PGN - NOTARIOS - Vacancia del cargo según la ley

NULIDAD SIMPLE-Contra acto del gobierno nacional que fija edad de retiro forzoso para los notarios FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICACausales de retiro para notarios CARRERA NOTARIAL–Causales de retiro NOTARIOS–Vacancia del cargo según la ley NOTARIOS–Edad de retiro forzoso CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia para reglamentar el servicio notarial/ CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia para reglamentar el régimen laboral de los empleados notariales De lo expuesto, resulta claro que es competencia exclusiva del Congreso de la República, reglamentar todo lo que corresponde al servicio público notarial y el régimen laboral de los empleados de las notarías, lo que, a juicio de esta Delegada, comprende tanto el ingreso como retiro del personal de las notarías, entre ellas, la definición de la edad de retiro forzoso, por lo que es dable concluir que este tema no está dentro del ámbito de las competencias reglamentarias (Artículo 189, numeral 11, C.P. del Presidente de la República, salvo que lo haga en ejercicio de las facultades pro tempore en virtud de lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 150 de la Carta Política. …Adicional a lo anterior, sirve de argumento lo expuesto en líneas precedentes con relación al alcance del artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970; es decir, el ejecutivo no contaba con la facultad constitucional ni legal para definir la edad de retiro forzoso de los Notarios, pues es un asunto exclusivo del legislador. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-Facultad constitucional para ejercer la potestad

reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes Por lo anterior, se tiene que el Presidente de la República excedió la potestad reglamentaria al expedir las normas señaladas, al condicionar el ingreso y la salida de la carrera notarial, incluyendo una nueva causal de retiro forzoso que no había contemplado la ley que pretendía reglamentar. En adición, sirve de argumento lo expuesto con relación al alcance del artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970. Así las cosas, las normas acusadas deben ser declaradas nulas por falta de competencia del ejecutivo para su expedición, por exceso de la potestad reglamentaria. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-Aplicable a los particulares De la norma transcrita se tiene que para los Notarios -particular que cumple funciones públicas-, su régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses proviene de la ley, o de los decretos con fuerza de ley, y no de los decretos reglamentarios. Por lo tanto, esta Delegada considera que le asiste razón al demandante, pues establecer la edad de retiro forzoso mediante un decreto reglamentario, resulta violatorio del régimen jurídico, en la medida en que a través de él, el Presidente de la República constituyó una causal de impedimento para ejercer el empleo de Notario, lo que a todas luces evidencia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. ACTO ADMINISTRATIVO–Carácter ejecutivo En tales términos, el carácter ejecutivo de un acto administrativo está definido porque: no sea

suspendido por ésta jurisdicción, se mantengan los fundamentos fácticos y jurídicos, por la diligencia de las autoridades para hacerlo cumplir, no se cumpla la condición resolutoria y por su vigencia. ACTO ADMINISTRATIVO-Pérdida de ejecutoriedad por el decaimiento según la jurisprudencia de la Corte Constitucional ACTO ADMINISTRATIVO-Causales legales de pérdida ejecutoria 2

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto No. 032

IUS PGN E2020-063803

Bogotá, D. C, 21 de febrero de 2020 Doctor

WILIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero Ponente Sección Segunda - Subsección “A” Consejo de Estado

Referencia: Expediente No. 110010325000201700032-00

No. interno: 0098-2017

Actor: Mauricio Fajardo Gómez Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho.

Asunto: Alegatos de conclusión (Ley 1437 de 2011) Procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES El ciudadano Mauricio Fajardo Gómez presentó demanda para que se declare la nulidad de: i) artículo 1° del Decreto 3047 de 1989 a través del cual se reglamenta la edad de retiro forzoso de los notarios a 65 años de edad; ii) numeral 4° del artículo 4 el

Decreto 2054 de 2014, que al reglamentar la carrera notarial, estableció que se predica

la vacante de una notaría por retiro forzoso del notario al alcanzar los 65 años de edad; iii) artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 20151, en el cual se dispuso como edad de retiro forzoso para los notarios, la edad de 65 años; y, iv) numeral 4° del artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 20152, en cuanto señala que se presenta vacancia en el cargo de notario cuando éste alcance la edad de retiro forzoso, es decir, 65 años de edad. Sustentó sus pretensiones bajo la consideración de que el ejecutivo desbordó la potestad reglamentaria, pues la competencia para definir la edad de retiro forzoso es 1 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 2 Ibídem. 3 exclusiva del legislador; por violación de normas superiores; desviación y abuso de poder; y falsa motivación. 1.1. HECHOS (SÍNTESIS DEL CASO) El accionante indicó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 960 de 19703, en ejercicio de facultades extraordinarias4, y consagró en los artículos 183 y 184 la causal de retiro forzoso para los Notarios a la edad de 65 años, normas que fueron derogadas por el artículo 46 del Decreto Ley 2163 de 19705 Indicó que el artículo 1° del Decreto 3047 de 19896, disponía que la edad de retiro

forzoso para los Notarios era de 65 años, norma que fue derogada, en su sentir, por el artículo 3.1.1 del DUR7 1069 de 2015. Afirmó que el Decreto 2054 de 20148, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, que en su artículo 4°, numeral 4°, contempló los 65 años de edad como causal de retiro forzoso para los Notarios y, por ende, la vacante del empleo cuando lo anterior ocurre; señaló que dicho compendio normativo fue derogado por el artículo 3.1.1 del Decreto 1069 de 20159. Adujo que el Decreto 1069 de 201510 fue dictado por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades reglamentarias que al Presidente de la República le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Magna, el cual dispuso en sus artículos 2.2.6.1.5.3.13 y 2.2.6.3.2.3 que la edad de retiro forzoso para los Notarios es la de 65 años y que una vez acaecido este hecho se declara la vacante en el empleo, precisando que estas disposiciones fueron derogadas por la Ley 1821 de 201611. 1.2. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN 3 “Por el cual se expide el Estatuto del Notariado.” 4 Conferidas en la Ley 8ª de 1969. 5 “Por el cual se oficializa el servicio de notariado.” 6 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970.”

7 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” 8 “Por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.” 9 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” 10 Ib. 11 “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas.” 4 El demandante considera que con la expedición de los artículos demandados, se violaron las normas contempladas en los artículos: 1, 2, 3, 6, 121, 131, 150 numerales 1° y 23; 189, numeral 11; 209 y 210 de la Constitución Política; y los artículos 144 y 184 del Decreto Ley 960 del 20 de junio de 1970, así como el artículo 46 del Decreto Ley 2163 del 8 de noviembre de 1970. La parte actora argumentó que las facultades para fijar la edad de retiro forzoso son otorgadas directamente al legislador y no al Gobierno Nacional, por tratarse de asuntos propios del régimen laboral, en este caso, de quienes tienen a su cargo el servicio público que prestan los notarios. Manifestó que hay falsa motivación, pues se definió la edad de 65 años de edad como causal de retiro forzoso de los Notarios, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por lo que el mandatario nacional actuó con abuso y desviación de poder y violando las normas superiores en que debieron fundarse, por cuanto no tenía competencia

constitucional ni legal, ni contaba con habilitación legal para ello, vulnerando la máxima que dice que ninguna autoridad podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley; afectando derechos de los Notarios para desempeñar sus funciones, en tanto no había norma vigente que restringiera por edad el desempeño del empleo. En adición a lo anterior, aseveró que el Decreto 3047 del 29 de diciembre de 1989 vulneró los artículos 2, 20, 76 numerales 1 y 2, 120 numeral 3 y 188 de la Constitución Política de 1886 –vigente para la época-, por las mismas causas y consideraciones expuestas en precedencia. Precisó el actor que con fundamento en los artículos 34 y 35 de la Ley 1437 de 2011CPACA-, el Gobierno cuando pretenda de oficio ejercer la potestad reglamentaria, deberá dar a conocer a los interesados el inicio de la actuación, lo cual no ocurrió con la expedición de los Decretos 2054 de 2014 y 1069 de 2015. Por otro lado, indicó que definir como causal de retiro forzoso para los Notarios la edad 65 años, constituye una clara restricción y limitante para acceder a la carrera notarial, e impide la continuación de su ejercicio, lo que deviene en una inhabilidad que también es del resorte exclusivo del legislador. 5 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Su defensa se limitó a señalar que las disposiciones demandadas fueron derogadas, de manera expresa, por el artículo 4° de la Ley 1821 de 201612, y que su artículo 1° señaló

que “[l]a edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años.” Indicó que la aclaración realizada sobre la materia del debate, no es impedimento para que la Corporación se pronuncie de fondo, dado que la derogación de un acto administrativo, no es obstáculo para decidir respecto de los efectos que el mismo produjo durante su vigencia. Así mismo, adujo que durante la vigencia de las normas acusadas “…la supuesta vulneración de las normas superiores no se configuró, conforme lo había establecido anteriormente la Corporación mediante sentencia del 30 de abril de 2009 proferida por la Sección Primera13 del Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la legalidad del artículo 1° del Decreto 3047 de 1989 cuyo contenido correspondía en su integridad al demandado artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015 que compiló entre otras norma, la mencionada disposición”. Expresó que los argumentos expuestos en la citada sentencia, son aplicables al presente proceso, dado que el cargo de nulidad, consistente en la falta de competencia del Presidente de la República para expedir el acto acusado, corresponde al mismo cargo que se negó en esa oportunidad, en el que se consideró que el acto no estaba en la capacidad de vulnerar las disposiciones aducidas en la demanda (artículos 131, 150 y 189-11 de la C.P). Sostuvo que el Presidente no desbordó su competencia reglamentaria, puesto que las normas acusadas no hicieron más que reiterar un mandato legal.

Finalmente, aseveró que resulta improcedente el cargo sobre vulneración de la Constitución de 1886, por cuanto no se encuentra vigente. 12 “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas” Artículo 4°. (Corregido por el Decreto 321 de 2017, art. 2) La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las contenidas en los Decretos Ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968 (artículo 29), y en los Decretos 1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3) 13 Sentencia del Consejo de Estado del 30 de abril de 2009, Radicación 2005-00151 6 Sobre el particular, esta agencia del Ministerio Público considera que los argumentos esgrimidos por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, constituyen consideraciones de defensa, las cuales deben ser analizadas de fondo en la sentencia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En la audiencia inicial efectuada el 7 de febrero de 2020, se fijaron tres problemas

jurídicos que se desarrollarán a continuación: Primer problema jurídico: ¿El ministerio de Justicia y del Derecho incurrió en la causal de falta de competencia por las siguientes razones: - Expedir los actos administrativos demandados en desconocimiento del principio de reserva de ley, por ser la edad de retiro forzoso un asunto que, según el demandante,

corresponde definir al legislador. - Exceder el ejercicio de la potestad reglamentaria por, presuntamente, haber agregado a las causales de pérdida del cargo de notario que prevé el Decreto Ley 960 el retiro forzoso de cumplir la edad de 65 años. Esta causal se predica en relación con: (i) el artículo 4, numeral 4, del Decreto 2054 de 2014 y (ii) el artículo 2.2.6.3.2.3. numeral 4 del Decreto 1069 de 2915. - Exceder el ejercicio de la potestad reglamentaria por, presuntamente, haber agregado, a través de los actos administrativos demandados, una causal al régimen de inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades de los notarios, en desconocimiento del artículo 54 de la Ley 734 de 2002? Para resolver la controversia, la Delegada considera necesario traer a colación la normatividad que define la competencia, para establecer la edad de retiro forzoso de los Notarios en el marco de la potestad reglamentaria. De acuerdo con lo establecido en el numeral 22 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso de la República expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos: “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […]

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

7 A su vez, el artículo 131 ibídem establece que a través de la ley se reglamentará el

servicio público que prestan los Notarios, la definición del régimen laboral para sus empleados, entre otros aspectos; dicho precepto prescribió: “Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”. En armonía con lo anterior, el artículo 125 superior establece que el retiro de la carrera se hará, entre otras causas, por las establecidas en la Constitución y en la ley, así: “Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes".

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley […]”. (Negrillas son propias)

De lo expuesto, resulta claro que es competencia exclusiva del Congreso de la República, reglamentar todo lo que corresponde al servicio público notarial y el régimen laboral de los empleados de las notarías, lo que, a juicio de esta Delegada, comprende tanto el ingreso como retiro del personal de las notarías, entre ellas, la definición de la edad de retiro forzoso, por lo que es dable concluir que este tema no está dentro del ámbito de las competencias reglamentarias (Artículo 189, numeral 11, C.P.14) del Presidente de la República, salvo que lo haga en ejercicio de las facultades pro tempore en virtud de lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 150 de la Carta Política15. 14 “ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad

Administrativa: […]

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.” 15 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […]

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.”

8 Esta Delegada considera necesario realizar el análisis de las normas que amparaban el régimen del retiro forzoso de los Notarios, puesto que ello contribuiría a resolver el

problema jurídico bajo estudio, empezando con el artículo 29 del Decreto Ley 2400 de 196816, el cual estableció lo siguiente: “Artículo 29. El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales condiciones. No obstante, el Gobierno podrá establecer excepciones para el retiro, cuando las necesidades del servicio lo exijan. La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estas excepciones siempre y cuando no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años”. (subrayado fuera de texto) Es así, que el artículo 29 del Decreto Ley 2400 de 196817, modificado por el artículo 1° del Decreto 3074 del 17 de diciembre de 196818, fijó un límite al derecho a permanecer en el servicio público, autorizando la desvinculación del servidor público que hubiere cumplido 65 años de edad. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 8ª de 1969, confirió facultades extraordinarias al

ejecutivo, para que revise los sistemas de Notariado, así: “Artículo 1º. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, que se contará a partir de la vigencia de la presente Ley, para que revise los sistemas de Notariado, Registro de Instrumentos Públicos y Privados, Catastro y Registro del Estado Civil de las personas, y expida: a) El Estatuto del Notariado, con normas atinentes a la función notarial; a la reglamentación del ejercicio de la misma; a la validez y subsanación de los actos notariales; a los libros y archivos que deben llevar los Notarios; a la organización del Notariado, para lo cual podrá crear, suprimir, refundir y redistribuir círculos notariales, establecer categorías, disponer los requisitos y los medios de provisión, permanencia y relevo de los Notarios y proveer a la reglamentación del Colegio de 16 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.” Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967. El artículo 29 fue modificado por el artículo 1° del Decreto 3074 de 1968. 17 “Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.” Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967. 18 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 2400 de 1968.” Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967. 9 Notarios; a la vigilancia notarial; al arancel y al sostenimiento del servicio”. (Negrillas

fuera de texto) En ejercicio de esas facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 960 del 20 de junio de 197019, cuyos artículos 137, 147, 181, 182, 183 y 184 señalaron lo siguiente: “Artículo 137. DESIGNACIÓN Y RETIRO FORZOSO. No podrán ser designados Notarios en propiedad quienes se hallen en condiciones de retiro forzoso, sea en el Notariado, sea en la Administración Pública, sea en la de Justicia o en el Ministerio Público, y quienes estén devengando pensión de jubilación”. “Artículo 147. La estabilidad en el cargo ejercido en propiedad podrá extenderse hasta el retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera, para quienes pertenezcan a ella, y al término del respectivo periodo, para quienes sean de servicio”. (Expresión tachada declarada inexequible en la Sentencia C-741 de 1998.) “Artículo 181. Los Notarios pueden ser reelegidos indefinidamente; los de carrera serán confirmados a la expiración de cada periodo. Unos y otros deberán retirarse cuando se encuentren en situación de retiro forzoso. (Expresión tachada declarada inexequible en la Sentencia C-153 de 1999.) Artículo 182. El Notario que llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso deberá manifestarla al funcionario que lo haya designado, tan pronto como ella ocurra. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, o de la Vigilancia Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal.

Artículo 183. Son causales de retiro forzoso la edad y la incapacidad física o mental. (Derogado por el artículo 46 Decreto Ley 2163 de 1970) Artículo 184. Señalase como edad de retiro forzoso para los Notarios la de sesenta y cinco años”. (Derogado por el artículo 46 Decreto Ley 2163 de 1970) De allí que normativamente los Notarios estaban sometidos a unas causales de retiro establecidas en normas con fuerza de ley. Con el propósito de reglamentar el Decreto Ley 960 del 20 de junio de 1970, el ejecutivo expidió el 29 de diciembre de 1989 el Decreto 304720, en el que a través de su artículo 1° ordenó como causal de retiro forzoso de los Notarios, la edad de 65 años.

Dijo la norma: “Artículo 1º. Señalase como edad de retiro forzoso para los notarios la edad de 65 años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”. (Negrillas fuera de texto) 19 “Por el cual se expide el estatuto del Notariado” 20 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970.”

10 Sin embargo, cuando se había expedido el Decreto 3047 de 1989, los artículos 183 y 184 del Decreto Ley 960 del 20 de junio de 197021 habían sido derogados de manera expresa por el artículo 46 del Decreto Ley 2163 del 9 de noviembre de 197022, por lo

que dichos artículos tuvieron una vigencia desde el 20 de junio al 8 de noviembre de 1970, de modo que el decreto reglamentario fue dictado sin competencia por el Presidente de la República, pues las normas en que se debían fundar no hacían parte del ordenamiento jurídico. Ahora, si bien es cierto que el artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970, establece la prohibición para designar Notarios a quienes se hallen en condiciones de retiro forzoso, también lo es que dicha norma con rango de ley no consagra de manera expresa que una de esas causales sea la edad. Otra de las normas acusadas, es el numeral 4° del artículo 4° del Decreto 2054 del 16 de octubre de 201423, que regula las vacantes de las notarías, y dispone que es causal de retiro forzoso de los Notarios cuando alcancen los 65 años de edad; a su vez, los artículos 2.2.6.3.2.3 y 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 201524, que hace parte de la compilación de normas del Sector Justicia y del Derecho, estatuto que entre otras disposiciones incorporó el texto del artículo 4°, numeral 4°, del Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 y del artículo 1° del Decreto 3047 del 29 de diciembre de 1989, sin modificación frente a la edad de retiro forzoso. Se transcriben las disposiciones citadas para mayor claridad: “Decreto 2054 del 16 de octubre de 201425: Artículo 4°. Vacante. Se predica vacante una notaría por la concreción de las

circunstancias taxativas establecidas en la ley conforme a las cuales se presenta una falta absoluta del notario. De conformidad con lo anterior las causales son las siguientes: […]

4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años. […]” Decreto 1069 de 201526: 21 “Por el cual se expide el estatuto del Notariado” 22 “Por el cual se oficializa el servicio de notariado”. Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8° de 1969, atendiendo el concepto de la Comisión Asesora en ella prevenida. 23 “Por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.” 24 Ib. 25 “Por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.”

26 Ib. 11 “Artículo 2.2.6.3.2.3. Vacante. Se predica vacante una notaría por la concreción de las circunstancias taxativas establecidas en la ley conforme a las cuales se presenta una falta absoluta del notario. De conformidad con lo anterior las causales son las siguientes: […]

4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años. […]” “Artículo 2.2.6.1.5.3.13. Señalase como edad de retiro forzoso para los notarios, la de 65 años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”.

El Decreto 2054 del 16 de octubre de 201427, transcrito en líneas anteriores fue

expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 131 y 189, numeral 11, de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, dispuso la edad de retiro forzoso para los Notarios al llegar a los 65 años de edad, empleo que quedaría en consecuencia vacante. El artículo 178 del Decreto Ley 960 del 20 de junio de 1970 dice: “Artículo 178. El pertenecer a la carrera notarial implica:

1. Derecho a permanecer en la misma Notaría dentro de las condiciones del presente estatuto.

2. Derecho a participar en concursos de ascenso.

3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

4. Prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación y adiestramiento.

La permanencia en la carrera está subordinada a la continuidad en el servicio, salvo el caso de licencia”. A su vez, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991 establece que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: […] “11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.” En lo que tiene que ver con el cargo frente al artículo 2.2.6.3.2.3, numeral 4º, del

Decreto 1069 del 26 de mayo de 291528, se tiene que precisar que esta disposición fue expedida por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en el marco de la política pública gubernamental de simplificar y compilar orgánicamente el sistema 27 “Por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.” 28 Ib. 12 nacional regulatorio, para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Es así, como el artículo 2.2.6.3.2.3. ibídem, que hace parte de la compilación de normas del Sector Justicia y del Derecho, incorporó el texto del artículo 4°, numeral 4°, del Decreto 2054 del 16 de octubre de 201429, sin que el ejecutivo modificara el contenido del aparte demandado. De acuerdo con las normas examinadas, se tiene que el Presidente de la República, haciendo uso de las facultades reglamentarias consagradas en la Carta Magna, al expedir el Decreto Reglamentario en cuestión, condicionó el ingreso y la salida de la carrera notarial, al contemplar una causal de retiro forzoso por edad que no estaba establecida en la ley que pretendía reglamentar –Decreto Ley 960 de 1970-, pues, según se ha expresado en precedencia, los artículos 183 y 184 ibídem estaban derogados desde el 9 de noviembre del año de su creación, mientras que el artículo 178 de la misma codificación no contempla la causal de retiro en cuestión.

Adicional a lo anterior, sirve de argumento lo expuesto en líneas precedentes con relación al alcance del artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970; es decir, el ejecutivo no contaba con la facultad constitucional ni legal para definir la edad de retiro forzoso de los Notarios, pues es un asunt