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SALA DISCIPLINARIA Bogotá, Junio primero (1) de dos mil seis (2006) Aprobado en Acta de Sala No. 29

Radicación: 161-3067 (028-84301/03)

Disciplinado: MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ

Cargo y Contralor Departamental de Santander

Entidad: Quejoso: Informe Auditoría General de la República

Gerencia Seccional Bucaramanga

Fecha queja: Vigencia Fiscal 2001

Fecha Marzo 11 de 2003

Hechos: Asunto: Resuelve apelación Fallo P.D. Ponente: Doctor ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA En virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, investigado dentro de las presentes diligencias en calidad de Contralor Departamental de Santander (E), la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 27 de enero de 2006, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública lo declaró disciplinariamente responsable del cargo formulado, imponiéndole sanción consistente en multa de treinta (30) días de salario mensual devengado para la época de los hechos, equivalentes a la suma de $5

720.000,oo). ANTECEDENTES PROCESALES La presente investigación se inició con fundamento en el informe de Auditoría realizada a la Contraloría Departamental de Santander entre el 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2002 por parte del Gerente Seccional de la Auditoría General de la

República, en el cual se evidencia la existencia de presuntas irregularidades de tipo Radicación No 161-03067 disciplinario por omitir la transferencia al Presupuesto General del Departamento de los valores recaudados por concepto de multas y rendimientos financieros durante la vigencia fiscal de 2001 (fls. 3 a 24 C. 1). Con auto del 28 de marzo de 2003, el Procurador Regional de Santander dispuso la remisión por competencia del hallazgo disciplinario y los documentos soportes del mismo al Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 25 numeral 1 literal c) del Decreto 262 de 2000, para que se investigaran las actuaciones del Contralor Departamental Encargado y el Tesorero del mismo órgano de control fiscal Departamental (fl. 1 C.1). Con auto del 4 de junio de 2003, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública dispuso iniciar indagación preliminar en la Contraloría Departamental de Santander y prácticar algunas pruebas con el fin de esclarecer los hechos denunciados por el Gerente Seccional de la Auditoría General de la República como presunta irregularidad de carácter disciplinario (fls. 26 y 27 C. 1) y mediante providencia del 11 de noviembre del mismo año se ordenó la apertura de investigación disciplinaria, entre otros, contra MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, en su condición de Contralor Departamental de Santander (E) (fls. 79 a 83 C. 1), a quien le fueron formulados cargos mediante auto del 5 de noviembre de

2004, por haber adicionado al presupuesto de la Contraloría Departamental de Santander la suma de $445748.803.41 mediante Resolución No. 1048 del 28 de diciembre de 2001, en contra de la Constitución y la Ley (fls. 208 a 212 C. 1). Con auto del 9 de febrero de 2005, la Coordinadora del Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación dispuso declarar disciplinado ausente a MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ por no haber comparecido a notificarse una vez transcurridos los cinco (5) días de la fecha de envío de la citación, para lo cual le fue designado apoderado de oficio con quien se surtió la notificación del auto de cargos (fls. 224 y 225 C. 1). Encontrándose vencido el término probatorio, el a quo dispuso correr traslado al disciplinado y su apoderado para que presentaran alegatos de conclusión por el término común de cinco (5) días contados a partir de la desfijación del estado, el cual 2 Radicación No 161-03067 fue fijado el 10 de noviembre de 2005, dejándose constancia que no se presentó escrito en este sentido (fls. 280 a 289 C.1). El 27 de enero de 2006, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública profirió fallo de primera instancia declarando disciplinariamente responsable del cargo formulado al señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.216.951 de Bucaramanga, a quien le fue

impuesta sanción consistente en Multa de treinta (30) días de salario mensual devengado para la época en que sucedieron los hechos materia de investigación, equivalentes a la suma de cinco millones setecientos veinte mil pesos ($5 720.000,oo), en el ejercicio del cargo de Contralor del Departamento de Santander (E) (fls. 290 a 295 C. 1). El fallo de instancia fue notificado al disciplinado en forma personal el 21 de febrero de 2006, según consta en diligencia visible a folio 306 del cuaderno 1, en virtud de lo cual interpuso el recurso de apelación dentro del término establecido en la ley mediante escrito presentado vía fax el 23 del mismo mes y año (fls. 307 a 309 C. 1), el cual fue concedido por el fallador de instancia en el efecto suspensivo para ante la Sala Disciplinaria mediante auto del 28 de febrero de 2006 (fl. 310 C.1). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Los argumentos del fallo recurrido se resumen así (fls. 290 a 295 C.1): El fallador de instancia sostiene que efectivamente el disciplinado, mediante Resolución No. 1048 del 28 de diciembre de 2001, adicionó el presupuesto de la Contraloría Departamental de Santander para la vigencia fiscal de 2001 en la suma de $445748.803,41, en contravía de las normas que regulan la materia por cuanto dichos dineros pertenecen al Departamento de Santander, quien transfiere a la Contraloría Departamental el porcentaje legal de los ingresos de libre destinación

recaudados por el ente territorial, pues el hecho que el Contralor adicione un mayor valor a la transferencia, se estaría sobrepasando el porcentaje establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley 617 de 2000 y el Decreto Reglamentario No. 735 de 2001, 3 Radicación No 161-03067 concluyendo que la Contraloría tiene presupuesto de gastos pero no cuenta con presupuesto de ingresos. Advierte que la adición presupuestal se efectúo por valor de $34.827.673.85, correspondiendo a los siguientes conceptos: Arriendo Sede Social $5.043.000,00, rendimientos Financieros $14.770.938,85 y Multas $15.013.753,00, situación respecto de la cual se ha pronunciado la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Concepto No. 0144 del 8 de noviembre de 1995, en el cual se indica claramente que los rendimientos financieros obtenidos por las inversiones efectuadas por las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales son recursos del Departamento, Distrito o Municipio, en razón a que las Contralorías no tienen presupuesto de ingresos. Con los anteriores argumentos el a quo consideró objetivamente demostrado que el disciplinado incurrió en falta disciplinaria al tenor de lo previsto por el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos por inobservancia del numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y el numeral 1º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, imputándose la conducta a título de culpa, por

cuanto el disciplinado en su calidad de Contralor Departamental de Santander estaba en la obligación de conocer las normas que regían las funciones de la entidad que en su momento dirigió, calificando la conducta como grave en atención al grado de culpabilidad y a la jerarquía y mando que ostentaba el investigado, por desempeñar el cargo de mayor jerarquía en la Contraloría, razón por la cual impuso una sanción consistente en Multa de treinta (30) días de salario devengado para la época de los hechos, equivalentes a la suma de cinco millones setecientos veinte mil pesos ($5 720.000,oo). RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue presentado por el disciplinado dentro del término legal, el cual fue sustentado en los siguientes términos (fls. 307 a 309 C.1): Solicita la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del pliego de cargos por violación del debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto el auto de cargos no fue notificado al disciplinado al no haberle llegado comunicación de ninguna 4 Radicación No 161-03067 naturaleza; dice que posteriormente recibió comunicación para acercarse a la Procuraduría Regional de Santander en donde, contrario a notificársele del pliego de cargos, se le informó que había sido notificado el abogado de oficio y se le procedió a recibirle versión libre en la que solicitó la nulidad de todo lo actuado con la misma argumentación del recurso de apelación. Reitera que la falta de notificación del auto de cargos no es imputable al disciplinado, por cuanto en mas de 15 años de servicio público no ha faltado a ninguna diligencia

o actuación respecto de la cual haya sido notificado y manifiesta su rechazo al hecho de que el fallador de instancia no se haya pronunciado respecto a su solicitud de nulidad antes de proceder a emitir el fallo. Concluye solicitando la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en su lugar, se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de cargos por violación del derecho de defensa y el debido proceso, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, además que la Procuraduría General de la Nación es la entidad llamada a protegerlos. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA COMPETENCIA Teniendo en cuenta que de acuerdo con la naturaleza del asunto y a la jerarquía del Servidor Público investigado la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública conoció y falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, es competencia de la Sala Disciplinaria entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 27 de enero de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000. PROCEDENCIA DE CAUSALES DE INVALIDEZ El apelante advierte que dentro del trámite de las diligencias se observan irregularidades que vician el procedimiento y, por consiguiente, se configuran como causales de invalidez de la actuación disciplinaria, debido fundamentalmente a la falta de notificación del pliego de cargos y a la imposibilidad de ejercer su derecho de 5 Radicación No 161-03067 defensa, con lo cual se afectó el debido proceso.

La Sala considera que las nulidades alegadas fueron lo suficientemente estudiadas y decididas por el a quo al haber proferido la providencia del 29 de agosto de 2005, mediante la cual resolvió la solicitud de nulidad impetrada en la versión libre por el disciplinado, en la que se hizo una relación de las pruebas que obran dentro del plenario con énfasis en las notificaciones efectuadas y los oficios remitidos con la finalidad que el investigado compareciera a ejercer el derecho de defensa, concluyendo que se agotó el procedimiento legal en materia de notificaciones, sin que por ello fuera viable acceder a la petición de nulidad (fls. 269 a 273 C. 1). No obstante lo anterior y con el fin de garantizar a plenitud los derechos del disciplinado, la Sala procederá a analizar los hechos que de acuerdo con lo manifestado en el recurso de apelación, constituyen una posible violación al debido proceso y al derecho de defensa. Al analizar la actuación procesal vertida dentro del expediente, la Sala advierte que el a quo agotó en forma correcta y ajustada a derecho el procedimiento establecido en la ley para notificar el auto de cargos, toda vez que la Contraloría Departamental de Santander, mediante oficio del 20 de junio de 2003 (fl. 32 y siguientes), remitió como anexo 6 (fl. 49) la certificación de la Secretaria General de dicha entidad, en la cual consta que la última dirección registrada en la hoja de vida del señor Miguel Ángel Pinto Hernández era la Calle 45 No 27 A-19 Apartamento 204 de la ciudad de Bucaramanga. Una vez proferido el auto de apertura de investigación disciplinaria el 11 de

noviembre de 2003 (fls. 79 a 83 C. 1), el Centro de Notificaciones de la Procuraduría procedió a remitir la respectiva comunicación a dicha dirección (fls. 85 y 86 C.1), sin que el investigado concurriera a la citación; posteriormente le fueron formulados cargos mediante auto del 5 de noviembre de 2004 (fls. 208 a 212), remitiéndosele por parte de la Procuraduría Regional de Santander quien fue comisionada para la respectiva notificación, el oficio 00009699 del 3 de diciembre de 2004 (fl. 217 C.1) a la misma dirección registrada en la hoja de vida, solicitándole comparecer para notificarle en forma personal el auto de cargos, e incluso el comisionado, mediante oficio 00010056, envió citación a la Calle 44 No. 36-30 Apto. 302 de la ciudad de 6 Radicación No 161-03067 Bucaramanga sin que el investigado compareciera al efecto (fls. 218 y 219), ante lo cual la Procuraduría Regional procedió a notificar dicha decisión por edicto fijado el 16 de diciembre de 2004 y desfijado el 14 de enero de 2005 (fl. 221 C.1), declaró disciplinado ausente al investigado y le procedió a designar apoderado de oficio con quien se surtió la notificación del auto de cargos (fls. 224 y 225 C.1). Teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a las presentes diligencias es el establecido en la Ley 734 de 2002, la Sala advierte que en el presente caso se dio

cumplimiento a los procedimientos de notificación establecidos en esta ley y ante la no comparecencia del disciplinado a notificarse del auto de cargos se procedió a notificar la providencia por edicto, con fundamento en los artículos 101 y siguientes, garantizándose los derechos del disciplinado en cuanto se le designó apoderado de oficio quien realizó la defensa técnica del disciplinado y solicitó se le recibiera versión libre y espontánea a su defendido, a lo cual el a quo accedió ordenando al Procurador Regional de Santander realizara la diligencia. A folio 263 aparece la constancia de una Profesional Universitaria adscrita a la Procuraduría Regional de Santander en la cual certifica que el día 28 de junio de 2005 se comunicó telefónicamente con el disciplinado para efectos de informarle que su presencia era requerida para escucharlo en versión libre y espontánea dentro de las presentes diligencias adelantadas por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, diligencia en la cual el disciplinado tuvo la posibilidad de ejercer la plenitud sus derechos de contradicción y defensa, teniendo acceso al expediente, aportando pruebas, solicitando la práctica de otras, sin que realmente haya procedido en este sentido, simplemente se limitó a argumentar la existencia de nulidad por falta de notificación del auto de cargos, petición que fue estudiada y decidida en su debida oportunidad por el a-quo mediante providencia del 29 de agosto de 2005 (fls. 269 a 273 C.1). De otra parte, la Sala encuentra que el disciplinado voluntariamente se negó a

ejercer su derecho a la defensa como quiera que al comunicársele en debida forma la decisión del 26 de octubre de 2005 que ordena correrle traslado para que presente alegatos de conclusión, no presentó los mismos, no obstante habérsele remitido las comunicaciones a la dirección indicada en su versión libre Calle 36 No 12-61 Oficina 402 (fls. 287 y 288 C.1). 7 Radicación No 161-03067 En consecuencia, para la Sala es claro que en ningún momento se incurrió en violación al debido proceso o al derecho de defensa; por el contrario, se agotó el procedimiento establecido en la ley en relación con las notificaciones, encontrándose el disciplinado en el deber realizar el seguimiento y vigilancia al curso del proceso, por cuanto tenía pleno conocimiento del mismo al haberse rendido la versión libre, posterior a lo cual debió presentar la actuación de todo el proceso disciplinario, sin que sean de recibo las explicaciones del apelante en el sentido que esperaba la notificación sin haber indagado por el trámite del proceso en forma activa y diligente. En este orden de ideas, al no observarse irregularidad alguna que vicie el procedimiento y, por consiguiente, se configure una causal de invalidez de la actuación disciplinaria, la Sala negará por improcedente la solicitud de declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria, razón por la cual la Sala prosigue con el análisis de fondo de la providencia recurrida. CARGOS FORMULADOS Al señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, identificado con la CC. No. 91.216.951 de Bucaramanga, en su condición de Contralor Departamental de Santander (E), cargo para el cual tomó posesión el 24 de mayo de 2001 ante la

Asamblea Departamental de Santander (fl. 132) y que desempeñó hasta el 10 de junio de 2002 (fl. 122), le formularon el siguiente cargo (fls. 208 a 212): “Haber adicionado al Presupuesto de la Contraloría Departamental de Santander, la suma de $445748.803.41, mediante Resolución No 1048 del 28 de diciembre de 2001, en contra de la Constitución y la Ley” Con la anterior conducta el a quo consideró vulnerados por parte del disciplinado los artículos 300 numeral 5, 305 numeral 4 de la Constitución Política de Colombia; 9 numeral 15 de la Ley 330 de 1996, lo cual constituye una infracción al estatuto disciplinario Ley 200 de 1995 en su artículo 40 numerales 1, 2, 13, 18, 21, 22 y 23, falta que fue calificada como grave a título de dolo con fundamento en los numerales 1 y 6 de la artículo 27 de la Ley 200 de 1995. 8 Radicación No 161-03067 ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA Y DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL RECURRENTE Una vez analizado el acervo probatorio obrante dentro del proceso, la Sala encuentra plenamente demostrado la ocurrencia de los siguientes hechos: El 28 de diciembre de 2001, el Contralor Departamental de Santander MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ profirió la Resolución No. 1048 mediante la cual adicionó el Presupuesto de Ingresos de la Contraloría Departamental de Santander en el rubro de Ingresos propios por la suma de $445748.803.41, desagregados así:

Venta de Bienes y Servicios $9.875.179,oo y Otros Ingresos $435873.624.41, valor que a su vez es adicionado a los rubros “Sueldos” por la suma de $431872.504.00 y “Sede Social” por la suma de $13876.299.41 (fls. 204 a 205). El 5 de marzo de 2003, la Gerencia Seccional Bucaramanga de la Auditoría General de la República, en su informe de visita de Auditoría prácticada a la Contraloría Departamental de Santander entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2002, solicitó el adelantamiento de investigación por la ocurrencia de presuntas irregularidades de carácter disciplinario por la no transferencia de los valores recaudados por concepto de multas y rendimientos financieros durante la vigencia fiscal del año 2001 en la Contraloría Departamental de Santander (fls. 3 a 21 C.1). Con oficio No. 792-02, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público le informó al Tesorero de la Contraloría Departamental de Santander que el Presupuesto de Gastos de la Contraloría Departamental hace parte del Presupuesto General del Departamento, toda vez que de conformidad con la Ley 42 de 1993 se trata de entidades que no tienen presupuesto de ingresos por cuanto solamente son una sección dentro del presupuesto departamental y que en ese orden de ideas los rendimientos financieros generados en el manejo de cuentas corrientes y de ahorro de la Contraloría, deben incorporarse al presupuesto de ingresos de la entidad territorial departamental sin efectuar descuento alguno,

sirviendo como una fuente de financiación de los gastos del ente de control. Agrega la misiva que el PAC de la Contraloría tendrá como límite máximo el valor del presupuesto del periodo aprobado para la respectiva sección y se ejecutará una vez tenga el visto bueno del órgano coordinador de la política fiscal y se haya radicado 9 Radicación No 161-03067 en la tesorería; en consecuencia, los pagos deben realizarse teniendo en cuenta el PAC y se deben sujetar a los montos aprobados en él (fls. 23 y 24). La Tesorería de la Contraloría General de Santander, mediante certificación del 16 de junio de 2003, acreditó que durante la vigencia fiscal de 2001 se recaudaron los siguientes valores (fls. 34): CONCEPTO VALOR Arriendo sede social $ 5.043.000.00 Rendimientos financieros $14.770.938.85 Multas $15.013.753.00

TOTAL $34.827.673.85

En comunicación del 16 de junio de 2003 dirigida a la Secretaria General de la Contraloría Departamental de Santander, dos (2) profesionales del ente de control fiscal departamental manifestaron que los recursos fueron utilizados para sufragar los gastos propios de funcionamiento de la entidad, sin que se tenga un control individual del destino dado a los mismos por cuanto ellos no tienen el carácter de recursos con destinación especifica (fls. 38 y 39 C.1). Según Resolución No. 00976 del 30 de diciembre de 1999, el Contralor Departamental de la época adoptó el manual de funciones, requisitos mínimos y equivalencias para los empleados de la Contraloría Departamental de Santander,

señalando que el Contralor Departamental es el responsable de ejercer la facultad de ordenador del gasto, la cual puede delegar mediante acto administrativo interno (fl. 154 y 155 C.1). Como quiera que el tema materia de estudio se refiere a la posibilidad Constitucional y legal de que el Contralor Departamental efectúe una adición al presupuesto de ingresos de la Contraloría Departamental, la Sala considera conveniente analizar la normatividad existente al respecto y la naturaleza de la autonomía presupuestal de que gozan estos entes de control fiscal. En este orden de ideas, el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, 10 Radicación No 161-03067 modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1996, determina en su artículo 2° que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas, entre otras, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos del departamento, incluyéndose dentro de dicho presupuesto como una sección, el presupuesto de gastos de la Contraloría Departamental, para el cual le son aplicables las disposiciones sobre programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental o, en su ausencia, las contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, sin que se observe en el presente caso que dicha facultad se encuentra en cabeza del Contralor Departamental para el caso de la sección del presupuesto destinado a dicha entidad. Ahora bien, el artículo 372 de la Carta Política señala que la vigilancia de la gestión

fiscal en los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y que es competencia de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas "dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.". Conforme a las normas presupuestales y la Ley 42 de 1993, las Contralorías territoriales no tienen presupuesto de ingresos, pues solamente se refieren respecto a ésta como una “sección” dentro del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones; por lo tanto, los rendimientos financieros generados en el manejo de cuentas corrientes y de ahorro de esta contraloría, deben incorporarse al presupuesto de ingresos de la entidad territorial, en este caso del departamento de Santander, sin efectuar descuento alguno, sirviendo como una fuente de financiación de los gastos de estos entes de control, operaciones que le corresponde realizar a la Asamblea Departamental. Ahora bien, siendo la Contraloría Departamental de Santander una “sección” dentro del presupuesto departamental, los recursos para cubrir los gastos aprobados en el presupuesto para esta sección no se giran como una transferencia, sino que sus gastos deben ejecutarse por parte de la Tesorería Departamental a través del programa anual mensualizado de caja – PAC. 11 Radicación No 161-03067 El PAC de la Contraloría tiene como límite máximo el valor del presupuesto del período aprobado para la respectiva sección y se ejecutará una vez tenga el visto bueno del órgano coordinador de la política fiscal en el departamento y se haya radicado en la tesorería departamental; en consecuencia, los pagos deben hacerse

teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. El hecho de constituirse las Contralorías Departamentales en una sección dentro del presupuesto, ello no implica que puedan considerarse órganos de la administración departamental, toda vez que éstas son “entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal”. Es decir, que si bien las Contralorías Departamentales están ubicadas en el nivel departamental, no son órganos del ente territorial departamento, según lo ha establecido la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias: “La Constitución Política no involucra a las contralorías departamentales dentro del concepto de administración local (C–365/2001); los órganos de control local no hacen parte de la administración municipal (C– 365/2001); “…la autonomía que la Constitución Política otorga a determinados organismos significa, básicamente, i) no pertenencia a alguna de las ramas del poder (…)” (C–775/2001). Así las cosas, las Contralorías Departamentales si bien se encuentran ubicadas en el nivel departamental y organizadas dentro de la estructura de la administración departamental, no son órganos del ente territorial, departamento y, menos aún, una entidad descentralizada de éste, además su autonomía es limitada como lo ha señalado la Corte Constitucional al expresar: “… la autonomía que la Constitución Política otorga a determinados organismos significa, básicamente, i) no pertenencia a alguna de las ramas del poder, ii) posibilidad de actuar por fuera de las ramas del poder y por ende actuación funcionalmente independiente de ellas, iii) titularidad de una potestad de formación para la ordenación de su propio funcionamiento y el

cumplimiento de la misión constitucional encomendada. De otra parte, la autonomía constitucionalmente reconocida se predica frente a los demás órganos del Estado y particularmente frente a los órganos integrantes de las ramas del poder público. En consecuencia la autonomía 12 Radicación No 161-03067 constitucionalmente otorgada marca un límite a la acción de los órganos de las ramas del poder sobre los órganos definidos constitucionalmente como autónomos” (Sentencia C–775 DE JUL. 25/2001. Corte Constitucional. M. P.: Dr. Álvaro Tafur Gálvis. Negrillas de la Sala). En el año 2000 fue expedida por el Congreso de la República la Ley 617 que en su artículo 8 previó, a partir del año 2001, el límite para los gastos de las Asambleas y Contralorías Departamentales, estableciéndose que el presupuesto de gastos de la Contraloría Departamental debe asignarse dependiendo las necesidades reales de recursos, con fundamento en las funciones que debe cumplir de conformidad con el nuevo esquema de control fiscal. Las apropiaciones para gastos de las Contralorías Departamentales tienen un techo establecido por la norma de acuerdo a un porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación (ingresos corrientes excluidos las rentas de destinación específica) del respectivo departamento al que pertenezca. Dentro del contexto referido, en la programación del presupuesto de las Contralorías Departamentales, éstas remiten su proyecto a los gobernadores para su incorporación, junto con el de las demás entidades del sector central y descentralizado del orden territorial. A su vez, los Gobernadores someten a

consideración de las respectivas Asambleas el proyecto de presupuesto consolidado de la respectiva entidad para su aprobación, encontrándose las citadas entidades sujetas igualmente a las prescripciones y limitaciones establecidas en el mencionado sistema presupuestal. Respecto a este tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto del 22 de junio de 1994, radicación No 619, con ponencia del Consejero Humberto Mora Osejo, conceptúo al respecto: “ … Si fuere necesario adicionar las partidas destinadas al funcionamiento de la Contraloría Distrital o municipal, el correspondiente proyecto de acuerdo debe ser presentado a la consideración del concejo municipal por el alcalde, de conformidad con la ley orgánica del presupuesto, como prescribe el artículo 352 de la Constitución. En consecuencia, la autonomía presupuestal de las 13 Radicación No 161-03067 contralorías municipales y distritales exclusivamente consiste en que los recursos asignados para los gastos de funcionamiento de la correspondiente entidad se deben administrar sin ninguna injerencia extraña, pero no habilita a los Contralores para proponer directamente proyectos de acuerdo que modifiquen el presupuesto municipal desconociendo la iniciativa privativa del alcalde, prescrita por el artículo 315, ordinal 5º de la Constitución. De modo que el anteproyecto de gastos de la contraloría, como el que tenga por objeto modificar el presupuesto vigente, debe ser enviado al alcalde para que proponga a la consideración del concejo el correspondiente proyecto de acuerdo”. Como se observa, este concepto aplica al caso objeto de estudio en la medida que

las Contralorías Departamentales se rigen por las mismas normas presupuestales que las Contralorías municipales y Departamentales, ante lo cual el disciplinado debió proceder en el presente caso a justificar dicha adición ante el Gobernador para que se estudiará la viabilidad de someterlo a consideración y aprobación de la Asamblea Departamental, siempre y cuando se respeten los topes establecidos en la ley, pero no adicionar el presupuesto de gastos sin tener facultad legal para ello. Adicional a lo anterior, la Sala comparte el Concepto 4391 del 4 de septiembre de 2002 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al absolver la inquietud segú