PGN - REGALIAS - Clasificación

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Julio cinco (5) de dos mil siete (2007) Aprobada en Acta de Sala No. 28

Radicación No.: 161-03493 (165-122325/05)

Disciplinado: CARLOS EDUARDO BERNAL MEDINA Cargos y Gobernador del Departamento de

Entidad: Arauca (E) Quejoso: Gerente Departamental de Arauca de la Contraloría General de la República Fecha Hechos: A partir de Agosto de 2002

Fecha Queja: Diciembre 1º de 2003

Asunto: resuelve apelación Sentencia P.D. Ponente: Dra. DORA ANAIS CIFUENTES RAMIREZ En virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y el recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal por el propio disciplinado Carlos Eduardo Bernal Medina, en su condición de Gobernador del Departamento de Arauca (E), la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 28 de febrero de 2007, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal lo declaró disciplinariamente responsable del primero de los cargos formulados, imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, convirtiendo la sanción impuesta a la suma de seis millones novecientos cincuenta y un mil novecientos doce pesos ($6.951.912.00).

ANTECEDENTES PROCESALES Con oficio No. 2895 del 1 de diciembre de 2003, el Gerente Departamental de

Arauca de la Contraloría General de la República, puso en conocimiento del Procurador Regional del mismo departamento, la comisión de hechos presuntamente irregulares relacionados con la vulneración de los principios de economía y el deber Radicación No 161-03493 de selección objetiva en los Contratos números 161, 175 y 219 del 2002, entre otros, al celebrarse con cargo al rubro 05015243025259 denominado “Fortalecimiento Institucional al proceso de descentralización de la educación en el Departamento de Arauca”, habiéndose pactado la realización de obras relacionadas con el mejoramiento de la planta física de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda y Áreas anexas, lo cual no es coherente con la denominación del rubro; además no se tuvo en cuenta que se debió realizar un proceso de licitación pública ya que se celebraron tres (3) contratos que fueron adicionados en valor (fls. 2 a 20). Con providencia del 30 de junio de 2004, la Procuraduría Regional de Arauca ordenó iniciar indagación preliminar y decretó la practica de algunas pruebas, (fls. 22 a 51) procediendo, mediante providencia del 28 de abril de 2005, a remitir la queja y sus anexos por competencia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto), (fls. 52 a 55), correspondiéndole el conocimiento de la actuación a la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que mediante providencia del 30 de junio de 2005, procedió a ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra

Carlos Eduardo Bernal Medina, en condición de Gobernador del Departamento de Arauca (E), por considerar que en la celebración de los contratos 161, 175 y 219 de 2002, se pudo vulnerar el principio de selección objetiva, al haber contratado en forma directa sin utilizar el procedimiento licitatorio y haber procedido al pago de los contratos con recursos provenientes de un rubro presupuestal que no era el indicado para atender dicha erogación. (fls. 56 a 58). Con auto del 25 de mayo de 2006, el funcionario de conocimiento formuló cargos a Carlos Eduardo Bernal Medina, en calidad de Gobernador del Departamento de Arauca (fls. 76 a 88), en virtud de lo cual presentó sus descargos mediante memorial presentado el 28 de junio de 2006 (fls. 99 a 113), en el que solicitó el decreto y práctica de pruebas, petición que fue resuelta en providencia del 14 de julio de 2006, en la que se accedió favorablemente a la solicitud de pruebas (fls. 129 a 131), las cuales una vez fueron practicadas se ordenó, mediante auto del 19 de septiembre de 2006, correr traslado al disciplinado para que presentara alegatos de conclusión (fls. 253), los que fueron presentados el 31 de octubre de 2006 (fls. 275 a 306). El 28 de febrero de 2007, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia declarando disciplinariamente responsable del primero de los cargos endilgados a Carlos Eduardo Bernal Medina, en condición de Gobernador del Departamento de Arauca (E), a quien le fue impuesta

sanción consistente en suspensión en el ejercicio de sus funciones por el término de tres (3) meses, convirtiendo la sanción impuesta a la suma de seis millones novecientos cincuenta y un mil novecientos doce pesos ($6.951.912.00) moneda corriente (fls. 307 a 331). 2 Radicación No 161-03493 El fallo de instancia fue notificado personalmente al disciplinado (fl. 334), quien interpuso y sustentó el recurso de apelación dentro del término establecido en la ley, mediante memorial presentado en el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación (fls. 335 a 376), el cual fue concedido por el fallador de instancia en el efecto suspensivo para ante la Sala Disciplinaria, mediante auto del 17 de abril de 2007 (fl. 377). El 20 de abril de 2007, el proceso fue recibido en la Sala Disciplinaria para resolver la segunda instancia por vía de apelación, según constancia secretarial visible a folio (fl. 379). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Los argumentos del fallo de instancia se sustentan en los siguientes términos (fls.307 a 331): Luego de hacer un recuento de la actuación procesal, el a quo refiere a cada uno de los cargos endilgados, así: Frente al Primer Cargo: Respecto al primer cargo, destaca que el texto del Contrato No. 161 del 5 de agosto de 2002, por valor de $120793.565.50, se refiere a obras de adecuación de espacios físicos a precios unitarios y costos fijos para atender cantidades de obra

consistentes en divisiones modulares, superficies en aglomerado industrial para computadores, barra de escritorio, superficie para tinto, porta teclados, cortinas, entre otros, contrato que fue adicionado el 5 de agosto de 2002 en cuantía de $15 635.005.00 y se modifican unas obras a realizar, advirtiendo que los recursos empleados para la realización de los pagos fueron tomados de los recursos de regalías, lo cual considera contrario a derecho en la medida que la satisfacción de este tipo de necesidades corresponden a gastos de funcionamiento y que la adecuación de espacios modulares corresponden a la categoría de gastos generales necesarios para su normal funcionamiento. Con relación al Contrato de Obra No. 219 del 26 de agosto de 2002, por valor de $103903.049.00, cuyo objeto consistió en la habilitación del área de información docente para la certificación educativa, dice que los recursos fueron tomados de las regalías, a pesar de tratarse de gastos de funcionamiento, correspondiendo a gastos generales y, respecto al Contrato No. 175 del 8 de agosto de 2002, por valor de $121827.982.00, cuyo objeto consistió en la remodelación de espacios físicos, carpintería en madera e instalaciones eléctricas de datos y telefonía para el proceso 3 Radicación No 161-03493 de descentralización de la educación por el sistema de precios unitarios y costos fijos, el cual fue adicionado el 20 de diciembre de 2002 por valor de $58816.823.00 y se modifican algunas obras pactadas en el contrato principal, advierte que los dineros se tomaron de los recursos de regalías cuando los gastos se relacionaban

con funcionamiento. Considera el fallo que los contratos fueron suscritos por el investigado en su condición de Gobernador encargado del Departamento de Arauca, que la aplicación de la Ley 617 de 2000 de saneamiento fiscal no implica el incumplimiento del ordenamiento legal aplicable de manera integral, en especial los relacionados con la denominación de los gastos, entre los cuales se cuentan los gastos de funcionamiento cuya definición se precisa, al igual que se determina el tipo de transferencias dentro de las participaciones definidas en el artículo 357 de la Constitución Política con destinación específica para gastos de inversión social, sin que el objeto de los contratos se enmarque en esta definición sino que, por el contrario, se refieren específicamente a gastos de funcionamiento, argumento con el cual no fueron de recibo las explicaciones del disciplinado según las cuales desde el año 1997, el Ministerio de Educación Nacional impuso al Departamento de Arauca una carga relacionada con la obligación de eficiencia y calidad en los procesos educativos, sin asignarle los recursos necesarios, por cuanto los contratos celebrados no corresponden a la asunción de compromisos previamente adquiridos que correspondan a pasivos insolutos que deban ser atendidos en las condiciones determinadas en la ley. Asevera igualmente que los objetos de los contratos no obedecen a necesidades propias del proceso educativo sino que se refieren a la remodelación de las instalaciones que funcionan dentro del edificio de la Gobernación y de esta forma trasladar a personas que trabajaban en otros lugares para centralizar algunos aspectos de índole administrativa que no tienen relación con la calidad y la eficiencia de los procesos educativos, a lo cual se referían los compromisos impuestos por el

Ministerio de Educación Nacional. Respecto a la aplicación de la Ley 617 de 2000, el a quo señala el incumplimiento del artículo 3º, por cuanto se ordena que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben ser financiados con los ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que sean suficientes para que puedan atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo pensional y financiar al menos parcialmente la inversión pública, excluyendo de los ingresos corrientes de libre destinación, las rentas de destinación específica y que el parágrafo de dicho artículo prescinde como fuente de financiación para los gastos de funcionamiento de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones, sin que sea admisible que los contratos cuyo objeto se refería a gastos de funcionamiento fuera posible pagarlos 4 Radicación No 161-03493 con recursos provenientes de regalías, a pesar de que la necesidad se generó en la Secretaría de Educación. Refiere al contenido de los artículos 356 y 361 de la Constitución Política de Colombia que cuentan con un desarrollo legal de obligatorio cumplimiento, el cual considera omitido en el presente caso, para lo cual relaciona las pruebas legalmente practicadas, indicando que las regalías tienen dos destinaciones: la Nación y las entidades Territoriales, sin que el plan de saneamiento fiscal se pueda constituir en un argumento de justificación para no dar cumplimiento a la ley que expresamente prohíbe destinar los recursos de regalías a gastos de funcionamiento. Ante las pruebas de la conducta, las cuales identifica y relaciona detalladamente el fallo de instancia, concluye que si bien es cierto los recursos de regalías pueden ser

utilizados para atender acuerdos de reestructuración, no es factible incluir en dichos acuerdos los gastos de funcionamiento, según como se indica en el Concepto No. 0019 del 10 de junio de 2001, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirigido al Alcalde de Tauramena. La falta fue calificada en el fallo como gravísima, en razón a que el numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 tipifica la falta consistente en la utilización indebida de los recursos con destinación específica, tales como las regalías, al haberlas utilizado en gastos de funcionamiento, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 3 de la Ley 617 de 2000. En lo que tiene que ver con el factor subjetivo de responsabilidad del inculpado, fue calificado por el a quo a título de culpa grave, debido a la evidente negligencia y falta de cuidado en el cumplimiento de sus deberes, advirtiendo que hubo un descuido y falta de atención en la suscripción del contrato sin hacer la verificación de las normas.

Frente al Segundo Cargo: Con relación al segundo cargo consistente en haber celebrado los Contratos 161 y 219 de 2002 sin haberse realizado la publicación de la invitación realizada por el departamento para que los interesados presentaran sus ofertas en un lugar visible de la entidad y por un termino no menor a dos (2) días, tal como lo establece el artículo 3 del Decreto No. 855 de 1994, indica el fallo que al verificar los procesos contractuales se estableció la existencia de las invitaciones para contratar y de los avisos de invitación, lo cual fue certificado por el Secretario de Educación y Deporte en constancia que obra a folio 205 del cuaderno 1, con fundamento en lo cual se

procede a aplicar el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, el cual indica que toda duda razonable que no pueda ser resuelta en el curso de la investigación, debe ser 5 Radicación No 161-03493 resuelta a favor del investigado, situación a la cual no se hizo referencia en la parte resolutiva de la providencia. En este orden de ideas, el fallador de instancia sostiene que de acuerdo al numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, la realización de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada como falta grave y que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 44 ibidem, procede la sanción de suspensión para las faltas graves culposas que, de conformidad con el artículo 46 de la misma ley, el término se encuentra establecida entre 1 y 12 meses, pero que si al momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo el funcionario ha cesado en sus funciones, la sanción se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta. Como criterios tenidos en cuenta para la imposición de la sanción, en especial el hecho de no haber sido sancionado el disciplinado con anterioridad, no haberse afectado derechos fundamentales con su conducta, no haber atribuido de manera infundada responsabilidad en un tercero, no haber generado un grave daño social, no haber tenido conciencia de la ilicitud de su conducta, no obstante haberse infringido tres (3) veces la misma norma, el a quo procedió a imponer como sanción un (1) mes de suspensión por cada contrato celebrado para un total de tres (3) meses de suspensión en el cargo como Gobernador (E) del Departamento de

Arauca, cargo desempeñado hasta el 9 de octubre de 2002, aspecto por el cual considera que la sanción debe ser convertida en dinero de acuerdo a la asignación salarial de $2317.304,00, siendo el valor de la sanción impuesta de $6951.912.00. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue presentado y sustentado personalmente por el disciplinado en los siguientes términos (fls. 335 a 357 C. O 1): Aduce el disciplinado que el a quo trasgredió la ley sustancial, por cuanto el fallo de primera instancia se produce sobre la evaluación errónea del acervo probatorio por la existencia de protuberantes errores de hecho que llevaron al a quo a proferir sanción en providencia afectada de error de hecho, en la apreciación de las pruebas relacionadas con la determinación de la viabilidad de financiar unos contratos con recursos provenientes de regalías, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 617 de 2001 y el Decreto No. 147 de 2001, normas relacionadas con saneamiento fiscal cuyos apartes transcribe, siendo definidos los componentes de un programa de esta naturaleza e indicando que el Departamento de Arauca expidió el Decreto No. 147 de 2001 por medio del cual adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero de acuerdo al Concepto No. 0019 de julio de 2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito 6 Radicación No 161-03493 público, en el cual se determinó que las regalías directas pueden ser aplicadas a la financiación de programas de saneamiento fiscal y financiero y a los acuerdos de reestructuración de pasivos.

Aduce el recurrente que el departamento de Arauca, desde el año 1997, fue certificado en materia educativa con la asunción de compromisos, entre los que se asimila a la Secretaría de Educación a los antiguos funcionarios de los FER (Fondo Educativos Regionales), para lo cual se debía acondicionar la planta física y así operativizar la unificación de dicha Secretaría, aspecto contemplado en el Plan de Desarrollo Departamental. Explica que el error de hecho en que incurre el fallador de instancia, al determinar la naturaleza de los contratos celebrados con recursos de regalías y los compromisos adquiridos, consiste en considerar los contratos aisladamente del programa de saneamiento fiscal y de la finalidad de la función pública, limitándose a afirmar que su naturaleza es propia de los financiables con recursos de funcionamiento, al tratarse de adecuaciones de la parte administrativa, sin tener en cuenta que el artículo 12 de la Ley 617 de 2000, el cual transcribe, señala que el único requisito sine qua nom para hacer uso de esa prerrogativa legal es que el Departamento se encuentre inmerso en un programa de saneamiento fiscal, requisito cumplido con la expedición del Decreto No. 147 de 2001, situación criticada por el fallador de instancia al desconocer el programa de saneamiento fiscal, pero simultáneamente en forma contradictoria reconoce la existencia de compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación, pero no los relaciona con los objetos contractuales, sino que erróneamente indica que los recursos de regalías solo se pueden destinar al pago de pasivos insolutos que deban ser atendidos en las condiciones de ley, situación con la

cual se incurre en un flagrante desconocimiento de la prueba y de la misma ley. Refiere al contenido del Concepto No. 0019 emitido por la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, como un acto orientador del quehacer administrativo, así como también refiere al Concepto de la doctora Alba Celemín de Rosales y al Concepto solicitado por el fallador de instancia respecto del cual indica que descontextualiza la situación real acaecida objeto de investigación, por cuanto la respuesta hace referencia a un caso diferente adelantado en la Fiscalía General de la Nación en el que se concluye que en ningún caso se podrán financiar los gastos de funcionamiento con recursos de regalías de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 617 de 2000, pues el caso planteado refiere al traslado presupuestal de los rubros de inversión a funcionamiento en el año 2006, sin tener en cuenta que en el presente caso los contratos cuestionados se celebraron en el año 2002, sin efectuarse traslado presupuestal alguno de regalías para funcionamiento, por cuanto se hubiera requerido de la intervención de la Asamblea Departamental. 7 Radicación No 161-03493 Sostiene que el Plan de Desarrollo Departamental “Convivencia para el Desarrollo Social 2001-2003.”, incluía el programa de saneamiento fiscal y financiero, así como el componente educativo que establecía la necesidad de unificar la Secretaría de Educación para mejorar los procesos de descentralización de la educación, por lo cual se expidió el Decreto No. 147 del 31 de mayo de 2001 “Por medio del cual se adopta el programa de saneamiento fiscal y financiero”, como instrumento para afrontar la crisis financiera, de acuerdo al Concepto de viabilidad No. 019 del 10 de

julio de 2001 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se indicó que las regalías directas pueden ser aplicadas a la financiación de programas de saneamiento fiscal y financiero y a los acuerdos de reestructuración de pasivos. Con fundamento en lo anterior, la Asamblea Departamental de Arauca, sin que el investigado se estuviera desempeñando como Gobernador, expidió el presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal 2002, en el cual se incluyeron las partidas para el fortalecimiento institucional, remodelación de espacios físicos, carpintería en madera e instalaciones eléctricas, de datos y telefonía para el proceso de descentralización de la educación, proyectos que fueron aprobados por la Secretaría de Planeación mediante fichas técnicas 05015243025259, que otorgaron la viabilidad técnica y financiera para que el Secretario de Educación adelantara el proceso precontractual, encontrándose plenamente probado que él como investigado no realizó traslado presupuestal alguno, su gestión se limitó a ejecutar las partidas previamente establecidas en el presupuesto de 2002 que además gozaban de presunción de legalidad. Señala otros errores del fallo de instancia, entre ellos, el número de la cédula del investigado, la falta de pronunciamiento en la aparte resolutiva respecto a la exoneración de la conducta a que hace referencia el segundo cargo, según se indicó en la parte considerativa, considerando vulnerado el principio de integralidad, además del principio de coherencia, por cuanto se alude en algunos apartes que no se rindió versión libre y en otros apartes se afirma que “...tal como lo expreso el

implicado en la versión libre”. Indica que la ilicitud sustancial a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, no se presenta en el caso en examen como lo afirma el fallo de instancia, al sostener que no hay un daño antijurídico a título de dolo y que en su actuación no hay mala fe. Resalta los graves problemas de orden público y de afectación de los derechos humanos en el Departamento, como lo indicó el mismo Procurador General de la Nación en la Directiva No. 007 del 18 de abril de 2002, ante lo cual el investigado en cumplimiento de sus deberes, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación 8 Radicación No 161-03493 Nacional desde el año 1997, procedió a celebrar los contratos cuestionados apoyado en los funcionarios departamentales, por cuanto su encargo obedecía al desempeño como profesional del Ministerio del Interior y de Justicia, sin que se hubiera presentado inobservancia del deber funcional, como lo establece la misma Corte Constitucional en Sentencia C-948 del 2002, cuyos apartes transcribe. Afirma que los recursos se ejecutaron a satisfacción y que incluso los gobernadores que lo sucedieron adicionaron los contratos celebrados con recursos de regalías, para reiterar en las conclusiones expuestas, ante lo cual solicita se tengan en cuenta las pruebas aportadas, se revoque la parte resolutiva de la providencia y se absuelva al disciplinado, ordenando el archivo definitivo de la investigación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

COMPETENCIA Teniendo en cuenta que de acuerdo con la naturaleza del asunto y la calidad del sujeto disciplinado, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal conoció y falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, es competencia de la Sala Disciplinaria avocar el conocimiento del presente asunto y entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 28 de febrero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000. CARGOS FORMULADOS A Carlos Eduardo Bernal Medina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.457.200 de Bogotá, en su calidad de Gobernador (E) del departamento de Arauca, cargo que desempeñó desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 9 de octubre de 2002, según certificación visible a folio 69 del expediente, fue hallado responsable disciplinariamente en fallo de instancia por el siguiente cargo (fls. 76 a 88): “PRIMER CARGO “El Señor CARLOS EDUARDO BERNAL MEDINA en la calidad antes mencionada, suscribió el contrato de obra No. 161 de 2002, cuyo objeto era el “Fortalecimiento institucional-eficiencia administrativa mediante la adecuación de espacios modulares para el proceso de descentralización de la educación 9 Radicación No 161-03493 en el Departamento de Arauca”, el contrato de obra No. 175 de 2002, para el “Fortalecimiento Institucional para la remodelación de espacios físicos carpintería en madera e instalaciones eléctricas de datos y telefonía para el proceso de descentralización de la educación” y el contrato de obra No. 219 de

2002, para la “Habilitación de área de información docente para la certificación educativa del departamento”, es decir, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de algunas dependencias de la Gobernación, lo cual comporta un gasto de funcionamiento para la entidad, imputando el valor de estos contratos a los recursos que recibe el Departamento por regalías, estando prohibido que se tomen los recursos de las regalías para gastos de funcionamiento.” Con la anterior conducta, el a quo considero violados los artículos 305 numeral 1 de la Constitución Política, el literal f) del inciso 3 del parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 617 de 2000 y el 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, al destinar recursos de las regalías para gastos de funcionamiento, situación prohibida por la norma en comento, con lo cual se infringió el principio de responsabilidad, al no haber protegido los derechos de la entidad. El fallador de instancia califico la conducta provisionalmente como gravísima, conforme a lo establecido en el artículo 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002, al utilizar indebidamente recursos provenientes de las regalías en gastos de funcionamiento, lo cual se encuentra prohibido conforme al artículo 3 de la Ley 617 de 2000 e imputada a titulo de dolo, debido a que en su condición de máxima autoridad al haber celebrado los contratos, era consciente de comprender la responsabilidad que tenía respecto al rubro utilizado para la cancelación del contrato, además conocía las implicaciones de la violación del régimen del gasto público y utilización de las regalías del Departamento de Arauca.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA Y LOS ALEGATOS

PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO La conducta cuestionada a Carlos Eduardo Bernal Medina, en condición de Gobernador Encargado del Departamento de Arauca tiene que ver con haber suscrito los Contratos de Obra Pública números 161, 175 y 219 todos del año 2002, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de algunas dependencias de la Gobernación, lo cual comporta un gasto de funcionamiento para la entidad, imputando el valor de estos contratos a los recursos que recibe el departamento por regalías. De las pruebas acopiadas al proceso se acredita la existencia de los siguientes hechos: 10 Radicación No 161-03493 El 31 de mayo de 2001, el Gobernador del Departamento de Arauca de la época, Federico Gallardo Lozano, expidió el Decreto No. 147 por medio del cual se adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero, fundamentado en el artículo 12 de la Ley 617 de 2000, el cual permite a las entidades territoriales adelantar programas de saneamiento fiscal y financiero, utilizando rentas de destinación específica sobre las que no recaigan compromisos adquiridos de las entidades territoriales, aplicándolas a dichos programas de saneamiento, quedando suspendida la destinación de los recursos establecida en la ley, ordenanza y acuerdos, con excepción de las determinadas en la Constitución Política, en la Ley 60 de 1993 y las demás normas, hasta tanto queden saneadas las finanzas, teniendo en cuenta el Decreto 192 de 2000. Por lo anterior, el mencionado Decreto 147 de 2000 ordenó aplicar a programas de saneamiento fiscal y financiero, los ingresos provenientes de regalías hasta el monto

de $28.589000.000, para cubrir el déficit, recuperar la sostenibilidad y viabilidad financiera del Departamento de acuerdo al Plan de Desarrollo “Convivencia para el Desarrollo Social” y para atender el costo de la reestructuración, indemnización y demás erogaciones de la administración central, las entidades descentralizadas, los organismos de control y de la Asamblea Departamental, de acuerdo con la Ley 617 de 2000, e indica que la suspensión cubrirá las vigencias fiscales 2001 y 2002 (fls. 216 a 218 C.1). Ahora bien, en Concepto No. 0019 del 10 de julio de 2001, la Dirección Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinó que los recursos de regalías tienen unas destinaciones específicas dentro de las cuales se encuentra “la financiación de Proyectos Regionales de Inversión Prioritarios”, y la Ley 550 de 1999 definió a los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos como Proyectos Regionales de Inversión Prioritarios e igualmente indica que los recursos de regalías directas asignados a las entidades territoriales en donde se explota y desde donde se transporta el recurso natural no renovable, pueden ser utilizados en la financiación de Acuerdos de Reestructuración de Pasivos y Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, por cuanto su destinación específica es legal y no constitucional (fls 230 a 233 C.1). Mediante Decreto No. 359 del 28 de diciembre de 2001, la Gobernación de Arauca realizó la liquidación del presupuesto de rentas e ingresos y gastos del Departamento

de Arauca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, incluyendo dentro del presupuesto de inversión el rubro identificado como “05 04 52 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado, Fortalecimiento sector educación”, con una apropiación de trescientos cincuenta millones de pesos ($350`000.000,oo) (fls 27 a 80 C. Anexo 1). 11 Radicación No 161-03493 Para efectos de la ejecución de este programa de inversión, se inscribió el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión identificado con el número 05-015243025259, según consta en el Acta de Visita especial adelantada a la dependencia del archivo central de la Gobernación del Departamento de Arauca, en donde se dejó expresa constancia que respecto a cada uno de los contratos se observaba la existencia de las fichas de estadística básica de inversión que obran a folios 72 a 90, para el caso del contrato de obra 161 de 2002, 42 a 71 para el caso del contrato de obra 175 de 2002 y 72 a 74 para el contrato de obra 219 de 2002, cuyas fotocopias obran en los anex