PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Noción de falsedad o apocrifidad

Bogotá D.C. Agosto 12 de 2005 Concepto No. 107/2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. María Noemí Hernández Pinzón

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 2300123310002003014550 01

Radicado interno número: 3860

Actor: Everlides Victoria Zabaleta Ortega Asunto: Apelación sentencia de fecha 5 de Mayo de 200, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual declaro la nulidad del acto de elección de los señores Concejales del Municipio de Montelibano, para el periodo 2004-2007.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda Everlides Victoria Zabaleta Ortega, actuando a través de intermediario judicial, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba para que, previos, los trámites del correspondiente proceso, se efectuaran las siguientes declaraciones: “PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto de declaratoria de la elección de los Concejales del Municipio de Montelibano para el periodo 2004-2007, contenido en el acta general de escrutinio suscrita por la Comisión Escrutadora Municipal de Montelibano y los Delegados del Consejo Nacional Electoral para la Circunscripción Electoral de Departamento de Córdoba. “SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, igualmente se declaren nulas las resoluciones proferidas por los mismos Delegados del Consejo Nacional Electoral con asiento en el Departamento de Córdoba o por la Comisión Escrutadora Municipal de Montelíbano durante el proceso de los

escrutinio respectivos, y que como consecuencia de ello, se ordene practicar 1 y efectivamente se practique un nuevo escrutinio con base en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del presente proceso. “TERCERO: Que se declare la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación de cada una de las siguientes mesas. Zona Puesto Mesas Votos no contabilizados 99 10 2 Corregimiento el Palmar 30 99 12 1 Corregimiento Puerto Anchica 2 99 16 1 Corregimiento Tierra Adentro 3 Total votos dejado de contabilizar 35 “CUARTO: Que son nulas las actas escrutinios de la Comisión Escrutadora Municipal la Zona: 99 de Montelíebano. Zona Puesto Mesas Votos no contabilizados 99 10 2 Corregimiento El Palmar 30 99 12 1 Corregimiento Puerto Anchica 2 99 16 1 Corregimiento Tierra Adentro 3 “QUINTO: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios se haga la nueva declaración de elección de Concejales al Concejo Municipal de montelíbano para el periodo 2004-2007, se expidan nuevas credenciales de Concejales en reemplazo de las anteriores y que deben ser canceladas; se comunique al Presidente del Concejo Nacional Electoral, a la Registradora Nacional del estado Civil con sede en Bogotá, a sus Delegados en el Departamento de Córdoba, al Gobernador del Departamento de Córdoba, al Alcalde de Montelíbano y al Presidente del Concejo Municipal de Montelíbano”. A) Hechos

Refirió la actora que el día 26 de Octubre del año 2003 se llevaron a cabo elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales en todo el territorio nacional, incluido el municipio de Montelíbano. Que el Acta General de Escrutinio de la Comisión Escrutadora Municipal, no contenía la correspondiente declaración de elección de los Concejales ni del Alcalde, para el periodo legal comprendido entre el 1º de Enero de 2004 al 31 de Diciembre del año 2007. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 A del Acto Legislativo No.01 de Julio 03 de 2003, la señora Everlides Zabaleta Ortega era la persona que debía 2 ocupar la segunda curul del Movimiento Nuevo Liberalismo, por haber obtenido la sumatoria de 639 votos, segunda votación de los integrantes de ese Movimiento. Indicó, además, que contra las decisiones de la comisión escrutadora auxiliar de la zona 99, puesto, mesa 2, corregimiento el Palmar; zona 99, puesto 12, mesa 1, corregimiento Puerto Anchica; Zona 99 puesto 16, mesa 1 del corregimiento de Tierra Adentro, se interpuso recurso de apelación por haberse presentado alteraciones en los resultados, los cuales favorecían a algunos de los candidatos, en especial al señor William Romero de Aguas, siendo denegadas, pese a que los registros electorales adolecían de graves y ostensibles violaciones al sistema electoral. Así las cosas, señaló que se dejaron de practicar recuento de tarjetones y que no existía concordancia entre los resultados de los formularios E-14, E-24 y E26. Por ultimo, manifestó que la lista de sufragantes y registros de votantes, carecían de firmas, que se agregaron cédulas no inscritas, se suplantaron a los electores, se dejaron de sumar votos depositados a favor de la actora en las mesas indicadas, y que existió marcación previa de tarjetas electorales. Que dentro de la presente acción electoral obraban las reclamaciones formuladas por la actora y por otros integrantes de la lista al Concejo, en las que se solicitaba la corrección de los errores aritméticos presentados en las mesas mencionadas, pero la Comisión Escrutadora Municipal se negó al recuento de votos. B) Normas violadas y concepto de violación La demandante citó como quebrantadas las siguientes normas:  Artículos 2,3,4,6,13,40 y 316 de la Constitución Política  Artículo 1,2,3,7,8,134,135,136,142,163 a 173 y 192 ord. 3,4 y 11 del Código Electoral 3  Ley 84 de 1993, artículo 11; Ley 62 de 1998; Ley 163 de 1994, en concordancia con las causales 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo, artículos 27 y 28 ibídem;  Artículo 263ª del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003. Como concepto de violación la demandante manifestó que en el debate electoral llevado a cabo en el municipio de Montelíbano el 26 de Octubre de 2003, se incurrió en falsedad o apocrifidad, toda vez que la Comisión Escrutadora Municipal mutiló el

resultado real consignado en el formulario E-14 de la Organización Electoral, en contra de Everlides Victoria Zabaleta Ortega, en donde se le dejaron de sumar 35 votos en las mesas de los corregimientos de El Palmar, Puerto Anchita y Tierradentro, tomando según el actor, factores cualitativos y cuantitativos para desvanecerlo mediante artificio y engaño realizado por dicha comisión. Que este hecho, que mostraba como cierto lo que realmente no existió, tomando como real un resultado electoral que nunca fue depositado a favor de William Romero De Aguas, a quien le sumaron votos que no fueron depositados a su favor dándole una credencial fraudulenta por unos votos que no obtuvo.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de auto del día 7 de Mayo de 2004, admitió la demanda después de ser corregida, luego de haberse inadmitido el día 15 de abril de 2004.

3. Contestación de la demanda El señor William Romero De Aguas, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda, aceptando y reprochando algunos hechos. Afirmó que lo expuesto por el demandante, respecto que se cometieron graves irregularidades al sistema electoral era una conducta sancionada por el Código Disciplinario Único y por el penal, y que, por lo tanto, el escenario de dicha pretensión no era la jurisdicción contenciosa 4 administrativa sino la Procuraduría General de la Nación. En relación con el cargo referente a las reclamaciones presentadas, recordó que el Consejo de Estado había sido reiterativo en expresar que las causales de reclamación no constituían motivos de nulidad, por lo cual no podían alegarse en vía jurisdiccional, salvo cuando se

discutía la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó la reclamación. Así, la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo podía ejercer control de legalidad sobre hechos que constituían el sustento fáctico de las causales de reclamación a condición de que las mismas hubieren sido resueltas durante el trámite administrativo electoral y la acusación respectiva dentro del proceso judicial se dirijan contra dichas decisiones, según el Consejo de Estado (Sentencia de Marzo 20 de 2003). En cuanto a las pretensiones de la demanda, manifestó que no existían argumentos de juicio para declarar la nulidad del acto que declaró la elección de concejales de Montelíbano y, en consecuencia, no había lugar a que se cancelaran las credenciales, ni decretaran las nulidades de las resoluciones proferidas por los delegados del Consejo Nacional Electoral con asiento en el departamento de Córdoba, ni por la Comisión Escrutadora Municipal de Montelíbano, mucho menos, la práctica de un nuevo escrutinio, porque el proceso de elección se ajustó a todas las normas legales y constitucionales. En cuanto a las normas violadas y el concepto de violación, consideró que no era cierto que se violara el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, porque no existía prueba de que el registro o los elementos que hubieren servido para su formación fueran falsos o apócrifos. Que, por el contrario, existió un tramite administrativo previo, debidamente resuelto y adelantado ante las autoridades electorales competentes, y que las personas que en ella participaron ejercieron el derecho al voto válidamente, prevaleciendo el principio de la eficacia del voto,

previsto en el numeral 3 del Código Electoral. 5 Por ultimo, indicó que no competía a la jurisdicción contencioso administrativa concretar responsabilidades por esas anomalías, ni escudriñar sobre intenciones dañinas, que son cuestiones de orden subjetivo que la ley procedimental penal se encarga de investigar y sancionar. Que el legislador lo que buscaba era proteger la pureza de la elección misma, entendiéndose que la falsedad que afectaba las actas de escrutinio, sólo hacía nula la elección cuando la cantidad de votos inválidos correspondía a un número que podía alterar el resultado electoral.

4. Alegatos de conclusión El Tribunal Administrativo de Córdoba el día 5 de Noviembre de 2004, le dio traslado a las partes para que en el término legal alegaran de conclusión.

El demandante reiteró las peticiones de la demanda, agregando que el proceso electoral tuvo un desarrollo fraudulento, por lo menos en sus fases de escrutinio y declaratoria de elección que desconocían el debido proceso electoral al afectarlo ilegal y antidemocráticamente con numerosas situaciones groseramente contrarias a las normas que lo regulan, todo ello en detrimento de la transparencia del sufragio, la expresión libre y auténtica del ciudadano. Afirmó que en la elección que se demandó, el fraude apareció como un acto sistemático efectuado en forma preconcebida por expertos en la materia como lo confirma el acta de inspección judicial en la Registraduría Municipal de Montelíbano y Delegación Departamental de Córdoba sobre los formularios E-14, E-24, en donde

se omitió el registro de un total de 35 votos a la demandante, lo que le daría la segunda curul conforme a la cifra repartidora, lo que significaría que la demandante alcanzaría a ocupar la curul asignada al concejal William Romero De Aguas, teniendo en cuenta que dicha candidata alcanzaría la suma de 639 votos, mientras que éste solo obtuvo un total de 605 votos. La parte opositora no presentó alegato de conclusión. 6 El Procurador Judicial 33 en lo administrativo afirmó que la petición tercera consistente en que se declare la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas, era improcedente e inaceptable, en tanto que constituía un contrasentido que riñe con los supuestos de hecho en que se fundamenta el ejercicio de la pretensión, toda vez que la razón fáctica para impetrar la invalidez del acto declaratorio de la elección de los concejales de Montelíbano estriba en el hecho de que la Comisión Escrutadora Zonal en el formulario E-24 le desconoció sin razón alguna la cantidad de 35 votos que real y verdaderamente le fueron depositados en las mesas electorales números a) #2 del Corregimiento El Palmar donde le fueron depositados 30 votos según el E-14 y la comisión (E-24) le registró cero votos; b) #1 del Corregimiento Puerto Anchica donde obtuvo 2 votos (E-14) y la Comisión Escrutadora (E-24) le anotó cero votos y c) #1 del Corregimiento de Tierradentro en la cual según el E-14 le depositaron cuatro votos y en el E-24 la

comisión le adjudico un voto. Resultaba inviable por contradictorio –dijo el agente del Ministerio Públicoque el actor hubiere demandado la nulidad de los elementos electorales en las cuales reside o descansa probatoriamente el poder de certeza para demostrar la credibilidad de sus aseveraciones y la procedencia de sus pretensiones. La irrazonabilidad de las pretensiones dirigida a que se anulen las actas de escrutinio los jurados de votación correspondientes a las precitadas mesas, estriba en el hecho de que éstas (E-14) no son las que entrañan el vicio alegado, sino la prueba positiva de que la causal de nulidad alegada se detecta o localiza en el formulario E24, sobre cuya base se expidió el acto declaratorio de los concejales de Montelíbano para el período 2004-2007, eludiendo a la actora, quien tenía méritos cuantitativos suficientes para ser igualmente investida como tal. Finalmente, el Procurador Judicial expresó que existe un caudal probatorio que reúne los requisitos de autenticación, pero que deben rechazarse de plano porque fueron incorporadas al proceso vulnerando los principios a la práctica de pruebas ya que no fueron pedidas en la demanda, ni ordenadas de oficio por el Magistrado, sino unilateralmente allegadas al proceso por el apoderado de la demandante. 7

5. Fallo del Tribunal El Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió declarar la nulidad del acto de elección de los Concejales del Municipio de Montelíbano de fecha 31 de octubre de 2003 proferido por la Comisión Escrutadora Municipal, contenida en el formulario E26, para el periodo constitucional 2004-2007, porque efectivamente se logró demostrar la omisión en el registro de votos constitutiva de falsedad, pues con ello se alteró la verdad electoral; la diferencia numérica que generó dicha omisión fue de 35 votos, los cuales no fueron tenidos en cuenta con las cuales la señora Zabaleta Ortega hubiera obtenido una curul en el Concejo Municipal de Montelíbano.

En efecto, esta omisión vulneró el derecho fundamental a la participación democrática al dejar de incluir los mencionados votos, incidiendo en los resultados electorales y la voluntad decisoria de los ciudadanos del municipio de Montelíbano. Respecto de la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas acusadas, consideró se debería denegar, en razón de lo inviable de la pretensión porque las actas son solo elementos electorales en los cuales reposaba o se registraba el número de votos que obtienen cada uno de los candidatos a la corporación electoral escrutada y el total registrado en la mesa de votación. En este caso, fue a este documento al que se le estaba dando validez para demostrar que a la demandante no se contabilizaron esos votos obtenidos y plasmados en el formulario E-14. Entonces, sería un contrasentido solicitar la nulidad de dicho elemento.

6. Recurso de apelación El señor Julio F. Ruiz Miranda, obrando en calidad de Procurador Judicial ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, afirmó que si bien era cierto que se individualizó el acto acusado esto es, la nulidad del acto de declaratoria de elección de los concejales del Municipio de Montelíbano para el periodo 2004-2007, era inaceptable

e improcedente la pretensión tercera consistente en que se declarara la nulidad de 8 las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas invocadas porque constituiría un contrasentido que reñía con los supuestos de hecho en que se fundamentaba el ejercicio del derecho de acción, toda vez que la razón fáctica para impetrar la invalidez del acto declaratorio de la elección de los concejales de Montelíbano estribaba en el hecho de que la comisión escrutadora zonal en el formulario E-24 le desconoció sin razón alguna 35 votos que real y efectivamente le fueron depositados en las mesas electorales en las mesas número a) #2 del Corregimiento El Palmar donde le fueron 30 votos según el E-14 y la comisión (E24) le registró 0 votos; b) #1 del Corregimiento Puerto Anchica donde obtuvo 2 votos (E-14) y la Comisión Escrutadora (E-24) le registró 0 votos; y c) #1 del Corregimiento de Tierradentro en la cual según el E-14 le depositaron 4 votos y en el E-24 la Comisión Escrutadora le adjudicó 1 voto. Dijo también que resultaba inviable, por contradictorio, que el actor demandara la nulidad de los elementos electorales en la cual descansa probatoriamente el poder de certeza para demostrar la credibilidad de sus aseveraciones y la procedencia de sus pretensiones. Afirmó el Procurador Judicial que la irrazonabilidad de la pretensión dirigida a que se anularan las actas de escrutinio de los jurados de votación correspondientes a las precitadas mesas, estriba en el hecho de que éstas (E-14) no son las que entrañan

el vicio o inconsistencia de falsedad alegado, sino la prueba positiva de que la causal de nulidad alegada se detectó en el formulario E-24, sobre cuyas bases se expidió el acto declaratorio de los Concejales de Montelíbano, esquivando para tal efecto a la actora, quién tenia méritos cuantitativos suficientes para ser igualmente investida como tal. Así las cosas, era claro el error en que incurrió la parte actora al demandar la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación, en lugar de pedir, como correspondía la nulidad del formulario E-24, puesto que fue el elemento electoral donde se produjo la objetivización del registro electoral viciado que sirvió para la formación del acto declaratorio de la elección. En lo referente al caudal probatorio se dijo, que teniendo en cuenta el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, no se podían tener en cuenta para acreditar lo consignado en el documento declaratorio o representativo, porque dicho caudal acompañado con la demanda eran fotocopias informales lo que constituirían 9 documentos probatorios inhábiles para respaldar con fuerza jurídica suficiente los supuestos de hecho de la demanda porque al ser documentos simples o carentes de autenticación no pueden estimarse o acogerse como factores idóneos para demostrar lo pretendido. Finalmente, se afirmó que el Tribunal Administrativo ante la falta de idoneidad que adoleció el formulario E-24, decretó pruebas cuando ya el periodo se había vencido, lo cual constituyó una violación al debido proceso, toda vez que el a-quo decretó

una nueva prueba de oficio. Así las cosas, se tiene que la decisión del a-quo no sólo se fundó en la obtención de una prueba obtenida a contrapelo del debido proceso al hacerlo extemporáneamente y con base en el uso errado del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede este Despacho a emitir el respectivo concepto de rigor.

En el asunto en examen, la actora demandó la nulidad del acto del acto que declaró la elección de los concejales del municipio de MontelíbanoCórdoba, para el período 2.004-2.007, toda vez que se incurrió en irregularidades que violaban el sistema electoral colombiano. Sostuvo que durante los escrutinios se computaron pliegos y registros electorales viciados de nulidad, se incurrió en errores dolosos y fraudulentos, y se dejaron de practicar recuentos de votos, y que no existía concordancia entre los formularios E14, E-24 y E-26. 10 El ataque concreto de la demanda se centra en el hecho de que se dejaron de escrutar los votos depositados en favor de la candidata Everlides Victoria Zabaleta en los siguientes puestos y mesas: Zona Corregimiento Puesto Mesa Votos 99 El Palmar 10 2 30 99 Pto Anchica 12 1 2 99 Tierradentro 16 1 3 Total 35 Ahora, si bien es cierto que la parte actora no invocó de manera expresa la violación

del artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo, de los hechos de la demanda se desprende su configuración. En efecto, dijo la actora que dentro del proceso de escrutinios llevados a cabo en el municipio de Montelíbano, se incurrió en una serie de irregularidades que mutaron los resultados electorales, toda vez que se dejaron de computar 35 votos depositados en favor de la señora Everlides Zabaleta, tornando en falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para la configuración de la respectiva acta de Escrutinio. Veamos, el artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo prevé: “Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…) 2.- Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falso o apócrifo los elementos que hayan servido para su configuración.” En relación con esta causal de nulidad el Consejo de Estado –Sección Quinta – ha sostenido lo siguiente: “... la noción de falsedad o apocrifidad de que habla la Ley –lo ha dicho y reiterado el Consejo de Estado – se relaciona con la mutación física o material de los pliegos, con la alteración intelectual de su contenido y con la inexistencia de los documentos que 11 puedan contribuir a la formación de los registros, cuando tales documentos constituyen garantía eficaz e irremplazable de la pureza del sufragio” (Sentencia del 6 de mayo de 1959. Y en fallo de fecha 4 de mayo de 1971 expresó lo que a continuación se transcribe, tomándolo de la sentencia del 7 de noviembre de 1948

(Anales, Tomo CVII, Nos 483 y 484, pág. 945) que lo prohijó: “La apocrifidad, invención fabulosa, adulteración o falsedad, como sinónimos que son, implican que se deforme, simule u oculte lo real, es decir, lo verdadero, sea para desfigurarlo mediante la adición o sustracción de factores cuantitativos o cualitativos, para desvanecerlo mediante el artificio o engaño para mostrar como cierto lo que no existe, mediante la farsa o la ficción. Es entonces indispensable que para que prospere una impugnación de esta naturaleza contra un resultado electoral, que se muestre plenamente, y no a base de inferencias o hipótesis, la existencia concreta y operante de uno de aquellos sistemas de maquinación fraudulenta ya mencionados. De lo contrario, la presunción de legalidad y veracidad que ampara los actos de las operaciones electorales bastará para mantener incólume el resultado de la acusación... “ (Sentencia de abril 8 de 1987, Sala de lo Contencioso Electoral, Consejero Ponente, Doctor Antonio J. Irisarri Restrepo, Exp. 052). Particularmente, la Sección Quinta de dicha Corporación ha expresado lo siguiente sobre dichos conceptos: “Sobre el carácter de apócrifo del instrumento, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que comporta la deformación, simulación u ocultamiento de lo real, de lo verdadero, desfigurándolo con la adición o sustracción de factores cuantitativos; que éstos últimos constituyen –entre otrossistemas mediante los cuales se puede

lastimar la pureza del sufragio y tergiversar la verdad electoral; que a diferencia de lo que ocurre con la falsedad que apareja la intención de dañar, lo apócrifo aun cuando inexistente, fabulado, supuesto, simulado, carece de esa intención malévola como la de hacer aparecer como verídico lo que no es; finalmente que para que prospere la sanción de nulidad comentada, lo apócrifo o falso debe trastocar el resultado electoral, pues aun cuando esté comprobado que algunos de los documentos, que sirvieron para la formación de dicho resultado, tengan tal carácter, la causal no se estructura si el resultado no se altera. Conviene puntualizar alrededor de este criterio hasta ahora intocable para la Sección, que apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vocablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre a favor de unos y en desmedro de otros candidatos. Es indiferente dentro del proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y sancionar a la jurisdicción penal. Basta que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulosos o que provengan de instrumentos alterados o mutilados, para que proceda la anulación de las correspondientes actas de escrutinio de los jurados de votación, puesto que en esas condiciones son el resultado de actividades ilegítimas. Pero no compete a la jurisdicción contencioso administrativa, concertar responsabilidades por esas 12

anomalías, ni escrudiñar sobre intenciones dañinas, que son cuestiones de orden subjetivo que la Ley procedimental penal encarga de investigar y sancionar a los fiscales y jueces competentes para conocer del delito de falsedad.” (Sentencia de 14 de enero de 1999, Sección Quinta, Consejo de Estado, Consejero Ponente Doctor Roberto Medina López, Expediente 1871 y 1872) 1 No obstante, en todos los casos de alteración no se impone la declaratoria de nulidad; ésta será la consecuencia necesaria cuando los casos demostrados sean de tal magnitud que alteren el resultado de la elección. Esta es la interpretación que impone el artículo 1° del Código Electoral, y sobre la cual el Consejo de EstadoSección Quintase pronunció como sigue: “De otro lado también es importante reiterar la jurisprudencia de esta Sección en el sentido de afirmar que no toda alteración de la verdad es suficiente para declarar la nulidad de una elección popular. De hecho, a esta conclusión se llega si se tiene en cuenta lo siguiente: La acción de nulidad constituye un instrumento jurídico procesal vital para el desarrollo de la democracia Colombiana, pues es un medio judicial de control de regularidad del proceso electoral que hace efectivo el principio de efectividad de los derechos políticos y garantiza la transparencia y la eficacia del voto. Sin embargo, también es lógico que el resultado del proceso electoral tiene repercusiones políticas y jurídicas de enorme magnitud. En especial, la decisión de anular una elección popular tiene incidencia social y particular que no puede desconocerse, como quiera que afecta la continuidad de la gestión administrativa, produce un cambio político

inevitable y afecta el derecho individual a ocupar un cargo público. Por ello la nulidad de una elección popular por falsedad de los datos contenidos en las actas de escrutinio debe obedecer a situaciones irregulares que afecten la verdadera voluntad popular, pues así se explica porqué los intereses y derechos afectados con la decisión judicial deben ceder frente a la regularidad del proceso electoral y la veracidad de la expresión popular. Además, debe recordarse que precisamente por la magnitud de los principios e intereses que subyacen al proceso electoral, la nulidad de los actos electorales está sometida a estrictas condiciones que hacen que las causas generadoras de esa anulación sean únicamente las generales señaladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y las especiales que contemplan los artículos 223, 227 y 228 de esa misma normativa. Finalmente de acuerdo con el artículo 1° del Código Electoral, al momento de aplicar e interpretar las normas electorales se deberá tener en cuenta el principio de eficacia del voto, según el cual debe preferirse la interpretación que de validez al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector. De ahí que si la alteración de un dato o la falsedad de un registro no modifican el resultado electoral, el intérprete debe dar plena validez a los votos de la mayoría y hacer eficaz la decisión de ésta. 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. M.P. Doctor DARIO QUIÑÓNEZ PINILLA. Sentencia de 22 de septiembre de 1999. Expediente 2220 13 De lo anteriormente expuesto se colige que, como se dijo, la falsedad o el carácter apócrifo de un documento sólo origina la nulidad de una elección si es de magnitud

suficiente para alterar el resultado electoral. Ahora bien, la Sala considera que la alteración del resultado electoral debe analizarse en consideración con los datos numéricos de la elección....” 2 De conformidad con la anterior jurisprudencia, se analizarán entonces, las diferencias existentes entre los formatos E-14 y E-24, para establecer si efectivamente existió alteración o mutación de la verdad electoral, como invención fabulosa, o si, por el contrario, ellas obedecen a la práctica de recuentos o reclamaciones efectuadas por los actores del proceso electoral. El formulario E-24 corresponde a un cuadro que utilizan las Comisiones Escrutadoras Municipales, Departamentales o Auxiliares para registrar los resultados de los escrutinios de los Jurados de Votación, los cuales constan o se registran en los formatos E-14 dispuestos por la organización electoral para tal fin; en ellos, se observa la votación obtenida por cada candidato en cada una de las mesas de votación de un respectivo municipio. Este documento no solo es un material de apoyo de las Comisiones Escrutadoras, sino que es el fundamento de sus Actas de Escrutinio, esto es, un elemento que sirve para la formación del acta. En consecuencia, la falsedad o adulteración de la forma E-24 podría afectar la veracidad de las Actas de Escrutinio de las Comisiones Escrutadoras y puede originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes. Sin embargo, no todas las diferencias de votos entre los Formularios E-14 y E-24

generan falsedad, puesto que es posible que el escrutinio municipal o departamental modifique los datos consignados por los jurados de votación, con 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso – Sección QuintaC.P. Doctor DARIO QUIÑÓNES PINILLA. Sentencia de 5 de abril de 2002. Expediente 2828. 14 base en las reclamaciones y recuentos de votos s