PGN - INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL - Quien dentro del año anterior a la elección haya int

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Contra funcionario de elección popular inmerso en causal de inhabilidad INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL-Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en celebración de contratos con entidades públicas ejecutables en el respectivo municipio INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL-Celebración de contrato se produjo dentro de los 12 meses anteriores a la elección CULPA GRAVÍSIMA POR DESATENCIÓN ELEMENTAL DE FUNCIONARIO DE ELECCIÓN POPULAR-Desarrollado por la violación del deber objetivo de cuidado según juicio objetivo y subjetivo de la conducta Objetivamente no cabe duda para este Despacho, como ya se expuso, que el contrato de prestación de servicios existió, que fue suscrito por el ciudadano…, que se ejecutó en el municipio de Puerto Carreño, y que antes de trascurrir un año, el disciplinado se inscribió como candidato a la Corporación Municipal, es decir, que se presentaron los cuatro elementos básicos que componen la causal de inhabilidad prevista por el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, modificatorio del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 Ahora bien, subjetivamente se comprobó que el encartado…, a sabiendas que había suscrito y ejecutado el Contrato de Prestación de Servicios No. VIC-MC-020-2014 de 30 de octubre de 2014, sin justificación alguna se inscribió como candidato al Concejo Municipal de Puerto Carreño, resultado electo el 25 de octubre de 2015 Por esto, este Despacho acoge los argumentos que sobre el particular expuso el fallador de

primera instancia, en el sentido de que el encartado incurrió en culpa gravísima, puesto que no obstante tener conocimiento pleno del contenido del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, optó por desconocer el deber que le correspondía por desatención elemental desarrollado por la violación al deber objetivo de cuidado, al haber realizado una conducta que cualquier persona no hubiere efectuado por ser obvia la consecuencia de la inhabilidad, y a pesar de ello, persistió en ejecutarla INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL-Norma no hace ninguna exclusión de aquellos contratos que tuvieren la vocación inhabilitante, la suscripción de cualquier contrato la configura PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL-Proceso jurisdiccional de naturaleza, características y fines diferentes al proceso administrativo disciplinario 1 Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación IUS: 2015-401670 - IUC-D-2016-104-868022

Implicado: JAVIER ALBERTO ARENAS CERON

Cargo: Concejal del Municipio de Puerto Carreño - Vichada Quejoso: Informe oficial Fecha de Queja: 8 de marzo de 2015

Fecha de Hechos: 25 de octubre de 2015

Estado: Fallo de segunda instancia proceso verbal

Bogotá, D.C., 17 de agosto de 2017 Se encuentra al Despacho el radicado IUS 2015-401670 IUC –D-2016104-868022 para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Vichada, dentro de la diligencia de audiencia pública del 21 de febrero de

2017, en la que se sancionó al ciudadano JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, en su condición de Concejal del Municipio de Puerto CarreñoVichada, con Destitución e Inhabilidad General, por el término de diez (10) años para ejercer la función pública en cualquier cargo o función (fls. 107-130). ANTECEDENTES A través de la providencia del 16 de septiembre de 2016, la Procuraduría Regional del Vichada, citó a audiencia pública al señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, en la condición ya anotada (fls. 71-86). En la audiencia pública celebrada el día del 21 de febrero del año en curso, la Procuraduría Regional del Vichada, al señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON como Concejal del Municipio de Puerto CarreñoVichada, sancionó con Destitución e Inhabilidad General, por el término de diez (10) años para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, decisión que fue notificada en estrados, interponiéndose el respectivo recurso de apelación dentro de la misma diligencia, correspondiéndole el conocimiento a esta Delegada. Este Despacho por auto del 12 de julio de esta anualidad, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 7º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, que establece que el procesado tiene derecho a presentar alegatos de 2 conclusión antes de fallo de segunda instancia1, corrió traslado al disciplinado por el lapso de dos (2) días (fl. 161), el que se fijó por

estado del 18 de julio (fl. 149), habiendo presentado escrito de alegatos el 1º de agosto de 2017 (fl. 156). CARGOS Por auto del 16 de septiembre de 2016, la Procuraduría Regional del Vichada, en consideración a que al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, siguiendo el proceso verbal consagrado en el Título XI, Capítulo Primero, procedió a la citación a audiencia pública del señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, a quien se le imputó la siguiente conducta: “CARGO UNICO. Usted señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, debe responder disciplinariamente, por haber sido electo y posesionarse como Concejal del Municipal de Puerto Carreño-Vichada, para el periodo 2016-2019, a pesar de presuntamente encontrarse inmerso en la causal de inhabilidad señalada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por el hecho de haber suscrito el Contrato de Prestación de Servicios No. VIC-MC020-2014 de 30 de octubre de 2014, con la Seccional Vichada del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, el cual ejecutó el 31 de octubre de 2014 en este municipio. Conducta que está tipificada como falta Gravísima conforme a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (CDU)”. (fl. 76). Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al

implicado, entre otras las siguientes: Constitución Política: “Artículo 312. En cada municipio habrá una corporación políticoadministrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la 1 Corte Constitucional, Sentencia C-315-2012. “La segunda se relaciona con el término previsto en el inciso 7 del artículo 59, que modificó el artículo 180 del CDU, cuyo texto dispone que antes de proferir el fallo, se dará traslado por dos (2) días a las partes, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado, que es de un día, para presentar alegatos de conclusión. Como se observa, la norma le concede además al sujeto disciplinado otro lapso de tiempo para mostrar los defectos jurídicos o fácticos de la decisión de primera instancia, dado que esta decisión debe guardar congruencia con los argumentos y pruebas que se han debatido a lo largo del proceso”. 3 población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta”. Ley 136 de 1994. “Artículo 43º.- Inhabilidades. . No podrá ser concejal:

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (…) en la

celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. (…)”. Ley 734 de 2002 CDU: Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”.

Calificando la falta cometida por el implicado de manera provisional como GRAVÍSIMA, comportamiento que se imputó a título de CULPA GRAVISIMA. (fls. 83-84). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Vichada al momento de proferir fallo de primera instancia tuvo en cuenta que existió tipicidad de la conducta, entendida como la vulneración de manera injustificada de un deber o una prohibición en cabeza de un servidor del Estado, resultando responsable disciplinariamente, cuando omite el cumplimiento de sus funciones, abusa de sus derechos, vulnera el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, lo anterior, sin estar amparado en las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la Ley 734 de 2002. 4 Del análisis y valoración a los medios de prueba, se estableció en grado de certeza la existencia de la falta disciplinaria atribuida al demostrarse que entre la fecha en que el investigado ARENAS CERON, suscribió el contrato (30-10-2014) y la fecha (25-10-2015) en que fue electo Concejal

no había transcurrido doce (12) meses. Se demostró que el ciudadano JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, el día 30 de octubre de 2014, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. VIC-MC-020-2014, con la señora GERLEY MEDINA TORRES, Gerente Seccional Vichada del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA., cuyo objeto fue: “EL SERVICIO DE LOGISTICA,

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE TALLERES PEDAGOGICOS,

ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y CHARLAS DE TRABAJO EN

EQUIPO, LIDERAZGO Y SUPERACIÓN PERSONAL, PARA LOGRAR

EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL ICA SECCIONAL VICHADA”, por valor $1.696.782 y plazo un (1) día. (fls 40 a 44). Contrato que fue cumplido a cabalidad por el investigado ARENAS CERON, lo que se deduce de las actas de inicio, recibo a satisfacción, suscrita entre las partes el día 31 de octubre de 2014, y liquidación de mutuo acuerdo de 29 de noviembre de 2014, (fls. 45 a 50 ). Por otra parte, el señor ARENAS CERON, el día 25 de octubre de 2015, fue declarado electo Concejal del Municipio de Puerto Carreño – Vichada, por el Partido Liberal Colombiano, por el período 2016-2019, tal como consta en el Formato Declaratoria de Elección E26-CON de 25 de octubre de 2015, suscrita por los miembros de la Comisión Escrutadora, y como consecuencia de dicha elección obra la correspondiente acta de

posesión en la Corporación en sesión del 2 de enero de 2016, ejerciendo el cargo de manera normal, tal como lo certificó la Secretaria de dicho Concejo el día 22 de agosto de 2016 (fls. 36, 37 y 137 a 141) En cuanto a los descargos o argumentos de defensa expuestos por el investigado JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, el a-quo sostuvo que debía tenerse en cuenta que la Sentencia del Consejo de Estado Sección Primera, No. 230012333000220160005201 - 12/15/2016, de manera precisa señala los parámetros para que un Concejal, pueda ser investigado por causal de inhabilidad tras la violación al régimen de inhabilidades por la celebración de contratos del artículo 40 de la Ley 617 del 2000) se requiere demostrar cualquiera de la siguientes situaciones: 5

I. Que la persona demandada PARA EL PRESENTE CASO INVESTIGADO intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.

II. Que el elegido tiene poder de control sobre el contrato o el contratista que se señala como objeto de la inhabilidad o, también,

III. cuando la celebración del convenio o contrato se celebre como contratista con el municipio para el cual salió electo.

Lo anterior considerando que la consagración de las causales de pérdida de investidura debe ser expresa y su interpretación estricta, lo que quiere decir que su deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos contenidos en la Constitución Política y la ley. Las pruebas son fundamentales para hacer o emitir una sanción.

Para el operador de primera instancia, en lo atinente al primer evento, se comprobó que el investigado JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, el día 30 de octubre de 2014, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. VIC-MC-020-2014, con GERLEY MEDINA TORRES, Gerente Seccional Vichada del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. En segundo lugar, es claro que tuvo pleno control sobre el contrato, porque fue quien lo suscribió y ejecutó de manera personal, y lógicamente fue a él quien el ICA, le canceló el valor del mismo, y en tercer lugar, el contrato se suscribió y ejecutó en Puerto Carreño – Vichada, tal como lo señala el numeral 2 del mismo, “2. LUGAR DE ENTREGA/ LUGAR DE EJECUCIÓN. Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación serán entregados en Puerto Carreño, previo acuerdo con el Supervisor”, y precisamente fue en esta población donde resultó electo concejal, para el período 2016-2019. (fl. 41). Según el acta de inicio del Contrato No. VIC-MC-020-2014, suscrita el 31 de octubre de 2014, por la señora HILDA SADITH BUSTOS OJEDA, Supervisora ICA, y el Contratista JAVIER ALBERTO ARENAS, así como acta de recibo a satisfacción de 29 de octubre y liquidación del contrato de Mutuo Acuerdo del referido contrato de 29 de noviembre de 2014, todas y cada una de dichas actas fueron suscritas en el municipio de Puerto Carreño – Vichada, municipio donde el investigado

posteriormente el 25 de octubre de 2015, fue electo Concejal. En lo atinente, el investigado solicita, que se decrete la suspensión del proceso por prejudicialidad, al tener en cuenta que la Corte 6 Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos segmentos normativos del numeral 4° del artículo 33 y del numeral 3° del artículo 40 de la Ley Orgánica de Presupuesto (Ley 617 del 2000), que contemplan como inhabilidad para inscribirse como diputado y concejal a quienes hayan intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros. Para el a-quo, dicho argumento no es compartido, pues como él mismo lo ha dicho, se trata de una simple demanda, que en absoluto es vinculante para el caso de autos, y mucho menos, si se tiene de presente que el régimen de inhabilidades aparece taxativamente señalado en dicha ley, al cual por demás, se deben someter todos los colombianos, en un Estado Social de Derecho como el nuestro, y que en su debido momento aspire a un cargo de elección popular, como en el caso de autos, y que si no lo respeta, está sujeto a que la justicia en determinado momento, haga el juicio de valores y le imponga la sanción correspondiente, en el evento de que se haya establezca que ha transgredido el orden legal. Por todo lo anterior, el investigado ARENAS CERON, vulneró el Régimen de Inhabilidades, situación que no genera duda alguna, como en reiteradas ocasiones la ha señalado Honorable Concejo de Estado – Sección Primera, en sentencia del 4 de septiembre de 2014, dentro de la

Radicación No. 08001-23-33-000-2013-0024-02- (PI), donde sobre el particular dijo: “5.8.- El caso concreto 5.8.1.- Si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico se apartó del precedente judicial cumpliendo con la carga argumentativa exigida para ello, esto es, dando cuenta de las razones y motivos que lo llevaron a hacerlo, la Sala reitera la posición que de tiempo atrás ha sido aplicada en estos casos, ya que no encuentra motivos convincentes que la lleven a modificar la regla jurídica adoptada en esta materia. 5.8.2.- En el plenario se encuentra acreditado: (i) que el demandado, en su calidad de representante legal de la Fundación Prodesarrollo Comunitario – FUNPRODEC, suscribió el contrato de aportes No 00002468 con una entidad pública (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)9, (ii) que fue elegido concejal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para el periodo constitucional 2012-201510, (iii) que la celebración del negocio jurídico referido se dio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, esto es, el 21 de enero de 2011, y las elecciones fueron realizadas el 30 de octubre del mismo año, (iv) que el 7 contrato debía ejecutarse en el Distrito de Barranquilla conforme la cláusula vigésimo octava, y (v) que reportó un interés. 5.8.3.- Como pude apreciarse, en el proceso se tiene plenamente acreditado que el concejal demando violó el régimen de inhabilidades y en consecuencia se encuentra incurso en la causal de pérdida de

investidura provista en la Ley 136 de 1994, artículo 55 numeral 2”. Por lo tanto, considera el fallador de primera instancia, que los argumentos expuestos por el investigado ARENAS CERON, no fueron lo suficiente, para desvirtuar el cargo endilgado, en su calidad de Concejal del municipio de Puerto Carreño – Vichada. Sobre la calificación de la falta y la culpabilidad, de la valoración probatoria, se concluyó, en grado de certeza, que el encartado incurrió en una conducta contemplada dentro del catálogo de faltas gravísimas que fija la Ley 734 de 2002, más exactamente, la citada en el numeral 17 de su artículo 48; así mismo, que actuó con culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento de conformidad como lo señala el parágrafo del artículo 44 ibídem, como era el de respetar el régimen de inhabilidades dispuestos, en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. “Además que en el Derecho Disciplinario la categoría dogmática de la tipicidad no es otra cosa que la descripción de la infracción sustancial a la norma; precepto que consagra el deber funcional sin que tenga que acudirse a otro elemento para establecer el ilícito disciplinario, por lo tanto este se construye sobre la base de la teoría de norma subjetiva de determinación, que prescinde de un todo del resultado, porque para infringir el deber basta que el servidor público conozca que está obligado (caso específico, tener de presente el régimen de inhabilidades) y a su vez tenga conciencia individual de la acción y se abstenga de accionar

en contra del ordenamiento legal en general, para así predicar la existencia de una culpa gravísima. Lo que nos conlleva a concluir que los elementos citados concurren en la conducta objeto de esta decisión. Por lo tanto la conducta del Concejal, implica el desconocimiento del deber funcional, hecho este que va en contra de derecho y de la filosofía del Estado Social de Derecho, por no tener de presente las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, las cuales le señalan, si estaba habilitado para desarrollar las funciones del cargo para el cual fue electo, por lo tanto, su proceder dista de los principios éticos y morales que debe profesar todo servidor público, hecho que trae 8 como consecuencia la falta de honestidad y transparencia del proceder del disciplinado, lo cual conlleva a que en últimas, este incurso en falta Gravísima a título de Culpa Gravísima”. Respecto de los criterios para la graduación de la sanción a imponer al disciplinado, se acudió al artículo 44 del Estatuto Disciplinario, que prevé las clases de sanciones para cada tipo de falta disciplinaria y señala que para un comportamiento, por tanto, la sanción impuesta fue la Destitución del Cargo e Inhabilidad General, con la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 literal d), de la Ley 734 de 2002, por el término de Diez (10) años, teniendo en cuenta que: (i) con sus acciones y omisiones infringió disposiciones legales, como fue el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley

617 de 2000, así como el numeral 17 del artículo 48 Ley 734 de 2002, concordante con el numeral 1° del artículo 47 del CDU. (g) el grave daño social de la conducta y (j) por el conocimiento pleno de la ilicitud y su realización consciente y voluntaria, sin tener de presente que este servidor público, como representante de la comunidad de Puerto Carreño, es a quien más responsabilidad y prerrogativas se le otorga propias de su investidura de Concejal, mayores exigencias se le piden a la hora de desarrollar sus tareas y deberes públicos, pues resulta ser el referente ético, moral, particular y a imitar en la administración pública, de manera tal que por ello recibirá con mayor severidad la sanción (fls. 122-129). RECURSO DE APELACIÓN El disciplinado JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, dentro de la audiencia de fallo, impugnó y sustentó el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Vichada, aduciendo lo siguiente: 1.- No siempre la celebración de un contrato por un concejal configura inhabilidad. El Consejo de Estado señala que se requiere demostrar cualquiera de las siguientes situaciones:

I. Que la persona demandada (investigada) intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.

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II. Que el elegido tiene poder de control sobre el contrato o el contratista que señala como objeto de la inhabilidad o, también por la naturaleza del contrato no se generó nepotismo o demagogia

que afecte la transparencia de su elección o que su lectorado se vio seducido ilegalmente por el poder del contratista.

III. Cuando la celebración del convenio o contrato se celebre como contratista con el municipio para el cual salió electo.

Ha sido una tesis difícil de platear en el sentido que la norma no restringe el ámbito geográfico del lugar donde se ejecuta el contrato, lo confunde el hecho de que el ICA como entidad tenga sus instalaciones en Puerto Carreño, sin que sea ese el contenido normativo, la que pretende evitar que el municipio donde se es electo no se tenga poder contractual o nominador, y para este caso, el contrato no se suscribió o con el municipio ni se desarrolló en ese ente territorial o entes con el relacionados. 2.- Improcedencia de la aplicación de la responsabilidad objetiva en el fallo impugnado. Se debe efectuar un verdadero juicio subjetivo, sin que exista prueba que el contrato haya servido como herramienta para la obtención de votos de manera no transparente, por tanto, mal podría perderse la investidura por una conducta ajena a su ejercicio político, y que no afecta la protección del principio democrático del ejercicio pulcro de la función que pretende la norma. Es este caso, solo se comprobó el hecho y la norma, evaluación prohibida por el proceso disciplinario, pues debió determinarse si la conducta y los hechos vulneraron la transparencia de la función de concejal, ya que el contrato no generó nepotismo no demagogia, pero en gracia de discusión, la peor sanción que debería generar sería la nulidad de la respectiva elección legislativa, más no la muerte política.

La pérdida de investidura tiene las siguientes características:

I. Constituye un verdadero juicio de responsabilidad que acarrea la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional.

II. La sanción es jurisdiccional porque de competencia exclusiva de un juez.

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III. La sanción más grave que puede imponerse a un congresista es la separación inmediata de las funciones y la inhabilidad permanente para serlo en el futuro.

IV. Los procesos de pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el elegir y ser elegido.

Por esto, las normas constitucionales que consagran la pérdida de investidura deben ser interpretadas de manera armónica con el artículo 29 de la Carta. En este sentido, los numerales 1, 2 y 7 del artículo 40 y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyen este derecho como categoría básica del ejercicio de la ciudadanía, el cual no pue ser sometido a restricciones indebidas. Así, debe realizarse un análisis subjetivo del alcance, el objeto y la incidencia del contrato y su correlativa incidencia en los bienes tutelados por la norma aplicada. Por tanto, no existe prueba que tenga la incidencia para que llegara a afectar la finalidad del al pérdida de investidura, que no es otra que la de rescatar el prestigio y la responsabilidad del Concejo Municipal y garantizar el ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad que allí se adelanta por quien representa la voluntad popular. En aras de una sana discusión, podría hipotéticamente predicarse una

nulidad de la elección, más no una pérdida de investidura. La pérdida de investidura no puede fundarse en una inhabilidad, peros si se alega esta como una causal, debe tratarse de un hecho u omisión realizado para menoscabar los derechos éticos y constitucionales que se tutelan, como se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de marzo de 2001, al señalar que el proceso de nulidad electoral es un juicio sobre la juridicidad de un acto administrativo, mientras que en el proceso de pérdida de investidura de juzga la conducta del demandado desde el punto de vista de su ilicitud, y hallándosela contraria a derecho. De esta manera, un contrato que tiene relación con la preparación de talleres no constituye causal para la investigación, ya que por vía de excepción se sabe que las actividades docentes se excluyen de aquellas que puedan ser catalogadas como inhabilidad o incompatibilidad, y no existe prueba que con la ejecución de un (1) días se haya tenido provecho o productividad de carácter electoral como para predicar que se manipula al electorado a través de esa ejecución, como tampoco que 11 el concejal haya tenido injerencia en la celebración de contratos o en el manejo de presupuesto, o en la subordinación política de otros. 3.- Solicita el disciplinado la suspensión del proceso por prejudicialidad, al considerar que no puede adelantarse la presente investigación al tener en cuenta que la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos segmentos normativos del numeral 4 del artículo 33 y del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que contempla como inhabilidad para inscribirse como diputado

o concejal a quienes hayan intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o ajeno. Prejudicialidad que se estructura siempre que en un proceso surge alguna cuestión sustancial que deba ser decidida en una causa diferente pero conexa. A su vez, el disciplinado, mediante escrito del 1º de agosto de esta anualidad, presentó alegatos de conclusión previo a fallo de segunda instancia, donde reiteró los mismos argumentos de la apelación, como fue la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad y la improcedencia de la aplicación de la responsabilidad objetiva (fls. 150155). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, señala que: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación”. Previo a entrar a resolver cada uno de los planteamientos de la impugnación, no sobra aclarar que el hecho que generó este proceso disciplinario no ha sido rebatido por el apelante, cual es la existencia del contrato y su ejecución, por tanto, la Delegada no considera que debe entrarse a debatir sobre esos tópicos, lo cuales se encuentran total y plenamente demostrados. En el caso sub-examine, el disciplinado sustentó el recurso de apelación en tres (3) hechos determinantes, así: 1.- La prejudicialidad del proceso disciplinario por la aceptación de una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional,

respecto de la norma imputada como vulneratoria de la ley disciplinaria. 12 Sobre este particular esta Delegada no procederá a determinar si efectivamente existe la demanda aludida por el señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, o si la misma fue o no admitida por la Corte Constitucional, pues aquí lo relevante y cierto, es que la norma endilgada como violentada con su actuación, para el momento de los hechos, así como para el instante en que se profirió el fallo de alzada se encontraba vigente, y aún lo está, de tal suerte, que es plenamente aplicable sin ninguna restricción y, por ende, el encartado debe entrar a responder disciplinariamente dentro de este proceso, sin que sea procedente la suspensión solicitada. Aunado a esto, no debe pasarse por alto, que es la Corte Constitucional quien en su sabiduría debe determinar, al momento de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, si suspende la norma acusada, por tanto, no es a este órgano de control disciplinario a quien le compete resolver sobre la petición planteada por el encartado. 2.- No siempre la celebración de un contrato por un concejal configura inhabilidad. El planteamiento del señor JAVIER ALBERTO ARENAS CERON, se circunscribe a señalar que para el Consejo de Estado, al tratar el tema de la causal de inhabilidad por la violación al régimen de inhabilidades por la celebración de contratos, sostuvo que se requiere demostrar cualquiera de las siguientes situaciones para que se configure dicha causal, como son:

I. Que la persona demandada (investigada) intervino en la gestión de

negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.

II. Que el elegido tiene poder de control sobre el contrato o el contratista que señala como objeto de la inhabilidad o, también por la naturaleza del contrato no se generó nepotismo o demagogia que afecte la transparencia de su elección o que su lectorado se vio seducido ilegalmente por el poder del contratista.

III. Cuando la celebración del convenio o contrato se celebre como contratista con el municipio para el cual salió electo.

Sin embargo, debe aclararse que la manifestación del Consejo de Estado se realizó dentro de un proceso de perd