PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Se debe ejercer actividades de control y supervisi

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

CONTRATACIÓN ESTATAL Radicación: 165-75249-2002

Disciplinado: JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS y ELISABETH

GARCÍA PÉREZ Cargo y entidad: Alcaldes de Puerto Inírida Quejoso: JOSÉ VICENTE VERARDINELLI SOLANO Fecha Queja: 12 de julio de 2002

Fecha Hechos: 11 de mayo de 2000 en adelante

Decisión: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Bogotá. D.C., 18 de agosto de 2005

1. OBJETO Procede el Despacho a fallar, en primera instancia, el proceso disciplinario adelantado contra JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS y ELISABETH GARCÍA PÉREZ, en sus condiciones de alcaldes de Puerto Inírida (Guainía), conforme a las previsiones del artículo 169 de la Ley 734 de 2002.

2. HECHOS El aspecto fáctico se contrae a la presunta no adopción de medidas tendientes a la debida ejecución del contrato 02 de 2000, entre el municipio y la Cooperativa COMENTE, para el desarrollo participativo en las comunidades indígenas de Guamal, La Ceiba y el Coco, mediante sistemas agroforestales Microcuencas, Río Inírida, municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, y al pago reconocido en la liquidación, al parecer, por encima de lo que correspondía.

3. CARGOS Adelantada la correspondiente investigación disciplinaria, se formuló pliego de cargos a los acusados, mediante auto de 8 de septiembre de 2004 (fls. 249 a 264),

así: 3.1. Al señor JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Inírida (pág. 252). 3.1.1. Cargo Único “ En su condición de (…), dentro de los ocho meses pactados como plazo para la ejecución del objeto contractual contados a partir del acta de inicio de fecha 11 de mayo de 2000 (FL 208 CO), omitió adelantar las acciones pertinentes para exigirle a la Cooperativa “COMENTE”, el cumplimiento correcto y oportuno del objeto pactado en el convenio interadminsitrativo No. 02 de fecha 6 de enero de 2000, sobre el desarrollo participativo en las comunidades indígenas Guamal, la Ceiba y el Coco mediante sistemas agroforestales microcuencas, río Inírida Municipio Inírida”. 3.2. A la señora ELISABETH GARCÍA PÉREZ, en su condición de alcaldesa de Puerto Inírida 3.2.1. Cargo Único “En su calidad de (…), al signar el acta de liquidación de fecha diez (10) de agosto de 2002 del contrato No 02/00, en donde el Municipio de Puerto Inírida le reconoce al contratista como valor ejecutado del contrato No. 02 la suma de $71.474.000, pudo haberle ocasionado un perjuicio económico al municipio y, como consecuencia, pudo haber ocasionado un incremento patrimonial a favor de un tercero”

4. DESCARGOS Y PRUEBAS

4.1. Del señor JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS

En el cargo, anota, se entra en una contradicción, pues, en la prueba distinguida con el No. 13, se señala que, en el mes de noviembre se elaboró un informe de seguimiento al convenio 002 de 2000, en el que consta que la ejecución del proyecto se ha realizado en un 51%. Como se observa, el citado mes está dentro de los ocho meses de plazo del convenio que se cumple el 10 de enero de 2001; por tanto, el cargo está desvirtuado de por sí, en tanto no omitió adelantar acciones pertinentes al seguimiento del proyecto y a la falta de exigencia a COMENTE. En noviembre de 2000, agrega, se pronunció drásticamente con funcionarios de la administración por información suministrada por el asesor jurídico, donde enuncia el incumplimiento del convenio, y delegó a la Secretaría de Planeación Municipal y a la UMATA, para que evaluaran la ejecución del contrato e, incluso, de ser necesario hacer uso de las cláusulas contempladas en la Ley 80 de 1993, por incumplimiento, además de informarle a la comisión de empalme de la nueva administración. Anuncia el documento remitido al referido Secretario y al funcionario de la UNMATA, en los que, dice, se comprueba que, en ningún momento, omitió adelantar acciones pertinentes contra la citada cooperativa. Como conclusión, solicita que se archive la presente investigación a su favor. 4.2. De la señora ELISABETH GARCÍA PÉREZ Después de hacer un relato de sus actuaciones, indica que las actividades reconocidas en el acta de liquidación, son las certificadas por el interventor Pierre

Alonso Hernández, y que constan en su informe final, el cual solicita que se allegue como prueba a la presente investigación (págs. 291 a 295). Así, en el mes de agosto de 2002, dentro del término previsto en la ley, se procede a suscribir el acta de liquidación del convenio, con fundamento en dicho informe, en el que consta que las actividades cumplidas, de conformidad con el valor ejecutado, era $71.474.000, de los cuales se habían cancelado por concepto de anticipo la 2 suma de $48.203.920, quedando un saldo por pagar al contratista de $23.380.080, y un saldo a favor del proyecto de $24.920.940, correspondiente a las actividades que fue imposible completar por las amenazas de que fue objeto el ingeniero designado en su momento. Por tanto, solicita su absolución.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1. De la señora ELISABETH GARCÍA PÉREZ Explica que, en noviembre de 2000, el ingeniero JOSÉ ALFREDO GÓMEZ BRICEÑO, secretario de planeación e interventor del proyecto, junto con el alcalde de ese momento, JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS, suscribieron el informe de seguimiento de obra del convenio 002 de 200, en el que se consigna el porcentaje de ejecución de cada rubro, para un total del 51.2%, quedando un saldo pendiente por cancelar a la Cooperativa de $3.938.080, dado que se había pagado un anticipo del 50% (hojas 322 a 330).

Tomando en cuenta estas cifras, más las certificadas por el interventor PIERRY

ALONSO HERNÁNDEZ, indicadas en los descargos, el valor ejecutado fue de $71.474.000, puntualiza. 5.2. Del señor JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS Como se observa en los folios 320 a 330, no hizo uso de esta oportunidad procesal.

6. CONSIDERANDOS 6.1. Respecto al señor JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS En punto de la acusación, esto es, omitir adelantar las acciones pertinentes, dentro de los ocho meses pactados como plazo para la ejecución del objeto contractual, para exigirle a la Cooperativa COMENTE, el cumplimiento correcto y oportuno del objeto pactado en el convenio interadministrativo 02 de 2000, se empieza por señalar que, de acuerdo con el testimonio de JOSÉ ALFREDO GÓMEZ BRICEÑO, el cual ejerció el cargo de secretario de Planeación de Puerto Inárida, a él le “(…) delegaron (…) la interventoría de ese convenio (…), cuyo objeto no pudo cumplirse por condiciones climáticas (pag. 31 anexo 2).

Enterada, afirma, la administración municipal del señor MENDIVELSON HUERTAS, de algunos inconvenientes, se tomó la decisión de adicionar el tiempo en la ejecución del contrato (fl. 32, anexo citado). Fluye, entonces, de lo expuesto, la toma de acciones, por parte del implicado, relativas al señalado acto consensual, al darle, en primer término, cumplimiento a la cláusula décima segunda de éste, designando al citado interventor y, en segundo lugar, suspendiendo el contrato, por el lapso de dos meses, mediante acta 01 de 4

de diciembre de 2000, por las razones expuestas por éste, y dado que es “necesario esperar las lluvias”. 3 Del mismo modo, ordenó ampliar al contratista las pólizas establecidas, por el mismo lapso, como se aprecia en el folio 209. Agregase a lo anterior, que, como lo sostiene el investigado, una vez tuvo conocimiento del informe de seguimiento rendido en noviembre de 2000, por el mencionado interventor, designado, se repite, durante su gestión, y en el que se habla de una ejecución de un 51.92% del proyecto, desplegó la acción del caso. En efecto, mediante comunicación del 22 del citado mes, se dirigió al citado interventor, poniendo de presente las “(…) graves irregularidades en su ejecución y por tanto a partir de la fecha responsabilizo a su despacho y al funcionario de UMATA del cumplimiento y seguimiento del objeto del convenio con la Cooperativa COMENTE.”. (pág. 288). En consecuencia, “(…) ordenó adelantar todas las gestiones necesarias para que se cumpla con el convenio y si es del caso hacer uso de lo contemplado por la ley 80 de 1993, en los casos de incumplimiento”. Finalmente, solicita que, en el empalme que se hace con la administración entrante, se informe sobre todos los contratos que se encuentran en ejecución. Resulta claro, entonces, como se dijo, que el disciplinado sí actuó, en forma pronta, al enterarse de las deficiencias que presentaba el consensual en estudio, ordenando al interventor surtir las actuaciones necesarias para su cumplimiento, al tiempo que

dispuso poner en conocimiento de quienes le sucederían, lo relativo al tema. En esas condiciones, el Despacho estima que el cargo deducido no está llamado a tener prosperidad, imponiéndose, por tanto, la absolución del implicado. 6.2. Sobre la señora ELISABETH GARCÍA PÉREZ La conducta imputada a ella, se recuerda, estriba en que, al signar el acta de liquidación del contrato 02 de 2000, en el que se reconoce al contratista como valor ejecutado la suma de $71.474.000, pudo haberle ocasionado un perjuicio económico al municipio y, como consecuencia, un incremento a favor de tercero (pag. 259). Según el informe de seguimiento de obra, de “noviembre de 2000”, visible en el folio 109, atrás mencionado, suscrito por el aludido Secretario de Planeación, en su calidad de interventor, hasta ese momento el proyecto se había ejecutado en un 51.92%, que equivale a $52.132.000. Según se consigna allí mismo, como anticipo se había cancelado el 50% del contrato, esto es, $48.193.920, que al restársela de aquel valor, se obtiene como resultado $3.938.080, suma que, de acuerdo con el citado documento, tiene plena justificación en lo ejecutado. Por otra parte, el nuevo interventor, PIERRY ALONSO HERNÁNDEZ ARANA, jefe de la UMATA, en el informe final con las respectivas aclaraciones, obrante en los folios 101 a 108, advierte que las “cantidades descritas en este informe de actividades, corresponden a las desarrolladas a partir de la fecha en que asumo la

interventoría técnica es decir el 7 de marzo del 2001 hasta el momento que se suspendieron los trabajos en el mes de diciembre del 2001, también es de aclarar 4 que las cantidades desarrolladas antes de yo ser interventor están respaldas por un informe técnico el cual anexo”. Se refiere al mencionado en el anterior párrafo. Revisados los cuadros elaborados por dicho funcionario, y que hacen parte integral de su informe, se aprecia lo siguiente: Comunidad Indígena Coco Actividad Valor Reforestación protectora y enriquecimiento $1.020.0001 Asociados Frutícola mejorada $1.384.000 Capacitación Comunitaria y asistencia técnica $6.000.0002 Total $8.404.0003 Comunidad Indígena Guamal Actividad Valor Reforestación protectora y enriquecimiento $840.0004 Asociados Frutícola mejorada $996.000. Capacitación Comunitaria y asistencia técnica $4.500.000 Total $6.336.0005 Comunidad Indígena La Ceiba Actividad Valor Reforestación protectora y enriquecimiento $372.0006 Asociados Frutícola mejorada $480.000. Capacitación Comunitaria y asistencia técnica $3.750.0007 Total $4.602.0008 Al sumar los totales de cada una de las citadas comunidades, se obtiene: Nombre comunidad indígena Valor Coco $8.404.0009 Guamal $6.336.00010 La Ceiba $4.602.00011 Gran total $19.342.000 1 Fol. 103 2 Fol. 104 3 Fol. 104

4 Fol. 105 5 Fol. 106 6 Fol. 107 7 Fol. 108 8 Fol. 108 9 Fol. 104 10 Fol. 106 11 Fol. 108 5 El citado interventor, señor HERNÁNDEZ ARANA, es puntual en señalar que las cantidades de su informe, corresponden a las desarrolladas a partir del 7 de marzo de 2001, lo que, por sustracción de materia, descarta las relativas a periodos anteriores. Confirma esto, la misma manifestación que éste hace en el folio 102, en el sentido de que las cantidades desarrolladas con precedencia están respaldas en el informe técnico de noviembre de 2000. Todo lo anterior, significa que, de acuerdo con el informe del último interventor, está plenamente justificado el valor de los $19.342.000. Lo propio puede decirse, como quedó demostrado, acerca de $48.193.20 y 3.938.000, cifras estas dos últimas que suman $52.132.000, y que aparecen soportadas debidamente en el informe de seguimiento de obra de noviembre de 2000, suscrito por el primer interventor. Así, en resumen, teniendo en cuenta los informes de interventoría, en los cuales se soporta la investigada, como era obvio, había lugar a cancelar los siguientes valores: Valor Soporte $52.132.000 Informe de noviembre de 2000 $19.342.000 Informe final de aclaraciones, sin fecha $71.474.000 Total Dicho monto total, $71.474.000, fue el que, justamente, se reconoció en el acta de liquidación aludida en el cargo deducido a la implicada, y suscrita por ésta el 10 de

agosto de 2002, obrante en las hojas 122 a 128, razón por la cual, no existe mérito para mantener la imputación deducida. Esta decisión no se comunicará en los términos del artículo 109 de la Ley 734 de 2002, por haberse iniciado la actuación a instancia de un servidor público. En mérito a lo expuesto, el PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE: PRIMERO.- Absolver a los acusados, JAIRO WILSON MENDIVELSON HUERTAS y ELISABETH GARCÍA PÉREZ, en sus condiciones de alcaldes de Puerto Inírida

(Guainía), por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO.- En consecuencia, y como quiera que no procede la comunicación del artículo 109 del C.D.U., se ordena el archivo de la actuación. TERCERO.- Notifíquese esta decisión a los acusados. CUARTO.- Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, háganse las anotaciones, comunicaciones y registros a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

6 Procurador Delegado Exp. 165-75249.-

MRML/CADA. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.-

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