PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Definición y procedencia

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACION PENAL.

Recurrentes: José Jaime Naranjo Correa

y Alfonso Naranjo Correa.

Delito: Tráfico, fabricación o porte de Estupefacientes, concierto para delinquir y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Radicación No 28353 Se pronuncia esta representación del Ministerio Público sobre el recurso de insistencia que solicita el apoderado de José Jaime Naranjo Correa y Alfonso Naranjo Correa, frente a la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 28 de noviembre de 2007, mediante la cual decidió inadmitir la demanda de casación interpuesta por los procesados contra el fallo del Tribunal Superior de Distrito judicial de Bogotá , que condenó el 25 de mayo de 2007, a José Jaime Naranjo Correa, a la pena principal de 216 meses de prisión, y multa equivalente a 4.133.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funcionales públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como autor responsable de los delitos de Tráfico, fabricación o porte de Estupefacientes, concierto para delinquir y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Por su parte, Alfonso Naranjo Correa fue condenado a las penas de 108 meses de prisión, multa de 4.000 salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por idéntico término a la principal, como coautor responsable del concurso de delitos de concierto para delinquir y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.

HECHOS Y ACTUACION PROCESAL Los hechos fueron descritos por la Sala Penal del Tribunal ad-quem en los siguientes términos: “Por un escrito anónimo recibido en el grupo investigativo de estupefacientes de la Dijín, se informa que en el inmueble de dos plantas ubicado en la carrera 73 C Bis No 38 C33 Sur, barrio Camilo Torres de la localidad de Kennedy de esta ciudad, funcionaba un expendio de sustancias estupefacientes. En virtud de tal hecho, entre los meses de julio y septiembre de 2006 se realizaron diligencias de verificación por parte de miembros de la policía judicial, bajo la coordinación de la fiscalía seccional. El 19 de septiembre de 2006 la fiscalía ordenó el registro y allanamiento del inmueble, en cuyo decurso se encontró un tarro de leche Klim con 113 papeletas de color blanco que contenían cocaína, sobre la mesa del comedor un envase plástico con 99 papeletas de cocaína, y en una caja verde oscuro había cinco paquetes en cuyo interior se halló también cocaína. Al acusado José Jaime Naranjo Correa se le encontró en su poder 4 papeletas de cocaína, una licuadora impregnada con sustancia de olor fuerte, 48 bolsas transparentes, y una bolsa vacía empacada con una sustancia de olor pesado, cucharas y un colador regados de sustancia blanca; además se halló dinero en efectivo de varias denominaciones y debajo de un cojín del sillón de la sala, un revólver Smith & Wesson 38 largo, con No interno 39502, con seis cartuchos en su interior. La cocaína alcanzó los

4.046.4 gramos”

LA DEMANDA DE CASACION.

En único cargo, el defensor de los procesados alega violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho derivado de un falso juicio de existencia por exclusión. Considera que el sentenciador, al mismo tiempo, omitió una prueba existente en el proceso, y tergiversó el contenido fáctico de varias pruebas testimoniales y periciales. Pero además, añade, se apartó de los postulados de la lógica, las leyes y la ciencia, como métodos de valoración probatoria. En su criterio, y en una mixtura confusa de argumentos, advierte que los juzgadores de instancia incurrieron en yerro al conferir valor probatorio a un escrito anónimo introducido en el juicio. Posteriormente señala que la diligencia de allanamiento y registro que culminó en el presente caso con la incautación de la droga es una prueba ilícita, pues se fundó en una información anónima, y por ello la finalidad de la misma no era obtener elementos materiales probatorios, evidencia física o realizar la captura del indiciado. Considera igualmente que los Jueces tergiversaron la prueba testimonial, y concretamente las declaraciones de los policías que realizaron la diligencia de allanamiento y registro. Finalmente anota que el fallo olvidó pruebas de importancia en el análisis del comportamiento de los procesados, constituyendo ello un falso juicio de existencia por omisión. Por lo anterior, solicita a la Corte Casar la sentencia impugnada, y en su lugar dictar el fallo que corresponda.

EL FALLO QUE INADMITE LA DEMANDA DE CASACION.

Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2007 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda. Advierte la Corte, en primer término, que “son notorias las falencias lógicas, argumentativas y jurídicas que presenta el único cargo, pues si bien invoca la incursión en un error de hecho por falso juicio de existencia, no es suficiente para el éxito de la censura la simple mención del cargo, sino que se hace necesario un atinado y coherente desarrollo del mismo, dejando a salvo la trascendencia del error atribuido”. En el presente caso, dice la Corte, el casacionista no ajusta la demanda a los requerimientos técnicos señalados por la jurisprudencia, pues no explica de que manera se cometió el supuesto falso juicio de existencia, ni demuestra la trascendencia del mismo. El ataque lo centra en torno al anónimo que dio origen a la diligencia de allanamiento y registro donde fue incautada la sustancia estupefaciente, pero no logra particularizar el sentido de la violación, pues alega simultáneamente error de hecho por falso juicio de existencia, falso juicio de 2 identidad, y cuestiona adicionalmente la legalidad de dicho medio probatorio, con lo que debió postular un falso juicio de legalidad. También se refiere a la supuesta tergiversación de las declaraciones que entregaron los miembros de la fuerza pública, sin que logre demostrar en que consistió la tergiversación del contenido material objetivo de dichas pruebas, ni la trascendencia del error. “En otros pasajes de la demanda cuestiona el ejercicio dialéctico llevado a cabo por los juzgadores de instancia, siendo palmario que el

recurrente no aplicó los lineamientos metodológicos que imperan en el recurso extraordinario de casación, habida cuenta que si su intención se orientaba a demostrar un error de hecho por violación a las reglas de la sana crítica debió alegar falso raciocinio, precisando cuales fueron las máximas de la experiencia o del sentido común, los dictados de la lógica o las leyes de la ciencia que pretermitió el juzgador en el presente caso, lo cual no ocurrió. Así las cosas, añade la Corte, “ como quiera que el recurso de casación está regido , entre otros, por el principio de limitación, los plurales errores que presenta la demanda no pueden ser corregidos por la Sala, en tanto no le corresponde asumir la tarea argumentativa propia del recurrente, para complementar o adicionar el escrito de impugnación”. Por ello, la Sala inadmite la demanda de casación en el presente caso, en el cual, además, no se advierte con ocasión de la sentencia impugnada o dentro de la actuación vulneración de los derechos o garantías de los procesados, como para superar los defectos de la demanda y decidir de fondo, a la luz del artículo 184, incido 3 de la ley 906 de 2004, con el propósito de preservar la intangibilidad de los derechos fundamentales.”

LA SOLICITUD DEL RECURSO DE INSISTENCIA.

El defensor recurrente señala, en primer término, que efectivamente los fallos de instancia incurrieron en falso juicio de existencia por omisión, porque omitieron la valoración de una prueba existente en el proceso, y tergiversaron el contenido fáctico de varias pruebas testimoniales y periciales.

Aduce que efectivamente los juzgadores distorsionaron, cercenaron o adicionaron la expresión fáctica de las pruebas, para hacerles producir efectos que objetivamente de ellas no se derivan, y al mismo tiempo, en su apreciación desconocieron los postulados de la ciencia, de la lógica y las reglas de la experiencia, es decir, los principios de la sana crítica. Luego insiste en que el escrito anónimo no constituía un motivo fundado para sustentar el allanamiento y registro en cuyo decurso se incautó la sustancia estupefaciente, lo que constituye una violación al debido proceso. Con apoyo en tales argumentos, solicita al Ministerio Público insistir ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que admita la demanda de casación presentada a nombre de José Jaime Naranjo Correa y Alfonso Naranjo Correa. 3 EL CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA. “La ley 906 de 2004 regula el recurso extraordinario de casación a la luz de los cambios que en el ordenamiento jurídico devienen de la implantación constitucional del estado social y democrático de derecho y del reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución. Es así como en el artículo 181 lo define como “ un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afecten derechos o garantías fundamentales” Al señalar el estatuto procesal penal que la casación procede contra “sentencias proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos”, elimina cualquier requisito formal de procedibilidad del recurso relacionado con el quantum

de la pena o la autoridad que profiere la sentencia objeto de casación. No obstante, como mecanismo tendiente a racionalizar el uso del recurso, ante la amplitud de eventos en los que procede en la nueva legislación procesal, el legislador previó para la Corte la facultad de no seleccionar aquellas demandas de casación en las que el demandante carezca de interés para recurrir, se prescinda de señalar la causal, no se desarrollen los cargos, o cuando se advierta fundadamente que no se requiere el fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, que son, de conformidad con el artículo 180 de la ley 906 de 2004, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inflingidos a estos y la unificación de la jurisprudencia”1. Igualmente la ley 906 de 2004 prevé un recurso de insistencia contra providencia que inadmite una demanda de casación, el cual puede ser presentado por un Magistrado disidente o por el Ministerio Público, con el objeto de que la Sala Penal de la Corte reconsidere su decisión, y acepte abordar el estudio a fondo del asunto concreto, es decir, de los cargos que el casacionista postuló en la demanda que no fue seleccionada. Bajo tal perspectiva, será viable elevar recurso de insistencia cuando se advierta de manera ostensible que las motivaciones de la Corte para inadmitir la demanda de casación carecen de respaldo y peso argumentativo, o que atendiendo a los fines de la casación antes mencionados, se estime imperativo el estudio del caso en dicha sede, para efectos de llevar a cabo el control constitucional, que

constituye la esencia y cometido preferente del recurso. No es ello lo que ocurre en el presente caso, pues revisada la providencia de la Sala penal de la Corte mediante la cual decide no seleccionar la demanda, al igual que los argumentos que expone el defensor del procesado para solicitar la insistencia, se observa palmariamente que ningún derecho fundamental ni garantía se lograría preservar con el estudio del proceso en la Corte, habida cuenta que en la sentencia de instancia no es ostensible la configuración de ningún vicio in procedendo o in iudicado, a lo cual se suman los desatinos técnicoconceptuales en que incurre el casacionista, los cuales impiden precisar el sentido y alcance de sus pretensiones, como lo señaló la Sala Penal en la sentencia de inadmisión. 1 Ver en Sanjuán Gálvez Jorge Enrique y Díaz Soto José Manuel. “ Los Fines de la Casación”. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios Para el Ministerio Público. 2007. Págs 7381. 4 En realidad el defensor mezcla en un mismo cargo censuras derivadas de errores de hecho por falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, y luego, para mayor confusión, ataca aspectos relativos a la legalidad de la prueba y falso raciocinio, por desconocimiento de las reglas de la sana crítica, lo que debió ser materia de planteamiento y desarrollo como errores de derecho por falso juicio de legalidad y falso raciocinio. Pero además, y como atinadamente lo anota la Corte en la providencia de inadmisión del recurso, el recurrente desconoce o ignora la totalidad de los

lineamientos metodológicos del recurso, pues no precisa sobre cual o cuales medios probatorios se concretaron cada uno de los posibles errores in iudicando que invoca, ni demuestra la trascendencia de los mismos, en caso de existir, es decir, no orienta su argumentación a demostrar que los yerros dan al traste con el sentido del fallo que controvierte. Al parecer el demandante pretende cuestionar la legalidad del anónimo que se asumió como motivo fundado para ordenar la diligencia de allanamiento y registro donde fue incautada la sustancia estupefaciente, sin que logre ciertamente demostrar en que consistió el yerro, pues mezcla ataques por falso juicio de legalidad e identidad, de manera simultánea, y desconociendo que tales reproches deben ser demostrados con argumentos disímiles. Más adelante formula una crítica genérica a los fundamentos probatorios del fallo condenatorio, como error de hecho por falso raciocinio, sin precisar cual es el medio probatorio cuya apreciación controvierte, y cual la máxima de la experiencia o la regla de la ciencia, la técnica o el principio lógico indebidamente aplicado por los jueces, ni la trascendencia de tal yerro sobre las conclusiones del fallo. Así las cosas, la Procuraduría Primera Delegada para la Casación penal no accede a la solicitud de presentar recurso de insistencia, elevada por el defensor del procesado Carlos Sánchez Hernández.

FRANCISCO JAVIER FARFAN MOLINA

Procurador Primero Delegado Para la Casación Penal Bogotá. D.C 29 de enero de 2008. Rad No 28353 5