PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Interés para recurrir en sede de casación cuand

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P:. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote Ref: Casación interpuesta por el defensor de César Hernán Dueñas Barreto, procesado por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y cohecho impropio. Rdo. 17.490.

Señores Magistrados: El Juzgado Penal del Circuito de Guateque (Boyacá), el 19 de octubre de 1999 profirió sentencia condenatoria contra César Hernán Dueñas Barreto, a quien impuso como penas principales tres años, diez meses y veinte días de prisión y multa equivalente a veinte salarios mínimos legales vigentes a favor del Estado, por los delitos de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y cohecho impropio.

También se le condenó a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal. Igualmente se le impuso el pago de perjuicios materiales en favor del municipio de Guayatá, equivalentes a setecientos gramos oro, decisión que fue apelada por el procesado y su defensor. El Tribunal Superior de Tunja, el 31 de marzo de 2000, al resolver la impugnación declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el procesado y adicionó el fallo recurrido en el sentido de “inhabilitar al condenado para contratar con la Administración Pública por el término de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Además se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 80 de 1993”. Cas. 17490

César Dueñas Barreto Recurrida en casación la sentencia y declarada ajustada a derecho la demanda presentada por el defensor del procesado, corresponde a esta representación del Ministerio Público conceptuar sobre la legalidad del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del C. de P. Penal.

1. HECHOS César Hernán Dueñas Barreto fue denunciado por la comisión de varios punibles contra la administración pública durante el tiempo en que se desempeñó como Alcalde Municipal de Guayatá, en la administración comprendida entre los años 1995 a 1997. “Dueñas Barreto y Rafael Ignacio Pardo suscribieron el 1° de diciembre de 1997 el contrato de suministro para la adquisición de once computadores Minitorre cuyo valor ascendía a $20.900.000, convenio que se adicionó el 15 del mismo mes con el objeto de adquirir cuatro computadores más de las mismas características por un valor de $7.600.000, contratos que fueron garantizados mediante la póliza única de cumplimiento N° 7194619 suscrita el 16 de diciembre con la Compañía de Seguros Cóndor S.A. y que no incluía la adquisición de las respectivas impresoras toda vez que estas fueron contratadas por un valor de $13.500.000 con la ingeniera Melba Ayala Rojas, esposa de Acevedo Pardo, el 15 de diciembre, contrato que fue signado por el mismo Acevedo Pardo y que se garantizó con la póliza 7194620 de la misma compañía de seguros. “Los computadores se entregaron el 27 de diciembre de 1997 a la Junta Municipal de Educación (JUME) de Guayatá y luego de ser revisados por

el Cuerpo Técnico de la Fiscalía C.T.I. se constató que no correspondían las especificaciones del contrato, que eran armados por partes (PC CLON) y que los programas de Software instalados no incluían las licencias respectivas, situación que generó que se iniciara por parte de la 2 Cas. 17490 César Dueñas Barreto División de Control y Penalización Tributaria de la DIAN el proceso de aclaración de su situación aduanera, lo que llevó a que el 08 de septiembre de 1.998 dicha entidad prohibiera su utilización y disposición”.

2. ACTUACION PROCESAL RELEVANTE Con base en los hechos descritos, la Fiscalía 29 Seccional de Guateque, concluida la investigación previa, dispuso el 19 de agosto de 1998 la apertura de instrucción, en la que ordenó vincular mediante indagatoria a

Dueñas Barreto. El 22 de septiembre del mismo año, la Fiscalía le impuso detención preventiva como medida de aseguramiento, por los punibles de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (fls. 122 y ss, c. 1). También se vinculó mediante indagatoria a Rafael Acevedo Pardo a quien de igual forma se le detuvo preventivamente como presunto autor responsable del ilícito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales (fl. 239 y ss ibídem). Posteriormente el 29 de diciembre de 1998, se adecuó la conducta al tipo penal de celebración indebida de contratos en concurso con cohecho por dar u ofrecer (fl. 315 ib). Mediante proveído del 15 de marzo de 1999, la Fiscalía ordenó la ruptura

de la unidad procesal para que se investigara de manera separada la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, en concurso con el delito de concusión, en que pudo haber incurrido César Hernán Dueñas Barreto. Lo anterior, porque para el investigador se trataba de dos hechos diferenciables en cuanto a las circunstancias temporo-espaciales en que se pudieron haber consumado, respecto de los demás hechos objeto de investigación (fl. 352). 3 Cas. 17490 César Dueñas Barreto Por lo anterior, la Fiscalía 29 Seccional, el 5 de abril de 1999, ordenó la apertura de instrucción contra Dueñas Barreto y se dispuso su captura (fl. 358); posteriormente fue oído en indagatoria y al definirle la situación jurídica se le profirió detención preventiva por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el punible de concusión (fl. 379). El 3 de junio, la Fiscalía reformó parcialmente la adecuación provisional en relación con la concusión, al considerar que no había existido constreñimiento para la entrega del dinero, sino un acuerdo de voluntades entre el representante legal de la entidad territorial y el contratista, conducta más adecuada al delito de cohecho propio; en lo demás, mantuvo la inicial imputación (fl. 421). En razón a que el procesado solicitó la aplicación del artículo 37 del C. de

P. P, la Fiscalía dispuso llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada el 16 de julio de 1999, en la que aceptó

los siguientes cargos: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con cohecho propio, que fueran tipificados provisionalmente al resolver su situación jurídica y la posterior modificación. Además, solicitó que se tuviera en cuenta la confesión sobre el punible de cohecho, como había sido expresado en la indagatoria. Este acto de aceptación voluntaria fue coadyuvado por el defensor del incriminado. Con fundamento en el acuerdo anterior, el Juzgado Penal del Circuito de Guateque, el 19 de octubre de 1999 profirió sentencia condenatoria contra César Hernán Dueñas Barreto en los términos y condiciones que se han dejado consignados al comienzo del presente concepto, decisión que al ser apelada tanto por el procesado y su defensor, resultó confirmada parcialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual adicionó lo 4 Cas. 17490 César Dueñas Barreto relativo a la inhabilidad al condenado por el término de diez años para contratar con la Administración Pública y se dispuso dar cumplimiento a lo consagrado en el art. 31 de la Ley 80 de 1993, por medio del fallo que es ahora objeto de casación. DEMANDA Se ataca la sentencia de segundo grado con fundamento en la Causal Primera de Casación (artículo 220-10 del C. de P. Penal, subrogado por el artículo 30 de la Ley 553 de 2000), y para ello se formulan cuatro cargos. Primer Cargo Falta de aplicación de los artículos 31 de la Constitución Política y 217 del Código de Procedimiento Penal. Sostiene el recurrente que en la sentencia objeto de impugnación se

agravó la pena impuesta a su defendido, en su condición de apelante único, pues el Tribunal Superior de Tunja adicionó el fallo “... en el sentido de inhabilitar al condenado para contratar con la Administración Pública por el término de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Además se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 80 de 1993”. Condenas estas, asevera el censor, que no fueron impuestas en la sentencia de primera instancia. Agrega el demandante que evidentemente se hizo más gravosa la situación del procesado, sin que el Ad quem explicara las razones para hacerlo, no obstante que el Tribunal advierte previamente que en tratándose de apelante único su situación no puede agravársele; pero en la práctica adicionó la sentencia. 5 Cas. 17490 César Dueñas Barreto En consecuencia, el fallador incurrió en violación directa de la ley “al desconocer y no aplicar el artículo 31 de la Constitución Nacional en su inciso segundo y el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal” (fls. 44 a 46 c. Trib.). Segundo Cargo “La sentencia es violatoria del Artículo 29 de la Constitución Nacional en su inciso tercero parte primera que dice:`Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable . Incurrió el Tribunal en violación directa de la Ley (Artículo 64 y 66) por error de interpretación...”. En la pretendida demostración del cargo, asevera el censor que la presunción de inocencia del procesado no sólo se debe apreciar en cuanto a la comisión del delito, sino también respecto a las circunstancias

de agravación, “de manera tal que no pude el fallador por la circunstancia cierta de haberse confesado el hecho punible como motivo para la sentencia anticipada, presumir, per se, que por ello se dan automáticamente las circunstancias agravantes” (fl. 46). Aduce el censor que en el fallo impugnado la dosificación punitiva estuvo por encima de los preceptos legales, porque no obstante el yerro en que incurrió el A quo, el Tribunal se abstuvo de adecuar el quantum de la pena conforme a la suma jurídica y no aritmética, como desacertadamente lo hiciera el juez de primera instancia. En su concepto, el Tribunal a pesar de que en la motivación de la sentencia señaló que “existen las circunstancias de agravación contempladas en los numerales 4°, 9° y 11 del artículo 66 del Código Penal, no señala ninguna prueba que lo lleve a esa conclusión; porque no existe en el expediente prueba alguna que indique que el procesado haya 6 Cas. 17490 César Dueñas Barreto efectuado actos que implicaran una preparación ponderada del hecho punible. O que su intención real fuera la de abusar de la credibilidad pública o privada, si no se señalan los hechos o actos que constituyan ese abuso”. De otra parte, los juzgadores en la tasación de la pena no tuvieron en cuenta las circunstancias de atenuación en favor del procesado, tales como su presentación voluntaria a las diligencias de versión libre, indagatoria y a responder una vez se libró la orden de captura, ni sus condiciones familiares, sociales, profesionales y su conducta anterior, pues carece de antecedentes.

Tercer Cargo Violación directa del artículo 26 del Código Penal anterior por errónea interpretación, que se traduce en los siguientes hechos, a los que se refiere el recurrente: “Cuando dice la Ley que en el evento previsto en el mencionado artículo 26 el comitente del delito queda sometido a la disposición que establezca la pena más grave, aumentada hasta otro tanto, implica que dicho aumento va desde un día hasta otro tanto” (fl. 48). Cuarto Cargo Violación del artículo 246 del Código de Procedimiento Penal por “interpretación errónea de pruebas conforme a los siguientes hechos”. Para el libelista, el juzgador apreció erróneamente el concepto del C.T.I. No. 1786 (fls. 280 a 291), porque si bien en él se asevera sobre la existencia de un documento de la firma MEGABITS LTDA, aportado por los demandantes, que da cuenta de un sobrecosto del 87.4%, también lo 7 Cas. 17490 César Dueñas Barreto es que “en ningún aparte del informe del CTI se aprecia que dentro de su propio proceder y análisis como cuerpo especializado determinasen si existía o no tal sobre costo, o se controvierta tal documento en igual forma” (fl. 49). La firma Megabits Ltda era gerenciada para esa entonces por Oscar Eduardo Ruiz Bermúdez, quien en el proceso aparece como testigo de los demandantes de su declaración (fls. 563 -572) y que a juicio del libelista, no era la persona más idónea “competente ni material ni técnica ni más aún legalmente, para presentar informe de esta naturaleza sobre el cual basa su argumento el CTI además que de la misma declaración se

aprecia que lo movieron motivos del orden político y personal en detrimento de -suprohijado” (fl. 49). Según el recurrente, el objeto del contrato se cumplió, pues los mencionados computadores fueron recibidos en perfecto estado, tal como se puede apreciar en el Acta de entrega (fls. 556 y 557), suscrita por el contratista Rafael Acevedo, el alcalde César Hernán Dueñas Barreto, el director del Núcleo, César Claudio Alfonso y otros, como también de la afirmación de Bernarda Sierra, integrante de la Junta Municipal de Educación (JUME), quien manifestó que los computadores funcionaron, excepto uno. Agregó además que la capacitación para su funcionamiento se llevó a cabo en la administración siguiente y que las situaciones de incumplimiento que se llegasen a presentar estaban cubiertas por pólizas expedidas por una compañía de seguros. Por lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y “tomar las determinaciones de Ley conforme los hechos y argumentos de esta demanda”.

CONCEPTO DE LA DELEGADA

8 Cas. 17490 César Dueñas Barreto Violación Directa de la Ley sustancial Primer Cargo Para el demandante en la sentencia de segundo grado se vulneró el principio de la reformatio in pejus de que tratan los artículos 31 de la Constitución Política y 217 del Estatuto Procesal derogado, por falta de aplicación, porque se agravó la pena impuesta por el A quo contra Dueñas Barreto al adicionar el fallo con este agregado: “inhabilitar al condenado para contratar con la Administración Pública por el término de

10 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Además se dará cumplimiento a lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 80 de 1993”. Establece el artículo 31 de la Constitución Política: “ (...) El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. En el presente caso le asiste razón al recurrente y el cargo debe prosperar, porque al cotejar las decisiones de fondo, se advierte que en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal adicionó el fallo impugnado, con lo que el Ad quem desbordó su competencia al imponer una sanción accesoria no contemplada en la providencia de primer grado, contraviniendo la clara prohibición consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política, que no admite excepción alguna cuando el procesado es apelante único. Esta representación del Ministerio Público, conoce pero no comparte la respetable posición mayoritaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que ha reiterado, que dicho principio no es absoluto y que el mismo encuentra límites en otros principios como el de la legalidad de la pena (art. 29 del Carta Política). 9 Cas. 17490 César Dueñas Barreto Para esta Corporación la proscripción de la reforma en peor en perjuicio del procesado, cuando este actúa como apelante único, no puede convertirse en un obstáculo para que el superior corrija los yerros en que incurrió el A quo al momento de fijar la pena, ajustando la sanción de acuerdo a los parámetros legales. La Corte Constitucional, por el contrario, en repetidos pronunciamientos

ha considerado que el principio de legalidad no constituye un límite válido a dicha garantía constitucional. En reciente pronunciamiento expuso: “4.3.3 Esta Corporación, en ejercicio de su función de guardiana “de la integridad y supremacía de la Constitución” (C.P. art. 241), en reiterada jurisprudencia, se ha encargado de establecer una línea doctrinal uniforme en torno al tema, concluyendo “que la garantía constitucional que prohíbe la reformatio in pejus no admite excepciones cuando el condenado es apelante único, pues sólo así se garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certeza jurídica en el fallo”. A juicio de la Corte, la incorporación de esta garantía en la parte dogmática de la Constitución, sin que a ese mismo nivel se hubieren previsto restricciones sobre su alcance, le otorga a dicho instituto un efecto imperativo y prevalente frente a otros principios constitucionales, resultando contraria a su propia naturaleza jurídica -medio de defensacualquier interpretación que desfavorezca los intereses del condenado, y que desborde el ámbito de competencia funcional reconocida por el propio precepto a las autoridades judiciales llamadas a ejercer el control de legalidad”1. Como se aprecia a folio 468 del c.o. 1 (parte posterior), el día 20 de octubre de 1999 se llevó a cabo la notificación personal del contenido de la 1 Corte Constitucional. Sentencia T-082 de 2002. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 10 Cas. 17490 César Dueñas Barreto

sentencia condenatoria, tanto al Agente del Ministerio Público como al Fiscal 29, sujetos procesales que no impugnaron la decisión, ni se hicieron presentes en el traslado a los no recurrentes, estando en cabeza de ellos la defensa del interés público y la preservación del principio de legalidad. Es a través de los mencionados sujetos procesales que se logra el equilibrio para hacer efectivos los valores, derechos, e intereses de la comunidad, por lo que su inactividad, como ocurre en este caso, pueda afectar el núcleo esencial del derecho constitucional previsto en el artículo 31 de la Norma Superior. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, para el Ministerio Público resulta importante resaltar que en una eventual exclusión del numeral de la sentencia proferida por el Ad quem, la inhabilidad para contratar con el Estado de todas maneras se hace efectiva, no por vía de una orden judicial, sino de una aplicación directa de la Constitución Política. El artículo 122-5 de la Constitución Política, consagra la siguiente sanción: “... Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”, disposición que por su carácter preponderante debe ir aparejada a las condenas por los delitos en cita, o sea que baste la condena del servidor público, por un punible contra el patrimonio del Estado, para que su inhabilidad en el desempeño de funciones públicas deba ser considerada, así no se haya declarado judicialmente dicha inhabilidad, tal como ocurrió en el fallo de primer grado y su observancia corre a partir de que se surta

la ejecutoria de la sentencia, conforme ahora se prevé en los nuevos Estatutos Penales (artículos 51 y 472 del Código Penal y Procedimiento Penal respectivamente). 11 Cas. 17490 César Dueñas Barreto Este mandato Constitucional (122-5), ha sido consagrado expresamente tanto en el artículo 51 la Ley 599 de 2000, como en la Ley 734 del 2002, en los siguientes términos respectivamente: “La inhabilitación para el ejercicio del derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3° del artículo 52. “Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política...”. En el Código Disciplinario Unico (Ley 734 de 2002) en su artículo 38 contempla. “Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 1.Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político...”. “PAR.2Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1° de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que

produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público. 12 Cas. 17490 César Dueñas Barreto “Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado”. El artículo 122 de la Constitución Política creó una inhabilidad a perpetuidad para los servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado. Esta inhabilidad, de acuerdo con la Sentencia C038 de 5 de febrero de 1996 de la Corte Constitucional, se encuentra vigente desde el 4 de julio de 1991, cuando se promulgó la Constitución Política. Por las anteriores consideraciones, el cargo resulta admisible. En consecuencia se solicitará a la Sala de Casación Penal de la Corte case parcialmente la sentencia atacada, para que se excluya de la condena la adición del fallo que hiciera el Tribunal, pero de todas formas se ha de tener en cuenta la pervivencia de la inhabilidad por las razones expuestas. Cargos Segundo, Tercero y Cuarto. Como quiera que los reproches que enmarca el demandante en la Causal Primera, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial contra una sentencia de carácter anticipado y a que en su formulación como en su desarrollo ha incurrido en similares desaciertos, comenzando por su falta de interés para recurrir como se verá más adelante, las censuras se estudiaran

y despacharan conjuntamente. Estos reproches, alegados al amparo de la causal primera, cuerpo primero de casación carecen de vocación de prosperidad, por cuanto el recurrente incurre en desaciertos técnico-conceptuales que no permiten su coadyuvancia. Desconoce el censor que de acuerdo a lo previsto en los artículos 225 y 226 del C. de P. Penal derogado y art. 212 del actual en la 13 Cas. 17490 César Dueñas Barreto presentación y fundamentación de las censuras se debe acatar la rigurosa técnica que se exige ante el recurso de casación y el cumplimiento de determinados presupuestos estructurales. Si bien la normatividad permite la formulación de cargos excluyentes, también lo es que deben presentarse en forma separada, no como ocurre aquí en el segundo y cuarto cargos al formular y desarrollar reproches propios de ser presentados a través de otras causales (violación al principio de la autonomía de las causales) vgr, por la causal tercera y primera, cuerpo primero, cuando se aboga por la aplicación del principio de presunción de inocencia (Cargo Segundo) e interpretación errónea de las pruebas (Cargo Cuarto), por ello es un recurso técnico, con crítica vinculante como la ha dicho la Sala de Casación Penal y el censor no puede prescindir de la obligación de sustentarlo, como lo hizo en el Cargo Tercero, en el que sólo enunció el reproche, o que dicha exigencia pueda cumplirse de cualquier manera, como si se tratara de un alegato de instancia, tal como lo hace en los cargos Segundo y Cuarto. “Los principios de sustentación suficiente, limitación, de crítica vinculante,

autonomía de las causales, coherencia, no exclusión y no contradicción (vulnerados en el presente caso), ha dicho la Corte, en cualquier régimen gobiernan la casación. Los dos primeros (sustentación suficiente y limitación) derivan del carácter dispositivo del recurso, e implican que la demanda debe bastarse a sí misma para propiciar la invalidación del fallo, y que la Corte no puede entrar a suplir sus vacíos, ni a corregir sus deficiencias. “El de crítica vinculante, presupone que la alegación debe fundarse en las causales previstas taxativamente por la misma normatividad, y que se somete a determinados requisitos de forma y contenido, dependiendo de la causal invocada. Y los de autonomía, coherencia, no exclusión y no 14 Cas. 17490 César Dueñas Barreto contradicción, implican que el discurso debe mantener identidad temática, y ajustarse a los requerimientos de lógica y lógica jurídica”.2 Aseverar, por tanto, como lo hace el demandante, al escoger la vía de ataque por la causal primera, cuerpo primero, violación directa de la ley sustancial, en el cargo segundo “violación directa de la Ley (artículo 64 y 66) por error de interpretación” sin demostrar el posible error cometido, ni demostrar la trascendencia del mismo en el fallo, pues dicho sea de paso, el Tribunal no agravó la pena impuesta en razón a las circunstancias, dado que el A quo no consideró las agravantes expresamente sólo el Ad quem y las de atenuación propuestas por el censor fueron desechadas por el juzgador de primera instancia razonadamente, el reproche resulta inane por

ende su desestimación, máxime que el demandante no formula una nueva tesis jurídica a debatir, como lo exige la técnica, sino que a lo sumo presenta su particular apreciación. La Corte, al referirse por ejemplo a la forma como debe ser sustentada la causal primera, ha dicho que la identificación de la forma de violación, del sentido, y de los errores de hecho y de derecho en términos estrictamente técnicos, no es indispensable para que la demanda pueda ser declarada en forma, pero que el casacionista debe dejar claramente establecido si el error es jurídico (violación directa) o probatorio (violación indirecta), y en este último caso, en qué consistió, es decir, si se presentó porque el juzgador ignoró una prueba (de existencia por omisión), o porque la supuso de (existencia por suposición), o porque distorsionó su contenido (de identidad), o porque desconoció las reglas de la sana crítica en la valoración de su mérito (de raciocinio) o porque fue tenida en cuenta habiendo sido ilegalmente producida, o porque se la declaró ilegal habiendo sido debidamente aportada (de legalidad), o porque se desconocieron las normas que regulan su valor o eficacia probatoria (de convicción) 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de enero 17 de 2000.

M. P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.

15 Cas. 17490 César Dueñas Barreto excepcionalmente; y adicionalmente, probar su existencia y fijar sus consecuencias. Sin embargo, el censor desconoció la técnica casacional y más cuando

tratándose de una sentencia anticipada, como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, el demandante carece de interés para acudir en casación, porque ante el procedimiento abreviado, se “supone disposición del reo de parte del rito ordinario con posterioridad a la ejecutoria de la resolución que le define la situación jurídica, quien a propósito de una significativa disminución punitiva renuncia a la controversia fáctica y jurídica propia del juicio ordinario para allanarse expresa, voluntaria y libremente, a los cargos que le formule la fiscalía, aceptando de esta manera su responsabilidad por el hecho imputado”, por ello resulta desacertado contraponer un nuevo criterio en orden a la absolución del procesado, como aquí pretende el recurrente, al sostener que se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política inciso tercero parte primera que establece: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” y agrega que la presunción de inocencia del imputado no sólo se debe apreciar en cuanto a la comisión del delito, sino también respecto a las circunstancias de agravación “de manera tal que no puede el fallador por la circunstancia cierta de haberse confesado el hecho punible como motivo para la sentencia anticipada, presumir, per se, que por ello se dan automáticamente las circunstancias agravantes” (segundo cargo). Al margen impera resaltar que dichas circunstancias objetivas (art. 66-4-9 y 11 del C. Penal) se pusieron de resalto en el acta de sentencia anticipada (fls. 439 a 444 c.o. Unico) y de las cuales da cuenta el

proceso: “preparación ponderada del hecho punible, abusar de la credulidad pública o privada y la posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio”. Además, y como lo reconoce el mismo defensor, de la 16 Cas. 17490 César Dueñas Barreto confesión del procesado respecto del punible de cohecho se complementa la existencia de las debatidas circunstancias. “Precisamente, agrega la Corte, por caracterizarse este procedimiento (sentencia anticipada) como actuación compleja en la que se involucra la exteriorización de la voluntad del procesado en admitir sin condicionamiento alguno la imputación delictiva así como su responsabilidad, no estableció la ley un posterior período probatorio tendiente a confirmar o desvirtuar los soportes de la acusación o sus términos y señaló solamente, que luego de cumplida la formal aceptación de los cargos, el paso siguiente en el rito legal no fuera otro distinto a proferimiento de la sentencia de mérito, impugnable por el defensor en cuanto tenga que ver únicamente con temas relacionados con la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, la condena para el pago de perjuicios y la extinción de dominio sobre bienes, sin perjuicio obviamente de la facultad de denunciar transgresiones de garantías constitucionales fundamentales”3 y que en el presente caso y respecto a los tres cargos en estudio no han sido conculcadas. “Esta limitante para controvertir el fallo por asuntos distintos a los relacionados, funda su razón de ser en la naturaleza misma del proceso

legal que impone la prohibición de retractarse luego de cumplido su trámite en obedecimiento al principio de preclusión de las actuaciones judiciales, parejo al de oportunidad para el ejercicio de los derechos, los cuales redundan en el mantenimiento de la seguridad jurídica de las decisiones de la jurisdicción”4 Volviendo sobre los desaciertos técnicos en que incurre el censor al proponer las censuras a través de la viol