PGN - NULIDAD PROCESAL - Requisitos y oportunidad para solicitarla según ley 73402 art 146

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., tres (3) de junio de dos mil cuatro (2004). Acta de Sala No. 28. Radicación 161-02230 (165-072679/02) No: Disciplinad FRANCISCO BURGOS DE LA

os: ESPRIELLA y ANGELA MARÍA

YEPES

Cargo: Alcalde Municipal Montería y

Profesional Universitaria Quejoso: Informe Contraloría Fecha 15 de abril de 2.002 queja: Fecha Junio 22 de 1999 hechos:

Asunto: Apelación Fallo

P. D. Ponente: Doctora DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ La Sala Disciplinaria, revisa a través del recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el apoderado de la doctora ÁNGELA MARÍA YEPES SIERRA, la providencia calendada el 30 de enero de 2.004, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para las Contratación Estatal la declarara disciplinariamente responsable del cargo formulado, imponiéndole como sanción multa de sesenta (60) días de salario, equivalentes a dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos catorce pesos ($2’554.914.oo) (fls. 147 a 167 C. O.).

ANTECEDENTES PROCESALES La presente investigación se originó en traslado de hallazgos disciplinarios suscrito por funcionarios de la Contraloría General de la Nación, Gerencia Departamental de Córdoba (fls. 1 a 6 C. O.), en el que le informan sobre

presuntas irregularidades cometidas en la Alcaldía Mayor de Montería en la ejecución del contrato No. SN – 1.998. Mediante auto del 22 de abril de 2.002 (fls. 7 y 8 C. O.), la Procuraduría Regional de Córdoba ordena adelantar la indagación preliminar y el 24 de mayo de 2.002 (fl. 90 C. O.) dispuso remitir, a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, Reparto, el expediente, por razones de competencia. Recibido el proceso en la procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y una vez cumplido el término para adelantar la indagación preliminar y con base en las pruebas recaudadas, la Segunda Delegada mediante proveído del 5 de noviembre de 2.002 (fls. 97 a 104 C. O) ordena la apertura de la Expediente No 161-02230 investigación disciplinaria en contra de los doctores FRANCISCO BURGOS DE LA ESPRIELLA y ANGELA MARÍA YEPES, en sus condiciones de Alcalde Municipal de Montería, el primero y profesional universitaria, la segunda. Mediante proveído del 28 de abril de 2.003 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal les formuló auto de cargos (fls. 109 a 124 C. O.), providencia que fue notificada personalmente a los disciplinados el 28 de abril de 2.003 (fl. 127 C. O.) y el 30 de mayo de 2.003 (fl. 129 C. O.), respectivamente. Presentados los descargos (fls. 133 a 145 C. O.), mediante auto del 13 de

agosto de 2.003, (fls. 149 a 151 C.O), la Regional Córdoba resolvió sobre las pruebas solicitadas en descargos ordenado la práctica de la mayoría de ellas, auto que fue notificado en legal forma y que no fue recurrido. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 23 de octubre de 2.003, una vez vencido el término probatorio, el a quo corre traslado para que los disciplinados presenten los alegatos de conclusión (fl. 141

C. O.) y el 30 de enero de 2.004 dicta el fallo (fls. 147 a 167 C. O.) mediante el cual sancionó a la disciplinada ANGELA MARÍA YEPES SIERRA con multa de sesenta (60) días del sueldo mensual devengado para la época de los hechos y se ordenó el archivo de las diligencias disciplinarias respecto de FRANCISCO BURGOS DE LA ESPRIELLA, decisión que fue notificada personalmente, a la primera, y, por estado, al segundo, siendo apelada por el apoderado de la disciplinada, sustentándolo mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2004 (fls. 183 a 193 C. O.).

Al decidir sobre el único cargo endilgado a la disciplinada, el a quo que conocía la fecha de pago del anticipo pactado por parte de la Administración y, por lo tanto, no había justificación alguna para que dejara transcurrir un lapso de tiempo entre el pago del mencionado anticipo (26 de abril de 1999) y la firma del acta de iniciación de la obra (22 de julio de 1999). En cuanto a la parálisis del contrato ocurrida entre el 19 de agosto de 1999 y el

veinte de noviembre de 2000, el fallador de primera instancia consideró que la disciplinada no tenía razón al justificar dicho retrazo porque la Administración no le había cancelado el cien por ciento (1000%) del anticipo pactado, por cuanto quedó demostrado que el Municipio de Montería le pagó al contratista, el 20 de octubre de 1999, la suma de $7’695.000.oo, que comprendía no solo la parte del anticipo adeudado sino también, le adelantó pago, teniendo en cuenta que en el contrato se pactó el pago del 50% del valor del contrato como anticipo y el otro 50% al finalizar la obra, lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2000. Al referirse a la las deficiencias en el acta de liquidación del contrato, el a quo sostuvo que la disciplinada no tenía al afirmar que no existía prueba técnica que comprobara la mala calidad de la obra, por cuanto existe un dictamen técnico en el que el perito afirma que no reúnen las especificaciones dadas, de donde deduce que los materiales son de mala calidad. 2 Expediente No 161-02230 Manifiesta, además, el investigador que la disciplinada actuó con dolo porque al omitir el cumplimiento de las funciones de interventora desamparó los recursos públicos al recibir unos bienes de mala calidad y unas obras no ejecutadas y el haber permitido que se le pagaran al contratista. Se determinó que con su actuación violó los deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 200 de 1.995, hoy artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2.002, como también los artículos 123 y 209

de la Constitución Política, faltando a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1.993 y a los deberes `propio que como interventora debía cumplir de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0086 RECURSO DE APELACIÓN Notificada personalmente la investigada el 20 de febrero de 2004 (fl. 179 C. O.), designó apoderado quien presentó dentro del término legal el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, en el que solicita sea revocado en su totalidad y, además, solicita se declare la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto los hechos investigados se relacionan directamente con el contrato suscrito el 30 de diciembre de 1.998, habiendo transcurrido mas de cinco años. Solicita, además, se de declare la nulidad del proceso porque al haberse excluido del proceso al Alcalde Municipal, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal perdía la competencia para investigar y sancionar a su representada. Pide que se declare la caducidad de la acción disciplinaria por el incumplimiento de los términos establecidos para cada una de las etapas del proceso disciplinario, plazos que por ser de orden público, son de obligatorio cumplimiento Argumenta el memorialista que la afirmación sobre que su defendida conocía el pago del anticipo carece de asidero probatorio y obedece a una posición subjetiva si se tiene en cuenta la certificación expedida por la Tesorería del Municipio, con lo que se demuestra que su poderdante sólo tuvo conocimiento del mencionado pago el 8 de junio de 1999, fecha en la que le envió oficio al

contratista conminándolo a iniciar las obras dentro de los tres días siguientes a su recibo, firmándose el acta respectiva el 22 de junio del mismo año, un día después del plazo concedido, si se tiene en cuenta que los días 19 y 20 correspondieron a sábado y domingo, que no deben tenerse en cuenta. Sostiene que el saldo del anticipo fue realizado el 28 de abril de 2000 cuando le pagó el acta parcial de obras por valor de $7’695.000.oo, por parte de la fiduciaria de Occidente. Por último, manifiesta que el acta de liquidación del contrato es la que realmente establece la verdad sobre las obras, determina lo que se hizo y lo 3 Expediente No 161-02230 que no y, en consecuencia, en ella se determina la realidad de la obra entregada. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA De acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía de uno de los funcionarios investigados, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, en consecuencia, corresponde a la Sala Disciplinaria revisar por vía de apelación el recurso interpuesto contra la providencia del 30 de enero de 2.004, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 de 2000. Para Seguir un orden lógico en el análisis y decisión de la presente providencia, la Sala se ocupara en primer término de atender la solicitud de declaratoria de nulidad de lo actuado formulada por el abogado de la implicada, con fundamento en la existencia de presuntas irregularidades sustanciales, de conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario, posteriormente

analizará lo relacionado con la prescripción de algunas de las conductas y, por último del estudio de las conductas vigentes.

1. DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD El apelante sustentó su petición de declarar la nulidad del proceso por falta de competencia del investigador argumentando que: “Como quiera que en este proceso se ha excluido toda responsabilidad al ex – alcalde de Montería, que era el funcionario en razón del fuero de atracción que le confería competencia al señor Procurador Delegado para este caso, ispo facto, desaparece él del proceso, también desaparece la competencia hasta ahora indiscutida del señor Procurador delegado, pues para empleados del orden municipal es la Procuraduría Provincial la encargada de hacer la investigación”, pudiéndose configurar la causal contemplada en el numeral 1 del artículo 143 de la Ley 734 de 2.002.

La Sala observa que el proceso se encuentra dentro de la etapa procesal oportuna para pronunciarse respecto de la existencia de los hechos generadores de la pretendida nulidad procedimental, teniendo en cuenta que el memorial de apelación fue presentado en tiempo cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002. De acuerdo con la Ley 734 de 2.002 cuyo procedimiento debe aplicarse en el presente proceso por cuanto el pliego de cargos fue formulado el 28 de abril de 2.003, es decir, bajo su vigencia, la competencia de la acción disciplinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, se determina, entre otros factores, por el de conexidad y el artículo 81 ibídem prescribe que cuando varios

servidores públicos de una misma entidad, como en el presente caso, participen el comisión de faltas conexas, se investigarán y decidirán en un mismo proceso por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía. 4 Expediente No 161-02230 En el presente caso, se investigó la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de dos funcionarios de la Alcaldía de Montería, Alcalde Municipal y Profesional Universitaria, relacionadas con la ejecución de un contrato de obra suscrito con Álvaro Paternina Espitia, investigación que de acuerdo con las funciones establecidas para las Procuradurías Delegadas en el artículo 25 del Decreto 262 de 2000, les corresponde investigar a los Alcaldes Municipales y según el artículo 19 de la Resolución No 017 de 2000, la presente investigación le correspondía adelantarla a la Procuradurías Delegada para la Contratación Estatal, como en efecto se adelantó. Ahora bien, la nulidad propuesta por el abogado se refiere a que no existió el rompimiento de la unidad procesal al ordenarse el archivo de las diligencias adelantadas en contra del Alcalde Municipal, pero que de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia nacionales, se rompía la unidad procesal y el Procurador Delegado hubiera perdido la competencia si en cualquier etapa del proceso, anterior al fallo, se hubiere demostrado la existencia de una causal objetiva para dictar la cesación del procedimiento, como son la muerte del procesado y la prescripción de la acción disciplinaria, situación que no se presenta en el presente caso, por cuanto la solicitud la fundamenta en la

existencia de causales subjetivas que tienen que ver con tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, que llevarían a la preclusión de la investigación si se hubiera demostrado su existencia antes de formularse el pliego de cargos, pero como el archivo fue ordenado en el fallo de primera instancia, luego del estudio del acervo probatorio, es la oportunidad procesal en la que se analiza si el disciplinado tuvo responsabilidad disciplinaria en la realización de los actos investigados, tomando el a quo la decisión de absolver disciplinariamente al Alcalde Municipal y ordenar el correspondiente archivo, por cuanto no cometió falta alguna, actuación que no conduce al rompimiento de la unidad procesal y en consecuencia el Procurador Delegado era el funcionario competente para definir la situación jurídica de la disciplinada. Con base en lo anterior, la Sala Disciplinaria estima que es improcedente la declaratoria de nulidad planteada por el apoderado del implicado bajo los supuestos mencionados y, por ello, habrá de denegarse su declaratoria. 2 - DE LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DISCIPLINARIA El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, dispone que el término de prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años contado a partir del día de la consumación de la falta en el caso de que sea instantánea, o desde el último acto en las de carácter permanente o continuado, fenómeno jurídico que es un castigo a la desidia y morosidad del Estado para realizar una investigación disciplinaria, y que, además, el funcionario investigado no puede estar por tiempo indeterminado atado a un proceso disciplinario sin que tenga solución.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que si bien es cierto las conductas investigadas tienen relación directa con el contrato de obra suscrito el 30 de diciembre de 1998, también es cierto, que dicha fecha no puede 5 Expediente No 161-02230 tomarse para declarar la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto lo investigado hace relación a la ejecución del contrato, actuación que debe comenzar una vez se perfeccionado el contrato y se hubiera suscrito el acta de iniciación de la obra, lo que ocurrió el 22 de junio de 1999, es decir, para esta conducta no ha transcurrido el término de cinco (5) años establecido la ley para declarar la prescripción, y mucho menos ha ocurrido dicho fenómeno con respecto a las demás conductas, puesto que estas ocurrieron entre el 19 de agosto de 1999 y el 20 de noviembre de 2000, una de ellas y otra, sucedió el 30 de noviembre de 2000. En consecuencia la Sala Disciplinaria denegará la petición de prescripción de la acción disciplinaria formulada. 3 – DE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA Argumenta el memorialista que la Sala Disciplinaria debe declarar la caducidad de la acción disciplinaria por cuanto el fallador de primera instancia incumplió los términos impuestos para cada una de las etapas del proceso, sin tener en cuenta que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento. La Ley 734 de 2002 establece como únicas causales de extinción de la acción disciplinaria: la muerte del investigado y la prescripción de la acción

disciplinaria, es decir, no contempla la causal de caducidad alegada por el apoderado de la investigad, en razón a que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina colombiana, la caducidad en no haber ejercitado un derecho dentro del término establecido en la ley disciplinaria, es decir, cuando el investigado no lo hubiera ejercido, por cuanto las normas disciplinarias establecen derechos para los sujetos procesales, mientras que para el Estado es una obligación que debe cumplirla dentro de los términos establecidos para realizar la investigación disciplinaria que es de cinco años y que sólo se afecta porque el fenómeno jurídico de la prescripción. De acuerdo con lo anterior, la Sala Disciplinaria considera que no es pertinente declarar la caducidad de la acción disciplinaria y por lo tanto la denegará. ANÁLISIS DE LOS CARGOS VIGENTES Una vez establecido que no existe ninguna causal de nulidad ni de prescripción en el presente proceso, la Sala estudiará el único cargo formulado a la implicada ANGELA MARÍA YEPES SIERRA, en su condición de Profesional Universitaria e interventora.. CARGO ÚNICO “En la condición descrita precedentemente, omitió cumplir cabalmente con las obligaciones que el acto administrativo de designación le imponía, permitiendo que el contratista dilatara la ejecución de la obra y recibiendo una obra inconclusa, de mala calidad y con algunos ítems en menor cantidad y otros sin ejecutar o construir, dilación que se evidenció, incluso luego del pago total del anticipo”. 6 Expediente No 161-02230 El a quo consideró que la investigada había inobservado el artículo 2º de la

Resolución No. 0086 que la designaba como interventora del contrato; incumplió lo establecido en el artículo 53 de la Ley 80 de 1.993; el artículo 209 de la Constitución Política y los numerales 1, 13 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1.995, calificando la falta como grave a título de dolo. Los hechos investigados tuvieron su origen en el contrato de obra suscrito el 30 de diciembre de 1.998 (fls. 25 a 30 C. O.) entre el Alcalde Municipal de Montería, FRANCISCO BURGOS DE LA ESPRIELLA y el contratista ALVARO PATERNINA ESPITIA, cuyo objeto era la construcción y adecuación de la unidad administrativa en la Escuela Urbana El Prado, un plazo de sesenta y cinco (65) días y valor de $25’000.000.oo. De acuerdo con lo establecido en la cláusula Octava, correspondía al Municipio designar el interventor del contrato, cláusula que establece las funciones que debía cumplir y en cumplimiento de dicha obligación, la Secretaría de Infraestructura, mediante Resolución No. 0086, sin fecha, (fl. 43 C. O.), designó como interventora a la ingeniera Angela Yepes. El perfeccionamiento del contrato sucedió el 24 de mayo de 1999 fecha en la que fue aprobada la póliza de garantía que amparaba el buen manejo del anticipo y el cumplimiento del contrato (fl. 35). El 22 de junio de 1999 se firmó el acta de inicio de obras, cumplimiento que suspendido el 19 de agosto del mismo año (fl. 50 C. O.), reiniciándose el 20 de noviembre de 2000 (fl. 54), terminando el 30 de noviembre de 2000 (fl. 55).

La doctrina colombiana que la interventoría en un contrato de obra debe cumplir varias funciones como son: suscribir conjuntamente con el contratista, de acuerdo con lo establecido en los manuales administrativos, actas de entrega de anticipo y del sitio de la obra; suscribir con el contratista el acta de iniciación de a obra; exigir al contratista y verificar el cumplimiento de la calidad de los materiales establecida en el contrato; exigir el cumplimiento de la cantidad de obra contrata; suscribir la actas de suspensión y reiniciación de la obra; al recibir la obra constatar el estado de la misma y ordenar el arreglo o reconstrucción de l obra que se encuentre deficiente; elaborar y suscribir con el contratita el acta de recibí final de la obra haciendo constar el estado en el que se encuentre, los ítems construidos, el valor final del contrato y elaborar un acta de preliquidación final del contrato y el acta de liquidación del contrato. En el fallo se analizaron las demoras en el cumplimiento del objeto del contrato, estudiándolas una a una y así serán analizadas en el presente fallo. La primera conducta se refiere a la mora del contratista para iniciar los trabajos luego del pago del anticipo. En el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, el apoderado de la investigada sostiene que su defendida sólo conoció del pago 7 Expediente No 161-02230 del anticipo el 8 de junio de 1999, contrario a lo afirmado por el investigador en cuanto que ella si tenía conocimiento del pago del anticipo que la administración le hiciera al contratista para que iniciara la obra, fundamentando dicha acusación en el oficio que el 8 de junio de 1999 la interventora le enviara al

contratista ordenando le procediera a la iniciación de la obra contratada. Se encuentra probado en el expediente que mediante resolución No. 00390 del 25 de febrero de 1999 (fl. 166 C. O.) el Alcalde de Montería ordenó el pago del anticipo pactado el pago de parte del anticipo pactado se realizó el 26 de abril de 1999 y, de acuerdo con lo afirmado por ella en el oficio de junio 8 de 1999, el pago se había efectuado el 26 de abril del mismo año y, además, se encuentra probado que la garantía única fue aprobada el 24 de mayo de 1999. La Ley 80 de 1.993 en su artículo 41 inciso 2º establece que para la iniciación de la objeto del contrato se requiere la aprobación de la garantía presentada por el contratista, aprobación que fue impartida por la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Montería el 24 de mayo de 1999, y sólo a partir de esa fecha se podría empezar a considerar que existe tardanza por parte del contratista para iniciar la obra y existiría omisión de las funciones de la interventora, como en realidad existió, al no requerir al contratista para que cumpliera con las obligaciones pactadas y no, como lo considera el a quo, al considerar que la fecha a partir de la cual la interventora faltó a sus obligaciones, falta que se considera de carácter continuado por cuanto se cometió entre el 24 de mayo y el 8 de junio de 1999, día en el que le envió el requerimiento al contratista para que iniciara la obra una vez reunidos los requisitos establecidos en la ley y en la cláusula quinta del contrato, con lo que se prueba la omisión en el cumplimiento

de los deberes que debía cumplir la ingeniera Yepes Sierra como interventora del contrato varias veces mencionado. En relación con el tiempo transcurrido entre la suspensión de la obra cuya acta se suscribió el 19 de agosto de 1999 y su reanudación acta firmada el 20 de noviembre de 2000, el abogado en su escrito sustentado el recurso de apelación afirma que el saldo del anticipo se le canceló al contratista el 28 de abril de 2000 y no el 20 de octubre de 1999 como lo manifiesta el investigador. En el fallo objeto de alzada el a quo manifiesta que si bien es cierto que al contratista no se le giró el 100% del valor del anticipo, el Municipio le pagó el 20 de octubre de 1999 la suma de $7’695.000, previa presentación de un acta parcial de obra, dinero que comprendía el saldo del valor del anticipo que no se le habían pagado oportunamente, situación que no justificaba la demora de mas de un año para reiniciar las obras. Para desvirtuar lo afirmado, con el recurso de apelación se presentó un oficio suscrito por la Coordinadora de la Fiduciaria de Occidente S. A. en Montería, mediante el cual se le informa a la disciplinada los pagos que dicha entidad le realizó a Álvaro Paternina Espitia a través de los Encargos Fiduciarios de Administración Nos. 3112 y 3071 del Municipio de Montería, y en el que consta que el pago de la suma de $7’695.282.oo se realizó el 28 de abril de 2000, mediante cheque No. 002390, documento que lleva a considerar que no existió

8 Expediente No 161-02230 omisión en el cumplimiento de las funciones que como interventora se le habían asignado a la disciplinada, durante el lapso de tiempo comprendido entre el 20 de octubre de 1999, fecha en la que, de acuerdo con lo expuesto en el fallo apelado, se le pagaron los dineros al contratista y el 28 de abril de 2000, fecha en la que, según información de la Fiduciaria, se le cancelaron, pero, a pesar de ello, subsistía la conducta investigada, porque la reanudación de la obra se efectuó el 20 de noviembre de 2000, es decir, mas de siete meses después de la fecha en la que el Municipio de Montería, a través de un Encargo Fiduciario le cancelara el saldo del anticipo, lo que constituye un incumplimiento de las funciones asignadas como interventora, por cuanto su obligación consistía en suscribir el acta de reanudación de la obra una vez se hubiera realizado el pago. En relación con el hecho de haber recibido una obra inconclusa, de mala calidad y con algunos ítem en menor calidad y otros sin ejecutar o construir, el abogado defensor afirma que el acta de liquidación es la que establece la realidad de los sucedido en la ejecución del contrato; manifestando, además, que su poderdante no ordenó ni convalidó el pago de obras en exceso. Está probado en el expediente que en cumplimiento de una de las funciones asignadas como interventora del contrato de obra, la disciplinada suscribió el acta final de obra el 30 de noviembre de 2000 ( fls. 72 y 73 C. O.), sin hacer

observación alguna y de la que extracta que el valor de dicha acta es de $1’620.450. Con base en las facultades legales que le concede el artículo 137 de la Ley 34 de 2.002, el investigador solicitó la colaboración de un Ingeniero adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Departamento para que practicara una inspección judicial a la obra con el fin de determinar si se realizaron todas los ítems establecidos en el contrato para la Construcción y adecuación de la Unidad Administrativa en la escuela Urbana El Prado, cuyo informe fue presentado el 23 de septiembre de 2.002 (fls. 34 y ss cuad. 2) y en dicha prueba técnica consta que la interventora recibió mayor cantidad de obra que la existente en realidad (estructuras, mampostería, enchape, carpintería en madera y metálica ítem 11.4); también se estableció que recibió algunos ítems que en realidad no fueron ejecutados (instalaciones hidrosanitarias, carpintería en madera y metálica ítem 11.3), demostrándose que la disciplinada no cumplió con el encargo que se le diera de realizar la interventoría al contrato de obra mencionado, afectando los intereses del Municipio al no protegerlos en debida forma al recibir una obra inconclusa y aceptar como construidos mas de las cantidades contratadas pero menos de las existentes en realidad, hechos que desvirtúan las afirmaciones del abogado defensor. Todas las anteriores consideraciones llevan a la Sala Disciplinaria compartir la decisión del Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal al considerar responsable disciplinariamente a la investigada, Ángela María Yepes Sierra porque no cumplió con la labor de interventora asignada mediante

Resolución No 0086, sin fecha, violando lo establecido en el artículo 53 de la 9 Expediente No 161-02230 Ley 80 de 1.993, faltando a los deberes consagrados en la Ley 200 de 1995 numerales 1, 13 y 23. CULPABILIDAD Como bien lo consideró el fallador de primera instancia, la falta cometida por la disciplinada es de naturaleza grave, cometida a título de dolo en razón a que por su profesión y el cargo desempeñado, Ingeniera de la Secretaría de Infraestructura del Municipio, debía conocer todas las funciones y que asumía al ser designada Interventora de una obra y de las responsabilidades que adquiría al controlar una construcción financiada con dineros oficiales; porque era su obligación proceder con eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las labores encomendadas, porque no protegió los intereses del Municipio en debida forma, al suscribir un acta con datos irreales, recibiendo como completamente terminada una obra inconclusa y certificando una mayor cantidad de obra que la existente en la realidad, inobservando los deberes consagrados en el artículo 40 de la Ley 200 de 1.995 numerales: 1, cumplir y hacer cumplir las leyes y las órdenes superiores; 13, ejercer sus funciones consultando permanentemente sus intereses de bien común y 23, vigilar y salvaguardar los intereses del Estado. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN La Sala Disciplinaria considera que la multa impuesta por el fallador de instancia está acorde con los criterios establecidos en el artículo 29 de la Ley 200 de 1995, ley que debe aplicarse al presente caso porque los hechos

sucedieron bajo su vigencia, y por ello la confirmará, multa que deberá ser depositada en la Tesorería del Municipio de Montería. En mérito de lo precedentemente plasmado, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO: DENEGAR la declaratoria de nulidad solicitada por ÁNGELA MARÍA YEPES SIERRA en su calidad de disciplinada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de ésta decisión.

SEGUNDO: NO DECLARAR la prescripción solicitada por la disciplinada, de acuerdo con lo manifestado en precedencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de caducidad de la acción disciplinaria impetrada por conforme a lo anotado en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: CONFIRMAR LA SANCION DISCIPLINARIA, impuesta a ANGELA MARÍA YEPES SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43’519.461 en su calidad de Ingeniera de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería e interventora del contrato de obra para la construcción

10 Expediente No 161-02230 de la Unidad Administrativa de la Escuela Urbana El Prado, y como consecuencia de ello se le sanciona con multa de sesenta (60) días del salario básico devengado en la época de los hechos, equivalente a dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos catorce pesos ($2’554.914.oo), conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo .

CUARTO: Por medio del Centro de Notificaciones de la Entidad NOTIFICAR

esta decisión a la disciplinada ANGELA MARÍA YEPES SIERRA, representada por su apoderado Doctor JOAQUÍN NEGRETTE SEPÚLVEDA, quien se localiza en la Carrera 16 B No. 26 - 35 de Montería, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

QUINTO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, INFORMAR de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para lo pertinente.

SEXTO: La multa aquí fijada será cancelada a favor del Municipio de Montería, en los términos señalados en los incisos segundo de los artículos 31 y 173 de las leyes 200/95 y 734/02, respectivamente.

SÉPTIMO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, ENVI