PGN - IUR 39266

REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa y patrimonial de municipio por perjuicios causados como consecuencia de materialización de medidas cautelares dentro de proceso de cobro coactivo RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Marco normativo referente a cuando es derivada de actos administrativos legales REPARACIÓN DIRECTA-Procedencia excepcional de esta cuando el daño se deriva de un acto administrativo, según sentencia del Consejo de Estado MUNICIPIO-Su responsabilidad está relacionada con el decreto y materialización de medidas cautelares dentro de proceso de cobro coactivo en contra del demandante CARGA DE LA PRUEBA-Le incumbe a la parte demandante probar los supuestos de hecho de las normas que pretende se apliquen a su favor DAÑO-Se presentó omisión en el deber probatorio de acreditar este al igual que los perjuicios ocasionados por actos administrativos …Considera e Ministerio Público que, en el caso objeto de examen, la parte actora omitió su deber probatorio de acreditar el daño y los presuntos perjuicios ocasionados como consecuencia de los actos administrativos emitidos por el Municipio de San Luis (Tolima), siendo una obligación que le incumbe a la parte interesada en demostrar que concurren los elementos exigidos por el artículo 90 superior, para que se pueda condenar a la Entidad Pública a la reparación de los daños antijurídicos que con su actuar u omisión hubiere ocasionado. Ante tal vacío probatorio, se impone en el sub judice un resultado desfavorable para la parte actora. En efecto, en el plenario no se encontró prueba alguna de que las mencionadas medidas cautelares impuestas al demandante dentro del proceso coactivo

adelantado por el Municipio de San Luis, se hubieren materializado evidenciando los presuntos perjuicios que adujo la parte demandante causados, máxime cuando ni siquiera se logró establecer la concreción de la retención de los dineros depositados en las cuentas bancarias objeto de embargo o el registro del gravamen de los bienes inmuebles en la oficina de instrumentos públicos y de los establecimientos de comercio en la Cámara de Comercio, y de ser así, si ello afectó el flujo normal de los recursos económicos del demandante. PERJUICIOS CAUSADOS-No existe prueba que evidencie que esté acreditada la existencia de estos como consecuencia del decreto de medidas cautelares al demandante MEDIDAS CAUTELARES-Impuestas al demandante en el proceso coactivo no se materializaron Página 1 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

CONCEPTO No. 106 / 2023

Bogotá D. C., 19 de octubre de 2023 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor José Roberto Sáchica Méndez

E. S. D.

Expediente: 730012333000202000332-01 (70317)

Acción: Reparación Directa

Actores: Rafael Hernández Lara Ojeda

Demandado: Alcaldía Municipal San Luis – Tolima.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 22 de junio de 2023 / Presuntos perjuicios materiales e inmateriales, en razón al decreto y materialización de medidas cautelares impuestas dentro del proceso de cobro coactivo / Omisión en el deber probatorio de acreditar el daño y los presuntos perjuicios ocasionados por actos administrativos / Inexistencia del daño alegado / Las medidas cautelares impuestas al demandante dentro del proceso coactivo no se materializaron.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El 24 de septiembre de 2020, el señor Rafael Hernán Lara Ojeda; por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de Reparación Directa en contra de del Municipio de San Luis(Tolima), con el fin de obtener una reparación de perjuicios como consecuencia de la expedición de la Resolución No. 118 de 2018 por medio de la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de la actuación administrativa sancionatoria adelantada contra Rafael Hernán Lara Ojeda y se dispuso el desembargo de los bienes grabados con dicha medida cautelar.

1.2. Pretensiones

Que se declare que el Municipio de San Luis (Tolima) es responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios materiales e inmateriales causados al señor Rafael Hernán Lara Ojeda, como consecuencia de la materialización de las medidas cautelares decretadas con la expedición de las resoluciones Números 742 de 2017, 831 de 2017, 1154 de 2017, 041 de 2018 y 060 de 2018, perjuicio que se consolidó con la expedición de la resolución No. 118 de 2018 por medio de la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de la actuación administrativa sancionatoria adelantada contra Rafael Hernán Lara Ojeda y se dispuso el desembargo de los bienes gravados con dicha medida cautelar. Que se condene al Municipio de San Luis (Tolima) a pagar a Rafael Hernán Lara Ojeda, o a quien represente legalmente sus intereses, los perjuicios materiales equivalentes a la suma de Mil ochocientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil doscientos treinta Página 2 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 y dos pesos ($1.853.941.232 00); Perjuicios morales equivalente a 100 salarios MMLV; Daños

a la Vida de Relación equivalentes a cien (100) SMLMV. 1.3. Hechos La parte demandante fundamenta la demanda en las siguientes situaciones fácticas: Que el día 10 de octubre de 2016, funcionarios de la administración municipal de San Luis, realizaron visita a las instalaciones de la planta SERMITOL para revisar si unas obras civiles construidas en ella contaban con licencia de construcción, de la cual se levantó el respectivo informe de visita (folios 61 a 72 ibídem) Que mediante Resolución 742 de 14 de junio de 2017, el alcalde Municipal de San Luis impuso al demandante, en calidad de propietario del establecimiento de comercio planta SERMITOL, multa de 400 SMLMV por realizar construcciones en jurisdicción del Municipio de San Luis, sin contar con las respectivas licencias urbanísticas, con base en las facultades otorgadas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, otorgándole un término de 60 días para tramitar la licencia de reconocimiento con fundamento en el artículo 015 del Acuerdo municipal 015 de 2016. (folios 74 a 82 ibídem) Que una vez notificada la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 742 de 14 de junio de 2017 mediante oficio radicado el 23 de junio de 2017 (folios 84 a 92 ibídem) Que el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 742 de 14 de junio de 2017, fue resuelto por el representante legal del Municipio demandado en forma negativa a través de la Resolución 1154 de 28 de diciembre de 2017, notificada el 15 de enero de 2018,

quedando ejecutoriada entonces la Resolución 742 del 14 de junio de 2017 (fls. 119 a 135 ibídem) Que, en uso de la facultad legal de cobro coactivo, la administración municipal de San Luis libró mandamiento de pago en contra del señor Rafael Hernán Lara Ojeda para perseguir el pago de las sumas de dinero cuyo pago se ordenó a través de la Resolución 742 de 14 de junio de 2017, confirmada a través de la Resolución 1154 de 28 de diciembre de 2017 (fls. 136 – 137 ibídem) Que el secretario de Hacienda del Municipio de San Luis, mediante Resolución 041 de 12 de julio de 2018 “Por la cual se ordena el embargo de cuentas, establecimiento de comercio y bienes por concepto de una multa por infracción urbanística” decretó las anotadas medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo seguido en contra del demandante, procediendo entonces a oficiar las mismas. (fls. 144 a 160 ibídem). Que mediante escrito del 10 de diciembre de 2018 el señor Rafael Hernán Lara Ojeda, por medio de su apoderado, presentó solicitud de nulidad de la actuación administrativa adelantada por el Municipio de San Luis, que dio lugar a la expedición de la Resolución No. 742 de 2017 y a los actos administrativos inherentes a la misma (fls 139 a 148 ídem) Que mediante Resolución No 118 del 12 de diciembre de 2018 el Municipio de San Luis resolvió la solicitud de nulidad presentada por el señor Rafael Hernán Lara Ojeda accediendo

a la misma, y declarando en consecuencia terminado el proceso de cobro coactivo seguido en contra del demandante y procediendo al levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso de cobro coactivo (fls 333 a 373 documento 024 contestación de la demanda – expediente digital) Por considerar que el decreto de las medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra, y su materialización, configuran una falla del servicio atribuible a la demandada, atendiendo a que se decretó la nulidad de la Resolución que declaró al Página 3 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 demandante infractor de normas urbanísticas, se acudió al presente medio de control de reparación directa. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. Municipio de San Luis A través de apoderada judicial se opuso a todas las pretensiones planteadas en la demanda por considerarlos carentes de fundamento tanto fáctico como legal. Adujo que, con ocasión de un proceso administrativo adelantado en contra del actor, se evidenció que no contaba con licencia de construcción de las obras realizadas en las instalaciones de la planta SERMITOL en jurisdicción del Municipio de San Luis, Tolima,

teniendo el deber legal de obtenerlas. Resalta que, mediante acta de visita del 10 de octubre de 2016, el demandante se obligó a entregar en un plazo máximo de 10 días, la licencia de construcción o iniciar el trámite para el reconocimiento de las construcciones existentes, no obstante, realizó las construcciones transgrediendo el ordenamiento jurídico al no contar previamente con la licencia de construcción. Manifiesta que la nulidad declarada por el municipio mediante la Resolución 118 de diciembre 12 de 2018, se hizo de manera oficiosa como quiera que, cuando se expidió la Resolución 041 del 12 de julio de 2018, sustentada en el artículo 9 de la Ley 1066 de 2006, y que ordenó el embargo de cuentas, bienes y establecimiento de comercio, se hizo teniendo en cuenta que las Resoluciones No. 742 de junio 14 de 2017 y 1154 de diciembre 28 de 2017, se encontraban ejecutoriadas y caducadas por el vencimiento de términos legales de que disponía el ejecutado para demandar estos actos administrativos de carácter particular y concreto. Aduce que las normas municipales invocadas como lo son el artículo 368 del Acuerdo 029 de 2008, establecen que la oportunidad para alegar nulidades transcurre en forma simultánea con el término para interponer el recurso, lo cual no se hizo por el demandante. No obstante haberse presentado la solicitud de nulidad con nuevas pruebas y nuevos argumentos jurídicos el 10 de diciembre de 2018, por fuera de la oportunidad legal, no se imponía a la administración resolverla.

Indica que, el demandante alegando su propia culpa al transgredir el ordenamiento jurídico por construir sin licencia de construcción, pretende beneficiarse de la declaratoria de nulidad en cuanto al cobro de la multa que fue declarada por el municipio mediante la Resolución 118 del 12 de diciembre de 2018, es decir, que fue resuelta tan solo 2 días después de presentada la solicitud de nulidad con radicado 3453 del 10 de diciembre de 2018 y el mismo 12 de diciembre de 2018 se le envió citación para notificarle la resolución 118, y de inmediato se libraron las ordenes de desembargo de cuentas y bienes. 1.5. Sentencia de primera instancia El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante. Decisión que respaldo con los siguientes argumentos: Expuso el Tribunal que, si bien se encontró demostrada la responsabilidad del Municipio de San Luis al declarar nula la actuación adelantada de cobro coactivo, reconociendo que los actos administrativos que originaban dicho trámite carecían de soporte legal, también encontró que no se allegó material probatorio que respaldara la acreditación de los perjuicios alegados como consecuencia del decreto de las medidas cautelares impuestas al demandante. Página 4 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá,

Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Indicó que, los elementos de prueba allegados al proceso no resultaron suficientes para demostrar que las aludidas medidas cautelares impuestas al demandante dentro del proceso coactivo adelantado por el Municipio de San Luis, se hubieren materializado evidenciando los presuntos agravios que aduce causados, máxime cuando no se logró establecer la concreción de la retención de los dineros depositados en las cuentas bancarias objeto de embargo, como tampoco del registro del gravamen de los bienes inmuebles en la oficina de instrumentos públicos y de los establecimientos de comercio en la Cámara de Comercio, y que ello hubiera afectado el flujo normal de los recursos económicos del demandante. 1.6. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En desacuerdo con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 22 de junio de 2023, el extremo demandante presentó recurso de apelación mediante el cual expuso los siguientes motivos de inconformidad: Refiere que en la sentencia de primera instancia los señores magistrados dejaron de apreciar en estricto rigor la prueba pericial y las demás las valoró de manera inadecuada. Aduce que, si bien es cierto, no se logró determinar los daños materiales reclamados, esto a manera del lucro cesante por perdida de oportunidad, no es menos cierto, que, si hubo un detrimento y afectación patrimonial al señor Rafael Hernán Lara Ojeda, en razón de las

decisiones ilegales tomadas por el Municipio de San Luis en la actuación administrativa sancionatoria. Considera que, el sr. Lara Ojeda si fue afectado de daño moral, dada su imagen, su buen nombre y seriedad como empresario en el sector minero en el Departamento del Tolima, toda vez que, tuvo que someterse a un tratamiento médico para superar la aflicción y ansiedad de conformidad con el registro de la historia clínica aportada. Insiste en que, con el actuar del Municipio, al proferir una decisión sancionatoria y medidas cautelares de embargo de las cuentas bancarias y bienes del sr. Lara Ojeda, se desconocieron preceptos constitucionales del debido proceso y se produjo un grave daño en el patrimonio y salud del señor Lara Ojeda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De conformidad con los motivos de disenso planteados en el recurso de apelación, el problema jurídico en el presente asunto consiste en determinar si, con el decreto y materialización de las medidas cautelares impuestas dentro del proceso de cobro coactivo seguido en contra del demandante, que perseguía el cobro de la multa impuesta al demandante mediante la Resolución 742 de 14 de junio de 2017, confirmada con Resolución 1154 de 28 de diciembre de 2017 por infracción de las normas urbanísticas, que terminó con la revocatoria directa de los actos administrativos que servían de título ejecutivo por parte de la misma administración, se causaron perjuicios materiales e inmateriales que deben ser reparados en la cuantía establecida en la demanda, o en lo que resulte probado.

Determinar si con el material probatorio aportado al proceso, la parte demandante logró probar con grado de certeza los daños materiales e inmateriales alegados, ocasionados por el Municipio de San Luis (Tolima) que obliguen a este a reparar en favor del demandante. Determinar si la parte demandante asumió la carga probatoria que le correspondía para respaldar las pretensiones de la demanda. Página 5 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 2.2. Marco normativo – Responsabilidad del Estado derivada de Actos Administrativos Legales En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado ha determinado que, en el marco de la estructura de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado1. En ese sentido resulta clara la postura del máximo Tribunal Contencioso, según la cual se ha considerado que el ordenamiento jurídico distinguió la procedencia de las acciones a partir del origen del daño, reservando así la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados sean consecuencia de un acto administrativo y la acción de reparación directa para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u

operación administrativa; sin embargo, la regla aludida encuentra dos excepciones claras en la jurisprudencia: la primera tiene que ver con los daños que se hubieren causado por un acto administrativo legal y la segunda con los daños cuya fuente sea la ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 2. En lo concerniente, a la última hipótesis en la que procede el medio de control de reparación directa relativa a actos administrativos que han sido revocados por la entidad pública que los profirió o anulado por la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, ha señalado: “En la hipótesis a la que se ha venido haciendo referencia, es decir en los eventos en que la acción de reparación directa cuya pretensión resarcitoria la constituyan los perjuicios generados por la vigencia del acto administrativo que a la postre sería declarado ilegal o revocado por la propia Administración Pública, los casos respecto de los cuales se ha pronunciado la Sala tienen que ver principalmente con perjuicios derivados de la entrada en vigencia y ejecución del acto administrativo ilegal sufridos por quien vio mermado su patrimonio por la existencia misma del acto. (…) “Así las cosas, tres son las hipótesis que hasta este momento se han identificado para concluir acerca de la procedencia de la acción de reparación directa cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa: i) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por los actos administrativos ajustados al ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se cuestione en sede judicial la legalidad del acto administrativo en cuestión; ii)

Cuando se pretenda la condena por los perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa; y, iii) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere sido favorable al actor, cuando quiera que la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa que tiene a su cargo la Administración Pública. En las dos primeras hipótesis la legitimación en la causa por activa se configurará mediante la prueba idónea del carácter de perjudicado por la entrada en vigencia del acto administrativo – frente a ello resulta irrelevante que el acto sea legal o ilegal–, mientras que, en la tercera, para acreditar la legitimación en la causa por activa será suficiente probar el carácter de beneficiario del acto administrativo declarado ilegal o revocado directamente”3 (Negrillas del original). De modo que la Sección Tercera del Consejo de Estado1 ha reconocido la procedencia excepcional de la acción o medio de control de reparación directa cuando el daño se deriva de un acto administrativo, en los siguientes casos: 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016, Expediente: 6800123-33-000-2015-00479-01(55349). Página 6 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá,

Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 (i) Siempre que no se cuestione la legalidad del acto administrativo en el curso del proceso, por cuanto reconoce que el ejercicio de la función administrativa ajustado al ordenamiento jurídico puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos, eventos en los que el título de imputación utilizado ha sido el de daño especial por provenir los perjuicios de una actividad lícita y legítima del Estado”2 (ii) Cuando el daño proviene de la ejecución de aquél que ha sido objeto de revocación directa o de anulación por esta jurisdicción siempre y cuando no se haya consolidado la situación jurídica. Procede en estos casos pues el daño causado a los administrados se torna antijurídico en el momento en que la administración o la jurisdicción reconocen su ilegalidad y por tanto deciden retirarlo del ordenamiento jurídico, desapareciendo el deber de los administrados de soportarlo”.3 (iii) En caso de que el daño resulte de la ejecución irregular de un acto administrativo, ya que en este evento se configura una operación administrativa ilegal. (iv) Cuando se causa un perjuicio con un acto preparatorio o de trámite, que, por lo mismo, no es susceptible de demandarse en acción de nulidad y restablecimiento del derecho4. Lo anterior, teniendo en cuenta que la responsabilidad que se depreca respecto del MUNICIPIO DE SAN LUIS está relacionada con el decreto y materialización de las medidas

cautelares impuestas dentro del proceso de cobro coactivo seguido en contra del demandante, que perseguía el cobro de la multa impuesta mediante la Resolución 742 de 14 de junio de 2017, confirmada con Resolución 1154 de 28 de diciembre de 2017 por infracción de las normas urbanísticas y que terminó con la revocatoria directa de estos actos administrativos que servían de título ejecutivo por parte de la misma administración. Como se indicó anteriormente, la Sección Tercera de la Corporación también ha contemplado otra hipótesis en la cual procede la acción de reparación directa relativa a actos administrativos, en este segundo caso el mecanismo procesal en comento resulta procedente para demandar los perjuicios causados con ocasión de la entrada en vigor de un acto administrativo que a la postre sería revocado por la entidad pública o anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo En ese sentido, el Consejo de Estado ha sido reiterativo en sostener que es procedente la acción de reparación directa cuando un acto legal ocasiona daños y no se discute la legalidad del mismo (sin discriminar si se trata de un acto administrativo general o particular), dado que se pueden presentar situaciones en donde, en ejercicio de la función administrativa ajustada al ordenamiento jurídico, se genere el rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, presentándose de esta forma un daño especial.5 “(…) la jurisprudencia colombiana empezó a admitir la hipótesis de que un acto legalmente expedido pudiera causar daños y que tales daños pudieran ser objeto de reparación por 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, Expediente: 5200123-31000-1999-00959-01(26437). 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Expediente: 08001-23-33-000-2015-00721-01 (60161); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del trece (13) de abril de dos mil trece (2013). Expediente: 52001-23-31000-1999-00959-01(26437); Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del siete (7) de julio de dos mil cinco (2005), Radicado: 27842. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006). Expediente: 19001-23-31-000-1996-07005-01 (16079). 5 Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección a, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), radicación número: 52001-23-31000-1999-00959-01(26437). Página 7 de 21 JCR Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. Por lo que hace a la violación de este principio, es necesario entender, ante todo, que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce en un perjuicio que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas del mismo, es decir, cuando un administrado soporta las cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar al Estado; pero si en un momento dado debe soportar individualmente una carga anormal y excepcional, esa carga constituye un daño especial que la Administración debe indemnizar. Ha dicho la Corporación, que responde el Estado a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando al obrar de tal modo, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado”. 2.3. Material probatorio y hechos probados A efectos de fijar la posición del Ministerio Público, se considera la pertinencia valorativa sobre el siguiente material probatorio aportado al proceso. Copia de la Resolución No. 742 de 14 de junio de 2017, mediante la cual el Alcalde de San Luis impuso al señor RAFAEL HERNÁN LARA OJEDA, propietario del establecimiento de

comercio SERMITOL, multa por 400 SMLMV por haber realizado construcciones en jurisdicción del municipio de San Luis, sin contar con las respectivas licencias, inobservando las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, y concediendo el término de 60 días para que tramitara la licencia de reconocimiento con fundamento en el artículo 150 del Acuerdo 015 de 2016 (Fls. 74-81 contestación Municipio de San Luis). Copia del Auto No. 1 de 21 de julio de 2017 mediante el cual se dispuso el decreto de pruebas consistentes en un avalúo comercial de los bienes ubicados en las instalaciones de las edificaciones del predio del señor Rafael Hernán Lara Ojeda y se le requirió para que allegara la certificación del valor de las obras realizadas en las instalaciones del predio donde funciona el establecimiento de comercio SERMITOL. Este Auto fue expedido, dado que el señor Lara Ojeda interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 742 de 14 de junio de 2017, mediante la cual el municipio le impuso la multa por 400 SMLMV (Fls. 84-93 contestación Municipio de San Luis). Copia de la Resolución No. 1154 de 28 de diciembre de 2017, mediante la cual se confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución No 742 de 14 de junio de 2017, por medio de la cual se determinó una infracción urbanística cometida por el demandante (Fls. 119-132 contestación Municipio de San Luis), actos administrativos que cobraron fuerza de ejecutoria y no fueron sometidos a control judicial. Mandamiento de pago el 1 de julio de 2018, librado por la Secretaría de Hacienda Municipal

de San Luis, para el cobro administrativo coactivo de la Resolución 1154 de 28 de diciembre de 2017 que contenía una obligación clara, expresa y exigible a cargo de Rafael Hernán Lara Ojeda, por concepto de una sanción por infracción urbanística. (Fls. 136-137 contestación Municipio de San Luis). Resolución No. 041 de fecha 12 de julio de 2018, mediante la cual la Secretaría de Hacienda Municipal de San Luis, ordenó el embargo de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito o títulos representativos de valores en entidades financieras principales o sucursales de todo el país o los que llegaren a depositarse a nombre del señor Rafael Hernán Lara Ojeda, y de los inmuebles de su propiedad, limitando Página 8 de 2