PGN - INFRACCIÓN DE NORMAS EN QUE EL ACTO DEBIA FUNDARSE - Vicio formal de nulidad del act

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Contra acto de elección de representante de los ex -rectores de la universidad militar nueva granada. CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-Consejo superior universitario de la universidad militar nueva granada. Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario referirse a: (i) las causales de nulidad bajo el argumento de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) la autonomía universitaria; (iii) el proceso de elección de los representantes de los Ex Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Nueva Granada; para finalmente, (iv) analizar el caso concreto. EXPEDICIÓN IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Como causal de nulidad por infracción de normas en que debía fundarse/EXPEDICIÓN IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Ocurre cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo. NULIDAD ELECTORAL-Jurisprudencia. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe

plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.” Negrilla fuera de texto. INFRACCIÓN DE NORMAS EN QUE EL ACTO DEBIA FUNDARSE-Vicio formal de nulidad del acto administrativo/INFRACCIÓN DE NORMAS EN QUE EL ACTO DEBIA FUNDARSE-Contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Fundamento constitucional, legal y sus límites.

El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 1 propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Jurisprudencia. Derecho a darse y adoptar sus correspondientes regímenes. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 1996, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta

en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. Bogotá D.C., 02 de junio de 2021 Concepto No. 202106 - NE-121 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Ponente Sección Quinta.

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2020-00096-00

ACTOR: EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL DEMANDADO: AUGUSTO PRADILLA GIRALDO - Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario de la

Universidad Militar Nueva Granada. Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. El 22 de octubre de 2020, ALFONSO VACA TORRES, Vice Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada – UMNG, en su condición además, de Secretario del Consejo Superior, través de correo electrónico, informó a los Ex Rectores de dicha institución educativa que el periodo del General (R) MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, como Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario terminaba el 20 de noviembre del mismo año. 1.1.2. En la misiva, señaló que debido a la situación que se presentaba, derivada la emergencia sanitaria producto del COVID 19, era imposible realizar la reunión presencial de los Ex Rectores en los términos del artículo 32 del Acuerdo 03 de 20161, razón por la que cada uno de ellos debía enviar por correo electrónico el nombre del Ex Rector que consideren debía ocupar dicho cargo. 1 Reglamento del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 3 1.1.3. El Mayor General (R) EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, el mismo 22 de octubre de 2020, dirigió comunicación al secretario del Consejo Superior Universitario, instándolo a que, en el procedimiento para la elección del representante de los Ex Rectores ante el órgano universitario, se observara lo prescrito en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 20162. Adicionalmente se

postuló como candidato. 1.1.4. El 10 de noviembre de 2020, se adelantó la reunión en que se dio lectura de los votos remitidos por los Ex Rectores, algunos de los cuales, asistieron de forma presencial y, otros, por medio del uso de las tecnologías dispuestas para su conexión remota. 1.1.5. La Votación dio como resultado la elección del Brigadier General AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, con 4 votos de los 7 posibles. Dicha decisión quedó consignada en Acta 01. 1.1.6. El Mayor General (R) EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó, la nulidad del acto de elección de PRADILLA GIRALDO como Representante de los Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. 1.2. Demanda El ciudadano EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, Mayor General (R), en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, pretende: 2 Acuerdo 03 de 2016 (30 de marzo de 2016). Artículo 32. Elección del representante de los ex rectores de la Universidad Militar. El procedimiento para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario será el siguiente:

1. El Secretario del Consejo Superior Universitario requerirá a los ex rectores para que elijan su representante.

2. El representante será elegido entre los ex rectores de la Universidad Militar, en reunión que para tal fin ellos mismos realicen. De esta actividad, se elaborará un acta suscrita por los participantes y se

enviará al Secretario del Consejo Superior.

3. El Secretario del Consejo Superior Universitario comunicará el resultado a dicho organismo.

4. Si no fuere posible la elección de un ex rector en dos reuniones celebradas para tal fin, el Consejo Superior Universitario elegirá al representante, del listado de ex rectores elegibles, presentado por el Secretario del Consejo Superior.

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Correo electrónico: Página 4 “PRIMERO. Que son nulos los actos ejecutados entre el 22 de octubre de 2020 y el 10 de noviembre de 2020, por medio de los cuales el señor Vice – Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada, Brigadier General ® ALFONSO VACA TORRES, en su condición como(sic) secretario del Honorable Consejo Superior Universitario, inició, tramitó y culminó un ilegal e irreglamentario procedimiento que declaró la elección del coronel ® AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, como representante de los Exrectores de la Universidad Militar Nueva Granada C de la misma Casa de Estudios, tal como consta en los documentos y actas cuyas copias simples adjunto, debido a que el señor Vice – Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada, y Secretario del Consejo Superior Universitario, se ha negado injustificadamente a suministrarme copia formal de tales documentos, tal como lo demuestro adjuntando copia de los escritos de petición que en tal sentido he elevado, sin obtener respuesta.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, el cargo de representante de los Exrectores ante el Honorable Consejo Superior Universitario, para que cual (sic) fue elegido ilegal e irreglamentariamente el coronel ® AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, no debe ser ocupado por el mismo. TERCERO. Que se debe adelantar un nuevo procedimiento para la elección del representante de los Exrectores de la Universidad Militar Nueva Granada, para los exrectores (sic) elijan a su representante ante el Honorable Consejo Superior Universitario, en los precisos términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, por medio del cual el Consejo Superior Universitario expidió el Reglamento del Consejo Superior Universitario, de cuyo contenido me permito adjuntar un ejemplar. CUARTO. Que se ordene la compulsa de copias con destino a las autoridades competentes, para que investigue el comportamiento DOLOSO del Brigadier General ® ALFONSO VACA TORRES, Vice – Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada y secretario del Consejo Superior Universitario” Como sustento, adujo que durante la elección del representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granda (i) no se respetó el procedimiento previsto en las normas para tal fin; y, (ii) quien resultó electo no cumplía con los requisitos legales. Invocó como normas violadas, los artículos constitucionales 29, 69 y 209, los artículos 28, 64, 65 y 82 de la Ley 30 de 1992; los artículos 34 y 35 del CGP; el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016 y el artículo 9 literal d) del Acuerdo 13 de

2010, Estatuto General de la Universidad Militar Nueva Granada. En cuanto a los vicios procedimentales, resaltó que: i). A la reunión de “escrutinio” – como la denominó el accionante - en la que los Ex Rectores escogieron quién sería su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granda, asistieron otros miembros de ese cuerpo colegiado, sin que existiera norma que los habilitara para tal fin. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 5 ii). A dicha reunión, asistieron presencialmente tres ex rectores, de los cuales, solamente el demandante podía participar, porque de los otros dos, uno se encontraba inhabilitado3 para elegir y ser elegido - General (R) Jesús Armando Arias Cabrales-, al pesar sobre él una condena judicial; y el otro era el Coronel

(R) AUGUSTO PRADILLA GIRALDO – demandado – quien nunca fue rector en propiedad, sino encargado, y tampoco obtuvo el título de General de la República, requisito objetivo para poder ser Rector de la UMNG. iii). La elección se realizó mediante correos electrónicos, y no en reunión – presencial o virtual – contrariando lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, razón por la que, afirma, se configura la causal de nulidad denominada violación de las normas en que debía fundarse.

Sumado a ello, que no está permitido que el Secretario del Consejo Superior disponga de manera caprichosa, cómo se debe realizar la elección del representante de los ex rectores. Finalmente, y frente a las calidades de quien resultó electo, señaló que el hecho que el demandado no fuese General ni hubiese ostentado el cargo de Rector en propiedad, le impedía a este tener participación como elector y como postulado – elegido-. 1.3. Contestación El Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, por intermedio de apoderada judicial, dio contestación al escrito de demanda, oponiéndose a las pretensiones, en los siguientes términos. En primer lugar, se refirió a la calidad del Ex Rector y Brigadier General del señor AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, basando su argumento en dos escenarios: a). Señaló que PRADILLA GIRALDO obtuvo el grado de Brigadier General “desde una posición honoraria de conformidad con el Decreto No. 1929 del 29 de noviembre del año 2016”, dignidad que se obtiene de forma 3 Artículo 13 del reglamento del Consejo Superior Universitario Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 6 excepcional, y previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional4, es decir, “existe recomendación justificada y razonable por parte de los oficiales de insignia que componen dicho órgano”

Afirmó que, pese a ser un grado honorario “ello no implica que deba desconocerse su impacto y reconocimiento militar como lo pretende hacer ver el demandante”, por lo que concluyó que PRADILLA GIRALDO sí es “un oficial de insignia de la reserva de las fuerzas militares” b. Que el demandado sí es Ex Rector de la UNMG y como tal, tiene derecho a postular y votar dentro de la elección de quien será el representante ante el Consejo Superior, tal como lo ha hecho en anteriores oportunidades5, en las que también había participado el accionante, sin que a la fecha existiera reproche alguno sobre el particular. Que el accionado efectivamente fue rector encargado durante los años 1998 a 2000, y el Acuerdo 03 de 2000, en su artículo 32, señala que la elección se hace entre los Ex Rectores de la Universidad Militar, sin mediar distinción en cuanto a si se trató de un encargo o en propiedad. Adujo que el rector encargado y el titular ejercen las mismas funciones, razón por la que afirmó que el demandante pretende dar un alcance diferente al que la norma establece, subrogándose el papel de legislador e interprete. En segundo lugar, frente al procedimiento consumado para elegir al representante de los Ex Rectores, señaló que la reunión establecida para tal fin no se pudo desarrollar debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID 4 Decreto 1512 de 2000. Artículo 54 “Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares. La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares estará integrada por:

1. El Ministro de Defensa Nacional

2. El Comandante General de las Fuerzas Militares

3. Los Comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

4. Los Oficiales Generales y de Insignia en servicio activo, que se encuentren en la guarnición de Bogotá”. 5 Ver elección del Ex Rector Mayor General (R) Manuel Sanmiguel Buenaventura, el 15 de noviembre de

2018. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 7 19, hecho por el cual, se acudió al uso de las tecnologías para surtir la votación pertinente.

Puso de presente que se encuentra acreditado dentro del proceso la invitación a cada uno de los Ex Rectores para que emitieran su voto por el remplazo del Mayor General (R) Manuel Sanmiguel Buenaventura, como representante ante el Consejo Superior, la respuesta que estos dieron, los votos que emitieron, la citación y celebración de reunión de lectura de resultados y, el levantamiento del acta. Encontró que el procedimiento se debió a las limitaciones establecidas por el Gobierno Nacional, en virtud de la declaratoria de emergencia derivada del COVID 19, pero que se hizo uso de las herramientas tecnológicas para evacuar la votación exigida, en presencia de 3 electores y 5 testigos. Finalmente se cuestionó, si el hoy demandante, y quien era el único contendor del demandado, en un caso hipotético en que hubiese ganado, habría

cuestionado su elección, teniendo en cuenta que sus argumentos aplicarían en similar evento. En tercer lugar, que la asistencia de otros miembros del Consejo Superior, obedeció a que el secretario de tal corporación – y vicerrector de la UMNGBrigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, consideró prudente invitarlos, “a título de veedores o testigos, […] con la intención de generar trasparencia en el proceso que se llevaría a cabo virtual y presencialmente” Señaló que dicha actuación no trasgredió el procedimiento establecido en el Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016, puesto que en el mismo no se proscribe la posibilidad de asistencia de terceros veedores en el proceso de selección. Contrario a ello, consideró que entre más abierto sea, y de público conocimiento, mayor debe ser el grado de seguridad y certeza que el mismo genere. Finalmente, en cuarto lugar, frente al voto del General (R) JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, señaló que si bien, este fue condenado por la Corte Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Suprema de Justicia, dicha decisión fue suspendida en virtud del sometimiento que tuvo ARIAS CABRALES a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEPla cual expidió la Resolución 1571 de 15 de mayo de 2020, dentro del expediente JEP: 9000202-46.2019.00.0001, concediéndole las prerrogativas establecidas

en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2017. Con ello, señaló que ARIAS CABRALES no se encontraba inhabilitado para ejercer su derecho a votar como Ex Rector, dentro de las elecciones para elegir al representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario. 1.4. Fijación del litigio Una vez examinado en detalle el Auto del 4 de mayo de 2021 mediante el cual se reconoce personería, se decretaron las pruebas y decide traslado para alegar de conclusión, con el fin de dictar sentencia anticipada, advierte esta delegada que se omitió fijar el litigio u objeto de controversia en los precisos términos del último inciso del artículo 182 A de la 2080 de 2021.6

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Cuestión Previa. Como lo señaló la Sala Electoral, la fijación del litigio constituye una garantía del debido proceso pues define el marco en el cual se ha de desarrollar el debate y los aspectos sobre los que los sujetos procesales ejercen el derecho de defensa y contradicción. Asimismo, que al erigirse como la ruta que deben seguir los sujetos procesales y el juez de la causa, se entiende que el mismo irradia de manera inescindible la decisión que debe adoptar el operador judicial 6 “El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u

objeto de controversia”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 9 frente a las pruebas solicitadas y, llegado el caso, las de oficio que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad procesal7.

En este contexto, si bien, se pudo verificar, se omitió fijar el litigio u objeto de controversia, en los precisos términos del último inciso del artículo 182 A de la 2080 de 2021, en criterio de esta delegada, ésta pretermisión, no genera violación al debido proceso ni al derecho de defensa, como quiera que el demandado en la contestación se pronunció frente al cargo planteado; en todo caso, al no existir pretermisión íntegra de la respectiva instancia y, al no haber sido recurrido el auto del 4 de mayo de 2021, en los términos del parágrafo del artículo 133 del CGP, se entiende subsanada. 2.2. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si declara la nulidad del acto de elección de AUGUSTO PRADILLA GIRALDO como Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, por haber incurrido en las causales de expedición irregular y violación de las normas en las que debía fundarse. Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario referirse a: (i) las causales de nulidad bajo el argumento

de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) la autonomía universitaria; (iii) el proceso de elección de los representantes de los Ex Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Nueva Granada; para finalmente, (iv) analizar el caso concreto. 2.3. Expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse el acto, como causales de nulidad. La causal de expedición irregular del acto, ocurre cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo; es decir, requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud, que sin ella, el resultado habría sido otro; por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo. 7 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP: Rocío Araújo Oñate, Rad. No: 11001-03-28-000-2018-00035-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00033-00), Sentencia del 28 de febrero de 2019. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la

general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.”8 Negrilla fuera de texto. En este sentido, lo que se constata en esta causal, no solo es la existencia de inconsistencias, sino que las mismas tengan una incidencia tal en el resultado, que de no existir, habría una variación en el resultado. Por su parte, la causal de infracción de las normas en que debería fundarse, ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos9, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la

base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. 8 Ver Al respecto las sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 27 de enero de 2011. M.P.

Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00 y del 3 de noviembre de 2016 M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2016-00023-00 9 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Exp.

No. 4100123310002003004801 (0601-2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Exp. No. 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”10 2.4. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 199611, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus

recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. No. 11001032600020150002200 (53057), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 11 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 12 supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199312, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, e