PGN - JURISDICCION COACTIVA - Su delegación posee carácter restrictivo

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 089-01027 de 2000 Disciplinado Sixta Rosa Mejía y Giovanis Rivadeneira Cargo y entidad Alcaldía y tesorería de Dibulla.- Guajira Quejoso Personero Municipal de Dibulla.- Guajira Fecha Queja 6 de julio de 2000 Fecha Hechos 9 de agosto de 1999 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá, D.C. 20 de junio de 2003

I. ASUNTO Conoce la Delegada para la Moralidad Pública, del Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de SIXTA ROSA MEJIA DE AMAYA y GIOVANNIS YESITH RIVADENEIRA RAMIREZ, en contra de la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Regional de la Guajira, el 21 de febrero del 2003, mediante la cual sancionó disciplinariamente a los Investigados con destitución de los cargos de Alcaldesa y Tesorero del Municipio de Dibulla – Guajira, respectivamente.

II. ANTECEDENTES PROCESALES Con fundamento en el Informe presentado el 6 de julio del 2000 ante la Procuraduría Departamental de la Guajira, hoy Regional, por el Doctor Rodolfo Conrado Moreno, Personero Municipal de Dibulla, Guajira, mediante Auto del 16 de mayo del 2001, el Procurador Regional de la Guajira, ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de los Señores SIXTA ROSA MEJIA DE AMAYA y GIOVANNIS YESITH RIVADENEIRA RAMÍREZ, en sus condiciones de Alcaldesa y Representante Legal

del Municipio de Dibulla, Guajira y Tesorero del mismo, respectivamente; formulándoles posteriormente, el 13 de junio del 2002, cargos disciplinarios, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones. (Fls. 57-63).

Dichos cargos consistieron: 1º. Para la Señora SIXTA ROSA MEJIA DE AMAYA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 40.912.136 de Riohacha, en su condición de Alcaldesa del Municipio de Dibulla, Guajira, para el día 9 de agosto de 1999, en haber celebrado de manera injustificada el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 78 de esa fecha, con el Abogado Vicente Solórzano Triviño, “(…) otorgándole facultades jurisdiccionales de carácter permanente indelegables violando así elementos integrales del debido proceso administrativo al investirlo del poder de juez natural coactivo, faculta (sic) que por ley le pertenece al Alcalde Municipal según lo establecido en el literal D) núm. 6 del Art. 91 de la Ley 136 de 1994 y delegable solamente al Tesorero de dicho Ente.”; lo que permitió con su accionar directo en la contratación irregular, el incremento patrimonial no justificado del Contratista, en la cantidad de noventa y cinco millones quinientos noventa y siete mil ochocientos veintisiete pesos ($95.597.827.oo) y, en consecuencia, un empobrecimiento del erario público en la misma cantidad. (Fl. 59)

1 Con la conducta descrita señala el A-quo, pudo haber incumplido las atribuciones que le otorga el numeral 1º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia; los numerales 1º y 22 del artículo 40 y 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995”; el numeral 2º literal D) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994; en armonía con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En cuanto a la determinación provisional de la naturaleza de la falta, ese Despacho precisó que “Del probatorio analizado se determina la conducta presuntamente irregular en cabeza de la alcaldesa del Municipio de Dibuja licenciada Sixta Rosa Mejía de Amaya, de carácter provisional como GRAVÍSIMA, de acuerdo al num 4 del artículo 25 de la ley 200 de 1995 a juicio del legislador. El ingrediente subjetivo de la responsabilidad es Doloso por tener el pleno conocimiento de la situación.” 2º. Al Señor GIOVANNIS YESITH RIVADENEIRA RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 84.028.893 de Rioacha, en su condición de Tesorero del Municipio de Dibulla, Guajira, se le endilgó el haber pagado injustificada e irregularmente honorarios al Contratista Vicente Solórzano Triviño, “(…) si (sic) soportes de cuenta, permitiendo el incremento patrimonial del profesional del derecho en la suma de noventa y cinco millones quinientos noventa y siete mil ochocientos veintisiete pesos ($95.597.827) según el cheque No. 015201 del

Banco de Occidente de Barranquilla – Principal número de cuenta 800-54586-5.” (Fl. 59) Como normas presuntamente violadas por el Investigado, le fueron citados los artículos 315 numeral 1º de la Constitución Política de Colombia; 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”; 91 numeral 6º literal d) de la Ley 136 de 1994; 25 numeral 4º y 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario. En cuanto a la determinación provisional de la naturaleza de la falta, ese Despacho señaló “Para el disciplinado Giovanni Rivadeneira Ramírez, la falta se determina provisionalmente como Gravísima de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 artículo 25 de la Ley 200 de 1995. a juicio del legislador. La culpabilidad es Dolosa por tener pleno conocimiento de la situación y obrar en contra de los postulados legales facilitando el perjuicio causado al municipio de Dibulla de la Guajira.” 3º. El A-quo mediante Resolución No. 04 del 21 de febrero del 2003, falló el Proceso Disciplinario en Primera Instancia, declarando a los ciudadanos SIXTA ROSA MEJIA AMAYA Y GIOVANNIS RIVADENEIRA RAMÍREZ, en sus respectivas calidades de Alcaldesa y Tesorero de la Alcaldía Municipal de Dibulla - Guajira, disciplinariamente responsables por la conducta que se les concretó en la formulación de cargos; imponiéndoles sanción disciplinaria consistente en destitución de los cargos de Alcaldesa Municipal y Tesorero, respectivamente,

de ese Municipio. (Fls. 97-108) Inconformes los Investigados con la decisión adoptada por el Procurador Regional de la Guajira, el día 26 de febrero del 2003, estando dentro del término legal, a través de Apoderado, presentaron Recurso de Apelación en contra del Fallo de Primera Instancia. (Fls. 111-119) 2 Recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo por el a-quo, a través de Auto del 28 de febrero del 2003 y remitido el Expediente Rad. 089-0102700 a la Delegada para la Moralidad Pública, mediante oficio No. 359 del 7 de marzo del 2003. (Fls. 120-124). El 5 de junio se radica un nuevo memorial, por fuera de término, en el que se amplía y aclara el recurso interpuesto.

III. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo emanado de la Procuraduría Regional de la Guajira, para ello teniendo en cuenta los límites señalados para la segunda instancia se ocupará en primer término de la nulidad propuesta por el recurrente, analizará separadamente los argumentos en que se basa para ello, de un lado la violación al debido proceso y al derecho de defensa y, de otro lado, la prejudicialidad que argumenta.

Petición de nulidad

1. Es necesario examinar la nulidad planteada por el Apoderado de los Investigados, por considerar que en el Proceso que se ha adelantado a sus Poderdantes, se han desconocido los derechos de defensa y el debido proceso, por no haberse vinculado

al mismo al Doctor VICENTE SOLÓRZANO TRIVIÑO, para que expresara sus opiniones, respecto al caso investigado. Funda su petición en el hecho de que: “(...) al no escuchar al servidor público, Doctor VICENTE SOLÓRZANO TRIVIÑO que es la persona que suscribió y ejecutó el Acto Administrativo cuestionado, es claro que se violo (sic) el ordenamiento constitucional consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior. “ (Negrilla fuera de texto) Por lo tanto, considera suficiente ilustración sobre la nulidad en que ha incurrido el operador disciplinario de primera instancia, por lo que el superior deberá manifestarse a este respecto.

2. Antes de entrar en materia, es preciso señalar que a quien se refiere el Apoderado de los Investigados como servidor público y la persona que suscribió y ejecutó el acto administrativo cuestionado, es el Abogado VICENTE SOLÓRZANO TRIVIÑO, con quien la Señora SIXTA ROSA MEJIA DE AMAYA, en su condición de Alcaldesa del Municipio de Dibulla, Guajira, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 78 del 9 de agosto de 1999, contratación que será objeto de análisis más adelante, al estudiar el caso concreto. Por lo tanto, aquí nos referiremos exclusivamente a la petición de nulidad.

Conforme lo prevé el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único norma vigente para la época de ocurrencia de los hechos investigados, son destinatarios de la ley disciplinaria las siguientes personas: “Artículo 20.- Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley

disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o 3 transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional". Servicio público que conlleva el ejercicio de la función administrativa, la cual en virtud del artículo 209 de la Constitución Política, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. El artículo 122 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 123 y 124 de dicho Estatuto Superior, señala que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, siendo servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Podrán ejercer temporalmente la función pública los particulares que determine la ley y su régimen y ejercicio será el que ella establezca. En todo caso, estarán al servicio de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. Son particulares que transitoriamente prestan sus servicios al Estado, los que prestan

servicios públicos a cargo del Estado, los notarios, etc, ejercicio de funciones públicas que por supuesto deben estar sujetas al control ciudadano y del Estado dadas las responsabilidades que la Constitución y las leyes le imponen dentro del ámbito de sus competencias.

3. Entonces constituye un elemento básico en la organización de un Estado social de derecho como el nuestro, la potestad disciplinaria que este despliega sobre sus servidores públicos, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, señalando las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas y hacerlas efectivas, dada la especial relación de sujeción entre estos y aquel, en el ejercicio de la función pública, la cual debe responder a los postulados de moralidad y la buena fe, así como los de eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa.

Respecto al ejercicio transitorio de funciones administrativas por particulares, la Corte Constitucional, en Sentencia C-286 del 27 de junio de 1996, M.P. José Gregorio Hernández, precisó: “Con arreglo al principio plasmado en el artículo 6º de la Constitución, al paso que los particulares únicamente son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores públicos lo son por las mismas causas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que, por lo que atañe al campo disciplinario aplicable al servidor público -como también ocurre en el terreno penalse es responsable tanto por actuar de una determinada manera no querida por el legislador (conducta positiva) como por dejar de hacer algo que 4 debería hacerse según los mandatos de la ley (conducta negativa u

omisión), siempre y cuando se establezca la culpabilidad del sujeto. La aludida responsabilidad guarda relación con la existencia de límites a toda función pública, los cuales están orientados por el postulado de su previa determinación y son propios del Estado de Derecho, toda vez que él implica el sometimiento de los particulares y de los servidores públicos a unas reglas generales y abstractas que impidan su comportamiento arbitrario. De allí que no haya empleo público que no tenga funciones detalladas en la Constitución, la ley o el reglamento (artículo 122 de la Carta Política). (…) Ahora bien, siendo indudable que todo servidor público, por el hecho de serlo, queda sometido automáticamente a un régimen disciplinario, según los términos previstos por la Constitución y por la ley, el fundamento de su aplicación es subjetivo, pues tiene lugar con motivo y a partir de la investidura correspondiente radicada en el sujeto, en cuanto es titular genérico de las funciones públicas que su cargo implica, con total independencia de si las ha ejercido o no. A la inversa, el particular, quien precisamente no se encuentra en la condición del servidor público, toda vez que no ha establecido un vínculo de dependencia o subordinación frente al Estado -en cualquiera de los cargos, organismos, entidades o corporaciones que hacen parte de su estructura-, ni percibe de él asignación o salario, está en principio exento del régimen disciplinario estatal y su responsabilidad ante las autoridades únicamente puede surgir de las transgresiones en que incurra en relación con los preceptos constitucionales y legales, tal como lo pregona el artículo 6º de la Carta Política. (...) De allí resulta que, sin desconocer la libertad de las personas en su

iniciativa y en sus actividades económicas y laborales, la Constitución haya previsto formas de vinculación de los particulares a la gestión de intereses y asuntos públicos sin que en virtud de ella pierdan su condición privada. (…) el fundamento de la responsabilidad del particular es material y la aplicación del régimen disciplinario objetiva, ya que ni una ni otra atienden al estado o condición de quien actúa sino a la función pública que le ha sido encomendada y al interés, también público, que a ella es inherente. Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6º de la Constitución Política, que ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y 5 en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se repiteen servidor del Estado desde el punto de vista subjetivo. (…) Estímase necesario precisar que el ejercicio de funciones públicas por particulares, según lo visto, no incluye, para los fines de la Ley Disciplinaria, las relaciones contractuales entre el Estado y personas privadas, pues éstas son independientes en cuanto no las liga al ente público lazo alguno de subordinación.”

4. Deviene como conclusión necesaria, que el Contratista VICENTE SOLÓRZANO TRIVIÑO, para efectos del Derecho Disciplinario, no ostentaba la calidad de particular en ejercicio de funciones públicas y por ende no era disciplinable.

De otra parte, se tiene que si bien en principio los particulares que ejerzan funciones públicas también estarían sometidos, conforme a la disposición transcrita, al régimen disciplinario y en consecuencia al ámbito de competencia de la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, esta no es una afirmación absoluta en la medida en que si bien es cierto pueden considerarse como destinatarios de la norma ello dependerá, entre otros factores, de la preexistencia de un régimen que los cobije, en respecto de principios básicos del derecho sancionatorio así como de derechos y garantías fundamentales. Este asunto también fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional cuando revisó el valor constitucional del artículo 20 de la ley 200 de 1995, normatividad vigente al momento de los hechos, al fijar el alcance y contenido de esa eventualidad en los siguientes términos: “...La norma objeto de proceso fija apenas el ámbito de aplicación de la normatividad disciplinaria e incluye allí a los particulares que ejerzan funciones públicas, lo cual no implica que el mismo precepto se haya ocupado en la definición íntegra del régimen disciplinario que el Estado puede aplicar a tales personas. Con arreglo al principio de legalidad, que surge claramente para los particulares del artículo 6 de la Constitución, y según el postulado del debido proceso, cuya vigencia estricta en los procesos disciplinarios ha proclamado la doctrina constitucional, la

incorporación de los particulares que ejercen funciones públicas como sujetos pasibles del poder disciplinario no representa ni podría representar, so pena de flagrante oposición a los mandatos constitucionales, una norma abierta que de modo automático exponga a quien se halla en tal hipótesis al escrutinio arbitrario de su actividad por parte de los organismos que ejercen el poder disciplinario y a la expectativa de posibles procesos y sanciones ajenos a reglas legales predeterminadas o al derecho de defensa”.1

5. De conformidad con el pronunciamiento del Juez de la Carta, se tiene que los particulares sólo serían responsables disciplinariamente en la medida en que de un lado, existiera un catalogo de conductas que recoja previamente los comportamientos susceptibles de reproche así como la determinación anterior de las consecuencias que tal proceder comporta y de otro lado, la determinación previa de 1 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-286 de 1996 6 las reglas bajo las cuales será evaluado su comportamiento. En consecuencia serán sujetos pasivos de la acción disciplinaria del Estado siempre que se respete el principio de Legalidad y sus manifestaciones de Tipicidad y Juez Natural que se manifiestan a través de la preexistencia de un ordenamiento de la naturaleza legal que los desarrolle.

En las condiciones descritas sólo podrán ser analizadas las conductas de los particulares con acatamiento al Principio de Reserva; en virtud del cual sólo el legislador está facultado para determinar el régimen disciplinario que le sería aplicable a tales personas como manifestación del derecho administrativo sancionador. Este es el alcance del pronunciamiento del Juez Constitucional que si

bien precisa la exequibilidad de la norma que determina el campo de aplicación del derecho disciplinario y dentro de éste, a los particulares que ejercen funciones públicas en las circunstancias que allí se señalan; lo cierto es que, al pronunciarse en tal sentido, recordó el Alto Tribunal contenido del mandato del artículo 123 de la Carta que prescribe que la Ley señalará el régimen aplicable a los particulares que desempeñen funciones públicas, correspondiendo tal labor al Órgano Legislativo. De la Sentencia de la Corte se infiere que las disposiciones consagradas en la Ley 200 de 1995, normatividad aplicable por ser la vigente al momento de los hechos, no contienen los supuestos que permitirían su aplicación a los particulares. Ahora bien, tal normatividad, al momento de los hechos no se había expedido lo que necesariamente implica que al no existir régimen aplicable a los supuestos de hecho desplegados por particulares y siendo proscrita la aplicación analógica de normas existentes era imposible la vinculación del contratista a la presente investigación tal como lo demanda el apoderado. 6º. Estima el Apoderado de los Investigados, que la Fiscalía General de la Nación a quien le correspondió conocer penalmente de este mismo asunto, procedió a abstenerse de abrir investigación y ordenó archivar el expediente. En ese entendido, sostiene que es claro que existe prejudicialidad, pues aún no se ha resuelto la apelación aludida, constituyéndose el anterior proceder en elemento perturbados, dado que la situación (destitución e inhabilidad por tres (3) años) impuesta a los disciplinados en la resolución que recurrimos de alguna manera

constriñe, pues el juez de la segunda instancia, en el caso penal, tomaría la decisión disciplinaria como un elemento probatorio de que efectivamente los disciplinados incurrieron en la comisión de un hecho punible.

7. En Sentencia C-181 del 12 de marzo del 2002, la Corte Constitucional ha dicho que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc. Al respecto precisó: “Así mismo, reconociendo que entre el derecho disciplinario y el penal existen también importantes diferencias, derivadas fundamentalmente de los intereses que pretende proteger cada disciplina, la Corte sentó la siguiente jurisprudencia que ha sido posteriormente reiterada por el mismo tribunal. 7 “Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de

la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios. “Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.” (Sentencia C-244 de 1996) En este orden de ideas, respecto de la prejudicialidad penal en los procesos civil, laboral o administrativo, la misma Corte Constitucional, en Sentencia T-513 del 5 de noviembre de 1993, con Ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, señaló: “Acerca de la prejudicialidad, brevemente debe manifestar la Corte que la misma se presenta cuando se trata de una cuestión sustancial, diferente pero

conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca. Con un sentido amplio y comprensivo, se la ha querido determinar en una fórmula precisa y concreta, diciendo que es "prejudicial" toda cuestión jurídica cuya resolución constituya un presupuesto para la decisión de la controversia principal sometida a juicio. Carnelutti señala que "se habla de cuestiones prejudiciales cuando en rigor de terminología es prejudicial toda cuestión cuya solución constituye una premisa de la decisión en otros litigios". Por su 8 parte, cuestión prejudicial significa una etapa anterior al juicio y según Manzini, "es toda cuestión jurídica cuya resolución constituya un presupuesto para la decisión de la controversia principal sometida a juicio". En relación a la prejudicialidad penal en el proceso civil, laboral o administrativo, la misma procede cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en ésta tenga que influir necesariamente en la decisión civil, laboral o administrativa - artículo 170 del Código de Procedimiento Civil -. Se trata entonces, de que el proceso civil, laboral o administrativo, se suspenda por haberse iniciado una investigación dentro de un proceso penal. Procede, entonces, cuando en el proceso laboral existe, por ejemplo, un documento o título valor que es falso y el mismo es objeto de un proceso penal, lo que lleva a que se suspenda dicho proceso mientras el juez penal decide si hay o no lugar a un delito de falsedad.

De conformidad con la disposición citada son dos los requisitos necesarios para que se dé aplicación a la prejudicialidad penal, a saber: 1) Que se haya iniciado un proceso penal, y 2) Que este influya necesariamente en la decisión del civil, en este caso el del laboral. Por lo tanto, en el presente caso no opera el fenómeno de la prejudicialidad.

8. Así las cosas, encuentra este Despacho que carecen de fundamento los argumentos planteados por el Apoderado de los Investigados y por ello no es procedente acceder a la petición de nulidad ni por supuesto, la invalidación de la actuación adelantada.

Del recurso de apelación

9. En primer término, es preciso señalar que de conformidad con artículo 157 de la Ley 200 de 1995, anterior Código Disciplinario, el funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para la decisión, es decir, que la práctica de las mismas está sujeta a la consideración del funcionario de segunda instancia, aunque es pertinente anotar que el disciplinado conserva la facultad de su análisis y discusión. En consecuencia, en el proceso objeto de estudio, considera este Despacho que las piezas probatorias aportadas al mismo, permiten decidir sobre la cuestión de fondo.

El Recurso de Apelación interpuesto en término por los Investigados hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa. En efecto, la Constitución Política de Colombia, establece: “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 9 Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (...).” En consecuencia, procede esta Delegada en segunda instancia a resolver los recursos interpuestos. Competencia

10. Este Despacho es competente para conocer en segunda instancia del proceso adelantado en primera instancia por la Procuraduría Regional de la Guajira, al tenor del Decreto 262 del 2000, que dispone: “Artículo 25. Funciones disciplinarias. Las procuradurías delegadas cumplen

las siguientes funciones disciplinarias: (...)

4. Conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los procuradores regionales, distritales y judiciales II.”

El Caso Concreto

11. Fundamentos de la impugnación de los Investigados Señores SIXTA ROSA MEJIA DE AMAYA y GIOVANNIS RIVADENEIRA RAMÍREZ, en sus condiciones de Alcaldesa y Tesorero del Municipal de Dibulla, Guajira, para la época de los hechos materia de investigación.

Los servidores públicos vinculados al proceso, a través de su Apoderado Doctor Gildardo Antonio Vásquez González, Abogado con T.P. No. 89.970 del C. S. de la J.,

en un solo escrito, impugnaron el Fallo de Primera Instancia, alegando que el objeto del Contrato No. 78 de 1999 es lícito, su objeto claro y preciso, teniendo en cuenta que el contratista prestó sus servicios profesionales de abogado especializado tendientes a que el municipio obtuviera unos recursos, bien sea por vía judicial o extrajudicial de los Impuestos de Industria, Comercio, Avisos y Tablero que adeudaba al Municipio la Empresa Corporación Eléctrica de la Costa AtlánticaCORELCA, en virtud de sus actividades comerciales e industriales que realiza en jurisdicción del Municipio de Dibulla - Guajira, por la generación, transmisión y venta de energía eléctrica. Señala que el objeto de dicho contrato estaba encaminado a que el Contratista lograra que el Municipio recuperara unos recursos, pues, en efecto el Señor Tesorero en sus descargos claramente y sin dilaciones manifestó que el Contratista lo asesoró para hacer las reclamaciones y requerimientos correspondientes, pues fue éste quien proyectó los actos administrativos, particularmente las Resoluciones Nos. 95 y 9