PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Archivo de queja contra la ESAP

RECURSO DE APELACION-Contra auto de archivo de queja contra la ESAP por negarse a reintegro y por el poco dinero cancelado en cumplimiento de orden judicial SALA DISCIPLINARIA-Es competente para desatar recurso de apelación contra autos de archivos proferidos por Procuradores Delegados LEGISLADOR-Dispuso de herramientas para hacer efectivo el cumplimiento de providencias judiciales PRUEBAS OBRANTES-Arrojan que no prosperaron ni decisiones de tutela ni trámite conciliatorio para lograr reintegro de servidora retirada/HECHOS-Que fueron objeto de investigación no constituyen falta disciplinaria/INFRACCION DEL DEBER FUNCIONAL-No está demostrada en el sub examine/ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ACTUACION-Debe ser confirmado en sub examine Nótese que, además de las decisiones de tutela, tampoco prosperó un trámite conciliatorio impetrado para lograr el pretendido reintegro de la señora…..,siempre fundada la ESAP en la supresión del cargo que en provisionalidad desempeñó en la Territorial Antioquia-Chocó. Para esta colegiatura es imperioso recalcar que el quejoso y apoderado de la señora….en las controversias jurídicas ampliamente comentadas, no puede pretender que por esta vía del derecho disciplinario, se declaren o reconozcan derechos tal y como ya se dijo; por ello es que la Sala debe remitirse a las providencias judiciales, para refrendar que no queda otro camino distinto que confirmar la decisión apelada, en tanto, los hechos investigados no constituyen falta disciplinaria; habida cuenta que el deber funcional de los aquí disciplinados no fue desconocido.

Radicado n.° 161 – 7556

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020) Aprobado en acta de Sala Ordinaria n.° 17 Radicación 161-7556. IUS 2015-78866/IUC-D2015-788-755299 Disciplinados DIEGO LUIS CANO MASSO y ZULLY

CLEMENCIA DAVID HOYOS.

Cargo y entidad Subdirectores Administrativo y Financiero. Escuela Superior de la Administración Pública-ESAP. Quejoso RUBÉN DARÍO MUÑOZ PULGARÍN Fecha queja 06/03/15 Fecha de los Años 2013-2015 hechos Asunto Apelación auto archivo de investigación disciplinaria

P.D. PONENTE: Dr. JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

I. ASUNTO POR TRATAR En virtud de la competencia consignada en el numeral 1.° del artículo 22 del DecretoLey 262 de 20001, le corresponde a la Sala Disciplinaria resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso RUBÉN DARÍO MUÑOZ PULGARÍN, en contra de la decisión de terminación y consecuente archivo de la investigación disciplinaria, proferida el 19 de marzo de 2019 por la Procuraduría Segunda Delegada para la

Vigilancia Administrativa.

II. HECHOS El abogado RUBÉN DARÍO MUÑOZ PULGARÍN, en escrito radicado el 6 de marzo de 20152,

elevó queja disciplinaria en contra de la directora Nacional de la Escuela Superior de la Administración Pública-ESAP, por no dar cumplimiento a la sentencia judicial que ordenó el reintegro de la señora CIELO MARQUEZ CARRILLO a dicha entidad y el pago de los demás emolumentos, en tanto, se expidió «un supuesto» administrativo para dar cumplimiento, «pero lo único que hizo fue pagarle a la demandante una pírrica suma de dinero, negando el REINTEGRO, aduciendo que habían suprimido el cargo de la accionante […]». 1 «Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados […]». 2 Cf. folios 1 a 4, cuaderno uno. 2 Radicado n.° 161 – 7556

III. ACTUACIÓN PROCESAL La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en auto del 19 de marzo de 2015, dispuso la apertura de indagación preliminar, en averiguación de responsables.3

El 23 de septiembre de 2016, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de DIEGO LUIS CANO MASSO y ZULLY CLEMENCIA DAVID HOYOS, quienes ejercieron en diferente período el cargo de subdirector Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de Administración Pública (en adelante ESAP).4 En providencia del 19 de marzo de 2019, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decretó la terminación y archivo definitivo de la actuación disciplinaria por cuanto la misma no existió.5 El quejoso, en tiempo, interpuso recurso de apelación6, el cual fue concedido para ante

esta colegiatura, a través del auto calendado el 8 de mayo de 2019.7

IV. PROVIDENCIA RECURRIDA En la decisión de archivo cuestionada, el a quo, luego de reseñar los fallos judiciales que ordenaron el reintegro y el pago de los emolumentos respectivos a la señora CIELO ESTHER MARQUEZ CARRILLO y los actos administrativos mediante los cuales la ESAP le dio cumplimiento a los mismos, consideró que no es posible, mediante la acción disciplinaria, evaluar la legalidad de las resoluciones a través de las cuales se dio cumplimiento a las sentencias proferidas por el Juzgado 20 Administrativo de Medellín del 2 de mayo de 2008 y del Tribunal Administrativo de Antioquia del 24 de julio de 2013, dentro del respectivo proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, en tanto, la Procuraduría General de la Nación no posee la competencia constitucional o legal para declarar la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos.

Puntualizó que la queja se centró en que presuntamente la ESAP se ha negado al reintegro y por «la pírrica» suma de dinero cancelada en cumplimiento de la orden judicial, así como por la ausencia de notificación de los actos administrativos. La investigación arrojó que la ESAP adelantó las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la orden judicial, no obstante, añadió que el cargo fue suprimido en la Dirección Territorial de AntioquiaChocó, a través del Decreto 220 de 2004. Esbozó que no es la sede disciplinaria la llamada a determinar si las órdenes impartidas

por el juez competente fueron correctamente cumplidas, para ello el ordenamiento jurídico prevé los procesos ejecutivos, máxime que de las sentencias surge una obligación de dar, señalándose en abstracto el monto de la condena, sin que exista 3 Cf. folios 84 a 87, cuaderno uno. 4 Cf. folios 507 a 510, cuaderno tres. 5 Cf. folios 894 a 901, cuaderno cuatro. 6 Cf. folios 906 a 908, cuaderno cuatro. 7 Cf. folio 928, cuaderno cuatro. 3 Radicado n.° 161 – 7556 habilitación constitucional o legal para que este órgano de control pueda entrar a definir su quantum. Resaltó que la señora MÁRQUEZ CARRILLO interpuso con posterioridad acciones de tutela que no han prosperado, por lo que concluyó que hasta la fecha no existe decisión que cuestione la actuación de la ESAP. Refirió el a quo que los actos administrativos expedidos para cumplir la sentencia judicial fueron debidamente notificados y finalmente concluyó que no existió quebrantamiento al ordenamiento jurídico y por ende, no se configuró conducta alguna que constituya falta disciplinaria derivada de los hechos investigados.

V. RECURSO DE APELACIÓN El quejoso, fundamentó su recurso de apelación en los siguientes términos, solicitando que se revoque la decisión impugnada:8

Afirmó que la decisión que contradice desconoce los postulados del Estado Social de Derecho, la función de la Procuraduría y los derechos fundamentales de la señora CIELO ESTHER MARQUEZ CARRILLO de dignidad, igualdad, defensa,

debido proceso y el derecho a que el Estado cumpla con las decisiones judiciales.

El apelante agregó: «[…] con razón nuestro país actualmente está como está, por esa actitud proteccionista de quien como la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tendría que acoger y proteger a la población desamparada, como lo es para el evento que nos ocupa, la señora MARQUEZ CARRILLO, sin embargo la realidad es otra muy diferente, en donde la pluricitada entidad acolita […] violaciones, abuso, arbitrariedades, persecuciones, entre otras contra el pueblo colombiano […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA A esta colegiatura corresponde determinar si se reúnen las exigencias del inciso 3.º del artículo 1569, en concordancia con el artículo 73 de la ley 734 de 200210, para dar por terminada la presente actuación o si por el contrario el quejoso tiene razón y debe continuar. 8 Cf. folios 906 a 908, cuaderno cuatro. 9 Artículo 156, inciso 3.º: « […] Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias […]». 10 Artículo 73: «Terminación del procedimiento. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento,

mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias». 4 Radicado n.° 161 – 7556 Sea lo primero advertir, que el quejoso apelante no mostró una inconformidad específica frente a la decisión de terminación y archivo de la actuación, lo que en principio, impondría desechar el recurso impetrado; en aras de amparar el principio rector de encontrar la verdad real11 y fundamentalmente para desvirtuar la afirmación general del apelante, según la cual, este ente de control desconoce principios fundamentales de la señora MÁRQUEZ CARRILLO. Antes de avanzar en las reflexiones propias del caso, se hace forzoso para esta colegitura anotar que este ejercicio funcional se enmarca dentro del ámbito del derecho disciplinario, esto es, no pueden declararse o reconocerse derechos relacionados con situaciones particulares, so pena de asumir irregularmente una competencia que corresponde a la jurisdicción. Situación distinta la constituye el hecho de que con la expedición de distintos actos administrativos en la ESAP, se pretendió dar cumplimiento a las sentencias judiciales que declararon un derecho en favor de la señora MÁRQUEZ CARRILLO. Así pues, que la filosofía de esta investigación no fue en modo alguno, penetrar en la legalidad de dichos actos, como lo refirió el a quo, porque claramente este es un ejercicio vedado para el derecho disciplinario. Lo que toca es determinar si los investigados cumplieron o no con su deber funcional, acorde con el mandato judicial. El a quo fue bastante ilustrativo al subrayar cómo el ejercicio de validación de la

actuación administrativa de la entidad, no comportaba en modo alguno el enjuiciamiento de los actos administrativos expedidos. En tal virtud, se tiene que remontar este análisis a lo ordenado en los distintos fallos judiciales, para luego determinar si los disciplinados desconocieron o no su deber funcional, siguiendo en gran medida, el esquema que implementó la primera instancia. Así se tiene: (i).- El Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 2 de mayo de 2008, dispuso:12 PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución Nro. 0743 del 16 de agosto de 2002, expedida por la Dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, por medio de la cual se declara insubsistente el nombramiento de la señora CIELO MÁRQUEZ CARRILLO, identificada con la cédula de ciudadanía […] del cargo de profesional especializado 3010-15 del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Territorial de Antioquia Choco, en la ciudad de Medellín.

SEGUNDO: ORDENAR A LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP REINTEGRAR a la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO al cargo que ocupaba al momento del retiro, sin solución de continuidad, si esto es posible por darse las condiciones previstas en la parte motiva de esta providencia, es decir, solo en el caso de que el cargo de Profesional 11 Artículo 129 de la Ley 734 de 2002: «Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias

que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad […]». 12 Cf. folios 804 a 817, cuaderno cuatro. 5 Radicado n.° 161 – 7556 Especializado 3010-15 del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Territorial Antioquia Chocó, en la planta de cargos de esta entidad, no se haya suprimido o no se encuentre ocupado por una persona escalafonada en carrera por haber accedido previo concurso.

TERCERO: LA ESAP RECONOCERÁ Y PAGARÁ los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde el momento del retiro hasta la fecha en que se efectúe el reintegro, si éste es posible por darse las condiciones previstas en la motivación de la presente decisión, de lo contrario, el reconocimiento se efectuará hasta cuando hubiese sido ocupado por el empleado escalafonado previo concurso o se haya suprimido […] SEXTO: LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP – dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 176 del C.C.A. y reconocerá los intereses tal y como lo prescribe el artículo 177 de esa estatuto adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998

En esta sentencia se dejó claro que el cargo que ostentaba la demandante era de carácter provisional, categoría de la que se discute doctrinaria y jurisprudencialmente si otorga o no y bajo qué condiciones, algún fuero de 13 inamovilidad. (II).- El Tribunal Administrativo de Antioquia – Salas de DescongestiónSubsección LaboralSala Primera Decisión, en sentencia del 24 de julio de

201314, confirmó la sentencia del 2 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín. (iii).- Para esta colegiatura es importante referenciar la sentencia de tutela (Rad. n.º 057-2014). Accionante: CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO. Accionado: ESAP, de fecha 22 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Superior de MedellínSala Laboral15, en la que se pretendió (alegando vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad, el trabajo y el debido proceso), el reintegro ordenado en los fallos judiciales referidos, por cuanto en esta decisión, que no tuteló tales derechos16, se esbozó el alcance de aquellas en la siguiente forma: Considera esta Sala que la decisión judicial, estructurada a partir de una motivación en uso de argumentos obiter dicta y ratio decidendum, suministra la forma como debe acatarse. En efecto, en la decisión de primera instancia, confirmada en segunda, se dijo: ‘teniendo establecida la causal de nulidad del acto acusado que trae como consecuencia su declaratoria de nulidad, habrá de tener en cuenta que los derechos se reconocen en la medida en que tengan fundamento legal, y no 13 Fallo del 23 de septiembre de 2015. CP. Dr. Jorge O. Ramírez R. (E). Rad. N° 05001-23-31-000-200202327-01(3651-13) . Fallo del 25 de octubre de 2007. CP. Dr. Alfonso Vargas R. Exp. No. 7184-05.-

Rad. 410012331000199800401 01. --- sentencia de Unificación SU-053 de 2015. Corte Constitucional. --- cfr. Sec II. – Subs. B.- CP. Dr. Gerardo Arenas M. fallo del 26 de enero de 2012. Rad. N° 47001-2331-000-2000-00966-01(0514-09). 14 Cf. folios 818 a 837, cuaderno cuatro. 15 Cf. folios 839 a 848, cuaderno cuatro. 16 Por la existencia básicamente de otro medio de defensa judicial 6 Radicado n.° 161 – 7556 siempre será posible hacerlo como lo solicita la accionante y tal como se presenta en este asunto que si bien fue retirada de la plaza que desempeñaba por un acto viciado, el derecho que le asiste no puede ir más allá de la posibilidad de la permanencia en el cargo que ocupaba, esto es, que por desempeñar un cargo de carrera administrativa en provisionalidad, el reintegro es procedente siempre y cuando, la plaza a ocupar por la actora no haya sido provista por quien accedió a ella previo concurso, o que la entidad no la haya suprimido, así las cosas, la decisión que será emitida por el despacho, necesariamente estará encaminada a ordenar el reintegro siempre y cuando se presenten los presupuestos indicados, pues no se puede decretar tal medida a un cargo que en este momento puede no existir, o está ocupado por una persona con mejor derecho’. Básicamente en este pronunciamiento judicial se dijo que el legislador así como estableció los procedimientos ordinarios para acudir ante la jurisdicción a

reclamar derechos, dispuso herramientas para hacer efectivo el cumplimiento de las providencias judiciales, como es el proceso ejecutivo que debe impulsarse a continuación del proceso declarativo. Es igualmente trascendente la sentencia proferida por el Juzgado 28 Administrativo Oral de Medellín, del 3 de febrero de 2015, en la que se negó otra acción de tutela promovida por la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO en contra de la ESAP, por idénticos hechos, pero con el fundamento de existir cosa juzgada, a partir del fallo expedido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre de 2014, que revocó la decisión de primera instancia y negó el amparo constitucional deprecado en contra de la ESAP, «por considerar que la petición de la actora es una cuenta de cobro de una sentencia judicial, para lo cual existe vía idónea con el objeto de obtener su cumplimiento».17 (iv).- El subdirector Administrativo y Financiero de la ESAP DIEGO LUIS CANO MASSO expidió la Resolución 1009 del 27 de mayo de 2014, adicionada por la Resolución 1593 del 21 de agosto de 2014, suscrita por la subdirectora Administrativa y Financiera (encargada) de la ESAP ZULLY CLEMENCIA DAVID HOYOS, para dar cumplimiento a los anotados fallos judiciales, en los que se negó el reintegro de la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO, en el cargo de profesional especializado 3010-15 del Grupo Administrativo y Financiero de la

Dirección Territorial de AntioquiaChoco, «ya que el mismo fue suprimido de la Planta de Personal Administrativo y Docente de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, en cumplimiento a lo dispuesto mediante Decreto 220 de enero 27 de 2004».18 Ordenó a título de indemnización el pago de salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías e indexación, intereses corrientes y de mora correspondiente al período comprendido entre el 17 de agosto de 2002 hasta el 11 de febrero de 2004, por la suma de $65.405.576.38; por el mimo período ordenó girar la suma de $4.472.835.oo a COLPENSIONES; a FOSYGA, la suma 17 Cf. folios 79 a 82, cuaderno uno. 18 Cf. folios 573 a 583, cuaderno tres. 7 Radicado n.° 161 – 7556 de $3.456.749.56; al Fondo Nacional del Ahorro, la suma de $2.573.491; a CAFAM, la suma de $2.762.819.oo; a COLPENSIONES (Fondo de Solidaridad), la suma de $285.000.oo En la referida Resolución 1009 se mencionó dentro de las consideraciones que en razón a la declaratoria de insubsistencia de la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO se nombró en dicho cargo (Profesional Especializado 3010-15 del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Territorial n.º 1-AntioquiaChocó) a la señora MARÍA CRISTINA ACOSTA MESA, según Resolución n.º 0825 del 12 de septiembre de 2002. Igualmente que ante la supresión del cargo, mediante

el Decreto 220 de 2004, se le comunicó a esta señora tal determinación, el 9 de febrero de 2004. Nótese que la ESAP fundamentó su decisión de no reintegro de la señora MÁRQUEZ CARRILLO en la circunstancia especial, determinada en los respectivos fallos judiciales, consistente en la supresión del cargo por el Gobierno Nacional, tal y como ya se había hecho efectivo, con la situación de quien hubiera sido nombrada, luego de la salida de la señora MÁRQUEZ CARRILLO, esto es, la señora

MARÍA CRISTINA ACOSTA MESA.

De la existencia de estos actos administrativos se comunicó al doctor RUBÉN DARÍO MUÑOZ PULGARÍN, apoderado de la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO, según oficio 201 del 27 de agosto de 2014.19 (v).- La coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la ESAP, el 15 de agosto de 2014, le informó y aclaró a la Secretaria General de dicha entidad, que el cargo que en provisionalidad había sido desempeñado por la referida señora MÁRQUEZ CARRILLO, fue suprimido de la planta de la ESAP, en la siguiente forma:20 En atención al asunto de la referencia, y por ser de competencia de la ESAP, me permito remitir para consolidación de información, la ampliación de respuesta impartida inicialmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), sobre el estado y denominación del cargo Profesional Especializado 30210-15 en la ESAP, me permito hacer claridad en los siguientes términos:

1. El cargo de Profesional Especializado 3010-15, existió en la Escuela Superior de Administración PúblicaESAP, en el Grupo Administrativo y

Financiero de la Dirección Territorial No. 1 AntioquiaChocó, hasta la expedición del Decreto de Reestructuración 220 del 27 de enero de 2004 […] que finalmente suprimió dicho cargo, y en consecuencia nunca estuvo sujeto a concurso de carrera administrativa. 2) Según lo anterior, el cargo Profesional Especializado 3010, Grado 15, que fue ubicado en la Dirección Territorial No. 1 AntioquiaChocó de la ESAP, hasta la expedición del Decreto de Reestructuración 220 del 27 de enero de 2004, que 19 Cf. folio 587, cuaderno tres. 20 Cf. folio 879, cuaderno cuatro. 8 Radicado n.° 161 – 7556 finalmente lo suprimió no registró modificación alguna en su nomenclatura. (Resaltado y subrayas son del texto original). (vi).- El Departamento Administrativo de la Función Pública, en respuesta a una solicitud que allí elevara el hoy quejoso RUBÉN DARÍO MUÑOZ PULGARÍN, el 11 de agosto de 2014, le informó que para efecto de la creación y supresión de cargos en la ESAP debía remitirse al Decreto 220 de 2004, por medio del cual se modificó la planta de personal administrativo y docente de la ESAP.21 Es decir, no existe otro referente legal para determinar la supresión del cargo que en provisionalidad ostentó la señora MÁRQUEZ CARRILLO, que el Decreto 220

de 2004. (vii).- Se allegó al plenario la constancia expedida, el 11 de noviembre de 2014, por el Procurador 143 Judicial II Administrativo, respecto del trámite conciliatorio fallido convocado por CIELO ESTHER MÁRQUEZ CARRILLO, siendo convocada la ESAP, con el fin de revocar la Resolución SC 1593 del 21 de agosto de 2014 y el consecuente reintegro de la citada señora22; asimismo la certificación expedida, el 10 de noviembre de 2014, por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la ESAP, en la que se consignó que en la sesión de esa misma fecha se estudió el caso de la referida señora MÁRQUEZ CARRILLO (quien solicitó la revocación de las Resoluciones 1009 del 27 de mayo de 2014 y 1593 del 21 de agosto de 2014) y se decidió no conciliar, teniendo en cuenta la recomendación de la ficha técnica, en la que se señaló:23 […] Teniendo en cuenta que a la fecha, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, en su planta de personal no cuenta en la Territorial AntioquiaChocó con la asignación del cargo: Profesional Especializado 3010-15, que hoy se identifica por Decreto 2489 de 2006 bajo la nomenclatura 2028-12, vale la pena precisar que la ESAP no niega el reintegro de la señora CIELO ESTHER MÁRQUEZ por mero capricho de la administración, tal como lo deja ver el señor apoderado en su escrito, y menos aun cuando existe como sustento, el Decreto 220 del 27 de enero de 2004, expedido por el Gobierno Nacional sin ninguna

declaratoria de nulidad hasta la fecha, donde claramente se decanta la supresión de ese cargo en dicha territorial […] Nótese que, además de las decisiones de tutela, tampoco prosperó un trámite conciliatorio impetrado para lograr el pretendido reintegro de la señora MÁRQUEZ CARRILLO, siempre fundada la ESAP en la supresión del cargo que en provisionalidad desempeñó en la Territorial Antioquia-Chocó. Para esta colegiatura es imperioso recalcar que el quejoso y apoderado de la señora MÁRQUEZ en las controversias jurídicas ampliamente comentadas, no puede pretender que por esta vía del derecho disciplinario, se declaren o reconozcan derechos tal y como ya se dijo; por ello es que la Sala debe remitirse a las providencias judiciales, para refrendar que no queda otro camino distinto 21 Cf. folios 883 y 884, cuaderno cuatro. 22 Cf. folio 504, cuaderno dos. 23 Cf. folios 500 a 502, cuaderno dos. 9 Radicado n.° 161 – 7556 que confirmar la decisión apelada, en tanto, los hechos investigados no constituyen falta disciplinaria; habida cuenta que el deber funcional de los aquí disciplinados no fue desconocido. Complementando el análisis del a quo, con las precisiones de esta autoridad disciplinaria, se llega a la certeza que los aquí disciplinados no incumplieron deber funcional alguno, ya que plegaron su comportamiento a lo previsto en las sentencias judiciales plurimentadas, y en esa medida, los actos administrativos que dan lugar a la censura de los funcionarios, atienden precisamente las

circunstancias jurídico temporales que abordan suficientemente las decisiones judiciales. Entre los aspectos que merecen alcanzar relevancia en este debate, se tiene la situación especial de la supresión del cargo que ostentaba, en provisionalidad, la señora MÁRQUEZ CARRILLO, al momento de su desvinculación; es decir, dichos actos se enmarcaron en los supuestos establecidos en las decisiones judiciales, lo que refuerza la conclusión de que la vía disciplinaria no es la correcta para declarar el derecho que ha pretendido le sea reconocido. Así las cosas, esta colegiatura confirma la decisión apelada, en tanto los hechos investigados no constituyen falta disciplinaria, en aplicación a lo reglado por el artículo 156, inciso 3.º, en concordancia con el artículo 73 de la Ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la providencia del 19 de marzo de 2019, proferida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante la cual se dio por terminada la presente actuación disciplinaria y el consecuente archivo de la investigación disciplinaria en favor de los disciplinados: DIEGO LUIS CANO MASSO y ZULLY CLEMENCIA DAVID HOYOS, en su condición de subdirectores Administrativos y Financieros de la ESAP (la segunda por encargo), para la época de los hechos, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, NOTIFICAR esta decisión a los disciplinados y COMUNICARLA al quejoso apelante. Para el efecto se tendrá en cuenta lo rituado en los artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoseles que no procede recurso alguno.

Las direcciones se encuentran registradas en la parte resolutiva de la providencia apelada y en el folio 913, del cuaderno cuatro. (Se deben verificar los 10 Radicado n.° 161 – 7556 folios 925 y 927).

TERCERO: Por la misma Secretaría, DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previos los registros y las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ

Procurador Primero Delegado Presidente JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ Procurador Segundo Delegado Expediente n.° 161-7556. IUS 2015-78866/IUC-D-2015-788-755299. JFGG/JESG/aepr. 11