PGN - NOTIFICACIONES - En los procesos civiles - fuera del domicilio

Bogotá, D.C., agosto 19 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 29 de la Ley 794 de 2003, "por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones".

Demandante: ELVA JOHANA FUENTES Y DIANA CAROLINA

PALACIOS

Magistrada Sustanciadora: Dra. CLARA INÉS VARGAS

HERNÁNDEZ

Expediente No. D-5808 Concepto No. 3904 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1º de la Carta, instauraron ante esa Corporación las ciudadanas ELVA JOHANA FUENTES VALBUENA y DIANA CAROLINA PALACIOS APONTE, contra la expresión " Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días, si fuere en el exterior, el término será de treinta días”, contenida artículo 29 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, según el cual se establecen los términos para la notificación fuera de la sede del despacho judicial en el cual se tramita el proceso ejecutivo.

1. Planteamientos de la demanda Las demandantes aducen que la norma acusada vulnera los artículos 13, 29 85 y

229 de la Carta Política, referidos a la igualdad, el debido proceso, los derechos de protección inmediata y el acceso a la administración de justicia, por las siguientes razones: Procurador General 1.1. La violación de las normas invocadas se basa en un cargo único; la forma en que se pretende realizar la notificación en los procesos civiles a las personas que se encuentran fuera del domicilio del juzgado en donde se realiza la actuación procesal ya que la norma pretende realizar la notificación personal fijando un término perentorio que resulta insuficiente y, por lo mismo, contrario a la administración de justicia y al debido proceso. 1.2. La norma, afirman las ciudadanas que demandan "vulnera el artículo 13 de la Constitución Política porque viola el principio de igualdad de las personas, no se permite el acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones por razón de su domicilio en lugares en donde es fácil el acceso y la comunicación con el entorno, tales como lugares urbanos, o lugares en donde el problema de orden público se encuentre regulado por las fuerzas armadas del Estado colombiano, en donde no solo se le facilita el desplazamiento si no se asegura tal". 1.3. Deben buscarse mecanismos de notificación como el del artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, es decir, mediante la comisión. 1.4. Se viola el debido proceso ya que el artículo 29 es claro al disponer que toda persona debe ser juzgada con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Se cumpliría el presupuesto de seguir las formas propias de cada juicio si la notificación en los términos del artículo 315 del Código de

Procedimiento Civil surtiera los efectos de informar que se ha iniciado un proceso contra la persona para que ésta tenga acceso a la justicia y a una debida defensa. 1.5. El artículo 29 de la Constitución Política tiene plena relación jurídica con el artículo 85, que establece que la norma sobre el debido proceso es de aplicación inmediata.

2. Problema jurídico

2 Procurador General Corresponde al Ministerio Público determinar si la expresión " Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días, si fuere en el exterior, el término será de treinta días", contenida en el artículo 29 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, resulta contraria a la Constitución Política por ser violatoria de la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente:

3. Aclaraciones previas 3.1. No obstante que la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 794 ha sido examinada a través de las sentencias C-798 de 2003 y C-783 de 2004, el Ministerio Público advierte que frente a ellas sólo existe cosa juzgada constitucional relativa, ya que la expresión cuestionada en esta oportunidad y los cargos específicos no han sido objeto de análisis por la Corte Constitucional. 3.2. Las ciudadanas Fuentes y Palacios, invocan como norma transgredida, entre otros, el artículo 87 de la Carta Política, referido a la acción de cumplimiento. Sin

embargo, no se deduce del texto de la demanda la existencia de un cargo concreto de violación, por lo que se incumple el requisito de la argumentación que permite al juez constitucional confrontar el precepto vulnerado frente a la norma que se dice lo transgrede, tal como lo exige el artículo 2º del Decreto 2067 de

1991. En virtud de esto y atendiendo la reiterada jurisprudencia constitucional, habrá de solicitarse a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la violación del artículo 87 de la Carta Política por ausencia absoluta de cargo (sentencia C-232 de 2003, entre otras).

4. La norma acusada, en cuanto prevé razonablemente el término para comparecer a los procesos civiles, una vez surtida la notificación mediante comunicación, no desconoce el derecho a la igualdad para acceder a la

3 Procurador General administración de justicia. Las razones de mera casuística no pueden servir de fundamento al cargo de violación de las normas constitucionales 4.1. Sea lo primero aclarar, que la Ley 794 de 2003, fue inspirada en la racionalización del proceso civil a través de la aplicación, entre otros, de los principios de economía y celeridad que son de la esencia de la recta y cumplida administración de justicia. Por ello, la ponencia fue acompañada de los siguientes razonamientos: “Sobre el particular, los suscritos Ponentes, al igual que todas las personas que participaron en la elaboración del pliego de Modificaciones y los especialistas que se consultaron, coinciden en la idea de que se hace absolutamente necesario modificar sustancialmente el actual régimen de notificaciones personales,

por cuanto éste es obsoleto e inoperante y, más aún, contrario a los fines de la justicia, pues conlleva desmedidas dilaciones para trabar la litis, lo que se traduce en el desconocimiento de los derechos de quien acude ante la justicia. “El sistema de notificaciones imperante, hace prácticamente inejecutable la orden de notificación dada por el juez: Los notificadores carecen de facultades para procurar la notificación en lugares diferentes a los que el demandante hubiese señalado en la demanda, y las personas cuya notificación se busca acuden a maniobras elusivas, apoyados en el estricto marco que la ley permite a los funcionarios encargados de practicarlas. Podría decirse que en la actualidad, por las razones expuestas, la diligencia de notificación se ha constituido en el principal escollo del proceso, obstáculo que debe ser removido, en la idea de que la reforma logre un aporte decisivo a la eficiencia del aparato judicial y a la reducción de los tiempos de duración de los procesos, sin menoscabo, obviamente, de los derechos de todos los sujetos procesales. Es realmente un clamor de todos los usuarios y servidores de la Administración de Justicia, que se modifique radicalmente el actual sistema de notificación personal. “(...) “Del análisis de nuestras propias instituciones y de muchas de las existentes en países culturalmente afines, encontramos justificado proponer para el proceso civil colombiano la adopción de un sistema de notificación amplificado, similar a los descritos, que para nada resulta en una institución ajena a nuestra realidad socio-jurídica, pero sí en una institución que brindaría solución al grave problema de las notificaciones personales en los procesos

4 Procurador General civiles, que tanto retardo causan a los trámites judiciales y tanto desencanto al sistema general de Administración de Justicia. “Este sistema lo encontramos compatible con preceptos y principios constitucionales y legales, en tanto desarrollan el principio de buena fe y de economía y celeridad del proceso, sin menoscabo del derecho de defensa y del debido proceso pues las condiciones en las que se surte la notificación a través de otra persona no trascienden el núcleo doméstico o laboral y de las relaciones de dependencia que vinculan a estas personas con el demandado. Y, así como nuestra legislación permite que para las acciones de clase la notificación se haga con cualquier dependiente, con tanta más razón es concebible que también pueda esperarse igual proceder leal de quienes habitan la residencia del sujeto procesal que debe notificarse o laboran con él. “(...) “Con todas estas modificaciones ya referidas y otras muy puntuales que se encuentran en el texto de los artículos, consideramos los Ponentes que se hace una reforma integral y significativa al trámite de la notificación personal, lo que se traduce en celeridad y menor desgaste del aparato judicial y de todos los sujetos procesales"(Gaceta del Congreso 152 de 8 de mayo de 2002). Por lo dicho, no es admisible la apreciación de las demandantes, según la cual la comisión es la forma más razonable de notificar a las partes sobre la existencia de un proceso civil; ello equivaldría a un retroceso que fue justamente lo que el legislador pretendió eliminar con la promulgación de la Ley 794 de 2003.

4.2. Las ciudadanas Fuentes y Palacios, aducen que se viola el derecho a la igualdad y, con ella, el acceso a la administración de justicia al establecer en la forma como lo hace el artículo 29 de la Ley 794 se 2003, unos términos para la comparecencia al proceso civil, toda vez que hay lugares de difícil acceso y algunos otros en los cuales se dificulta el acceso por hallarse ocupados por la fuerza pública. 5 Procurador General Al respecto, es preciso tomar en cuenta que la norma legal se caracteriza por ser general, impersonal y abstracta, salvedad hecha de la "ley medida", sobre cuyos aspectos ha dicho la Corte Constitucional: "Para la Corte la generalidad de la ley es deseable pero en sí misma no es requisito de su constitucionalidad. La ley singular o ley medida, esto es la destinada a una persona o grupo de personas identificadas o identificables, sólo es admisible si persigue un propósito público plausible y no genera discriminación o desigualdad frente a otros miembros no incluidos en el círculo de personas cobijadas por sus mandatos. La ley por regla general está destinada a regular situaciones futuras previstas en forma objetiva y abstracta y no con carácter subjetivo o particular. Pero bajo ciertas condiciones, una ley con destinatarios concretos o determinados o determinables es legítima desde el punto de vista constitucional". (sentencia C-456 de 1998). Tal caracterización implica que la ley, aunque puede tener destinatarios específicos, no puede estar referida a casos concretos; por ello, del texto legal demandado se infiere, que el legislador al promulgar la disposición tuvo en cuenta

algunas categorías posibles para identificar dentro de la universalidad de las partes del proceso a efectos de fijar los términos para comparecer al mismo, una vez han sido notificadas de la existencia del mismo. Así, contempló a las personas que se encuentran en el mismo municipio en el cual se produce la notificación, a las personas que se encuentran en municipio distinto y a las que viven en el exterior y, con fundamento en ello, fijó racionalmente el término de su comparecencia, fiándolo en cinco (5), diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. Lo que la ley no podía hacer, para efectos de trabar la litis en el proceso civil, por resultar un factor imponderable y relativo, era entrar a considerar en qué zonas del país existen problemas de orden público o en cuáles de ellas están militarizadas, porque la ley resultaría violatoria de las normas superiores en el momento en que desaparezcan tales causas o ellas se repitan en otras zonas inicialmente no consideradas al momento de su promulgación. Relativizar la aplicación de una norma, tomando como base factores coyunturales, desvirtúa el carácter general y abstracto de la ley. 6 Procurador General Lo que en estricto sentido conforma la argumentación de las demandantes en el presente caso, es una casuística que, por su carácter particular carece de fuerza suficiente para estructurar el cargo de inconstitucionalidad. Por tanto, se considera que los cargos de inconstitucionalidad por violación al derecho a la igualdad y acceso a la administración de justicia no están llamados a prosperar.

5. La notificación de la existencia de una causa civil hace parte del núcleo

esencial del debido proceso. No se advierte que la norma en cuestión vulnere las formas propias del proceso civil porque la notificación mediante comunicación es una de las posibilidades legales que, al igual que la notificación personal, cumple la función de dar aviso a las partes sobre la existencia del proceso 5.1. Se aduce por las ciudadanas Fuentes y Palacios, que se cumpliría el presupuesto de seguir las formas propias de cada juicio si la notificación en los términos del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, surtiera los efectos de informar que se ha iniciado un proceso contra la persona para que ésta tenga acceso a la justicia y a una debida defensa. Sin embargo, el único argumento que trae la demanda consiste en afirmar que la notificación personal sí surte dicho efecto, desconociendo, por consiguiente, que la notificación por aviso apunta al logro de la misma finalidad procesal. 5.2. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, un derecho se coarta cuando expresa y abiertamente se obstruye o impide su ejercicio, lo cual puede ocurrir cuando a través de distintos medios se imponen condicionamientos o exigencias que dificultan en extremo la posibilidad de hacerlo efectivo. La Carta Política consagra la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través de la vinculación al proceso en debida forma, pero defiere al legislador la facultad para establecer los medios. La notificación personal no se erige en la única forma para dar a conocer la existencia del proceso y, por el contrario, el aviso o la comunicación tienen la virtualidad de cumplir el mismo objetivo; por ende, hace parte de las formas propias del juicio civil, el que el legislador

7 Procurador General establezca los distintos mecanismos de notificación a las partes (artículo 29 de la Constitución Política). En el establecimiento de las formas propias de cada actuación, el legislador ha de tener en cuenta la realidad social y extraer de ella reglas útiles que hagan que hagan eficaces los derechos. Por lo mismo, el legislador en ejercicio de la libertad para establecer las formas procesales debe observar los criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad (sentencia C-346 de 1997). En el caso en estudio, no advierte la Procuraduría la inaplicación de tales principios y, por el contrario, la notificación por comunicación consulta el principio de celeridad que contribuye a la eficaz administración de justicia. 5.3. Acceder al proceso por medio de la notificación por aviso prevista en la norma cuestionada, en manera alguna constituye la violación al debido proceso, pues de lo que se trata es de poner en conocimiento la existencia de un proceso civil para que se provea por el notificado la oportuna comparecencia y la adecuada defensa. La demanda, plantea como punto de estudio la conexión entre el artículo 29, que en su entender estima violado con el artículo 85 de la Carta Política sin argumento alguno que sirva de fundamento para estructurar cargo alguno.

6. Conclusión El Procurador General de la Nación, solicita a la Corte Constitucional, declara EXEQUIBLE la expresión "Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días",

que hace parte del artículo 29 de la Ley 794 de 2003, el cual modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, únicamente en cuanto a los cargos analizados. 8 Procurador General Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación

SPTB/ACA

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