PGN - OFICINA DE CONTROL INTERNO - Funciones

Bogotá, D.C., PAD Doctor

ALVARO URZOLA REGO

Investigador Universidad de Cartagena Centro Carrera 6 No.36-100 Cartagena.

Ref: Su oficio del 14 de noviembre de 2002, radicado en esta oficina el 26 del mismo mes y año.

En el oficio de la referencia, pregunta usted: 1- “¿Los procesos que venía cursando al entrar en vigencia el nuevo C.D.U.., y se encontraban con pliego de cargos notificados deben continuar conociendo el investigador designado o deben ser asumidos por la Oficina de Control Disciplinario?”. Sobre el particular, debe aclararse ante todo lo siguiente: En relación con las inquietudes planteadas cabe señalar que en desarrollo de la función consultiva asignada a esta oficina (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos; por esa razón, la respuestas en estos casos se concretan a suministrar elementos de juicio de carácter general que permitan ilustrar el tema materia de cuestionamiento. Sobre el asunto que ocupa su consulta, debe tenerse presente que la Ley 734 de 2002, en su artículo 7, señala: “...Efecto general inmediato de las normas procesales. La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine”. De la lectura del código se desprende que respecto de las normas procesales se marca una diferencia entre las de procedimiento y las de competencia, pues si bien en materia procedimental se establece una excepción a la regla general

prevista en la norma transcrita, en virtud de la cual los procesos que se encuentren con pliego de cargos deben continuar su trámite hasta el fallo definitivo con el procedimiento anterior (artículo 223), no sucede lo mismo en materia de competencia , pues no se hace ninguna salvedad al respecto, lo que en sentir de esta oficina implica que a partir del 5 de mayo del presente año, en este aspecto obliga lo preceptuado en el nuevo estatuto para todas las 2 investigaciones que se inicien en esa fecha o para las que estén en curso cualquiera sea el estado en el que se encuentren. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que la Ley 734 de 2002, en el artículo 76 establece que el control interno disciplinario estará a cargo de una oficina o unidad, que se encargará de “conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores” ; se radica la segunda instancia en cabeza del nominador. La competencia descrita sólo se modifica cuando en las entidades no se hayan implementado las aludidas oficinas de control; evento en el que la competencia para la primera instancia se asigna al jefe inmediato del investigado y la segunda al superior jerárquico de aquél (parágrafo 3). Precisado que las normas sobre competencia establecidas en la Ley 734 de 2002, son de aplicación inmediata (a partir del 5 de mayo del presente año) y que para el efecto no opera la regla de transitoriedad prevista en dicho estatuto, por referirse únicamente al procedimiento, procede considerar las pautas consagradas en Circular Conjunta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación

(001 de abril 2 de 2002), en la que se consignaron algunas parámetros generales para la implementación u organización del control disciplinario interno, así: - De una parte, se indica que a efectos de garantizar tanto la autonomía de la citadas oficinas como el principio de segunda instancia, que corresponde al nominador, el mecanismo para cumplir la función disciplinaria debe ser la conformación de un grupo formal de trabajo “adscrito a una de las dependencias del segundo nivel jerárquico de la organización, coordinado por el Director de dicha dependencia”. Lo cual, puede efectuarse mediante un acto administrativo interno del Jefe del organismo - En segundo término, se plantea como otra alternativa la posibilidad de que se cree una oficina disciplinaria dentro de la estructura de la entidad, para lo cual debe adelantarse el trámite administrativo correspondiente ante la autoridad competente (decreto nacional, ordenanza, o acuerdo), con la denominación que corresponda a la organización interna (subdirección, oficina división etc). Además, se precisa: “En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, a la misma le compete adelantar tanto la indagación preliminar, como la investigación y el fallo de primera instancia, respecto de los servidores públicos del organismo o entidad correspondiente. Esta competencia cubre a todos los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo (empleados públicos y trabajadores oficiales así como empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa o provisionales) y cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, salvo las competencias propias de la Procuraduría General de la Nación y de

3 otras autoridades, según lo dispuesto en la Constitución Política y en el mismo Código Disciplinario único”. De la reglamentación vista, se colige que el poder disciplinario se concentra en una única autoridad interna, cual es la oficina de control disciplinario y en ella se radica la competencia para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios; facultad que debe operar en relación con todos los servidores de la entidad, pues no se hace ninguna distinción al respecto por concepto de rango o condición, esa la razón para que se requiera una dependencia “del más alto nivel”; Para ello y a fin de garantizar la segunda instancia ante el nominador, la circular en mención, que contiene los parámetros para la implementación de la misma, determina que la unidad, independientemente de la denominación o forma que adopte, se adscriba o pertenezca al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional de la entidad y expresamente precisa que su competencia cobija a todo funcionario cualquiera sea la naturaleza del cargo y el nivel del empleo. De conformidad con los planteamientos reseñados, se estima que si al interior de las entidades del Estado ya están operando las oficinas o unidades de control interno, éstas, cualquiera sea la denominación que tengan o adopten, deben asumir el conocimiento de las investigaciones que se estén adelantado, pues los funcionarios que al tenor de lo señalado en la Ley 200 de 1995 venían conociendo de las mismas, perdieron las atribuciones disciplinarias que les otorgaba esta normatividad, precisamente porque la nueva Ley radica la competencia en autoridades distintas, concentrándola únicamente en las oficinas de control para la primera instancia y en el nominador, para la

segunda. Adicionalmente, se considera que las funciones de instruir y proyectar lo relativo a los procesos que se adelanten, solo corresponde a aquellos servidores que integran la citada dependencia, a quienes el responsable de la misma deberá asignarles en consecuencia el recaudo de pruebas y la realización de las diligencias de impulso procesal, que estén relacionadas con el agotamiento de las distintas instancias, hasta la elaboración de las providencias que hayan de proferirse para la firma del funcionario competente. 2- “¿Se puede designar defensor de oficio a un estudiante de consultorio jurídico dentro de un proceso que por disposición del artículo 223 Ley 734/02 debe seguirse hasta culminación con el procedimiento anterior (ley 200/95)?” En relación con el punto debatido, debe precisarse ante todo que la posibilidad de acudir a estudiantes de consultorio jurídico de universidades reconocidas para que actúen como defensores de oficio, más que una regla de tipo procedimental se constituye en el reconocimiento de un derecho fundamental del implicado y por esa razón, se estima que puede optarse por esa medida cuando el acusado carezca de representación en el proceso para hacer efectivo el derecho de defensa, independientemente de que la actuación se adelante con base en el procedimiento establecido en la Ley 200 de 1995. 4 Dado lo expuesto, es menester hacer algunas precisiones sobre la participación de los estudiantes como defensores, en el siguiente sentido: Ciertamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 93 del nuevo estatuto, se permite que los estudiantes de consultorios jurídicos actúen como defensores de oficio en los procesos disciplinarios. Actividad que la

remite la última de las normas citadas a lo señalado en la Ley 583 de 2000. Por su parte, la citada ley en su artículo 1, dispone: “... Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los usuarios... ... Los estudiantes, mientras permanezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres. ...

7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación.

...

9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.”.

Es clara la disposición al establecer la calidad en la que pueden obrar los estudiantes en mención, lo cual reconoce el estatuto disciplinario al precisar que la intervención de éstos se hará en los términos de la norma transcrita. La Corte constitucional al decidir sobre la exequibilidad de tales disposiciones, en sentencia C-143 del 7 de febrero de 2001, señaló que era discrecional del legislador determinar los casos en los cuales se puede actuar en causa ajena sin poseer el título respectivo; además, sobre las calidades y condiciones en las cuales estas personas pueden desarrollar esa labor y la idoneidad para ejercer las defensas respectivas, indicó: “Los estudiantes que pertenecen a los consultorios jurídicos actúan bajo la coordinación del los profesores designados para el efecto y atendiendo orientaciones

del propio consultorio jurídico, que les asiste en la elaboración de alegatos sin que pueda el estudiante ejercer en forma incontrolada o carente de orientación jurídica y académica, lo cual garantiza la idoneidad de la defensa o intervención en favor de la persona que requiere de su representación. Ella -desde luegodebe ser alguien que verdaderamente carezca de recursos para acudir a los servicios profesionales de un abogado titulado, pues -según la norma impugnadase ejerce como estudiante, pero únicamente en calidad de abogado de pobres. La posibilidad de litigar en causa ajena, para quienes aún no ostentan su título de abogados, y están en lo últimos dos años de carrera, se circunscribe a quienes pertenecen a un consultorio jurídico que tutela, guía y supervisa su actividad, y con el único objeto de brindar posibilidades de acceso a la administración de justicia a quienes, por su situación económica, requieren de ese apoyo de las instituciones educativas en el campo del Derecho. 5 ...” La posibilidad de que los estudiantes de consultorio actúen como defensores de oficio, sólo en representación de personas de escasos recursos, también se precisa en el concepto 2924 del 28 de junio del presente año, rendido por el señor Procurador General de la Nación sobre la demanda de inconstitucionalidad número 3937 presentada, entre otros, contra el artículo 17 de la Ley 734 de 2002, oportunidad en la que se dijo: “El servicio que prestan los estudiantes de los consultorios jurídicos,...esta orientado a prestar un servicio a la población que no cuenta con los recursos suficientes para pagar los honorarios de un abogado inscrito que defienda sus intereses ante las

autoridades judiciales o administrativas. ... ...no es menos cierto que las personas de escasos recursos no tienen la capacidad económica para cubrir los honorarios de los abogados inscritos, razón por la cual, en la practica, los intereses de estas personas no son defendidos por estos profesionales del derecho. Es por ello, que se considera razonable que el legislador en la norma acusada hubiese otorgado la posibilidad de la defensa de oficio en procesos disciplinarios a estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos, ya que esto, lejos de menoscabar el derecho al debido proceso, lo que hace es permitir el acceso a la administración en igualdad de condiciones, debido a que la población de escasos recursos tiene la posibilidad de que estudiantes que se encuentran cerca de obtener su titulo defiendan sus intereses bajo la permanente dirección , supervisión y asesoría de los profesores designados para el efecto. ...” En relación con lo dispuesto en el artículo 17 citado, se anota que la Corte Constitucional el pasado 6 de noviembre declaró exequible la norma en referencia, pero aún no se conoce el texto de la sentencia correspondiente. Con base en los argumentos reseñados, puede concluirse entonces que la intervención de los estudiantes de consultorio jurídico sólo puede darse en las condiciones descritas por la Ley 583/00, es decir como abogados de personas de escasos recursos económicos, a lo cual alude expresamente el estatuto disciplinario al remitir a la norma que regula la actividad de los mismos; lo anterior, obviamente mientras la Corte Constitucional no fije alcance distinto. Por último, le informo que la presente respuesta únicamente constituye un

criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 6

C-539/2002.SGS-JB-MPCM