de 1987 y sin indexarlo proyectó el pago de la Pensión Sanción. Conforme lo anterior, el extremo activo solicitó al Ad Quem revocar la sentencia recurrida, y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos: Para resolver el conflicto jurídico suscitado entre las partes se plantean los siguientes problemas jurídicos.  ¿Conforme el material arrimado al plenario, es posible determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Superintendencia de Sociedades, por los perjuicios alegados por la parte activa del presente proceso, debido a la presunta falla en el servicio - defectuosa administración de Justicia por falta de cuidado y diligencia durante el proceso liquidatario de la Sociedad GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACIÓN HOTELERA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA efectuado por el liquidador Miguel Antonio Murcia León, al generar el estudio actuarial mediante el cual se reconoció la pensión sanción en favor del señor Rodrigo Márquez Misal, el cual fue aprobado mediante Auto 441-017978?  ¿En atención a las situaciones fácticas que sustentan las pretensiones invocadas, en el caso de resultar probado la indebida escogencia de la acción, es posible hacer la adecuación de la demanda a la acción que corresponde, en atención al principio iura novit curia?

2.2. Marco teórico. Son referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado. El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado que tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo. De esta manera, se desprende que para declarar la responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos presupuestos: (i) la existencia de un daño que se torne antijurídico, (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, y iii) el daño causado se haya efectuado bajo alguno de los títulos de atribución de responsabilidad, como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros. En este sentido, dispone el artículo 90 de la Constitución Política “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” De igual manera, el H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo,

sección tercera, Subsección C; precisó en cuanto la responsabilidad del Estado y sus presupuestos “El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación. Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido. Los elementos que sirven de 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración”1 2.2.2. La acción de reparación directa. La acción de reparación directa, es la apropiada para reparar el daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas. La procedencia de la reparación de los perjuicios invocados procede cuando queda plenamente demostrada la antijuridicidad del daño causado por la acción u omisión estatal, lo que exige que en el proceso se analice la legalidad o no del actuar de la entidad demandada, además, se estudien los demás elementos de la responsabilidad extracontractual: el daño antijurídico, la acción u omisión y el nexo de causalidad. Conforme a lo anterior, el Código Contencioso Administrativo dispuso en su artículo 86: “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.” En cuanto a la procedencia de la acción de reparación directa, el H. Consejo de Estado, precisó “La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo”2 1 Consejo de Estado – Sala de lo contencioso administrativo Sección Tercera, subsección C, Consejera Ponente Dra. Olga Melida Valle de la Hoz sentencia proferida el quince (15) de noviembre de 2011,

expediente radicado No 23001233100019970893401, Actor: Petrona Sierra de Fuentes y otros Demandado: La Nación – INPEC, referencia: Acción de reparación directa. 2 Consejo de Estado – Sala de lo contencioso administrativo Sección Tercera, subsección C, Consejero Ponente Dr. Guillermo Sánchez Luque, sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de 2020, expediente radicado No 47001-23-33-000-2015-00167-01 (61767), Actor: JUAN NEPOMUCENO SIERRA GARCÍA y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, referencia: 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (67709) 11001333103520080003001 2.2.3. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede, cuando los actos administrativos son expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, con falsa motivación, desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, sin competencia, en forma irregular o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Sin embargo, es indispensable que el acto administrativo lesione el derecho de una persona, y que dicho derecho se halle protegido en una norma jurídica.

La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro meses, esto quiere decir, que para poder demandar un acto administrativo a través de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda se debe interponer dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación,