PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA - Falla del servicio por privación de la libert

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores

de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio iura novit curia, aplica en cada caso en concreto. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Detención preventiva facultada para decretarla la Fiscalía General de la Nación Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley le permite a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es la detención preventiva, por unas causas legales, pero tampoco puede perder de vista que se trata de una actuación restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, la entidad no puede ordenarla o extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. ________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros

DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida… PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Daños

antijurídicos/RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Regulación Constitucional/ Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a

cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, y, adicionalmente, el decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, establecía en el artículo 414 a cargo del Estado la obligación de indemnizar a las personas que hubieren sido privadas de la libertad y en su favor se emitieran decisiones absolutorias porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, convirtiéndose todas las anteriores normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a un acto de privación de la libertad.

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IUS-201433669 2 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Privación de la libertad analizar más allá de lo que razonablemente debía soportar/MEDIDA DE ASEGURAMIENTODetención preventiva genera responsabilidad cuando ocasiona daño antijurídico

Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia. Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento de detención preventiva, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Existencia del daño antijurídico Con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de privación de la libertad es necesario establecer los elementos de la responsabilidad, esto es, la existencia del daño antijurídico y si él es atribuible fáctica y jurídicamente a las autoridades públicas demandadas. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por detención injusta según regulación legal RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio por privación se la libertad según jurisprudencia del Consejo de Estado Así las cosas, puede concluirse que la responsabilidad patrimonial del Estado por

privación de la libertad no se resuelve exclusivamente con fundamento en el título subjetivo de imputación de falla en el servicio, pues la jurisprudencia mayoritaria del Consejo de Estado decide los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado desde una perspectiva objetiva cuando se acredita que el hecho no existió, el sindicado no lo

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IUS-201433669 3 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible, o se produjo la absolución como consecuencia del principio del in dubio pro reo; lo que no quiere decir que la decisión no pueda adoptarse bajo un régimen subjetivo cuando en el caso concreto se encuentre acreditada la falla del servicio.

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IUS-201433669 4 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., Febrero 06 de 2.014 Doctor

RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: 14-011

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuli Viviana Roa Carnaval y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación Honorable señor Consejero El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada - Fiscalía General de la Nación-, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que aceptó las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

La Demanda

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IUS-201433669 5 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores: Hugo Henao Romero (víctima directa) y su grupo familiar integrado

por Yuly Viviana Roa Carvajal (compañera permanente) José Julio Henao Cortés (padre), Teresa Romero Jiménez (madre), Angie Carolina Henao Roa (hija) y hermanos (Leyla Consuelo María Elicia, Julio Eduardo, Ginny Paola Henao Romero. Jhon Helman Bernal Pérez (víctima directa) y su grupo familiar

integrado por Luz Marina Pérez de Bernal (madre), y hermanas Francy Carolina y Erlis Faysuri Gutiérrez Pérez, en nombre propio; presentaron demanda contra la Nación Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, a fin de que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios materiales, morales, ocasionados con la privación injusta de la libertad de que fueron víctimas los señores Hugo Henao Romero y Jhon Helman Bernal Pérez, al haber permanecido privados de su libertad desde el 08 de diciembre de 2002 hasta el 29 de diciembre de 2004, por cuenta de las Fiscalías Tercera y Quinta Especializadas y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia sindicados del delito de extorsión.  La Contestación La Fiscalía General de la Nación, Se opuso a las pretensiones de la demanda, ya que su actuación dentro del proceso penal fue legítima, por lo que no puede estructurarse una falla del servicio, tampoco un defectuosos funcionamiento de la

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IUS-201433669 6 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros administración de Justicia o error judicial que pueda comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad.

Que la imposibilidad de allegar las pruebas suficientes para condenar configura la excepción de falta de pruebas no imputable a la Fiscalía

General de la Nación, la que unida a los iniciales indicios existentes en contra de los sindicados determina la inexistencia de daño antijurídico y el consecuente deber de soportar las consecuencias de la investigación penal.  La Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia proferida el 11 de abril de 2013, condenó a la Fiscalía General de la Nación al encontrarla responsable de la privación injusta de la libertad de la que fueron víctimas los señores Hugo Henao Romero u Jhon Helman Bernal Pérez, al pago de perjuicios de índole moral y material, con fundamento en las siguientes consideraciones: “En el presente caso se demostró que los señores Hugo Henao Romero y Jhon Helman Bernal Pérez, estuvieron vinculados al proceso penal por tentativa de extorsión que se inició en la Fiscalía Tercera Especializada y culminó en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia con sentencia absolutoria de fecha 28 de diciembre de 2004, dentro de dicho proceso se privó de la libertad al señor Hugo Henao Romero, y además, al señor Jhon Helman Bernal de Pérez desde el 08 de diciembre de 2002 al 24 de diciembre de 2004, de manera que el bien jurídico de la libertad de los antes señalados fue afectado con las decisiones que se tomaron en el decurso del proceso penal y resultan injustas pues la sentencia absolutoria que se profirió en su favor evidencia que no debieron soportar esa carga que les impuso el poder punitivo del Estado; privación que afectó también a su núcleo familiar.

La imputación del daño antijurídico a la demanda se predica por la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos los señores Hugo Henao Romero y John Helmán Bernal Pérez, misma que se deriva

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IUS-201433669 7 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros del hecho de haber sido privados de su libertad en el tiempo reseñado, por orden de autoridad competente y acorde con las normas que facultan al Estado para adelantar los procesos penales manteniendo físicamente a las personas vinculadas al mismo a través de medidas de aseguramiento, sin que ese obrar legítimo del Estado sea óbice para predicar la responsabilidad que en este caso le asiste; pues en forma reiterada la jurisprudencia ha señalado que el Estado debe responder aun cuando al obrar de manera legítima y legal le cause un agravio a un Gobernado, si dicho obrar le impone una carga que excede las que deben soportar los demás gobernados y como quiera que los mencionados fueron sometidos a una carga excesiva al estar privados de la libertad por una conducta punible cuya existencia no se demostró en el proceso penal, ello hace que las medidas privativas de la libertad que les fueron impuestas resulten injustas y el daño antijurídico causado le sea imputable al Estado.

El daño mencionado tuvo como causa jurídica las medidas adoptadas por

la Fiscalía de privarlo de la libertad y la absolución que de los cargos se le hiciera, esto es, de no haberse dispuesto sus capturas y ulteriores detenciones, los actores no habrían sufrido el daño cuya reparación reclaman. Al no encontrar otras excepciones que puedan prosperar a favor de la demandada y configurarse los elementos precedentes, se debe declarar la responsabilidad patrimonial de la NaciónFiscalía General y se le impone la condena al pago al pago de los perjuicios morales, materiales y daños a la vida de relación (…)”  La apelación Fiscalía General de la Nación: Solicita la revocatoria de la sentencia apelada y que en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente: “(…) La Fiscalía cumplió con la obligación Constitucional de adelantar la investigación en contra del hoy demandante de conformidad con el respeto del derecho de defensa y especialmente el respeto de los derechos fundamentales y humanos del procesado y dando cumplimiento a la norma procedimental penal vigente para la época de los hechos. Al Fiscal encargado de la instrucción le correspondía pronunciarse jurídicamente, de acuerdo con la naturaleza del hecho investigado, fue así como, para proferir la medida de aseguramiento, se basó en pruebas que

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IUS-201433669 8 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros

satisfacen los requisitos exigidos para la época de los hechos por el C.P.P, para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva. Para proferir medida de aseguramiento no es necesario el que en el proceso existan pruebas que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, pues este grado de convicción sólo es necesario para proferir sentencia condenatoria; entonces la responsabilidad del Estado, no surge automáticamente por el hecho de absolverse de todo cargo al demandante, razón por la que se debe concluir que la Fiscalía no incurrió en error judicial. La Fiscalía actuó en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 250, al vincular a la investigación al demandante, decisión que estuvo fundamentada en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso penal, las cuales fueron valoradas por el fiscal encargado de la actuación. De otro lado tampoco el demandante cumplió con la cara probatorio, ya que encantándose en la tesis de la responsabilidad restrictiva, tenemos que en este caso se cumplía con el presupuesto establecido en la norma que justifica la privación de la libertad en ese momento y constituía en una carga que debía soportar y por tanto debía probarse el error o la ilegalidad de la decisión. Y en ese contexto que la limitación al derecho fundamental a la libertad era injusto. El hoy demandante no probó los hechos ni las pretensiones por cuanto se limitó a aportar copia del proceso penal así como de su absolución son que esta documental demuestre el perjuicio ocasionado, ni sea suficiente para la responsabilidad a los demandados. En consecuencia, considero que del análisis de los hechos y las pruebas que militan en este proceso de reparación directa la fiscalía no incurrió en

falla del servicio y/o error judicial por acción u omisión que permita vislumbrar con meridiana claridad la responsabilidad patrimonial del Estado.(...)” La Demandante Solicita la modificación de la sentencia con el fin de que se incremente el quantum de los perjuicios morales a los demandantes y se reconozca la indemnización por daños a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia a los prohijados y el incremento de los perjuicios materiales a 8.75 meses, por cuanto está establecido por el

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IUS-201433669 9 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros observatorio laboral del SENA, que una persona que ha sido privada de la libertad tarda en promedio 8.75 meses para reincorporarse a su vida laboral, petición que realizó solo hasta los alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado, por la privación injusta de la libertad de los demandantes HUGO HENAO

ROMERO y JOHN HELMAN BERNAL PÉREZ?

ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquél que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del

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IUS-201433669 10 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del

91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. LEGALIDAD DE LA ACTUACION Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación 1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

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IUS-201433669 11 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros

en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática2. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal3 y la presunción de inocencia4, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”7 . 2 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener

inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.." 3 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 4 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 5 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 7 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Néstor Aizneider Tovar Rivera con

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IUS-201433669 12 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118)

Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.

La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien

diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar.

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IUS-201433669 13 __________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000200500243 01 (49118) Demandante: Yuly Viviana Roa Carvajal y otros ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7).

En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no

impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia8; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supon