PGN - IUR 26399

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para que prospere CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Acumulación de pretensiones/ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES-Requisitos para que el demandante pueda acumular en una misma demanda varias pretensiones De conformidad con el artículo 145 del C.C.A., procederá la acumulación de pretensiones y procesos, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil. Así pues por remisión expresa del C.C.A., debemos acudir al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal vigente al momento de interposición de la demanda, cuyo texto es el siguiente: De conformidad con la norma arriba transcrita, encuentra el Ministerio Público que: I) las pretensiones son contra el mismo demandado y no se excluyen entre sí; y II) las pretensiones pueden tramitarse por el mismo procedimiento. CADUCIDAD-Término PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DE LA DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN-Supuestos exigidos para su procedibibilidad Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por

parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA-La normatividad aplicable es la vigente al tiempo de la comisión de la conducta que originó el daño/CÓDIGO CIVILClases de culpa y dolo según artículo 63 1

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron

ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, tal como ocurrió en el caso que aquí se estudia (28 de agosto de 1998), las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con dolo o culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta que originó el daño, por lo que resulta necesario remitirse directamente al concepto de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil en su artículo 63 y no a las presunciones previstas en la Ley 678. CULPA GRAVE O DOLO-Pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la forma de probar estas figuras en la actuación del demandado CULPA GRAVE O DOLO-En el caso sub lite el Estado estaba en la obligación de probar estas figuras de la actuación despagada por el agente de policía El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil señala que le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por lo tanto, la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional estaba en la obligación de probar la culpa grave o el dolo de la actuación desplegada por el entonces agente de la policía … no sólo anexando la sentencia por medio de la cual se les condenó, sino también las pruebas que demostraran que actuó con dolo o culpa grave. La entidad accionante solo anexó como elemento probatorio la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila que declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte causada por un agente policial

al señor …, en hechos ocurridos el 4 de abril de 1999, … 2

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 170/2016

Bogotá, D. C., 17 de agosto de 2016 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente ( E ) doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 55776 (41001233100020050093801)

Acción de Repetición

Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Rodrigo Artunduaga El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES El Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó demanda contra el Agente ® Rodrigo Artunduaga, para que se le condene al pago de $166.107.700,13 suma que debió pagar la entidad por acuerdo conciliatorio parcial del 25 de julio del 2003, aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante proveído del 15 de agosto

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 de 2003. Demanda que fue adicionada (aclarada y corregida)1 2 mediante escrito del 14

de mayo de 2007 para que la pretensión de reembolso se extienda a la sentencia de condena del 5 de abril de 2006 proferida por la misma Corporación por las pretensiones que no fueron objeto de conciliación, lo que motivó el pago adicional de $22.450.326,oo. 1.2. LA OPOSICIÓN El curador ad litem de la parte demandada contestó la demanda en forma extemporánea. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Huila (fls. 186 a 194 C. Consejo de Estado) denegó las pretensiones de la demanda por no encontrar demostrada la calidad del agente y el pago de la indemnización. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora (fls. 198 a 204 C. Consejo de Estado) reitera que se cumple con todos los requisitos para que la acción de repetición tenga vocación de prosperar: acuerdo conciliatorio, condena en contra del Estado, el pago por parte de la entidad pública y la existencia de culpa grave y dolo en la conducta del señor Rodrigo Artunduaga.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición. 2.1. ACUMULACION DE PRETENSIONES 1 Auto del 12 de mayo del Tribunal Administrativo del Huila (fl. 68 C. 1). 2 Demanda que volvió a ser adicionad mediante escrito del 25 de noviembre de 2009 (fls. 72 a 74 C. 1), la que fue rechazada mediante auto del 16 de diciembre de 2009 en cuanto la parte actora ya había hecho uso de dicha prerrogativa (fl. 106 C. 1).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 De conformidad con el artículo 145 del C.C.A., procederá la acumulación de pretensiones y procesos, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil. Así pues por remisión expresa del C.C.A., debemos acudir al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal vigente al momento de interposición de la demanda, cuyo texto es el siguiente: “Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

De conformidad con la norma arriba transcrita, encuentra el Ministerio Público que: I) las pretensiones son contra el mismo demandado y no se excluyen entre sí; y II) las pretensiones pueden tramitarse por el mismo procedimiento. 2.2. CADUCIDAD El acuerdo conciliatorio fue aprobado mediante auto del 15 de agosto de 2003, el cual quedó debidamente ejecutoriado el 24 de agosto de 2003 (fl. 163 C.1). 5

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De conformidad con el precedente de constitucionalidad3 la entidad tenía un plazo de 18 meses para dar cumplimiento a la obligación del pago adquirida en la conciliación y dicho plazo vencía el 24 de febrero 2005. El pago total, según refiere la parte actora, se realizó el 18 de febrero de 2004 y la demanda se presentó el 3 de mayo de 2005 (fl. 10 C.1), antes de que operara la caducidad de la acción. La sentencia del Tribunal Administrativo del Huila de 5 de abril de 2006 quedó ejecutoriada el 8 de junio de 2006 (fl. 150 C. 1). El pago, según refiere la parte actora, se realizó el 28 de febrero de 2007 (fl. 86 C. 1) y la adición de la demanda se demanda se presentó el 14 de mayo de 2007 (fl. 33 a 35 C. 1) por lo que la acción de repetición se ejercitó oportunamente. 2.3. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DE LA DE REPETICIÓN Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular

en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. 3 Mediante Sentencia C394 de 2002 se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 11 de la ley 678 de 2001 “Ahora bien en el segundo inciso del artículo 11 atacado en el presente proceso, se establece que en caso de que el pago se haga por cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas. Para la Corte las consideraciones hechas en la Sentencia C832 de 2001 atrás citadas, determinan que se condicione igualmente la constitucionalidad de dicho inciso, pues la fecha del pago total efectuado por la entidad pública a que se refirió esa sentencia necesariamente coincide con la fecha del pago de la última cuota a que se alude en el presente caso. Debe en consecuencia entenderse que la expresión "Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago", contenida en el segundo inciso del artículo 11 atacado solo es constitucional si se somete al mismo condicionamiento establecido por la Sentencia C-832 de 2001 para la

expresión "contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública" es decir que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (Resalto y subrayo). 6

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena.

2.3.1. DEL PAGO DE LA CONDENA IMPUESTA

(i) Para acreditar el pago se allegó copia de la Resolución No. 00688 de 24 de diciembre de 2003 por la cual el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional ordenó el pago de $166.107.700,13 dando cumplimiento al acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila mediante proveído de 5 de agosto de 2003 (fls. 157 a 163 C. 1). Se aportó copia del comprobante de egreso de 17 de febrero de 2004 (fl. 22 C. 1), en el cual no consta firma del beneficiario o de su

apoderado dando constancia de haber recibido el pago. Se anexaron copias de la consignación que se dice fue realizada en la cuenta corriente del señor Jaime Rojas Tafur por la suma de $166.107.700,13 (fls. 21 C. 1 ilegible y 230 ilegible C. 2). El Dr. Jaime Rojas Tafur en escrito de 22 de septiembre de 2015 manifestó que dentro del trámite conciliatorio aprobado el 5 de agosto de 2003, mediante transferencia bancaria realizada por la Policía Nacional a la cuenta N° 233-93383-7 del Banco Ganadero le fue consignado en su cuenta la suma de $166.107.700,13 (fl. 215 C. Consejo de Estado). (ii) Para acreditar el pago se allegó copia de la Resolución 0071 de 15 de febrero de 2007 (fls. 83 a 85 C. 1), por la cual el Director General de la Policía Nacional ordenó el pago de $22.450.325.75 de conformidad con lo previsto en la sentencia de 5 de abril de 2007 (fls. 40 a 57 C. 1), ejecutoriada el ejecutoriada el 8 de junio de 2006 (fl. 150 C. 1), proferida por el H. Tribunal Administrativo del Huila. Se aportó copia del comprobante de egreso No. 479 del 28 de febrero de 2007 (fl. 86 C. 1), en el cual no obra firma, cédula y huella del beneficiario o de su apoderado dando constancia de haber recibido el pago. 7

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El Dr. Jaime Rojas Tafur en escrito de 22 de septiembre de 2015 manifestó que en razón a la condena proferida en sentencia del 5 de abril de 2005, mediante transferencia bancaria realizada por la Policía Nacional a la cuenta N° 361057706 del BBVA le fue consignado en su cuenta la suma de $22.450.325.75 (fl. 215 C. Consejo de Estado). (iii) En concepto del Ministerio Público se acreditó en debida forma que la demandante realizó el pago al beneficiario, existe certeza que se canceló el monto total de la indemnización. 2.3.2. DE LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DEL AGENTE Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, tal como ocurrió en el caso que aquí se estudia (28 de agosto de 1998), las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con dolo o culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta que originó el daño, por lo que resulta necesario remitirse directamente al concepto de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil en su artículo 63 y no a las presunciones previstas en la Ley 678. El artículo 63 del Código Civil establece: “ARTÍCULO 63. CLASES DE CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen

emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. “El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. “Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resalto y subrayo) 8

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 En cuanto a la calificación de la responsabilidad subjetiva del agente estatal, el H. Consejo de Estado en sentencia de 19 de agosto de 2009, Expediente 25000-23-26000-2000-01984-02 (34.606), señaló: A propósito de estas dos nociones con ocasión de la acción de repetición, la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos: “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre

la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro. “(…) “En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del dañó, mientras que la culpa grave tiene que ver con áquella conducta descuidada del agente estatal, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”. (…)..4[12] Finalmente, las nociones de culpa grave y dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deban ser analizados y valorados a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6) como la de 1886 (art. 20). Debe, entonces, el juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las anteriores nociones de título de culpa grave o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de

valor de su conducta. El H. Tribunal Contencioso Administrativo del Huila (fls. 87 a 104 C. 1), en la sentencia que impuso la condena por cuyo pago se repite, argumentó que: “6. EL CASO CONCRETO En el presente caso se encuentra plenamente establecido que el Agente Rodrigo Artunduaga, el domingo 4 de abril de 1999 le causó la muerte a Divier Fernando Bravo Baquiro. (…) Basta remitirnos al texto de la sentencia de primera y segunda instancia proferidas por el Comandante de Policía Huila de fecha 26 de mayo de 2000 y la providencia del Tribunal Superior Militar de fecha 5 de septiembre de 2000, que modificó la de primera instancia en cuanto a la calificación del ilícito y el quantum de la condena. Esta última providencia en sus consideraciones señala: Para esta instancia, no existe la menor duda, que el autor del hecho típico de causar la muerte de DIVIER FERNANDO BRAVO BAQUIRO, es el Agente ARTUNDUAGA RORIGO; certeza que nace, no exclusivamente del testimonio de PEDRO NEL ALVAREZ TAPIA, quien contrario a lo que afirma en la declaración rendida en la diligencia de inspección, ante el funcionario de instrucción, respecto a que el Agente ARTUNDUAGA, dirigió el arma hacía ellos disparándola en varias oportunidades; lo cierto es que no se dio cuenta de tan especial circunstancia, ya que en la 4 9

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 declaración rendida ante la unidad de vida de la SIJIN a las 12:00 horas del día 4 de abril, apenas

ocho (8) horas después de ocurridos los hechos, tal como consta en la grabación, textualmente señala: PREGUNTA: “Se dio cuenta usted hacia donde dirigió el revólver, hacia ustedes o hacia donde lo dirigió?” RESPUESTA: “No, no me di cuenta, cuando yo vi que sacó el revólver, o se yo acelere más, pero entonces yo no voltié a mirar para atrás, ni nada, cuando yo iba andando fue que el compañero me dijo, fue le dieron”, agregando “no sé cuántos tiros harían”. No son tan coherentes ni exactos los diferentes testimonios de ALVAREZ TAPIA, como se asegura en la providencia recurrida. “(…) De otra parte, el Comandante del Departamento de Policía Huila en providencia de 4 de agosto de 2001, en su artículo segundo declaró responsable de la comisión de faltas contra el ejercicio de la profesión del Agente Artunduaga Rodrigo y en consecuencia solicitó a la Dirección General le fuera impuesto el correctivo disciplinario de destitución de la institución, por haber establecido plenamente que con su actuar transgredió el Decreto 2584 de 1993 Reglamento de Disciplina y Ética para la Policía en sus artículos 39 numerales 14, 15, 16 y 17; artículo 40 de la citada norma, en concordancia con lo estipulado en el artículo 40 numerales 1, 2, 7 y 22 de la Ley 200 de 1995 Código Disciplinario Único, consistente en ser el autor material de la muerte el señor Divier Fernando Bravo Baquiro, en procedimiento policial realizado el 4 de abril de 1999 en esta ciudad, además de no haber informado ni

realizado anotación alguna como era su deber. Vale resaltar de esta providencia algunos apartes de los cuales se infiere que el inculpado Rodrigo Artunduaga, es agente de la Policía Nacional que en el día de los hechos se encontraba en servicio y utilizó su arma de dotación oficial contra su víctima. “(…) “Folio 16 y 17 diligencia de declaración rendida por el señor PERO NEL ALVAREZ TAPI, manifiesta que iba por la calle segunda para llegar a la carrera quince con DIVIER FERNANDO BRAVO BAQUIRO y en esos momentos se le apaga la moto y llega una patrulla de la Policía y le solicitan los documentos del velomotor, los entrega y los requisan y le encuentran al hoy occiso un destornillador el cual le quitan. “Una vez termina el procedimiento los dejan ir y en forma formal le solicita al agente le entregue el destornillador y este le manda a hablar con el segundo y ante la negativa de devolverlo prende la moto y se va y es entonces cuando DIVIER empieza tratar a los uniformados con palabras soeces y observa cuando uno de los Agentes saca el revólver y empieza a disparar (…) La Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en sentencia de 26 de febrero de 2009, radicación 25000-23-26-000-2002-02389-01 (33.323) resalta la importancia de probar la culpa grave o el dolo en la actuación del demandado: “Sin embargo, no parece debidamente acreditado que el demandado hubiese actuado con dolo o culpa grave, toda vez, que el demandante no aportó prueba alguna al respecto.

En efecto, en relación con este asunto, el actor se limitó aportar con la demanda fotocopias autenticadas de las sentencias de primera y segunda instancia, -que, se insiste, son importantes para acreditar algunos de los aspectos expuestos, como son los relacionados con el daño antijurídico causado por la Administración y la consecuencial condena judicial-, pero se abstuvo de aportar o solicitar la práctica de pruebas tendientes a acreditar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave. Ante tal omisión, no resulta posible dictar sentencia estimatoria de las pretensiones, toda vez que las pruebas idóneas, regular y debidamente arrimadas al proceso, que acrediten que la conducta del demandado fue dolosa o gravemente culposa resultan indispensables, en la acción de repetición, para condenar al demandado y, ni lo dicho en las sentencias que 10

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 condenaron al Estado, ni la valoración probatoria en ellas contenida puede entenderse como suficiente para suplir la omisión mencionada. (resalto y subrayo) El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil señala que le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por lo tanto, la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional estaba en la obligación de probar la culpa grave o el dolo de la actuación desplegada por el entonces agente de la policía Rodrigo Artunduaga no sólo anexando la sentencia por medio de la cual se les condenó, sino también las pruebas que demostraran que actuó

con dolo o culpa grave. La entidad accionante solo anexó como elemento probatorio la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila que declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte causada por un agente policial al señor Divier Fernando Bravo Baquiro, en hechos ocurridos el 4 de abril de 1999, en la calle 15 entre carreras 1° y 2°. CONCLUSIONES En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea confirmado, pero por los argumentos precisados en este concepto, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Magistrado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado 11

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REOG/FMSG

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