PGN - IUR 39010

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Presuntas anomalías en la entrega de bienes, con ocasión al proceso liquidatario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por la no coincidencia del inventario de bienes, ya que de acuerdo al sistema FARO (de la DNE) DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES-No era posible determinar con certeza las cifras de los bienes que eran administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. TIPO DISCIPLINARIO-Análisis jurídico de los elementos del tipo disciplinario endilgado contenido en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, recogida en el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019. El análisis se realizará en el siguiente orden teniendo en consideración la segunda parte del problema jurídico a resolver, esto es si con la demostración probatoria de los supuestos fácticos de la conducta, se incurrió en irregularidad susceptible de ser constituida como falta disciplinaria al tenor de lo establecido en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, norma vigente para el momento de la comisión de los hechos, recogida en el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019 y acorde con el cargo formulado. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Este elemento constituye el desarrollo del principio de Legalidad, consagrado en el artículo 4 de la Ley 734 de 2002 CARGO ÚNICO-Falta Disciplinaria Gravísima, consagrada en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, recogida en el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019; numeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002

“(…) 4.1. CARGO ÚNICO contra de XXX, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de funciones en su condición de apoderada general del agente liquidador – FIDUPREVISORA S.A. y responsable en el proceso de liquidación de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la entrega de unos bienes a la Sociedad de Activos Especiales. (…)” (fl. 121). ILICITUD SUSTANCIAL-Consideró que presuntamente fueron impactados los principios de eficacia y responsabilidad, sin justificación alguna. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA-Respecto al factor subjetivo, la conducta fue calificada en forma provisional desplegada a título de culpa gravísima

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hechos, y actualmente señalada en el inciso 3 del artículo 29 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, sobre las causales legales para la configuración de esta modalidad de culpa, correspondientes a la comisión de la falta por Ignorancia Supina, Desatención Elemental o Violación Manifiesta de Reglas de Obligatorio Cumplimiento. Sin embargo, en el auto de formulación de cargos al pronunciarse sobre este elemento estructurador de la falta disciplinariaCulpabilidadno se encuadró la calificación provisional en ninguna de estas categorías, para concluir que se adecuó a esta modalidad de culpabilidad. FALLO ABSOLUTORIO-No obstante lo anterior, en razón a que el Despacho considera procedente proferir un fallo absolutorio en favor de la disciplinada, no realizará un mayor análisis sobre este presupuesto subjetivo de la conducta.

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PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 2

RADICACIÓN: IUS E-2019-423373 / IUC D-2019-1355937.

INVESTIGADOS: María Mercedes Perry Ferreira.

CARGO Y ENTIDAD: Apoderada General de la Fiduciaria La Previsora S.A. para liquidar la Dirección Nacional de

Estupefacientes -DNE.

QUEJOSO: De oficio.

FECHA HECHOS: Desde septiembre de 2014.

ASUNTO: Fallo de primera instancia absolutorio

Bogotá, D. C., 7 de septiembre de 2023

I. ASUNTO POR TRATAR Este Despacho procede a proferir fallo de primera instancia dentro de las diligencias con el radicado número IUS E-2019-423373 / IUC D-2019-1355937 una vez concluidas las etapas de investigación, cargos, descargos y alegatos de conclusión.

II. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO1

La señora MARÍA MERCEDES PERRY FERREIRA, identificada con la cédula de ciudadanía No.XXXXXXXXXXX, designada mediante Escritura Pública número 1777 otorgada el día 7 de octubre de 2011, por la Fiduciaria La Previsora S.A. como Liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación; poder adicionado mediante Escritura Pública número 580 otorgada el día 4 de abril de 2012, y certificación expedida el día 31 de julio de 2019, por el doctor Cesar Camilo Neira Ávila, Director de Contratos de la Fiduciaria La Previsora S.A. (fls. 48 a 59, 60 a 61, 62 a 64 del cuaderno principal número 1).

II. RESUMEN DE LOS HECHOS2 Y ANTECEDENTES PROCESALES

3.1. ANTECEDENTES FÁCTICOS.

Mediante oficio OFl18-0025321-GED-1503 del 29 de agosto de 2018, el doctor

Oscar Julián Valencia Loaiza, Director Jurídico del Ministerio de Justicia, remitió la queja formulada por ciudadano anónimo, la cual fue enviada desde el correo electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la señora María Mercedes Perry, liquidadora y la FIDUPREVISORA, relacionada con las presuntas anomalías en la entrega de bienes, con ocasión al proceso liquidatario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por la no coincidencia del inventario de bienes, ya que de acuerdo al sistema FARO (de la DNE) ascendían a 90.000 y 1 Artículo 170 Ley 734 de 2002, El fallo debe ser motivado y contener: 1 Identidad del investigado. 2 Artículo 170 Ley 734 de 2002. 2. Un Resumen de los hechos.

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Fallo de primera instancia. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 3 según el sistema Matrix correspondían a una cifra inferior a 50.000 bienes, por lo que consideró que se extraviaron entre otros: aviones, barcos, semovientes, vehículos, dineros, sustancias, bienes rurales y urbanos de incalculable valor. Con base en lo anterior, el ciudadano en comento solicitó que se realizara un

paralelo entre ambos sistemas, y la SAE S.A.S. empresa a la cual mediante un contrato interadministrativo, le fueron entregados más de 15.000 bienes en depósito provisional, entre ellas a través de las resoluciones 1956 y 1957 de 2010, como por actas de incautación, por lo que dicho incumplimiento de obligaciones le genera al Estado un detrimento patrimonial, por la falta de revisión de la rendición de cuentas para los años 2009 a 2014. En conclusión, el quejoso señaló que se encontraban “embolatados” 10.000 bienes rurales y urbanos, más de 300 aeronaves, más de 300 motonaves, más de 100.000 semovientes, más de 500 sociedades y establecimientos de comercio, de los cuales se envía relaciones detalladas para la investigación por el cambio de los sistemas referidos. De manera posterior, el funcionario Andrés José Rugeles Pineda, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, a través del oficio número OFl1900008792/ lDM 110300 del 29 de enero de 2019, remitió a la Procuraduría General de la Nación, la queja de origen anónima relacionada con las aparentes anomalías de la gestión efectuada por SAE SAS, encargada de la recepción de varios bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, de la Dirección Nacional de Estupefacientes Liquidada y otros que continúan percibiéndose, como producto de la incautación dentro de los procesos de extinción de dominio, en

cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1708 de 2014. A su vez, indicó que la señora Alexandra Martinez, ex coordinadora jurídica de la SAE SAS, afirmó que posiblemente se extraviaron más de 25.000 bienes, avaluados en 1.3 billones de pesos. (fls.5 a 11).

3.2. ANTECEDENTES PROCESALES

3.2.1. REMISIÓN POR COMPETENCIA.

Mediante auto de fecha 23 de abril de 2019, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dispuso la remisión por competencia de las diligencias disciplinarias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa – reparto. (fls. 3 a 4). En forma posterior, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a través del auto de fecha 21 de mayo 2019, dispuso la remisión por competencia de las diligencias disciplinarias a la Procuraduría Delegada para Economía y Hacienda Pública (fls. 19 a 22).

3.2.2. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

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– www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 4 Mediante auto de fecha 4 de septiembre de 2019, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora María Mercedes Perry Ferreira, en calidad de Liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes para la época de los hechos, porque: “(…) presuntamente incurrió en posibles irregularidades, cuando con fecha 30 de septiembre de 2014, realizó una entrega de bienes muebles e inmuebles sobre papel, a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), sin realizar verificación, descripción y avalúo de los mismos. Indicó que no se sabe, dónde se encuentran dichos bienes, si se han vendido y a quién, si están en comiso, si se han comercializado, si tienen matrículas inmobiliarias, sin (sic) han sido ocupados ilegalmente, si hay reporte de desalojos y, si se han hecho los reportes respectivos sobre la productividad de los mismos, tampoco se conoce el estado actual de dichos bienes; manifestando que cuando se hicieron dichos inventarios en un Sistema llamado MATRIZ, la liquidadora, en forma presuntamente irregular, cambió a un Sistema FARO, sacando de los inventarios varios bienes, que posiblemente presentarían un detrimento patrimonial al Estado. (…)”. (fls. 23 a 26). Esta providencia fue notificada por edicto a la disciplinada, fijado entre los días 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2019 (fls. 75 a 76).

Durante la etapa de investigación disciplinaria, fueron decretadas y practicados los medios de prueba.

3.2.3. CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y TRASLADO ALEGATOS

PRECALIFICATORIOS.

Mediante auto de fecha 24 de octubre de 2022, la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública ordenó el cierre de la investigación disciplinaria y correr traslado a los sujetos procesales, por el término de diez (10) días, conforme lo prevé el artículo 220 de la Ley 1952 de 2019 (fls. 109 a 110). Esta providencia fue notificada por estado fijado el día 8 de noviembre de 2022 (fl. 114).

3.2.4. DE LA IMPUTACIÓN.

La Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública mediante auto de fecha 31 de enero de 2023, profirió pliego de cargos en contra de la investigada María Mercedes Perry Ferreira, en calidad de Liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes para la época de los hechos, presuntamente por incurrir en la falta gravísima consagrada en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, reiterada en el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019, calificada provisionalmente a título de culpa gravísima. De igual forma, se ordenó remitir el proceso disciplinario a la Procuraduría Delegada con funciones de juzgamiento Disciplinario – reparto, una vez surtido

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Fallo de primera instancia.

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3.2.5. FIJACIÓN DE PROCEDIMIENTO.

Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2023, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 ordenó la fijación de procedimiento conforme a lo consagrado en el artículo 225 A de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021 (fls. 161 a 162); providencia notificada a los sujetos procesales conforme obra a folios 163 a 166 del plenario. 3.2.6. DESCARGOS El día 23 de marzo de 2023, la señora María Mercedes Perry Ferreira por

conducto de su apoderado de confianza remitió por correo electrónico el memorial a través del cual solicitó el decreto y práctica de pruebas en descargos, además, aportó pruebas documentales y ser escuchada en versión libre (fls. 186 a 195 y medio magnético a folio 196).

3.2.7. PRUEBAS EN DESCARGOS.

Mediante auto de fecha 26 de mayo de 2023, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 accedió al decreto y práctica de pruebas en descargos, decretó pruebas de oficio y otras consideraciones (fls. 210 a 215). En cumplimiento de lo anterior, fueron practicadas las pruebas decretadas en descargos, conforme obra en el plenario. El día 10 de julio de 2023, la doctora María Mercedes Perry Ferreira rindió la diligencia de versión libre y espontánea a través de las herramientas virtuales (Medio magnético a folio 323).

3.2.8. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Mediante auto de fecha 18 de julio de 2023, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 ordenó correr traslado para alegar de conclusión a los sujetos procesales, una vez culminado el periodo probatorio decretado y practiIUS E-2019-423373/ IUC D-2019-1355937. Fallo de primera instancia. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383

– www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 6 cado en descargos (fls. 355 a 356); providencia notificada por estado a los sujetos procesales el día 1° de agosto de 2023, conforme obra a folio 570 del plenario. El día 9 de agosto de 2023, la señora María Mercedes Perry Ferreira remitió por correo electrónico en forma escrita la versión libre (fls. 371 a 388).

IV.CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

4.1. COMPETENCIA PARA PROFERIR EL FALLO.

Procede el Despacho a proferir fallo de primera instancia dentro de las presentes diligencias, de conformidad con la competencia asignada a esta Procuraduría Delegada, en los artículos 12 y 13 del Decreto 1851 de 20213 – “Por medio del cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones”-; decreto expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias del Presidente de la República consagrada en el artículo 69 de la Ley 2094 de 2021. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el presente caso se investiga la conducta desplegada por la señora María Mercedes Perry Ferreira, designada

3 DECRETO 1851 DE 2021.- “Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasaren a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones.”- “(…) ARTÍCULO 12. Modificar el Artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, el cual quedara así: ARTÍCULO 25. Competencias. Las procuradurías delegadas de instrucción tienen las siguientes competencias:

1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de Ia decisión de archivo, contra

los siguientes sujetos disciplinables: c. Los Agentes Diplomáticos y Consulares, los Directores Generales del Ministerio de Hacienda, los Defensores Delegados, los Personeros Delegados de la Personería de Bogotá, D. C., los Gobernadores, los Contralores Departamentales, los alcaldes de capitales de departamento y los Distritales salvo el de Bogotá, D.C. La competencia frente a estos servidores públicos se ejercerá respecto de las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición del cargo o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo. (…) ARTÍCULO 13. Adiciónese el Artículo 25A al Decreto Ley 262 de 2000, el cual quedara así:

ARTÍCULO 25A. Competencias. Las procuradurías delegadas de juzgamiento tienen las siguientes competencias:

1. Conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas de instrucción. (…)” (Lo subrayado fuera de texto).

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Fallo de primera instancia. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 8 Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, reproducida en el artículo 25 de la Ley 1952 de 2019, sobre la inclusión de los particulares como destinatarios de la ley disciplinaria. De acuerdo con lo anterior, se encuentra plenamente establecida la calidad de particular de la señora María Mercedes Perry Ferreira, como agente liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por ende, sujeto disciplinable por conductas atribuidas en virtud a las facultades conferidas, con la competencia disciplinaria reservada a la Procuraduría General de la Nación. 4.3. VIGENCIA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. 4.3.1. Suspensión de los términos en los procesos disciplinarios adelantados en la Procuraduría General de la Nación a partir del 17 de marzo de 2020 y hasta el 25 de mayo de 2020. Con ocasión de la emergencia social, económica y ambiental derivada de la pandemia general por el virus COVID-19, la Procuraduría General de la Nación

se vio en la obligación de suspender los términos de sus actuaciones disciplinarias desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020 (70 días calendario) de conformidad con las resoluciones que para el efecto fueron expedidas por la entidad y que a continuación se relacionan, por consiguiente se aclara que los términos de prescripción y caducidad de las actuaciones disciplinarias se ven modificados y para el cálculo o computo de las mismas, deberán tenerse en cuenta los setenta (70) días calendario que ordenaron la suspensión de las actuaciones. - Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “SUSPENDER TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a partir del martes diecisiete (17) de marzo dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020)” - Resolución No. 136 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación hasta el viernes tres (3) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 148 del 3 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las

actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 173 del 17 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.”

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Fallo de primera instancia. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 9 - Resolución No. 184 del 24 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes once (11) de mayo de dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 204 del 8 de mayo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual ordenó “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las

actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020) inclusive.” Concomitante con lo expuesto hay que señalar que todo lo anterior también está en consonancia con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido el Presidente de la República el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia por el virus COVID-19. Igualmente el Presidente de la República expidió el Decreto No. 491 del 28 de marzo 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la prevención laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en su artículo 6° estableció la “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. En consecuencia, los términos de las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación estuvieron suspendidos desde el diecisiete (17) de marzo de 2020 hasta el veinticinco (25) de mayo de 2020, inclusive, suspensión que aplica a este proceso disciplinario con radicación IUSE-2019-423373 / IUC D-2019-1355937, cuya acción disciplinaria se encuentra vigente al tenor de lo establecido en el artículo 1324 de la Ley 1474 de 2011 en

concordancia con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. Así las cosas, en la presente actuación disciplinaria, la apertura de investigación data del 4 de septiembre de 2019, entonces para definir la fecha real de prescripción de la acción disciplinaria se deben tomar en consideración los 70 días calendario que estuvieron suspendidos los términos disciplinarios por motivos de salubridad pública y emergencia sanitaria mundial, por la pandemia del virus COVID-19. 4 ARTÍCULO 132. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo derogado a partir del 265 30 1 de julio de 2019, por el artículo de la Ley 1952 de 2019>> El artículo de la Ley 734 de 2002, quedará así: “La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas”. PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”.

IUS E-2019-423373/ IUC D-2019-1355937.

Fallo de primera instancia. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 10 Como quiera que, a la presente fecha, no se ha vencido el término para ejercicio de la facultad sancionatoria que tiene este órgano de control, contabilizando adicionalmente los setenta días antes mencionados, motivo por el cual se puede emitir el fallo disciplinario de primera instancia. Adicionalmente, este Despacho considera oportuno precisar lo siguiente frente a la suspensión de la prescripción de la acción disciplinaria en el presente caso, teniendo en cuenta la fecha del auto de apertura de investigación, esto del 4 de septiembre de 2019, conforme al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. Sobre este particular, es importante señalar que, si bien es cierto que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 establece que “La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria”, también lo es que con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica en todo el territorio nacional por causa de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, mediante Resoluciones 128 del 16 de marzo de 2020, 136 del 24 de marzo de 2020, 148 del 3 de abril de 2020, 173 del 17 de abril de 2020, 184 del 24 de abril de 2020, y 204 del 8 de mayo de 2020, la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión de términos de todos los proce