PGN - INTERVENTOR - Debe verificar y controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto d

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación N° 154-91502-03 Disciplinados Álvaro Aguirre, José Calixto Mejía y Jorge Cantillo Raudales Cargo y entidad Secretarios de Infraestructura y profesional Universitario de la Gobernación del Cesar Quejoso De oficio Fecha Informe 12 de marzo de 2003 Fecha Hechos Años 2003 a 2005 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2008

I. ASUNTO Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por los disciplinados en contra del fallo de primera instancia proferido por el Procurador Regional del Cesar, el 16 de junio de 2008.

II. ANTECEDENTES El Gobernador encargado del departamento del Cesar doctor GUILLERMO CASTRO DAZA, solicitó al Contralor General de la República, el ejercicio del control excepcional en el departamento, por presuntas irregularidades en la contratación realizada por la entidad territorial, durante la vigencia 2002, con recursos de regalías.

Mediante auto del 29 de agosto de 2003, el señor Procurador General de la Nación, designó a las asesoras AMANDA NAUZÁN y NUBIA VIDAL, para adelantar las diligencias pertinentes, hasta el auto de cargos. (Folios 1-13 cuaderno 1) Mediante auto del 26 de abril de 2005, las referidas asesoras ordenaron iniciar indagación preliminar en averiguación de responsables, por las posibles irregularidades de carácter contractual y por auto del 31 de enero de 2006, se ordenó apertura de investigación contra de los señores ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ y

JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, en su condición de Secretarios de Infraestructura del departamento del Cesar y JORGE CANTILLO RAUDALES y SANDRA LÓPEZ, profesionales universitarios e interventores, por las posibles irregularidades derivadas de la ejecución del contrato No. 105 de 2002 y ordenó el archivo definitivo en relación con los contratos Nos. 069, 092 y 120 de 2002. (Folios 20-21; 106-112 cuaderno 1) La decisión del 31 de enero de 2006, se notificó a la señora SANDRA MARGARITA LÓPEZ ÁVILA vía E-mail, y ante la imposibilidad de notificar personalmente el auto de apertura a los otros investigados, se fijó edicto en la Secretaría del 14 al 26 de febrero del mismo año. (Folios 122-131) Posteriormente, el 19 de octubre de 2006, se formuló pliego de cargos en contra de los disciplinados ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ y JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, en su calidad de Secretarios de Infraestructura del Cesar y de JORGE CANTILLO RAUDALES, profesional universitario e interventor del contrato No. 105 de 2002, por incumplimiento de las obligaciones contractuales y un indebido incremento patrimonial del contratista, y ordenó el archivo a favor de SANDRA

MARGARITA LÓPEZ ÁVILA.

1 Las pruebas de descargos se ordenaron por auto del 21 de febrero de 2007, y el 6 de junio del mismo año, se ordenó remitir por competencia las diligencias a la Procuraduría Regional del Cesar, para proferir fallo de primera instancia. El 5 de julio

de 2007, la Procuradora Regional encargada dio traslado a las partes para alegatos de conclusión. (Folios 1-14; 93-94; 103 cuaderno 4) Agotado el trámite procesal, el 16 de junio de 2008, el Procurador Regional del Cesar, profirió fallo de primera instancia, sancionando disciplinariamente a los señores ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ, en su condición de Secretario de Infraestructura departamental, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, en su calidad Secretario de Infraestructura del Cesar, con suspensión en el ejercicio del cargo por seis (6) meses, y al señor JORGE CANTILLO RAUDALES, como profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura e interventor del contrato No. 105 de 2002, por el término de tres (3) meses. (Folios 152-193 cuaderno 4) La anterior determinación fue recurrida oportunamente por los apoderados de los disciplinados, ÁLVARO AGUIRRE y JOSÉ CALIXTO MEJÍA y por el investigado, JORGE CANTILLO RAUDALES, por lo que el 7 de julio de 2008, el Procurador Regional, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, contra el fallo sancionatorio proferido por el despacho, correspondiéndole a ésta Delegada conocer en segunda instancia. (Folios 294-234 cuaderno 4)

III. DE LOS CARGOS FORMULADOS Mediante decisión del 19 de octubre de 2006, se formuló pliego de cargos en contra

de los disciplinados ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ y JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, en su calidad de Secretarios de Infraestructura de la Gobernación del Cesar y de JORGE CANTILLO RAUDALES, profesional universitario e interventor del contrato No. 105 de 2002, por incumplimiento de las obligaciones contractuales y un indebido incremento patrimonial del contratista, ROBERTO GÓMEZ FRAGOSO. Del cargo formulado al señor ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ En el pliego, se reprochó al disciplinado no exigir al contratista el cumplimiento del contrato No. 105 de 2002, permitiendo un injustificado enriquecimiento a favor del contratista. Para soportar lo dicho señaló que si bien la ejecución del contrato inició el 20 de diciembre de 2002, al momento de tomar posesión de su cargo el 14 de marzo de 2003, el señor AGUIRRE RAMÍREZ, “no desplegó las acciones necesarias y efectivas para obligar al contratista al cumplimiento del contrato”, limitándose a suscribir las actas de reinicio del 18 de julio de 2003, la de suspensión del 31 de julio y de reinicio del 15 de septiembre del mismo año, sin que se observe una decidida actuación en cumplimiento de sus funciones, propiciando con ello el indebido incremento en el patrimonio del contratista ROBERTO GÓMEZ FRAGOSO, en la suma de $48.954.292. El contratista explicó su incumplimiento alegando que la Gobernación no había cumplido su compromiso de suministrar el equipo de perforación, pero dicha

obligación no se encuentra expresada en el contrato, ni en la propuesta, ni en los términos de referencia y tampoco en el proyecto inscrito en el Banco de proyectos. 2 En el pliego se reprochó al disciplinado por no haber sido diligente, modificando mediante un otrosí, o aclarando las dudas en torno a las obligaciones de las partes, añadiendo que podría haber oficiado a la Oficina Jurídica del departamento para que incluyera la obligación del suministro de la perforadora en el negocio jurídico, reiterando que no se evidenció ninguna actividad o acción por parte del disciplinado para el cumplimiento de los fines del contrato que era la perforación y construcción de dos pozos profundos para el sistema de acueducto de la cabecera municipal de Chiriguaná. Para desvirtuar el cargo, el disciplinado manifestó en su versión libre que al inicio de su gestión solicitó un informe detallado de las obras a los interventores, y el señor JORGE CANTILLO le informó que el contrato en cuestión se encontraba suspendido por que el departamento no había proporcionado la máquina perforadora que era de la Secretaría de Agricultura, explicando que no había contrato con el técnico operador de la perforadora, que después fue enviada para realizar otros trabajos en el sur del Cesar, y solamente hasta el 31 de diciembre de 2003, se puso a disposición de la Secretaría de Infraestructura la máquina, fecha hasta la que estuvo vinculado con el departamento. El señor ÁLVARO AGUIRRE con su conducta incumplió los fines de la contratación, los derechos y deberes de las entidades estatales, desconociendo el principio de responsabilidad, señalando como normas presuntamente violadas, los artículos 123

de la Constitución Política; 3, 4 numerales 1, 2 y 9, 26 numerales 1, 2 y 4 de la ley 80 de 1993; el numeral 14 del Manual de Funciones, adoptado por el decreto No. 0519 del 21 de diciembre de 2001 y el artículo 34 numeral 1 y 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002. La falta se calificó provisionalmente como GRAVÍSIMA a título de CULPA GRAVÍSIMA, por desatención elemental. Del cargo formulado al señor JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO En el pliego, se reprochó al señor MEJÍA NARANJO, en su condición de Secretario de Infraestructura del departamento, no exigir al contratista el cumplimiento del contrato No. 105 de 2002, permitiendo un injustificado enriquecimiento a su favor. En este cargo también se reconoce que el disciplinado realizó algunas diligencias para exigir al interventor del contrato JORGE CANTILLO RAUDALES, el cumplimiento y vigilancia del contrato, actividades “que no tuvieron la fuerza para verificar que efectivamente el contrato 105 de diciembre 5 de 2002 se llevara a cabo, como tampoco fueron suficientes para compelir al contratista al cumplimiento del negocio, más aún cuando por vencimiento de las pólizas no fue posible declarar el siniestro y hacerle efectivos los amparos”. Para soportar lo dicho señaló que a pesar que se demostró que el señor JOSÉ CALIXTO MEJÍA, requirió al interventor, mediante oficios del 12 y 25 de febrero, 1y 6 de abril, 12 y 31 de mayo, 28 de junio, 9 y 20 de agosto, 29 de octubre y 22 de

noviembre de 2004, para que informara sobre el estado del contrato, o para el cumplimiento de sus obligaciones de interventor, tales diligencias no tuvieron ningún efecto para que el contrato se cumpliera. En algunos casos, el interventor no atendió los requerimientos, por lo cual, se ofició a la Oficina de Control Interno 3 departamental, para que se investigara la conducta del señor JORGE CANTILLO RAUDALES, profesional de la Secretaría de Infraestructura. Igualmente agregó que la negligencia en el cumplimiento de sus funciones y la indiferencia frente a los recursos públicos que debía proteger, se evidenció porque solamente hasta el 3 de diciembre de 2004, casi dos años después de la firma del contrato y once (11) meses después de que asumiera como Secretario de Infraestructura, informó a la Oficina Asesora Jurídica sobre el incumplimiento del contrato, y hasta el 1 de diciembre de 2005, el disciplinado remitió a la Jurídica el proyecto de resolución de liquidación unilateral del contrato, sin que el disciplinado se haya apersonado de la situación, pues estaba en juego el patrimonio del Estado, ya que las pólizas vencieron el 11 de enero de 2004, y no se había amortizado la totalidad del anticipo, generando un detrimento al patrimonio del estado de $48.954.292, por valores pagados y dejados de ejecutar correspondientes al anticipo y al acta de recibo parcial de obra No. 1, tal como se señaló en la liquidación unilateral del contrato. Agregó que el disciplinado fue negligente al no exigir el cumplimiento del contrato o la devolución de lo pagado y no ejecutado. En mayo, junio y noviembre de 2004, el

disciplinado indica al interventor como debe coordinar la operación de las máquinas, pero nada dice respecto del cumplimiento del contrato, ni de la ampliación de las pólizas, asunto del que solo se ocupa hasta el 29 de noviembre de ese año, cuando le advierte de su incumplimiento. (Folio 98 cuaderno 2) Para terminar, se cuestionó al disciplinado, por no intentar el cumplimiento del contrato o en su defecto, acordar con el contratista una fórmula de arreglo respecto de las divergencias presentadas, para que los recursos públicos no se vieran afectados, reproche que responde en su versión libre señalando que se mantuvo permanentemente informado y adelantó gestiones tendientes al cumplimiento del contrato, como la contratación del operario para la perforadora, insistiendo al contratista y al interventor para que se cumpliera el objeto contractual. Para explicar la razón de liquidar unilateralmente el contrato, el disciplinado señaló que la Oficina Jurídica conceptuó que ya no era procedente declarar la caducidad del contrato, sino su liquidación, pero al no comparecer el contratista, se realizó unilateralmente. El contratista presentó una propuesta de reintegro de los mayores valores pagados, proponiendo entregar algunos elementos para tal efecto. En lo que respecta a la ampliación de las pólizas señaló que no fue informado que estarían por vencerse el 11 de enero de 2004, a pocos días de su posesión, solamente el interventor le comunicó que el contrato No. 105 de 2002, se encontraba suspendido, a la espera del equipo de perforación, explicaciones que no fueron

aceptadas por los asesores, al considerar que el disciplinado “en ningún tiempo asumió de manera directa lo acaecidos con el contrato objeto de cuestionamiento, pues al afirmar que oficiaba insistentemente al interventor para que se reiniciaran las obras, sin que tomara las riendas del negocio jurídico así lo indica.” Y aceptó de manera complaciente el reiterado incumplimiento del contratista, y solo tardíamente advirtió a la Jurídica del incumplimiento, debiendo velar por la ejecución del contrato cuestionado. En el cargo se señaló que con su conducta, el señor JOSÉ CALIXTO MEJÍA posiblemente incumplió los fines de la contratación, los derechos y deberes de las 4 entidades estatales, desconociendo el principio de responsabilidad, indicando como normas presuntamente violadas, los artículos 123 de la Constitución Política; 3, 4 numerales 1, 2 y 9, 26 numerales 1, 2 y 4 de la ley 80 de 1993; el numeral 14 del Manual de Funciones adoptado por el decreto 0519 de 2001 y los numerales 2 y 8 del decreto No. 012 del 13 de enero de 2005 y el artículo 34 numeral 1 y 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002. La falta se calificó provisionalmente como GRAVÍSIMA a título de CULPA GRAVÍSIMA, por desatención elemental, pues como líder de la Secretaría de Infraestructura, debió velar por la correcta ejecución del contrato. Del cargo formulado al señor JORGE CANTILLO RAUDALES Al disciplinado CANTILLO RAUDALES, se le reprochó el incumplimiento de sus

labores de interventor del contrato No. 105 de 2002, lo que permitió el indebido incremento patrimonial del contratista, pues desde el inicio de sus actividades de interventoría, no desplegó las acciones tendientes al cumplimiento del contrato al no compeler al contratista para que ejecutara el objeto en los términos pactados. Las obligaciones del interventor se indicaron en la cláusula octava del contrato, entre las que les correspondía resolver las consultas del contratista, hacer las observaciones pertinentes, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar las obras, rendir informes escritos de todos los actos u omisiones durante la ejecución del contrato a la Oficina Jurídica del departamento, sin perjuicio que ésta independientemente pueda adelantar visita para constatar la ejecución de la obra, actividades que no se realizaron por el interventor. Desde el 24 de enero de 2003, se le solicitó solucionar los problemas para el traslado de la perforadora, sin que en los términos de referencia, el contrato o la propuesta se contemple esta obligación a cargo del departamento, simplemente ordenó la suspensión el 27 de enero del mismo año, sin que se advierta gestión alguna para resolverlos, debiendo informar a la Oficina Asesora Jurídica sobre la situación, o solicitar instrucciones, sino que por el contrario, fue negligente, como se observa por la solicitud del contratista del 26 de junio de 2003, en que solicita al Gobernador tomar las medidas respectivas. El 21 de julio del mismo año, se suscribió el acta de reinicio, pero por daños en la bomba de lodos debió suspenderse nuevamente el 31 de julio hasta el 15 de septiembre de 2003.

Según logró establecerse el 15 de noviembre de 2003, debió suspenderse nuevamente por la falta del equipo de perforación, pero no se advierte gestión alguna del interventor para solucionar el problema, ni tampoco informó oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica, ni conminó oportunamente al contratista a ampliar la vigencia de las pólizas que amparaban el cumplimiento del contrato, las cuales vencieron el 11 de enero de 2004, sino que lo hizo extemporáneamente el 13 de enero, el 3 de febrero, el 7 de julio, el 29 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre de 2004, permitiendo con su negligencia que la administración fuera burlada, al no exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, ni alertó en tiempo a la Jurídica para que por su intermedio, se ejercieran las acciones pertinentes, sino que esperó hasta el 25 de agosto de 2004 (20 meses) cuando ya habían vencido las pólizas. El disciplinado en su versión manifestó que siempre informó de la situación a la Oficina Jurídica, para que declarara el incumplimiento e hiciera efectiva la cláusula pecuniaria, al Secretario de Infraestructura y al contratista, quien dilató la ejecución 5 del segundo pozo, obras que se cumplieron en un 50%, excusas que no aceptaron los asesores al considerar que el interventor fue permisivo y tolerante con el contratista incumplido. Con fundamento en tales argumentos, se consideró que con su conducta el señor CAMPILLO RAUDALES, desconoció los preceptos constitucionales contenidos en el

artículo 123, los artículos 3, 4 y 26 de la ley 80 de 1993, los numerales 8.2 y 8.7 de la cláusula octava del contrato No. 105 de 2002, los deberes que como servidor público le corresponden contenidos en el artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, calificando provisionalmente la falta como GRAVÍSIMA a título de CULPA GRAVÍSIMA, por desatención elemental, al tenor de lo establecido por el numeral 31 del artículo 48 del mismo ordenamiento.

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Regional del Cesar, en proveído del 16 de junio de 2008, sancionó disciplinariamente a los señores ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ y JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, en su calidad de Secretarios de Infraestructura del departamento del Cesar y JORGE CANTILLO RAUDALES, en su condición de profesional universitario de la misma dependencia e interventor del contrato No. 105 de 2002, con suspensión de un (1) mes, seis (6) meses y tres (3) meses en el ejercicio del cargo, respectivamente. (Folios 152-193 cuaderno 4) Los principales argumentos que soportan el fallo de primera instancia se relacionan con el incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, sin que la administración departamental haya adoptado oportunamente las medidas para requerir el cabal cumplimiento del mismo. Igualmente, por haber dejado vencer las pólizas de cumplimiento, dejando al departamento sin herramientas para recuperar por dicha vía los dineros entregados al contratista.

Contrariamente a lo expresado en el pliego de cargos, el A quo, consideró que la administración no cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato, entre las que se encontraba el traslado oportuno de los equipos de perforación de propiedad del departamento, a la cabecera municipal donde se iban a ejecutar las obras. Finalmente señaló que los hechos derivaron un injustificado incremento en el patrimonio del contratista, añadiendo que al momento de la apertura de investigación disciplinaria, aún no se había recaudado la prueba que demostrara la recuperación de los recursos por parte de la Gobernación del departamento del Cesar. En lo que respecta a la conducta del señor ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ, se le reprochó omitir exigir al contratista el cumplimiento del contrato, permitiendo el injustificado incremento patrimonial, por cuanto durante el ejercicio de su cargo, del 14 de marzo al 30 de diciembre de 2003, no desplegó las acciones necesarias y efectivas para que el contratista cumpliera el contrato. (Folios 182-185 cuaderno 4) Sin embargo, el A quo señaló que el 18 de marzo de 2003, ofició al interventor para informarle sobre el traslado de la perforadora al lugar de las obras, y el 1 de julio de 2003, requiere al interventor para que solicite al contratista la ampliación de las pólizas, que se amplían hasta enero de 2004. 6 El 18 de julio de 2003, se firma el reinicio de las obras, que debieron suspenderse nuevamente el 31 de julio del mismo año, por que la perforadora fue requerida de

urgencia en otro lugar y “participa activamente” en la expedición del acta parcial del 8 de agosto de 2003, recibiendo a satisfacción la construcción del primero de los pozos profundos contratados. El 15 de septiembre del mismo año, se reanudan las obras y se prorroga el término del contrato por treinta (30) días, sin embargo, el 15 de noviembre debieron suspenderse los trabajos, porque la perforadora no había sido trasladada al sitio de las obras. Para terminar, el 30 de diciembre de 2003, el señor AGUIRRE ofició al interventor para que coordinara el traslado del equipo para la construcción del segundo pozo, concluyendo la primera instancia que en los últimos meses, se evidenció falta de control en la ejecución de los trabajos por parte del interventor que debía ser supervisado por el disciplinado, así como en la gestión para el suministro de la perforadora, pues no obstante que el equipo pertenecía a la Secretaría de Agricultura, le faltó diligencia para disponer del mismo en la oportunidad en que fue requerido. De otra parte, el A quo reconoce que era una obligación del departamento suministrar el equipo de perforación para realizar el contrato, sin que se hubiere advertido su gestión para lograr la construcción del segundo pozo de Chiriguaná, al no observarse eficacia en las acciones del disciplinado para que se cumpliera el objeto contractual. En lo que se refiere a la conducta del señor JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO, el Procurador Regional del Cesar, consideró que si bien se advierten algunas diligencias tendientes a exigir al interventor del contrato el cumplimiento y vigilancia

de las obras, no representaron acciones concretas para que se cumpliera, ni para neutralizar al contratista frente al notorio incumplimiento, sumado a que por el vencimiento de las pólizas, no fue posible hacer efectivos los amparos. (Folios 175179 cuaderno 4) A continuación el A quo enumeró las actuaciones del disciplinado en su condición de Secretario de Infraestructura Departamental, concluyendo que dichas actuaciones no tuvieron ningún efecto para la consecución de los fines de contratación estatal, reprochándole que solamente hasta el 3 de diciembre de 2004, haya informado a la Oficina Asesora Jurídica sobre el incumplimiento del contrato, cuando ya habían pasado dos años desde el inicio de las obras, cuestionándole también haber elaborado el acta de liquidación unilateral del contrato solamente hasta el 1 de diciembre de 2005, destacando grave negligencia en el cumplimiento de sus funciones, para concluir que “el disciplinado no se apersonó oportunamente del contexto administrativo del negocio jurídico objeto de investigación, donde estaba en juego el patrimonio del Estado”. Así mismo agregó que al vencimiento de las pólizas, no implementó los mecanismos legales de manera eficaz, para que el contratista devolviera los recursos no ejecutados por concepto del anticipo y el acta parcial No. 1, reproche que el disciplinado aclaró pues en el informe preliminar del interventor, no fue advertido que las pólizas estaban próximas a vencerse, sino que el contrato estaba suspendido, a la espera del equipo de perforación, toda vez que no contaba con herramientas

distintas de la información del interventor para detectar el vencimiento, no obstante que requirió a los interventores para la organización del archivo. 7 También se le reprochó que en los innumerables oficios no se hubiera requerido por el incumplimiento al contratista, sino que solamente hasta el 29 de noviembre de 2004, se deja constancia expresa de ello, increpándole no haber convenido con el contratista una formula de arreglo frente a las divergencias presentadas, para que los recursos no se vieran afectados, pues solo advierte un pago de $2.000.000 por parte del contratista el 24 de noviembre de 2006. Sobre este tema, el A quo agregó que el disciplinado tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo con el contrato No. 105 de 2002, “y no puso en marcha de manera resuelta y pertinente los mecanismos que le otorgaba la ley a fin de evitar que la situación de parálisis e incumplimiento del objeto contractual convenido y que en ese momento ya se exhibía, se prolongara por varias vigencias hasta convertirse en un escenario inmanejable, caracterizado por el aprovechamiento injusto por parte de un particular y tolerado por la administración departamental a través del servidor público que aquí se le cuestiona.” (Folio 178 cuaderno 4) Por lo anterior, el fallador de instancia consideró que los argumentos del disciplinado no son de recibo, “pues en ningún momento asumió de manera directa lo acaecido con el contrato objeto de cuestionamiento, pues afirmar que oficiaba insistentemente al interventor para que reiniciaran las obras, sin que tomara el control del negocio

jurídico así lo indica,” y de manera complaciente, permitió el reiterado incumplimiento del contratista, sin la eficacia que el asunto ameritaba, pues solo de manera tardía solicitó a la Oficina Jurídica la aplicación de medidas efectivas, ya que como Jefe de la Secretaría de Infraestructura, tenía la obligación y el deber legal de velar por la debida ejecución del contrato cuestionado, pero su actitud omisiva y poco diligente condujo a que no se resolvieran los problemas oportunamente, con el menoscabo de los recursos públicos. Para el caso del interventor JORGE CANTILLO RAUDALES, se le endilgó responsabilidad por omitir en debida forma las labores de interventor, permitiendo un indebido incremento en el patrimonio del contratista de $48.594.292.50, por valores pagados y dejados de ejecutar correspondientes al anticipo y al acta de recibo parcial de obras No. 1, pues desde el principio no ejerció sus funciones en debida forma, al no desplegar las acciones tendientes al cumplimiento del contrato, exigiendo al contratista la ejecución idónea del objeto, en los términos pactados. (Folios 179-182 cuaderno 4) El A quo señaló que el disciplinado incumplió lo establecido en la cláusula octava del contrato, que contiene las obligaciones del interventor, destacando las de resolver las consultas del contratista, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, practicar inspecciones a las obras, rendir informes escritos de todos los actos u omisiones en la ejecución del contrato a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos del departamento, sin perjuicio de las acciones que esta oficina realice visitas para constatar su

ejecución y el cumplimiento de lo pactado, toda vez que de las pruebas, no es posible establecer las actividades desplegadas por el interventor para solucionar las inquietudes del contratista, ni para exigirle el cumplimiento del contrato. El 24 de enero de 2003, mediante oficio el contratista solicitó al Secretario de Infraestructura, con copia al interventor, solucionar los problemas para el traslado del equipo de perforación y el 27 del mismo mes y año, se suscribió el acta de suspensión del contrato, sin que se advierta actividad alguna del interventor para resolver el problema, toda vez que en los términos de referencia, en la propuesta, ni en el contrato, se encontraba estipulada dicha información, debiendo solicitar 8 instrucciones a la Oficina Jurídica para resolver el problema, sino que por el contrario, su conducta fue tan negligente que el mismo contratista, cinco (5) meses después, el 26 de junio de 2003, solicitó nuevamente que se tomaran las medidas para reiniciar el contrato, que fue interrumpido en varias ocasiones por el daño de la bomba de lodos y otros inconvenientes, por lo cual se solicitó adicionar en treinta (30) días más el término del contrato. Sin embargo, el contrato debió suspenderse nuevamente el 15 de noviembre de 2003, por que el equipó de perforación aún no había sido trasladado al municipio de Chiriguaná, sin que exista alguna gestión del interventor para resolverlo, ni le informó a la Jurídica para que le indicara las medidas a tomar. Nótese que en algunos apartes del fallo se acepta la obligación del

departamento de suministrar la perforadora y en otros no. También le reprocha que no exigió oportunamente al contratista la ampliación de las pólizas que vencían el 11 de enero de 2004, sino extemporáneamente por oficios del 13 de enero, 3 de febrero, 7 de julio, 22 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2004, pero ante el reiterado incumplimiento del contratista, no se tomaron las medidas, ni se alertó a la Oficina Jurídica, para que por su intermedio se ejercieran las acciones pertinentes, y solamente hasta el 25 de agosto de 2004, el interventor puso en conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica, el incumplimiento del contratista de los requerimientos para que ampliara las pólizas, cuando se encontraban expiradas y aplicara las multas y la cláusula penal pecuniaria, contenidas en las cláusulas vigésima y vigésima primera del contrato. (Folio 189 cuaderno 2) Sobre el tema, el disciplinado manifestó en su versión libre que por virtud del contrato No. 105 de 2002, el departamento aportaría bienes y servicios que consistían en el traslado del equipo de perforación al lugar de las obras, que el contrato se suspendió en tres oportunidades y se prorrogó el plazo cuarenta y cinco (45) días. De la construcción del pozo 1 se levantó un acta de entrega, pero para continuar hubo incumplimiento de la administración al no suministrar el equipo, sumado al desinterés del contratista para la construcción del segundo pozo. Frente a las exculpaciones del disciplinado, el A quo, consideró que si bien en su

condición de interventor ofició permanentemente al contratista, no comunicó oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica sobre su incumplimiento como era su deber, para que se tomaran las acciones correspondientes, sino que por el contrario, fue permisivo y tolerante, permitiendo la expiración de las pólizas, dejando sin herramientas legales a la Gobernación, para obtener la restitución de la suma de $48.954.292.50 Por lo anterior, declaró disciplinariamente responsables de los cargos formulados a los señores ÁLVARO AGUIRRE RAMÍREZ, JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO y JORGE CANTILLO RAUDALES, calificando definitivamente las faltas como GRAVÍSIMAS a título de CULPA GRAVE, aduciendo que los disciplinados no tuvieron el cuidado necesario, para el despliegue de sus deberes funcionales, incumpliendo el deber de observar la Constitución y las leye