PGN - IUR 34463

SELECCIÓN ABREVIADA-Desconocimiento de principios contractuales de respecto de la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa. FUNCIÓN PÚBLICA-Determinante de la actividad estatal. Inicialmente, es de manifestar, que conforme el ordenamiento jurídico vigente, la actividad estatal está determinada por el principio constitucional de la Función Pública entendida como el conjunto de relaciones entre el Estado y sus servidores, el desempeño de funciones y tipo de vínculo según lo definido en la normatividad vigente. Precisamente el inciso primero del art. 123 de la Carta establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la Comunidad ejerciendo sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA-El interés general, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad/FUNCIÓN ADMINISTRATIVAMaterializada por la función contractual. Valga anotar que la actividad contractual es uno de los mecanismos indispensables para el desarrollo del quehacer público, dado su estrecha relación con la prestación de los públicos y la satisfacción de necesidades de la colectividad en cumplimiento del precepto contenido en el Artículo 2° de la Carta Política sin perder de vista que la gestión contractual es uno de los principales instrumentos para ejecutar la inversión pública generando de paso beneficios a los particulares que se vinculan por esta vía contractual para prestar sus servicios al Estado. CONDUCTA OFICIAL-Su pasada condición oficial de alcalde municipal de a quien se impuso sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio del cargo. LA PRUEBA-Que sustenta tanto el pliego de cargos como el fallo de instancia

para determinar si se ajusta a los postulados del ordenamiento vigente/VALORACION DE PRUEBAS-Fundamento legal/APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS-Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta Así las cosas, es claro que en materia disciplinaria el análisis probatorio deberá hacerse de acuerdo con la sana crítica y sus reglas, siguiendo el criterio reiterado de la Corte Constitucional en esa materia. Sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia C-202 de 2005, al resolver la constitucionalidad del Art. 216 (parcial) del Código de Procedimiento Civil (Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970) sostuvo:

4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co

Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 1 convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son: i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las razones de ésta. Es el

sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos. ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él. Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador. iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. PROCESO CONTRACTUAL DE SELECCIÓN ABREVIADA-La prueba fundamental. se ha de referir a los documentos que conforman todo el proceso desde la etapa precontractual hasta la liquidación final. Es de recordar que en materia contractual la prueba fundamentalmente se ha de referir a los documentos que conforman todo el proceso desde la etapa precontractual hasta la liquidación final (etapa pos contractual); así las cosas, los documentos que se allegaron al expediente en las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria son pertinentes, conducentes y necesarios para el tema investigado, esto

las posibles irregularidades en el proceso de Selección Abreviada No. 003-2015, cuyo objeto fue el suministro e instalación de alarmas comunitarias GSM y circuito cerrado de televisión mediante selección abreviado para adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes por subasta inversa. De identifica manera en el fallo apelado se decretó el testimonio de XXX (fl. 390), XXX (fl. 393), XXX (fl. 394) y XXX (fl. 400). Estas pruebas testimoniales son analizadas de manera integral en el fallo de instancia conjuntamente con la prueba documental antes referenciada, lo que lleva a la conclusión de encontrar responsables a los investigados por la comisión de las faltas disciplinarias enrostradas en el pliego de cargos. FALTA DISCIPLINARIA-Testimonio como medio de prueba de confesión. Sobre la falta disciplinaria endilgada a su poderdante que recae según su dicho en el presunto incumplimiento de funciones y la falta del deber objetivo de cuidado; anota igualmente que la señora XXX quien fungía como Secretaria de Gobierno que "de manera voluntaria y consentida en el parágrafo cuarto del Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 2 memorial confiesa la responsabilidad acaecida directamente en el manual de funciones" qué entonces la Procuraduría en cumplimiento del artículo 130 bien pudo tomar dicho testimonio como medio de prueba de confesión RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Es de carácter individual, no colectiva

ni solidaria. Sobre este tópico en particular se debe decir que ciertamente la responsabilidad disciplinaria es de carácter individual, no colectiva ni solidaria. Así entonces los comportamientos que se endilgaron inicialmente como presunta falta disciplinaria a la señora XXX en su pasada condición de Secretaria de Gobierno de Chachagüí y que al quedar en firme la decisión sancionatoria en contra de ella deviene definitivamente en responsable de la comisión de una falta disciplinaria no tiene relación con los cargos imputados a XXX dado que el cargo ocupado por una y por otro son totalmente diferentes como quiera que éste es el Alcalde y ella la Secretaria de Gobierno. PLIEGO DE CARGOS-Es una función del Alcalde dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de servicios a su cargo (…); Ordenar los gastos y celebrar los contratos (…) observando las normas jurídicas aplicables. De lo anterior es claro que el señor ARMERO ENRIQUEZ tenía a su cargo el cumplimiento de funciones tanto de origen constitucional y legal por lo que no se acepta que las funciones o tareas en el proceso contractual SI – 003-2015 era de responsabilidad de VASQUEZ CALVACHE. DESCARGOS-No son ni se pueden tener como un testimonio. Los descargos son una explicación que el investigado ofrece a una imputación hecha por la autoridad, más se asemejan a la versión libre que al testimonio; tanto la confesión como el testimonio son pruebas previstas para el tramite disciplinario regulado por la ley 734 de 2002 pero con la ritualidad prevista en la ley 600 de 2000 a virtud de lo ordenado en la ley 1474

ELECCION POPULAR-En relación con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020 en el caso Gustavo Petro vs. Colombia/COMPETENCIA PARA INVESTIGAR SANCIONAR FUNCIONARIO DE ELECCION POPULAR-Postura de la sala disciplinaria respecto del alcance de la decisión. En este orden de ideas, de acuerdo con la su regla jurisprudencial de la corte interamericana de derechos humanos, por regla general, habría de entender que no se podrá destituir, a través de un proceso disciplinario a un funcionario de elección popular y la inhabilidad no abarcará a este tipo de cargos pero si cualquier otro cargo o función. Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 3 Ahora bien, se desprendería del razonamiento anterior que la procuraduría general de la nación por regla no podrá destituir a servidores públicos de elección popular y la inhabilidad no abarcará los cargos de elección popular pero sí, se reitera, el de cualquier otro cargo o función. Entonces, es importante tener en cuenta que la decisión del 8 de julio del 2020, en lo referente a los derechos políticos de elegir Y ser elegido, señaló unos límites en cuanto a las sanciones de destitución e inhabilidad pero en ninguno de sus apartes negó la competencia disciplinaria de la procuraduría general de la nación para adelantar procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular por tanto, la primera conclusión que llega la sala disciplinaria hace referencia a que es

equivocado pretender extraer decisión de la corte la falta de competencia de la procuraduría para disciplinar a funcionarios de elección popular. Con fundamento en todo lo expuesto se puede concluir que la Procuraduría General de La Nación tiene competencia para investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular por regla la inhabilidad que se imponga un servidor público se predicara sobre cualquier cargo o función con excepción de aquellos que se deriven del ejercicio de elegir Y ser elegido popularmente es decir la inhabilidad no imposibilita el ejercicio de un cargo de elección popular pero si el de cualquier otro cargo o función a la luz de normas internacionales es admisible que la Procuraduría General de La Nación pueda destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular cuando se sancione por casos de corrupción infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones a los Derechos Humanos sin embargo ello no sustituye la acción penal por la cual se deberán compulsar copias para lo de su competencia CALIFICACIÓN DE CULPABILIDAD-Falta grave con culpa grave atendiendo que no se trató de un comportamiento doloso pero si descuidado y negligente/CULPABILIDAD-En materia de contratación. Esta Regional está de acuerdo con esa calificación en el entendido que el investigado obvió el cumplimiento de sus funciones como jefe de la administración municipal al no observar los principios de contratación en el proceso SI-003-2015 siendo evidente el incumplimiento al deber de cuidado. En los descargos se palpa esa desatención cuando el investigado da por hecho aspectos que se omitieron en el proceso contractual como por ejemplo lo relativo al certificado de disponibilidad presupuestal, la falta de justificación del presupuesto

atendiendo la modalidad de la contratación o como tampoco se determinó el análisis de riesgos y no por el hecho de que nadie preguntó con eso era suficiente para pasar el tema de riesgos; tampoco se determinaron las cantidades a contratar. Y la razón es que el investigado asigno las tareas propias de la contratación al contratista xxx. DOSIFICACION DE LA SANCION-El investigado no presenta antecedentes disciplinarios, no se causó grave daño social; no obstante por tratarse del alcalde municipal no es posible considerar el mínimo de la sanción. Calificada la conducta del investigado como falta grave con culpa grave en el fallo de instancia, se impuso sanción de suspensión por el termino de tres (3) meses. Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 4 Ahora bien, luego del análisis hecho en este proveído el Despacho considera necesario modificar el quantum de la sanción, esto es el termino de tres (3) meses, teniendo en cuenta para el contenido del Artículo 47 del C.D.U. Así las cosas considera esta Regional que se deben tener en cuenta el contenido de los literales a), g) y j). Los dos primeros en cuanto que el investigado no presenta antecedentes disciplinarios ni tampoco se causó grave daño social con la conducta desplegada. No obstante por tratarse del Alcalde Municipal y por tanto la máxima autoridad administrativa en el municipio no es posible considerar el mínimo de la sanción, por tanto se impondrá suspensión por el termino de dos (2) meses. Será la

oficina de origen la que realice la conversión de este término al pago de salarios. Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 5

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Radicación IUS E 2015-339068/ D-2015-71-798733 Procuraduría Provincial de Pasto Investigado LUIS EDUARDO ARMERO LORENA VASQUEZ CALVACHE Cargo Alcalde y Secretaria de Gobierno del municipio de Chachagüí, respectivamente. Quejoso Carlos Alberto Chamorro Hechos Vigencia 2015 Queja Septiembre 15 de 2015 Asunto Presunto desconocimiento de principios contractuales en procesos de selección abreviada. Decisión Fallo de Segunda Instancia Pasto, Decisión No. _____ Al Despacho el expediente IUC D-2015-71-798733 radicado en la Procuraduría Provincial de Pasto, seguido a LUIS EDUARDO ARMERO y LORENA VASQUEZ, Alcalde y Secretaria de Gobierno Municipal de Chachagüí, respectivamente, a fin de tomar la determinación que corresponda en tanto que se ha presentado recurso de Apelación por parte del investigado frente al fallo de primera instancia de fecha 16 de agosto de 2019 (fl. 444), por medio del cual se impuso sanción de Suspensión del ejercicio del cargo por el término de tres meses al señor ARMERO ENRIQUEZ.

I. ACTUACION DE PRIMERA INSTANCIA La actuación se inicia con fundamento en queja presentada por el señor

CARLOS ALBERTO CHAMORRO CHAMORRO, profiriéndose auto de indagación el 22 de septiembre de 2015 (fl. 22); con auto de 23 de agosto de 2016 (fl. 295) se ordenó apertura de Investigación Disciplinaria en contra de LUIS EDUARDO ARMERO ENRIQUEZ y LORENA VASQUEZ CALVACHE en sus condiciones de Alcalde y Secretaria de Gobierno – Supervisora del Contrato SI – 003-2015, del Municipio de Chachagüí (N.), respectivamente, Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 6 para la época de los hechos. Dicho auto se notificó de manera personal a los investigados. Posteriormente, con auto de marzo 20 de 2018 (fl. 344) se formula pliego de cargos del siguiente tenor: 8.1.- El señor Luis Eduardo Armero Enríquez, en la condición oficial advertida en precedencia, pudo desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad contractual respecto de la Selección Abreviada No. 003-2015, cuyo objeto fue el suministro e instalación de alarmas comunitarias GSM y circuito cerrado de televisión mediante selección abreviado para adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes por subasta inversa, por lo siguiente: i).- De una parte, el proyecto de pliego de condiciones se publicó en el SECOP el 24 de agosto de 2015 a las 6.59 p.m., cuando el plazo para presentar observaciones vencía el 28 del mismo

mes a las 6.00 p.m., es decir, por menos de los cinco días previstos legalmente; y ii).La resolución 575 expedida el 8 de septiembre de 2015, a través de la cual decidió no revocar el acto de apertura de dicho proceso aparece publicado en el SECOP el 14 del mismo calendario, es decir por fuera de los tres días autorizados legalmente. En ambos casos se desconocería el principio de transparencia (publicidad) de que trata artículo 24.2 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4., respectivamente. b). El principio de Economía sería trasgredido en razón a que los estudios previos, el aviso público de convocatoria contenido en la resolución No. 547 de 01 de septiembre de 2015 y el pliego de condiciones adoptado, registran falencias en cada caso; así, con eventual desconocimiento del Estatuto Contractual artículo 25 Nums 3º y 12 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1.Nums 1,4,6 y 8, respecto a estudios previos: i).- Error en la entidad territorial que justifica la adquisición; ii).- No se justificó el presupuesto teniendo en cuenta que la modalidad seleccionada para la escogencia del contratista Subasta Inversa debería haberse determinado por precios unitarios y señalar la forma como se calculó; iii).- No se determinó el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo y iv).- No se indicó si el

proceso de contratación estaba cobijado por un acuerdo comercial, conforme lo expuesto. Las novedades detectadas en el Aviso de convocatoria, son: i)..- No se indicó con claridad la dirección y los correos electrónicos donde el municipio debía atender a los interesados en el proceso de contratación, ni donde los proponentes debían presentar los documentos en desarrollo del mismo proceso, toda vez que en el aviso se señalaron dos dependencias de la Administración: para la consulta a pliegos en la oficia de la secretaría de planeación y para la información del proceso en la secretaria de gobierno y el Portal único de contratación, sin ofrecer un correo institucional, sino uno personal; ii).- No se indicaron las cantidades a contratar; iii).- No se indica la fecha límite en la cual los interesados debían presentar la oferta y el lugar y forma de su presentación ,iv).- No se señala la disponibilidad presupuestal, v).- No se informa la posibilidad de contratar a Mipymes y vi).- No se señalan las condiciones para participar en el proceso, desconociendo al parecer el Decreto 1082 de 2015, artículo2.2.1.1.2.1.2. en sus numerales 2, 3, 6, 7, 8 y 9, en lo pertinente. Del pliego de condiciones, las observaciones, son: i).- No se describe de manera técnica, detallada y completa el bien o servicio a contratar, identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios o el tercer nivel del mismo. ii).- No se definen las condiciones de costo y/o calidad que el municipio tuvo en cuenta para la selección objetiva; iii).- No se

describen los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riego entre las partes contratantes; iv).- No se menciona si existía algún Acuerdo Comercial entre el municipio y el contrato., v).- Si bien se asignó la supervisión del contrato, no se indica los términos de la misma, como tampoco la posibilidad de la interventoría; vi).- No se señalaron los plazos dentro de los cuales el municipio podía expedir adendas, desconociendo al parecer el Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 7 Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, en sus numerales:1, 4, 8, 10, 12 y 13 en lo pertinente. Y del acto de apertura de la SA. 003-2015, contenido en la resolución No. 547 de 1 de septiembre de 2015, no precisó la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal con las normas orgánicas, toda vez que no señaló el rubro presupuestal que afectaría el concepto, la vigencia del mismo, ni el valor, desconociendo con ello posiblemente el artículo 2.2.1.1.2.1.5. numeral 6º del decreto 1082 de 2015. Tales falencias indicarían que el servidor público desconoció el artículo 25 en sus numerales 3 y 12 de la Ley 80 de 1993, en lo transcrito. c. Principio de Responsabilidad.- Con las posturas anteriores, el investigado podría además, incurrir en la violación del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley

80 de 1993, numerales 1º y 5º, puesto que la condición oficial le imponía buscar el cumplimiento de los fines del contrato SA 003-2015, así como dirigir y manejar el proceso de selección, dentro del marco legal. La postura del investigado sería contraria a los postulados señalados en la Constitución Política en sus artículos 2º, 123 inciso 2º, 209 en cuanto al principio de moralidad, desconociendo sus funciones consagradas en el artículo 315 Nums. 1 y 3, concordantes con el artículo 84 literal D. numerales 1 y 5 de la ley 136 de 1994, incurriendo al parecer en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 48.31 de la Ley 734 de 2002, por faltar a sus deberes contenidos en el artículo 34 numerales 1 y 3 Ibídem 8.2. Por su parte, la señora Lorena Vásquez Calvache, actuando como secretaria de gobierno del municipio de Chachagui al tiempo de los hechos, al parecer desconoció el principio de Economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numerales 3 y 12 en concordancia con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1.Nums 1,4,6 y 8, al emitir estudios previos de la Selección Abreviada No. 003-2015, cuyo objeto fue el suministro e instalación de alarmas comunitarias GSM y circuito cerrado de televisión mediante selección abreviado para adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes por subasta inversa, con las siguientes falencias :i).- Error en la entidad territorial que justifica la

adquisición en la medida que aplicó el Plan de Desarrollo del municipio de Tangua; ii).- No se justificó el presupuesto teniendo en cuenta que la modalidad seleccionada para la escogencia del contratista Subasta Inversa debería haberse determinado por precios unitarios y señalar la forma como se calculó; iii).- No se determinó el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo y iv)- No se indicó si el proceso de contratación estaba cobijado por un acuerdo comercial, conforme lo expuesto. Provisionalmente, se calificó las faltas endilgadas a ARMERO ENRIQUEZ como Gravísima con Culpa Gravísima, igual calificación provisional se hizo para la conducta endilgada a LORENA VASQUEZ CALVACHE. Los investigados fueron notificados de manera personal de dicho auto, según actas obrantes a folios 358 y 359 del expediente.

DESCARGOS.

La investigada LORENA VASQUEZ CALVACHE, presentó (en síntesis) las siguientes explicaciones: Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 8 Que se desempeñó como Secretaria de Gobierno de Chachagüí entre el 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015; resalta que la función de contratación está asignada por la Ley 80 de 1993 a los jefes de las entidades públicas, aclara entonces que “no existió acto administrativo alguno por medio del cual se delegue por parte del representante legal del municipio esta función en la Secretaría de Gobierno" (Resaltado de esta Regional)

Sostiene que de acuerdo al Manual de Funciones era de su resorte “Velar por el proceso de contratación pública con la participación de las unidades ejecutoras en relación a las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales, con el fin de cumplir las disposiciones legales vigentes” y teniendo en cuenta la carga laboral de la dependencia a su cargo, en la que solo laboraba con la secretaria y la auxiliar administrativa, el Municipio contrató un asesor externo “cuya función era brindar el asesoramiento jurídico y acompañamiento a las diferentes dependencias en todo lo relacionado con la contratación pública en las diferentes etapas que conllevara el proceso, cuya supervisión estaba delegada ante la secretaria de gobierno, la cual se ejerció debidamente, las diferentes necesidades de adquisiciones presentadas por las dependencias después de contar con el visto bueno del señor alcalde de ese entonces, eran consultadas ante el asesor externo para determinar la modalidad pertinente de elección; asimismo cuando se trataba de selecciones abreviadas, así como los pliegos de condiciones eran elaborados por el asesor contractual y socializados ante la secretaria de gobierno.” Que todo el proceso contractual fue asignado al Asesor financiero externo Dr.

ALFONSO MARIO BENAVIDES.

Seguidamente afirma: En este sentido, teniendo en cuenta la carga laboral de esta secretaria, cuyo equipo de trabajo era conformado por lo Secretaria y un Auxiliar Administrativo, con el fin de cumplir con la responsabilidad de velar por lo eficiencia de los procesos de contratación que fueron puestos en conocimiento de esta dependencia, la Administración Municipal siempre confió con un asesor externo, cuyo función era brindar el asesoramiento jurídico y acompañamiento a las diferentes dependencias en

todo lo relacionado con la contratación pública en las diferentes etapas que conllevara el proceso, cuya supervisión estaba delegada ante la Secretaría de Gobierno, la cual se ejerció debidamente, las diferentes necesidades de adquisiciones presentadas por las dependencias después de contar con el visto bueno del señor Alcalde de ese entonces, eran consultadas con el asesor externo para determinar la modalidad pertinente de elección; asimismo cuando se trataba de selecciones abreviadas y licitaciones públicas los estudios previos, excepto estudios de necesidad, así como los pliegos de condiciones eran elaborados por el asesor contractual y socializadas ante Ia Secretaria de gobierno. Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 9 Cita textualmente una afirmación hecha en el memorial de descargos del señor ARMERO, así: “En este sentido, y en el desarrollo de las funciones y actividades que debíamos asumir como representante legal de la entidad territorial, estaba la parte contractual del municipio, que para el momento de los hechos que originan el presente proceso disciplinario, estaba a cargo de la Doctora Lorena Vásquez Calvache como Secretoria de Gobierno y para el proceso contractual SAOO32016, cuyo objeto era ‘SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS GSM Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION MUNICIPIO DE CHACHAGÜI DEPARTAMENTO DE NARIÑO’, el Doctor ALFONSO MARIO BENAVIDES en calidad de Asesor del Municipio Finalmente, sostiene que a pesar de que el Dr. ALFONSO MARIO

BENAVIDES no era asesor de contratación, sino que fungía como asesor financiero, tal y como se encuentra en la copia del contrato (…) y que por determinación y autonomía de la función contractual se asignó tal función a este profesional, cuya supervisión no la detentaba la Secretaria de Gobierno. Por su parte LUIS EDUARDO ARMERO presentó descargos (fl. 367) y respecto de los reproches formulados, expresa las siguientes explicaciones: Violación al Principio de Transparencia (Publicidad). Frente a este cargo sostiene que efectivamente se observa en el SECOP la publicación de los documentos de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones el día 24 de agosto de 2015 6:59 p.m. con plazo para presentar observaciones vencía el día 28 de ese mes y año; anuncia que el principio de publicidad busca “que las actuaciones de la administración sean conocidas por todas las personas interesadas y en materia contractual por los posibles oferentes que tengan capacidad y cumplan requisitos habilitantes.” Que la publicación hecha por la administración municipal tuvo éxito ya que de manera posterior el 4 de septiembre se presentó una solicitud de oferente: que en el término de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, según cronograma vencía el 28 de agosto y no hubo solicitudes de oferentes para ser valoradas y retomada por algún error; Y que no el 31 de agosto como lo establecía el cronograma sino el 1 de septiembre se procede a publicar los documentos del pliego de condiciones definitivo y acto de apertura. Sostiene que el Decreto 1082/2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 que las entidades públicas están obligadas a publicar los documentos y actos del

proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición y que ese documento se publicó el mismo día de su expedición y que unilateralmente se pasó de “borrador” a “estado convocado” el 1 de septiembre casi seis (6) días después desde la fecha de publicación de los estudios previos. Procuraduría Regional de Nariño jibarra @procuraduria.gov.co Carrera 24 No. 20 58 Piso 6° Tel. 7292059 Ext. 24114 Pasto 10

Afirma: “Es imposible decir que se incumplió el principio de publicidad cuando la misma administración procede a apertura el proceso el día 1 de septiembre de 2015 a las 4:09 pm casi 6 días hábiles después de haberse iniciado el proceso contractual.” Indica que no hay responsabilidad frente al Principio de Publicidad puesto que con el requisito del artículo mencionado aunque formalmente el cronograma estableciera otra fecha pero que el cumplimiento de tal requisito debe contarse desde el momento de que se publica el acto administrativo de apertura y del pliego definitivo, no desde que el proceso se encuentra en borrador sino desde estado convocado, momento que obliga a continuar con el desarrollo del proceso.

Respecto de que la resolución 875 expedida el 8 de septiembre de 2015 a través de la cual se debió revocar el acto de apertura aparece en SECOP con fecha 14 del mes, posteriormente a la fecha permitida, menciona que el quejoso presentó dos escritos el 5 de septiembre solicitando la revocatoria del acto de apertura del proceso contractual, el primero dirigido al correo institucional alcaldia@chachagui-narino-gov.co, el otro al correo alfonsobenavides@gmail.com, petición resuelta el 8 de septiembre que se

publicó el 14 de ese mes a las 9.55 a.m., es decir dentro de los dos (2) meses otorgados para el efecto. Cita el contenido del Art. 94 de la ley 1437 de 2011 establece las causales de revocatoria directa de los actos administrativos; y el Art. 95 ibídem establece que “las solicitudes de revocación directa de