PGN - IUR 37321

ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUCCIÓN-Conforme a los razonamientos expresados y pruebas aportadas, es claro para el despacho que los hechos materia de investigación señalados no se presentaron CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Extinguen la acción disciplinaria o cesa el derecho del Estado de seguir investigando una conducta, y por ende, de imponer la sanción correspondiente/CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Fundamento legal La vigencia del Estado Social de Derecho promulgado constitucionalmente, impone la obligación de adoptar decisiones con fundamento en las reglas y procedimientos establecidos en la Ley, que como lo ha advertido la Corte Constitucional on las que recogen un conjunto de actos procesales sucesivos y coordinados que integran unos principios fundantes y unos derechos fundamentales que hacen del debido proceso una verdadera garantía en el derecho.", aunado que la misma instancia constitucional ha advertido que "la prescripción de la acción disciplinaria hace parte del núcleo esencial del debido proceso. "En ese orden de ideas, se debe indicar que con fundamento en el transcurso del tiempo (5 años), la caducidad y la prescripción extinguen la acción disciplinaria o cesa el derecho del Estado de seguir investigando una conducta, y por ende, de imponer la sanción correspondiente. En otros términos, la prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria son causales de extinción de la pretensión punitiva estatal, que opera por el mero transcurso del tiempo, por la comisión de la conducta que la motiva, que fue consagrada en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, bajo el siguiente tenor literal: "Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción

disciplinaria prescribe en XXX, contados para [as faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Pago del porcentaje de la sobretasa ambiental al impuesto/CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Marco General Así las cosas, la razón por la que para este caso aplica el término de prescripción del la Ley 734 de 2002 y el término de caducidad establecido en la Ley 1474 de 2011, obedece a que expresamente el Señor Procurador General de la Nación por medio de la Directiva XXX, ordinales primero y segund0 definió la forma de aplicar la Ley 1474, indicando que solo aplica para los hechos ocurridos a partir del 12 de julio de 2011 , en tanto los procesos iniciados en vigencia de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 se rigen por el término de prescripción previsto por el artículo 30 de esa norma. Las corporaciones autónomas regionales son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado, entidades que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución política, numeral 7 del artículo 150, gozan de un régimen de autonomía administrativa y financiera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 y concordantes de la ley 99 de 1993, el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales lo conforman no solo las rentas aportadas por la nación, sino también los recursos propios provenientes de fuentes diferentes, cómo son las tasas, contribuciones, los recaudos de los impuestos prediales, multas, etc., incluidos los referidos en el artículo 317, inciso 20 del

ordenamiento constitucional.

PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA

DE

DEPENDENCIA:

INSTRUCCIÓN 2. SEGUNDA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

RADICACION: XXXX

INVESTIGADO: XX

CARGO Y XXX

ENTIDAD:

QUEJOSO: XXX

FECHA DE LA

XX QUEJA: Presunta omisión para iniciar acciones legales y obtener el HECHOS: pago del porcentaje de la sobretasa ambiental al impuesto predial

FECHA DE LOS Por determinar

HECHOS:

ASUNTO: AUTO QUE ORDENA ARCHIVO DE

INVESTIGACION

Bogotá, D.C., XXX l. OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO Se evalúa la investigación disciplinaria de radicado IUS E 2017-830273 / IUC D 20181075984, adelantada XXXX, en calidad de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del XXX ll. COMPETENCIA. Esta delegada es competente para conocer la presente actuación disciplinaria en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 150 del 12 mayo de 2022 y el artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 12 del Decreto 1851 de 2021.

III. ANTECEDENTES El doctor XXXX, Gerente Departamental en XX de la Contraloría General de la República, mediante escrito No. XXX, radicó en la Procuraduría Regional de XX de manera parcial el informe de auditoría practicada en la Corporación Autónoma Regional XX —, vigencia XX en el cual se evidenciaron los hallazgos 22, 23, 33, 51, con posible

connotación disciplinaria, de los cuales el hallazgo 23 es objeto de estas diligencias: Hallazgo No. 23 Deuda por Cobrar Porcentaje Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial - Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal (HZ3-D17-F1) La Cuenta XXX Ingresos No Tributario Sobretasa Ambiental al Impuesto predial con un saldo de XXX, al cierre de la vigencia XX, presenta un saldo de XX de vigencias correspondientes a los años XX, por concepto de transferencias por parte de X municipios de la jurisdicción del Departamento XXX.La Entidad emitió oficios persuasivos de pago de fecha XXX sin embargo, no se evidencia que la corporación hubiera utilizado el mecanismo legal de la Acción de Cumplimiento, ante la jurisdicción contencioso administrativo para exigir a los entes territoriales la transferencia oportuna del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad del inmueble, con lo cual se presume una gestión fiscal ineficaz e inoportuna en una adecuada incorrecta recaudación, custodia, manejo y disposición de recursos públicos de terceros, contraria a los principios de legalidad, eficacia moralidad y de valoración de los costos ambientales por parte de XX Lo anterior, se presenta por debilidades en el control interno, por la inobservancia de las normas y por la no aplicación de mecanismos legales para lograr las transferencias de los municipios de la jurisdicción a XXX, afectando el flujo de los ingresos presupuestados por la corporación con base en la sobretasa ambiental XX. Generando una gestión fiscal ineficaz e inoportuna, en el recaudó de dichas partidas

que por ley le corresponden a la corporación toda vez que se encuentran por recaudar desde el año XX Evaluada la queja, mediante auto del XXX la Procuradora Regional XXX, ordenó la apertura de Indagación Preliminar, en averiguación de responsables, por los hechos denunciados, decretando la práctica de pruebas a efectos de verificar la ocurrencia de los hechos y demás aspectos previstos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Una vez practicadas las pruebas, la Procuraduría Regional de Bolívar XXX, resuelve mediante auto del XXX, remitir por competencia las presentes diligencias a la Procuraduría XXX ), correspondiéndole a este despacho el conocimiento de las mismas. Mediante auto del XXX este Despacho dispuso iniciar investigación disciplinaria contra de la señora XXXX, en calidad de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional XXX, para la época de los hechos, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, el presunto perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado. En la mencionada providencia se decretaron las siguientes pruebas: "3. Oficiar la Corporación Autónoma Regional del XX para 3.1. Certifique los tramites prejudiciales y judiciales adelantados antes del XX para obtener el pago del porcentaje sobretasa ambiental al impuesto predial adeudados por las alcaldías municipales de XXX y remita los correspondientes soportes. 3. 2.En caso de que la Corporación Autónoma Regional del XXX no haya iniciado

acciones judiciales indicar las razones que justifican dicha omisión. 3.4 Certifique el nombre y cargo del personal que se encargaba de hacer seguimiento al cobro del pago del porcentaje sobretasa ambiental al impuesto predial adeudados por las alcaldías municipales XXX 3.5 Certifique los saldos de cartera de los años XXX por concepto de Sobretasa Ambienta/ Predial — Con corte a XXX". Mediante correo electrónico XXXXX, dio respuesta a este ente de control. Dentro de las presentes diligencias, se recolectaron las siguientes pruebas:

1. Análisis de las acciones adelantadas y de situación jurídica que está impidiendo ejercer un cobro exitoso de cartera morosa relacionada con porcentaje ambiental sobre gravámenes a la propiedad4 • LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL XXX a través de los años ha venido siendo diligente en la gestión de cobro de los dineros que le corresponden por concepto de porcentaje ambiental sobre gravámenes a la propiedad inmueble, a pesar de que la obligación de recaudo y de transferencia no está dentro de sus competencias sino que es una obligación a cargo de los funcionarios de las entidades territoriales

(Municipios y Distritos), quienes de conformidad con el artículo 44 de la ley 99 de 1993 y sus respectivos decretos reglamentarios, deben recaudarlas, consignar en una cuenta especial, declararlas y transferirlas trimestralmente, y en el evento de que no [o hagan generar intereses de mora a cargo de las entidades que representan. A pesar de que la obligación de recaudo y pago del dinero correspondiente a porcentaje ambiental sobre gravámenes a la propiedad de inmueble es de las entidades territoriales, la XXXX, no ha dejado de estar atentos a la gestión de

los recaudadores y para ello ha emprendido diversas acciones como: Requerimientos periódicos para que se proceda a la declaración y transferencias de la sobretasas que se recauden

B. Delegación a funcionarios de la entidad para que inspeccionaran y analizarán la gestión de recaudo que se hacía en los diferentes municipios de la región: Aquí se ha encontrado el inconveniente de que muchos municipios no contaban con un software adecuado para el recaudo de sus rentas, por lo que muchas veces era muy difícil establecer con certeza los recaudos que se hacían, aunando a una deficiente gestión archivística por parte de los municipios.

c. Apoyo en convenios con el XX para la actualización de la base catastral, ayudando a que los municipios tuvieran una base real -en cuanto a la existencia de inmuebles y el avalúo de los mismos, lo cual redunda en el aumento de los recaudos en beneficio de los municipios y de la entidad ambiental.

D. Cobro a través de la oficina de cobro coactivo de la entidad. Esta división se ha encargado de hacer la gestión de cobro de los municipios deudores, pero no ha podido llevar a cabo los procesos de ejecución en contra de los mismos ya que las autoridades judiciales han determinado que los municipios son meros recaudadores del porcentaje ambiental sobre gravámenes a la propiedad inmueble, por lo que tienen la calidad de sujetos pasivos de los mismos y por ende la corporación ambiental carece de competencia para ejercer el proceso de cobro administrativo coactivo sobre ellos.

E. Contratación de asesoría externa de abogados expertos en el tema: Esto se ha reflejado en la

recuperación de una suma de dinero superior a los XXX XXX que habían dejado de declararse ni pagarse por parte del Distrito de XX y que luego de una disputa judicial se logró ingresar a las arcas de la entidad, y en fa actualidad se adelantan las acciones jurídicas para aclarar al interior de los juzgados la confusión que reina respecto de la acción procesal pertinente para hacer el cobro, tal como lo exponemos a continuación: "la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL XX XXX ha venido siendo diligente en la gestión del cobro de cartera morosa que se ha generado por concepto de porcentaje ambiental sobre gravámenes a la propiedad inmueble, pero se ha encontrado con una denegación de Justicia por parte de los tribunales y juzgados de XX quienes tienen disparidad de criterios en relación con el mecanismo procesal procedente para efectuar el cobro jurídico, lo cual ha impedido una solución de fondo del asunto y se ha convertido en una talanquera para la recuperación efectiva de las sumas adeudadas. (...) Mediante concepto emitido por su Sala de Consulta y Servicio Civil con fecha XXXX, dentro del expediente con radicado XX expreso sobre el tema, en forma clara y precisa, lo siguiente: 1 De lo anterior se colige que el procedimiento que actualmente existe para poder cobrar las sobretasas ambientales es el establecido en la Ley 393 de 1997 (acción de cumplimiento), pero al no haber una norma que expresamente determine cuál es el procedimiento para hacer el cobro que nos ocupa, nuestros honorables jueces se han tomado la libertad de establecer, cada uno de ellos, cuál es el medio de control o proceso judicial pertinente, llevando a que algunos opten por el

proceso Ejecutivo, otros por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, algunos por medio del control de reparación directa y una minoría acepta la acción de cumplimiento. Esta multiplicidad de criterios ha hecho que sea nula la posibilidad de poder acudir a la vía judicial para reclamar nuestros derechos ya que tendríamos que adivinar cuál es el juzgado que había de conocer de la acción judicial y cuál es su criterio al respecto, lo cual es imposible, y más difícil se hace si le adicionamos que en el evento de contar con la fortuna de que un proceso sea conocido por un juzgado que acepte la vía procesal que hemos escogido este llegue en apelación ante el superior y éste tenga un criterio diferente y finalice la actuación decretando la revocatoria de lo decidido por considerar qué otra era la vía procesal procedente. En la práctica se nos está negando el acceso a la justicia y la forma de reclamar nuestros derechos por la vía judicial, nos estamos viendo abocados a sanciones por parte de los organismos de control los cuales nos conminan a que tomemos las vías judiciales para el recaudo de lo debido, y no podemos hacerlo por causas ajenas a nuestra entidad, la cual más bien se ha convertido en la víctima de esta confusión y la falta de unidad de criterio al interior de la rama judicial.

2. Resumen de las acciones adelantadas1 por la Corporación Autónoma Regional

Del, así: 1

3. Certificados de facturación y cartera de la Corporación Autónoma Regional Del XXXX sobretasa ambiental municipal de XXXXXX, indicando el saldo acumulado desde el año XX.

4. Listado de los funcionarios que desempeñaron sus funciones de cobro por

diferentes conceptos en la entidad durante los años XXX

5. Contrato de prestación de servicio XX suscrito entre la Corporación autónoma Regional del XXX y el señor XXX, cuyo objeto fue: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORIA Y APOYO A LA GESTION EN RELACION CON EL COBRO PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE LAS DEUDAS QUE TIENEN CON XXX LOS ENTES

TERRITORIALES DE NUESTRA JURISDICCION POR CONCEPTO DE PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRA VAIVENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE Y EL COBRO DE LO ADEUDADO POR

LOS ENTES TERRITORIALES A XX POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES,

DACIONES EN PAGO, PRESCRIPCIONES Y OTROS SIMILARES".

6. Informe de Gestión del Contrato Número XXXX y resumen de actuaciones correspondientes a la vigencia del año XX presentado por el señor XX XX,XX en el que indican el análisis y depuración de la cartera adeudada a la Corporación por concepto de porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y su correspondiente evaluación de la viabilidad.

7. Certificación laboral de la señora XXX, como Secretaria General.

IV. CONSIDERACIONES Antes de proceder a valorar el material probatorio es importante señalar que resulta indispensable para el despacho pronunciarse, sobre la prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria frente a los hechos puestos en conocimiento por parte de la Contraloría General de la República que datan entre los años XX. 4.1. De la prescripción y la caducidad

La vigencia del Estado Social de Derecho promulgado constitucionalmente, impone la obligación de adoptar decisiones con fundamento en las reglas y procedimientos establecidos en la Ley, que como lo ha advertido la Corte Constitucional on las que recogen un conjunto de actos procesales sucesivos y coordinados que integran unos principios fundantes y unos derechos fundamentales que hacen del debido proceso una verdadera garantía en el derecho.", aunado que la misma instancia constitucional ha advertido que "la prescripción de la acción disciplinaria hace parte del núcleo esencial del debido proceso. " En ese orden de ideas, se debe indicar que con fundamento en el transcurso del tiempo (5 años), la caducidad y la prescripción extinguen la acción disciplinaria o cesa el derecho del Estado de seguir investigando una conducta, y por ende, de imponer la sanción correspondiente. En otros términos, la prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria son causales de extinción de la pretensión punitiva estatal, que opera por el mero transcurso del tiempo, por la comisión de la conducta que la motiva, que fue consagrada en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, bajo el siguiente tenor literal: "Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en XXX, contados para [as faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de XX, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la

prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellaS. Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique. ' La anterior norma fue modificada por la Ley 1474 del 12 de julio de 201 1, en los siguientes términos: "Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así: 'La acción disciplinaria caducará si transcurridos XX desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en XX contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique". Y que resulta estando vigente aún con la transitoriedad de la Ley 2094 de 2021, según el parágrafo 2, así: "Parágrafo 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta XX después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley

1474 de 2011. Así las cosas, la razón por la que para este caso aplica el término de prescripción del la Ley 734 de 2002 y el término de caducidad establecido en la Ley 1474 de 2011, obedece a que expresamente el Señor Procurador General de la Nación por medio de la Directiva XXX, ordinales primero y segund0 definió la forma de aplicar la Ley 1474, indicando que solo aplica para los hechos ocurridos a partir del 12 de julio de 2011 , en tanto los procesos iniciados en vigencia de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 se rigen por el término de prescripción previsto por el artículo 30 de esa norma. En ese orden, la presunta omisión por parte de la Corporación Regional Autónoma del XXX para iniciar acciones legales y obtener el pago del porcentaje de la sobretasa ambiental al impuesto predial ocurrida entre XXX prescribieron y entre XX al XXX operó el instituto jurídico de la caducidad de la acción, teniendo en cuenta que soto hasta XX se apertura investigación disciplinaria. 4.2. Investigación disciplinaria Procede el despacho a evaluar las diligencias obrantes en la investigación disciplinaria, adelantada en contra de la señora XXX, Secretaria General de la Corporación Autónoma XX, por los hechos posteriores al 29 de septiembre de 2016. 4.2.1. Marco General Las corporaciones autónomas regionales son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado, entidades que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución política, numeral 7 del artículo 150, gozan de un régimen de autonomía administrativa y financiera.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 y concordantes de la ley 99 de 1993, el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales lo conforman no solo las rentas aportadas por la nación, sino también los recursos propios provenientes de fuentes diferentes, cómo son las tasas, contribuciones, los recaudos de los impuestos prediales, multas, etc., incluidos los referidos en el artículo 317, inciso 20 del ordenamiento constitucional. "Asuntos: l) Directrices sobre la aplicación de la Ley 1474 de 201 1 en materia de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios en general. ll) Directrices sobre ta prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria en los procesos cuyo objeto fueren las faltas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. III) Directriz respecto a la norma de procedimiento aplicable en los procesos disciplinarios en que se investiga a los miembros de las fuerzas militares." 14 "PRIMERO: El artículo 132 de la Ley 1474 de 201 1 , por medio del cual se modifica el artículo 30 de la Lev 734 de 2002, deberá aplicarse en materia de prescripción solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del 12 de iulio de 201 1. En consecuencia, todos los procesos disciplinarios que a dicha fecha se encontraren en curso y aún aquellos que no se hubieren iniciado pero que se refieran a hechos anteriores a la expedición de la Ley 1474, deberían regirse por el término prescriptivo de la acción disciplinaria, previsto en el artículo 30, original, de la ley 734 de 2002.

SEGUNDO: Para los efectos de la ley 1474 de 201 1, se deberá entender que la acción disciplinaria prescribe en XXX contados a partir del auto de apertura de la investigación disciplinaria o del auto de citación a audiencia, según fuere el procedimiento." (Las subrayas son del Despacho) los 1 'UC Por virtud de la Ley 99 de 1993 por la cual se crearon las corporaciones autónomas regionales y con el fin de garantizar las tentas para la protección ambiental y de los recursos naturales, en su capítulo VII correspondiente a las rentas, les fijo unas fuentes de recursos que serían administrados por dichas entidades, las cuales son: i) las tasas retributivas y compensatorias por las consecuencias nocivas de la utilización de los recursos naturales (art. 42), ii) Tasas por la utilización del agua (art. 43). (iii) porcentaje ambiental sobre el gravamen a la propiedad del inmueble (art. 44) y iv) las transferencias del sector eléctrico (art. 45).

5. Caso Concreto Con relación a la observación reportada en el hallazgo XX emitido por la Contraloría General de la República como resultado de la auditoría a la Corporación Autónoma XXX, referente a la presunta falta de gestión diligente y oportuna para la recuperación de los recursos adeudados por las entidades territoriales del porcentaje sobretasa ambiental al impuesto predial, este despacho logra colegir del material probatorio recaudado en la investigación disciplinaria lo siguiente: 1 Desde el XX, la Corporación Autónoma Regional XXX, contrató los servicios profesionales del abogado XXX con el propósito de adelantar el cobro prejudicial y judicial por ese concepto.

2. Según informe suscrito por el apoderado XX la Corporación Autónoma Regional Del XX, adelantó diversas acciones como: Requerimientos periódicos a los entes territoriales.

Designación de funcionarios para inspeccionar y analizar la gestión del recaudo que se hacían en los municipios de la región. Suscripción de convenios interadministrativos entre el Agustín Codazzi y los entes territoriales con el objeto de aunar esfuerzos para adelantar el proceso de actualización de la formación catastral de la zona urbana y rural del municipio correspondiente, aumentando la información de recaudos. Activación de los cobros coactivos Contratación de asesoría externa de abogados expertos. Presentación de acciones de cumplimiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La recuperación de XXX que habían dejado de declararse y pagarse por el Distrito de XXXX. Por otra parte, se observa en ese mismo informe, las diferentes situaciones jurídicas que han impedido a la Corporación Regional ejercer un cobro de cartera exitoso, así: 1 . Disparidad de criterios por parte de los tribunales y juzgados en relación con el mecanismo procesal procedente para efectuar el cobro jurídico. 2 Las autoridades judiciales frente a los cobros coactivos han determinado que los municipios son meros recaudadores del porcentaje ambiental sobre los gravámenes a la propiedad del inmueble, por lo que no tienen calidad de sujetos pasivos. En ese orden se entiende que Corporación Autónoma Regional del XXX ha cumplido su deber en primer lugar, desplegando la actividad prejudicial o judicial de los dineros adeudados por los respectivos entes territoriales desde ei mes de XX aun cuando no

se ha obtenido el resultado esperado y en segundo lugar, adelantado otras actividades tendientes a prevenir futuras situaciones similares frente al cobro oportuno del porcentaje ambiental. Con todo, concluye este Despacho con base en el material probatorio obrante en el expediente, que la Corporación objeto de la actuación que hoy nos ocupa, si bien, como se sustentó en precedencia, no ha logrado la finalidad que señaló la Contraloría en su informe a través de la acción por esa entidad señalada, también lo es, que existen argumentos soportados que dan cuenta que ello, no se deriva de la inactividad del ejercicio de la acción a su cargo, sino de circunstancias ajenas que fueron presentadas en el marco de la actuación como justificación de la situación que motivó la construcción del hallazgo. Por lo tanto, conforme a los razonamientos expresados y pruebas aportadas, es claro para el despacho que los hechos materia de investigación señalados entre XXX y siguientes, no se presentaron, siendo imperioso para la entidad terminar la investigación disciplinaria adelantada en contra de la señora XX y archivar la actuación, en los términos del artículo 90 de la Ley 1952 de 2002. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Delegada, en uso de atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Declarar la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria frente a los hechos ocurridos con anterioridad al XXX de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. Dar por terminada la actuación disciplinaria iniciada en contra de la señora XXX en calidad de Secretaria General de la Corporación Autónoma XXXX consecuente con lo anterior, archivar definitivamente la investigación disciplinaria No XXX de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO. Notificar, la presente providencia a la señora XXXXX CUARTO. No se comunica la presente decisión a quejoso alguno, como quiera que fue mediante informe de servidor. QUINTO. Adelántense por la Secretaría de esta Procuraduría Delegada todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo aquí dispuesto y una vez en firme la decisión adoptada, archívese esta documentación, dejando las constancias a que haya lugar.

Parágrafo: Por el funcionario competente, realizar la actualización del Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA TERESA GUITERREZ NOGUÈRA

Procuradora Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa